Alternativas a la privatización de la gestión sanitaria en Castilla – La Mancha

1 abril 2012 | Categorías: Noticias ATTAC, Sanidad | |

José Andrés Guijarro - ATTAC CLM  

El plan de Cospedal no es más que el primer paso o el pistoletazo de salida para la privatización de la sanidad en Castilla – la Mancha. Y no es algo que hayan decidido sus sesudos asesores en estos días postelectorales mientras Rajoy decide en su hermético despacho el modo de apoyar las mismas iniciativas en el resto de sistemas sanitarios del país. No es algo que se le ocurriese cuando el pasado 19 de noviembre, en plena jornada de reflexión, anunció que paralizaba la construcción de todas las infraestructuras sanitarias aprobadas y/o comenzadas en Castilla- La Mancha, en un acto de “voy sobrao” como el ciclista que levanta los brazos y deja de pedalear antes de cruzar la línea de meta. Ni tampoco por consejo de los nuevos gerentes que el Partido Popular puso en los hospitales públicos de la región al acceder al gobierno, como el del hospital de Cuenca, recién importado de la Comunidad de Madrid tras poner en marcha el hospital de gestión privada de Aranjuez. Desde luego que a nadie escapa que no es una estrategia nueva por mucho que durante las elecciones se les llene la boca defendiendo la sanidad pública. No es nada nuevo y oculto porque lo llevan mucho tiempo llevando a cabo Aguirre, Camps, Valcárcel, Matas y otros en sus respectivas comunidades.

Aparte de las discusiones pertinentes sobre el origen y la realidad misma de la crisis financiera actual, ésta no deja de ser una simple coartada para interpretar el asalto final a un sistema público que, con todos sus defectos, ineficiencia y descoordinación necesarios de corregir, sigue siendo uno de los más eficientes a nivel mundial. Una coartada que le es útil a nivel mediático (gracias al control de los medios) para ocultar a la población las verdaderas intenciones, que no son recientes sino que vienen persiguiéndose, más cautelosamente que en los últimos meses, desde hace ya mucho tiempo.

Por supuesto que sanidad y educación suponen las principales partidas presupuestarias. No es de extrañar. También son las áreas de mayor interés para los españoles. En 2010 la sanidad lo era para el 29,2% y la educación para el 22,7% (mientras, que, por ejemplo, la seguridad ciudadana lo era para el 7,8%, la defensa para el 1,1% o los transportes para el 0,8%. Datos del barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad, publicados en abril de 2011). Y tampoco duda nadie -o no debería hacerlo- que no son gastos sino inversiones estratégicas para el futuro del país y la equidad social. Pero tampoco son, pese a lo abultado de su presupuesto, la causa de la situación financiera actual. Hay muchos foros donde encontrar las causas de la crisis. Lo que sí supone este volumen de gasto es un pastel demasiado grande como para no atraer la codicia de los especuladores que se han lucrado masivamente a costa de llevarnos a donde estamos y que, especialmente ahora que se les ha acabado el lucrativo negocio de las infrestructuras faraónicas sin sentido, buscan hincar sus garras en él, convirtiendo un derecho de todos en un lucroso negocio para unos pocos.

Ésta no es una aspiración nueva. Muy al contrario, es una idea que nace ya con el triunfo del neoliberalismo radical de la mano de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido en los años ochenta. Y que asalta a la Unión Europea desde su mismo nacimiento con el Tratado de Maastricht el 7 de febrero de 1992, secuestrado ya por los grupos de presión neoliberales que han tramado la actual unión financiera de una Europa carente de cualquier unidad política que le sirva para hacer frente a los “mercados” que han acabado por desangrarla. Este Tratado de Maastricht es el que, argumentando la necesidad de crear las condiciones necesarias para la moneda única, establecía que el gasto público de cada país no superaría el 3% del PIB ni un endeudamiento público superior al 60%. Pero al mismo tiempo, y sin que la ciudadanía se percatase entonces de lo que esto iba a suponer, establecía un sistema de contabilidad que no contemplaba como “endeudamiento público” el contraído por empresas públicas acogidas a gestión privada, aunque toda su financiación fuese con el presupuesto público, o por servicios contratados por el sistema público con empresas privadas. Y de aquellos polvos, estos lodos.

