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¡Enlazar no es delito!¡No al canon AEDE!

El año que viene, muchos de los artículos que en la actualidad pueden leerse en esta página y en otras webs no se podrán publicar debido a que la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, y la implantación del llamado canon AEDE lo podría dificultar, si no imposibilitar. Esta medida supone una mordaza para toda la comunicación por Internet, y en especial para las organizaciones sin ánimo de lucro que, como ATTAC, trabajan por la difusión de la información crítica de calidad entre la ciudadanía y la educación popular.

ENLAZAR NO ES DELITO. CITAR ES UN DERECHO. EL LIBRE ACCESO A LA CULTURA Y A LA INFORMACIÓN, LA BASE DE UNA DEMOCRACIA.

¿Copiarán los jueces en el examen?

21 enero 2013 | Categorías: Opinión | |

 Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón

Con los últimos datos conocidos en torno al “caso Bárcenas”, los 22 millones de euros depositados en Suiza mediante una cuenta opaca, el lavado de, al menos, diez millones de euros acogiéndose a la reciente amnistía fiscal perpetrada por el ministro Montoro, el despacho en Génova a disposición hasta la fecha de Bárcenas, oficialmente fuera del PP, los sobresueldos de 5.000 a 15.000 euros entregados mensualmente a la cúpula y a  altos cargos del PP, el silencio de Rajoy y los sucesivos secretarios generales del PP, etc. no solo están en entredicho unos determinados políticos y personajes varios, sino el sistema mismo de la Administración del Estado, de los órganos de representación del pueblo (del que supuestamente proviene el poder) o de la simple independencia del sistema judicial, sino principalmente está sobre el tapete el sistema judicial mismo.

Puede fallar el poder legislativo, pero el problema resultaría subsanable, por ejemplo, a través de unas elecciones. Puede fallar el poder ejecutivo, pero se puede salir del atolladero igualmente mediante las urnas o incluso con un simple cambio de gobierno. Si falla, en cambio, el poder judicial, el sistema político y social corre el riesgo de desmoronarse.

En el caso Urdangarín, su consorte Cristina y los gobiernos autonómicos balear y valenciano, son ya de segundo orden las penas y sentencias que los imputados en el caso recibieren, pues a la ciudadanía le interesa espera ante todo el talante y la actuación consiguiente de la judicatura misma. Un trato de favor, pasar por alto elementos esenciales del caso, un sobreseimiento mediante un brindis mágico al sol o la prescripción del delito, llevaría ipso facto a dejar de mirar a los encausados, para centrar la mirada en el sistema judicial mismo.

No otra cosa puede decirse del caso Gürtel, con sus derivaciones actuales sobre el caso Bárcenas y el Partido Popular. De momento, aparte de unas simplezas y unas vaguedades pronunciadas por algunos de sus dirigentes, el Partido Popular aún no ha dicho esta boca es mía: o no les consta o se remiten a la investigación judicial, como si no estuviésemos aún suficientemente escaldados con otras investigaciones judiciales sobre las actuaciones de no pocos miembros del Partido Popular.

Al parecer, los examinados pertenecen al Partido Popular, pero quien va a recibir la calificación final del examen es el propio poder judicial.

(¿Copiarán los jueces en el examen?)

 

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.
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