Ni la mayor parte de los ciudadanos quisieron entonces darse cuenta de las intenciones de este incipiente mercado europeo ni lo difundieron los medios o los políticos responsables, que sí eran muy conscientes del compromiso que adquirían. Ésta como otras decisiones de aquel tratado envenenado respondían al interés en derribar las trabas existentes para que los mercados hincaran el diente en un pastel tan jugoso como la sanidad o la educación en unos países donde un avanzado estado del bienestar ponía freno a su avaricia, precisamente por la saturación de la demanda con unos servicios públicos casi universales y de calidad. Un empeño avalado por el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial (con unas intenciones explícitas publicadas en su Informe sobre la financiación de los Servicios sanitarios de 1987 o en su Informe para el desarrollo del Mundo de 1993) o la Organización Mundial del Comercio, firmante en 1994 del Acuerdo general de comercio de servicios, acuerdo multilateral que apostaba por la liberalización y mercantilización del sector servicios y que comprometía, como uno de sus principales puntos, a los gobiernos firmantes a contraer compromisos de liberalización total o parcial en sectores de servicios esenciales y estratégicos como la sanidad o la educación.

Desde entonces todos los gobiernos españoles, tanto populares como socialistas, han sido fieles a los compromisos suscritos con sus dueños financieros y, cada vez con menor cautela, han ido dando los pasos necesarios para ir desmantelando el sistema público recién consolidado para preparar el asalto final que nos espera en los próximos meses. No era una tarea fácil porque los sistemas nacionales de salud europeos, uno de los pilares del Estado de Bienestar levantados a lo largo de muchos años gracias a las cotizaciones sociales, parecían una barrera infranqueable a la entrada del interés privado en el sector de los servicios públicos. Especialmente en estados nominalmente democráticos donde este desmantelamiento debía ser avalado en las urnas.

Pero los pasos diseñados en la hoja de ruta programada en los noventa para alcanzar el entonces difícil sueño de los especuladores de hacerse con el negocio de la salud se vienen cumpliendo paso por paso. Primero la separación entre la financiación y la provisión de servicios. Segundo la fragmentación del Sistema Nacional de Salud. Tercero la permeabilización de la provisión de servicios al sector privado, mediante dos estrategias distintas: privatizando la gestión y la inversión de los centros públicos, primada especialmente por el PP, o la subcontratación o externalización de servicios, que ha sido la fórmula preferida por el PSOE en los últimos años.

Llegados a este punto es el momento de dar el siguiente paso de una estrategia perfectamente planificada desde el inicio, la reducción de la oferta y la demanda con la coartada pertrechada en Maastricht e implantada ya hasta en nuestra Constitución del techo de déficit público (déficit contable que no gasto real, como ya vimos). Este cuarto paso que entonces se nos antojaba inviable ya lo tenemos sobre nuestras cabezas: “supresión de la universalidad de la asistencia pública y gratuita (este paso en nuestro país no será necesario porque pese a la idea general de su existencia y a una cobertura asistencial cercana al 100% la ruta programada ha abortado siempre los intentos de hacer efectivo el objetivo de aquella Ley General de Sanidad de hacer de la asistencia sanitaria un derecho universal para todos los residentes en España), la restricción de la cartera de servicios prestados a un paquete básico, la introducción del copago (que nunca ha llegado a suprimirse de la asistencia farmacéutica) y la reducción del número de camas y personal sanitario.”

Todo ello no por una crisis coyuntural reciente sino fruto de una ruta perfectamente planificada y llevada a cabo desde hace dos décadas, que nos ha dejado preparados para este último paso: la venta de la infraestructura sanitaria de provisión de servicios al sector privado dejando al sistema público como entidad financiadora (de determinados servicios a una parte de la población) y autoridad sanitaria.

Por eso que no es nuevo en España, y menos aún en otros países que comenzaron antes que el nuestro la senda de la privatización de la sanidad pública, como el Reino Unido o Canadá, no se sostienen ya los falaces argumentos sobre sus bondades que utilizaban (y utilizan) sus defensores. Justifican éstos la necesidad de la incorporación de la “iniciativa privada” en que el modelo público actual es un modelo desfasado y agotado, ineficiente e ineficaz, con una excesiva rigidez, burocracia, centralización y control que lo hace ingobernable por las limitaciones propias de la gestión pública, con poca flexibilidad para la gestión y contratación y necesitado de un endeudamiento insostenible para la modernización de las infraestructuras. No creemos que en esta lista de pecados del sistema público actual se nos escape alguna de las justificaciones propuestas así que podemos analizarlas una por una.

El modelo actual es un modelo desfasado y agotado.

Es una afirmación tan genérica que es difícil su falsación. Sin embargo podemos aprovecharla para destacar el único punto en el que, al menos en parte, podemos coincidir con el gobierno de Cospedal. El sistema sanitario es franca y fácilmente mejorable. Y debemos agradecer, al menos en nuestra comunidad, al gobierno socialista el haber dado todos los pasos posibles para poner en bandeja al Partido Popular los argumentos con los que embaucar a los ciudadanos en este saqueo de sus derechos básicos. Es difícil ahora explicar que las grandezas del modelo de concesión privada se basan en la construcción de imponentes infraestructuras vacías de capacidad asistencial real cuando es lo que la gestión pública ha venido haciendo durante años. Es difícil advertir de los riesgos de la privatización de la sanidad cuando, desde otro modelo, se ha destinado una ingente cantidad de recursos a la concertación con centros privados para la reducción de las listas de espera, único parámetro tenido por importante por los políticos y sus intereses electoralistas, retrayendo recursos que deberían haber solucionado los problemas de base que creaban esas listas de espera. Es difícil defender la honestidad cuando durante décadas se ha permitido todo tipo de irregularidades en aspectos como las incapacidades laborales transitorias o permanentes o las libranzas o incluso se ha fomentado desde un total oscurantismo enormes diferencias en las retribuciones de trabajadores de igual categoría. Es difícil defender frente al gobierno entrante la necesidad de una gestión exclusivamente pública cuando el saliente ya hace tiempo que subcontrata desde la limpieza de los hospitales hasta el control de calidad asistencial hospitalaria a empresas privadas o cuando las irregularidades en las contrataciones son la norma. Es difícil incluso defender la actuación de los sindicatos cuando, tras caer en los mismos intereses que los partidos políticos, se preocupan más de su cuota de poder electoral que de la defensa real de los trabajadores al ignorar a todos aquellos que no votan en la elección de los representantes sindicales, léase parados o subcontratados. Y es difícil hacer entender en la eficacia de un sistema que al introducir criterios importados de la gestión privada permiten cobrar sueldos millonarios en actividad extraordinaria precisamente a quien desarrolla con menor eficacia su actividad durante la jornada ordinaria.

Pero es importante esforzarse en hacer entender que son precisamente estos males que amenazan gravemente al sistema público de salud actual los que, no solo no van a desaparecer con una gestión privada, sino todo lo contrario, porque son precisamente defectos de la visión privada de la gestión sanitaria ya introducidos en el sistema. El sistema actual necesita una reforma en profundidad para no acabar siendo efectivamente un sistema desfasado y agotado, pero precisamente en la dirección opuesta a la planteada por el ejecutivo regional.

La gestión privada de la asistencia sanitaria es más eficiente y eficaz.

Por supuesto que la afirmación como tal es no solo falsa sino absurda. La calidad de la gestión dependerá no de si es pública o privada sino de la calidad de sus gestores. Otra cosa muy distinta es que la gestión de lo público en este país nos tenga acostumbrados a que gestión pública es sinónimo de mala gestión. Pero eso no es consustancial al ámbito público sino que es consecuencia directa de que tanto el Partido único del franquismo como los dos Partidos únicos de la transición han puesto siempre por delante sus propios intereses a los de la ciudadanía y los políticos profesionales han entendido que en su carrera política era mucho más importante la lealtad al partido que a los ciudadanos a quien servían. Y estos partidos, por tanto, han puesto siempre en los puestos relevantes no a gestores íntegros y capaces sino a aquellos cuya ansia por trepar en la carrera política profesional les permitiese acatar cualquier orden sin rechistar, por arbitraria e irracional que ésta fuese. Pero esto no es algo que lo solucione la gestión privada. Ella tampoco obedece a los intereses de los ciudadanos, sino a los beneficios de sus jefes o, en el caso de estos, a los de su accionariado.

Por otro lado es muy importante distinguir en la gestión de los servicios sociales la eficiencia y la eficacia de la rentabilidad, o bien entre la rentabilidad social y la económica. La manipulación neoliberal de los medios nos hace tragar como axiomas que aquello que no es rentable debe desaparecer. Incluso si realizamos un análisis más profundo que al que nos tienen habituados, podemos llegar a la conclusión de que incluso en términos económicos una población más cohesionada, más solidaria, más igualitaria, con mejor salud y con mejor educación suponen a la larga un claro beneficio incluso económico para el país en su conjunto. Pero incluso para quien no quiera entender este argumento, claramente relacionado con una postura política de izquierdas, los servicios sociales básicos no deben guiarse por unos criterios estrictamente económicos de rentabilidad. Por supuesto que la sanidad no es un negocio rentable en estos miopes criterios. Simplemente la salud es un derecho que debe garantizar el estado y todos los ciudadanos debemos esforzarnos, en la medida de las posibilidades de cada cual, por puro deber moral, en mantener los recursos que permitan garantizar al conjunto de los ciudadanos tal derecho.

La gestión de las mutuas privadas de salud nos tienen muy acostumbrados a qué es desde su punto de vista la rentabilidad de la sanidad, haciendo cargar al sistema público, sostenido por todos, el coste de la asistencia sanitaria que deja de ser rentable. La rentabilidad en asistencia sanitaria sólo se consigue renunciando a la asistencia de aquellas personas que suponen un “coste inasumible” para dicha rentabilidad: ancianos, enfermos crónicos, áreas rurales o escasamente pobladas, población marginada, parados de larga duración sin prestación de desempleo,… Renunciando o deteriorando su asistencia la rentabilidad económica del sistema de salud aumentaría, por supuesto. La cuestión es si estamos dispuestos a pagar el precio moral de tal decisión y de las consecuencias sociales, e incluso económicas a largo plazo, de tomarla. El sistema público de transplante de órganos, del que somos líderes mundiales, es otro caso de absoluta falta de rentabilidad económica. ¿tan seguros estamos de querer renunciar a él?

La sanidad pública tiene una excesiva rigidez, burocracia, centralización y control que lo hace ingobernable por las limitaciones propias de la gestión pública.

Aun cuando suelen unirse estos cuatro conceptos, considerados como inherentes a la gestión pública, suponen cuatro aspectos que deben analizarse por separado. Si por excesiva rigidez se entiende una falta de iniciativa e innovación por parte de los gestores públicos actuales y pasados podemos coincidir con ello, pero en modo alguno este problema se debe a una característica consustancial de la gestión pública. Ni mucho menos. Es simplemente uno más de las muchas y nefastas consecuencias traídas por el sistema bipartidista blindado de este país. Un sistema que frena el acceso a los cargos políticos o técnicos relevantes a aquellos con verdadero interés de servicio a los ciudadanos y desarrolla un sistema clientelar que centra el interés del que accede al cargo no en la satisfacción de los ciudadanos que es ante quien debería responder sino en la lealtad al partido que es en última instancia de quien va a depender su ascenso en la carrera profesional o política. Un clientelismo que hace al político profesional entender que los servicios públicos funcionan por inercia y que su principal (y con frecuencia única) misión es acatar sin discusiones las órdenes del partido y evitar escándalos que lo hagan aparecer en la prensa y comprometer votos en las próximas elecciones.

La crítica a la excesiva centralización es cuando menos curiosa al darse inserta en el mismo discurso que acusa como principal causa de la inviabilidad del sistema sanitario a la descentralización en 17 sistemas autonómicos distintos. El problema no es por tanto de centralización o descentralización, sino, a lo sumo de una cantidad de excesiva de escalones intermedios, los cuales, a su vez, rehúyen de asumir las competencias de las que son responsables.

El problema de la burocratización es un aspecto que depende directa y exclusivamente del gobierno autonómico y en sus manos está el modificar los aspectos legales que hipertrofian los trámites administrativos innecesarios. Si existen estos, la obligación de la Cámara es realizar las modificaciones necesarias para su simplificación. Lo que no tiene ningún sentido es utilizar este argumento para introducir o aumentar el concurso de entidades privadas cuya participación en todo caso lo que hace es aumentar notablemente los trámites administrativos y burocráticos. Por supuesto, una burocracia sólo necesaria si se quiere mantener un control del destino de los recursos económicos utilizados.

Acabamos, por tanto, en el único aspecto que realmente interesa a los defensores de la privatización de la gestión pública, el “excesivo” control por parte de las administraciones. En los puntos anteriores, rigidez, centralización y burocratización podemos coincidir en parte con el problema que pueden suponer sus excesos y donde no coincidimos es en que la gestión privada sea solución alguna a estos problemas, pudiendo, en todo caso, agravarlos. Pero en este aspecto rechazamos frontalmente la idea de que el control de la administración y los ciudadanos de los recursos empleados en desarrollar servicios públicos pueda ser en ningún caso excesiva. De hecho lo que se hace necesario es un mayor control y transparencia de dicho uso. Y es precisamente el Partido Popular y la infinidad de casos de corrupción en los que se haya inmerso los que nos han demostrado fehacientemente dicha necesidad. No es el momento ni hay tiempo ni espacio de repasar brevemente todos estos casos, pero baste como ejemplo de lo que entienden los Populares por el beneficio de un menor control administrativo las recientes declaraciones del expresidente balear Jaume Matas a propósito del desfalco a las arcas públicas cometidas con la mediación del Instituto Nóos y su presidente Iñaki Undargarin. Matas admitió ante la Fiscalía anticorrupción que se falsearon las actas de la Fundaciò Illesport simulando un acuerdo por unanimidad de una reunión inexistente. Pero aún más revelador que el hecho en sí, es su justificación basada en que en este tipo de irregularidades son “una práctica habitual” en estas entidades públicas “sujetas en su modus operandi al derecho privado”. No nos cabe duda, ni nos dejan dudas sus prácticas habituales, que vean como un beneficio la falta de control de sus actividades, pero, por ello mismo, no creemos necesarias más explicaciones sobre el motivo de nuestro rechazo.

La gestión pública dispone de poca flexibilidad para la gestión y contratación.

No es éste un argumento distinto del utilizado con tanta insistencia como equivocación por parte de la CEOE y el sector más rancio del empresariado español. Estamos acostumbrados a los informes económicos de entidades internacionales que coinciden en centrar los problemas del tejido empresarial español en su escasa eficiencia y productividad, pero seguimos sin darnos cuenta de que una mayor flexibilización laboral (eufemística traducción literal de abaratamiento de los despidos y universalización de los contratos temporales) puede reducir los costes empresariales pero siempre en perjuicio de la productividad y competitividad empresarial. No se trata tanto de defender los derechos adquiridos por oposición pública del personal estatutario, sino de hacer ver que la solución a los males que afectan a nuestro sistema de salud pasa precisamente por una mayor implicación de los profesionales en la gestión de los centros sanitarios, algo sólo posible con una mínima estabilidad laboral. El recurso a contratos temporales de profesionales poco implicados con la empresa contratante y poco formados e integrados en su centro de trabajo redunda tan sólo en una merma importante de la calidad asistencial. Podemos preguntar al respecto a los usuarios y profesionales que sufren la gestión privada en las comunidades gobernadas por los Populares, pero, sin necesidad de ello, los castellano-manchegos tenemos ya la experiencia de cómo el modelo de “contratación por prestación de servicios” del grupo Capio Salud, principal beneficiario de la privatización encubierta de la asistencia sanitaria del gobierno socialista, consigue únicamente aumentar enormemente los costes y reducir drásticamente la calidad asistencial. Es precisamente esa cesión a la gestión privada en parte la responsable de la inviabilidad y escasa valoración por los usuarios de los hospitales comarcales de la Mancha, con varios servicios asistenciales abiertos mediante modelo de subcontratación privada, para los que ahora se propone, como solución, precisamente un aumento de la participación privada en su gestión.

El modelo público necesita un endeudamiento insostenible para la modernización de las infraestructuras y el concurso de la iniciativa privada permite la transferencia de riesgos hacia éstas.
Este último es, sin duda, el argumento más manido en los últimos meses. No es el lugar de insistir en que la crisis actual no es un debida a un endeudamiento excesivo (endeudamiento debido en todo caso a la inversión de una ingente cantidad de liquidez para salvar los mercados financieros) sino a la dificultad por obtener crédito de dichos mercados (salvados con recursos públicos) y al estancamiento de la actividad productiva (agravada por las medidas de austeridad exigidas por dichos mercados). Pero sí es necesario remarcar que el problema de financiación de la sanidad y el resto de servicios públicos no es debido a un excesivo gasto. Aun siendo discutible en qué se han destinado los recursos de que se disponían, la cantidad de fondos destinados a inversiones (que no gasto) en asistencia sanitaria y prestaciones sociales son muy inferiores a la media europea. Sin embargo es cierto que la actual crisis de financiación (provocada por los dueños del capital) es el principal argumento de estos mismos para acusar a los estados, nacional y autonómicos, de gastar por encima de sus posibilidades. La forma que utilizan para vendernos sus soluciones es suspender inicialmente la realización de todas las infraestructuras sanitarias y después traer, cual Mesías salvador, al capital privado a hacerse cargo de la inversión inicial a cambio de un canon por el uso de dichas infraestructuras durante un tiempo prefijado que puede oscilar entre diez y treinta años. La ventaja inicial de la no necesidad de un crédito para la construcción de la infraestructura se cambia por una hipoteca de un coste hasta diez veces superior en los años siguientes. De nuevo la miope visión cortoplacista del sistema bipartidista de alternancias sucesivas que busca el rédito electoral a corto plazo a expensas de hipotecar los recursos a medio y largo plazo.

La transferencia de riesgos hacia el capital privado es otra de las grandes falacias de este sistema. Los adoradores del capitalismo han defendido siempre la ventaja de un sistema de libre mercado en el que las empresas menos eficientes se ven condenadas por la competencia en el mercado a mejorar o acabar quebrando, en una especie de selección natural que permite la supervivencia sólo de las empresas más eficientes y productivas. Este viejo esquema que podría, en parte, tener valor en la economía de hace un siglo, ya no es válido en el escenario económico actual donde las corporaciones ya son demasiado grandes como para que el sistema se pueda permitir su quiebra, pero menos lo es en el de la cooperación público-privada, donde ni hay un mecanismo de competencia como tal ni es posible la quiebra de los menos eficientes. Un hospital privado en Madrid puede quebrar y tener que cerrar sus puertas por una mala gestión, pero esto es algo inasumible en un centro público por muy privada que sea la gestión. ¿acaso el hospital de Cuenca, el único en la provincia, puede cerrar si los gestores privados lo llevan a la quiebra? Aparte de lo absurdo de tal posibilidad, la experiencia de hospitales público-privados es un rosario de casos de renegociación al alza del canon anual cuando la gestión ocasionaba pérdidas.

Como en tantos otros ámbitos en los que ya nos están acostumbrando a tal esquema, la colaboración público-privada en sanidad supone que los beneficios son privados pero las pérdidas y los riesgos son públicos.

Por tanto, ninguno de los argumentos esgrimidos es válido y efectivamente el sistema de financiación privada de la sanidad pública ha fracasado en todos los países donde se ha instaurado. La misma Organización Mundial de la Salud advirtió ya en 2006 que “dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, prohibitivamente más complejo y va, con frecuencia, en detrimento de la calidad”. Entonces ¿Cuál es el interés en este modelo? ¿dónde están sus beneficios y cuáles son sus beneficiarios? Por supuesto en primer lugar tenemos a los políticos corruptos a los que este sistema les permite un rápido enriquecimiento a través del aprovechamiento de los servicios periféricos y de su concesión a empresas donde ellos mismos o allegados tienen intereses personales. Pero aparte de estas sanguijuelas públicas, desgraciadamente tan frecuentes en nuestra política, el Gobierno en general recibe un beneficio a corto plazo con la entrada de un gran volumen de capital externo que permite el saneamiento de su plan contable y la reducción inicial del déficit y un gran rédito electoralista al acompañarse lo anterior de nuevas infraestructuras surgidas casi de la nada o sin coste. A medio y largo plazo, sin embargo, son los consorcios empresariales y los especuladores del mercado secundario los que obtienen unos enormes beneficios a costa de los cánones de explotación pactados que multiplican enormemente los beneficios conseguibles por otras vías. Y son estos beneficios del capital precisamente los perjuicios para el sistema público de salud que ve hipotecado su futuro, condenado a pagar unos costes anuales inasumibles que imposibilitan cualquier mejora futura, afectando tanto a los profesionales sanitarios en sus condiciones laborales como a los usuarios en la calidad de la prestación recibida. Una hipoteca a largo plazo que sí que muy bien puede acabar con lo que hasta ahora era un sólido sistema público de salud.

Por supuesto los argumentos del Partido Popular se basan siempre en su promesa electoral de garantizar una asistencia pública, gratuita y universal. La afirmación no debería sorprendernos estando como estamos acostumbrados a que los dos partidos mayoritarios no consideren las promesas electorales y el mismo programa electoral como un contrato vinculante con los ciudadanos que los eligen como sus representantes, sino como papel mojado que olvidan inmediatamente una vez que toman posesión de sus cargos.

Pero incluso si fuésemos tan ilusos de pensar que sus promesas suponen algún compromiso para sus acciones de gobierno, habría que analizar con detalle cual es el verdadero significado de estas promesas y qué entienden por pública, universal y gratuita.

¿Qué es una sanidad pública?

Debería ser evidente que una sanidad financiada por los impuestos de todos y gestionada por las instituciones elegidas democráticamente por los ciudadanos, centrada como único objetivo en la calidad y equidad y en su función social de mejorar la salud de los ciudadanos, esos que con sus impuestos la costean. ¿es esa la sanidad pública que promete el Partido Popular? Ni mucho menos. Su concepto es muy distinto. Para ellos el adjetivo de “público” es aplicable sólo a quien realiza la financiación, siendo irrelevante que el encargado de la prestación de servicios sea la empresa privada. Así lo dice con la boca pequeña el Partido Popular y lo grita a los cuatro vientos CiU al salir a la luz su plan de trocear el Institut Catalá de la Salut y venderlo a un holding de empresas para que se haga cargo de la prestación de servicios. Da igual que tanto el laboratorio de privatizaciones desarrollado desde hace más de una década en nuestro país (fundaciones sanitarias, consorcios, empresas públicas, concesiones de obras públicas, concesiones administrativas,…) como el más antiguo del Reino Unido y otros países hayan demostrado a estas alturas con meridiana claridad la falsedad evidente de que la gestión privada dota a los hospitales de una mayor eficiencia, flexibilidad y gobernabilidad a un menor coste. Da igual que la falsedad del argumento de la transferencia de riesgos al capital privado se haya hecho evidente en varios casos de rescate o renegociación al alza volviendo al viejo esquema de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Da igual que el beneficio contable a corto plazo para ganar votos a base de inaugurar hospitales “gratis” hipoteque el gasto y las prestaciones sanitarias para las siguientes tres décadas. Da igual que se cambie la búsqueda de la salud del conjunto de la población por el lucro económico de unos pocos. Da igual. Basta con repetir las mismas mentiras hasta la saciedad en los medios de los que son propietarios, o hacer repetir a los tertulianos de turno que esto es lo moderno o que dada la crisis actual es la única alternativa para mantener una sanidad pública. Porque igual que no se les cae la cara de vergüenza al afirmar que dejar de contratar interinos no es despedir personal sanitario, tampoco se les cae al decir que vender las infraestructuras sanitarias a la empresa privada para después pagar un canon por usarlas no es privatizar la sanidad.

¿Qué es una sanidad universal?

Desde luego sólo la que viene avalada por una ley que garantice dicha prestación a todos los ciudadanos residentes en el país en cuestión, lo que no podría ser de otra manera desde que la financiación procede íntegramente de los presupuestos generales del estado y no de las cotizaciones individuales a la Seguridad Social.
En este caso no tememos que deje de serlo con un gobierno de derechas, simplemente porque (aunque pueda extrañar a muchos) la asistencia sanitaria no es ni nunca ha sido universal. Es cierto que las diversas puertas de entrada al derecho de asistencia sanitaria han ido aumentando progresivamente, la última con la Reforma de la ley General de Salud Pública el mes pasado, y la cobertura fáctica alcanza hoy casi al 99% de la población. Pero los intentos de declaración por ley de una cobertura universal han quedado siempre en dique seco. ¿Por qué esta resistencia a declarar realmente la universalidad de la asistencia si en la práctica es cercana al 100% pero con una maraña de títulos de derecho a dicha asistencia? La explicación es sencilla. Una ley que declare la asistencia sanitaria un derecho universal necesita para su derogación de otra ley que afirme explícitamente que deja de serlo. La situación actual, sin embargo, puede ser recorrida en sentido inverso con total sigilo. Por supuesto la exclusión a la asistencia no vendrá (al menos en un primer momento) para las clases desfavorecidas, sino por el lado opuesto, el de las clases pudientes a los que se les financiará “su” sanidad por vías distintas a las del resto. Muy posiblemente por la vía de la doble financiación, como veremos en la pregunta siguiente.

¿Qué es una sanidad gratuita?

Otro concepto que debería ser inequívoco pero que no lo es. Las constantes amenazas del copago desde hace tanto tiempo nunca han buscado su verdadera introducción, que todos los políticos saben que, aparte de su impopularidad y la potencial pérdida de votos que esta medida podría suponer, no supone ningún alivio financiero sustancial para el gasto sanitario. Su finalidad es otra. Por un lado hacer creer que con tal de conjurar la amenaza del copago, cualquier propuesta que, mentiras mediante, se nos venda como un ahorro de los “insoportables” costes del modelo actual debe ser aceptada sin protesta. La otra, aún más mezquina, es hacernos creer que mientras no se implante el copago, la asistencia sanitaria es gratuita. Dejemos de lado que en España la asistencia sanitaria nunca ha sido gratuita salvo para los jubilados pues en este debate se omite casi sistemáticamente el copago farmacéutico. Un copago además que no es similar para todos los usuarios pues funcionarios, jueces o miembros de las fuerzas de seguridad en activo tienen una tasa de copago inferior al resto de beneficiarios del SNS. Pero dejemos este punto de lado porque un aspecto más importante y clave en los planes de privatización de la sanidad es que para considerar una sanidad pública como gratuita, no basta con que sea gratuita. No. Esa asistencia sanitaria debe ser gratuita y “de calidad”. De una calidad equiparable a la mejor de las opciones privadas, tal y como todavía ocurre en nuestro “desfasado y obsoleto” Sistema Nacional de salud. De lo contrario, y ese es su objetivo final, el sistema público acaba convirtiéndose en una asistencia de beneficencia donde se acoge a todo el que no puede pagarse una asistencia privada pero con un estándares de calidad asistencial tan bajos que quien quiera (y pueda pagar) una asistencia óptima tenga que recurrir a la oferta privada.

La estrategia no debe extrañarnos pues es la misma que es utilizada en el otro sector clave de los servicios públicos que se está entregando a los que buscan hacer de ellos un negocio. Pero, como en aquella, con un tremendo agravante. Que el modelo elegido lo que consigue además es la fuga de los recursos de la financiación pública para sufragar los costes de la empresa privada. Algo que en educación lleva años funcionándoles a las mil maravillas con el concepto de educación pública concertada y que en sanidad empezará a funcionar con el término de acuerdo de financiación mixta pública-privada.

 

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