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Tribunal de Cuentas: ¿controlar al controlador y vigilar al vigilante?

15 febrero 2013 | Categorías: Opinión | |

Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón

Unos han presentado su Declaración de Hacienda y a los cinco segundos se han erigido en adalides de la transparencia. El PP ha cumplido, que el resto de los partidos aprenda y secunde su ejemplo. Todo está solucionado y ahora solo resta votar al partido de Rajoy y Mato, tan injustamente injuriados por insidiosos medios de comunicación. En fin, colorín colorado, y todo está puesto ya en manos del Tribunal de Cuentas.

Sobre el papel, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, incluida la contabilidad de los partidos políticos. Eso no obsta para que cada Autonomía tenga además su propio Tribunal de Cuentas, aunque reciba nombres distintos. Por ejemplo, en Aragón está la Cámara de Cuentas de Aragón, en Euskadi, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en Cataluña, la Sindicatura de Comptes de Catalunya o en Madrid la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  Es  decir, que por instrumentos fiscalizadores no queda, pues los tenemos por duplicado y triplicado en cada territorio.

Lo malo es que los fiscalizadores son nombrados por los fiscalizados; algo así como que los lobos nombren a otros lobos para que vigilen que ningún lobo coma corderos del rebaño de corderos que tienen enfrente. Concretamente, el Pleno del Tribunal de Cuentas está compuesto por seis miembros designados por el Congreso y otros seis por el Senado, “mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años”. Hablar, según esto, de la independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas respecto del poder político es, por tanto, toda una tomadura de pelo.

Así, la composición del Tribunal de cuentas, a julio de 20112 y según el artículo correspondiente de Wikipedia

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Cuentas_%28Espa%C3%B1a%29, es la siguiente:

  • Por parte del Congreso de los Diputados

1.            D. Ramón María Álvarez de Miranda García

2.            D. Ángel Antonio Algarra Paredes

3.            Dª. Enriqueta Chicano Jávega

4.            Dª. María José de la Fuente y de la Calle

5.            Dª. María Antonia Lozano Álvarez

6.            D. José Manuel Suárez Robledano

  • Por parte del Senado

1.            D. Javier Medina Guijarro

2.            Dª. Margarita Mariscal de Gante y Mirón

3.            D. Manuel Aznar López

4.            D. Lluis Armet i Coma

5.            D. Felipe García Ortiz

6.            Dª. María Dolores Genaro Moya

Como nota folclórica, no está de más apuntar que Manuel Aznar es hermano del expresidente José María Aznar y responsable de inspeccionar los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Sanidad. Para equilibrar la balanza, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo anuló en 2009 el nombramiento como subdirectora de Carmen de Vicente, hermana de Ciriaco de Vicente, del PSOE, que era consejero e incluso fue presidente.

En resumidas cuentas, de los doce miembros del Pleno del Tribunal, ocho fueron designados a propuesta del PP y cuatro a propuesta del PSOE.  Huelga cualquier comentario. Por ley,  todos ellos son “independientes e inamovibles”. Amén.

No es extrañar que en febrero de 2013 el Supremo haya denunciado la politización del Tribunal de Cuentas y advertido de que en su seno hay más funcionarios (vg. Subdirector adjunto de la Asesoría Jurídica, asesor económico financiero, etc.) nombrados por los partidos que de carrera, de lo que es sencillo derivar la cuestión de que si los miembros del Tribunal de Cuentas tienen como objetivo principal fiscalizar las cuentas públicas y la posible corrupción en el ámbito público, quién garantiza la vigilancia de  los vigilantes a los vigilados y quién garantiza la pronta, directa y limpia denuncia a los corruptores y los corrompidos del sistema. Si el Tribunal está controlado por los dos grandes partidos, que a su vez son los que disponen y gastan más dinero público, ¿quién controla a quién realmente?, ¿quién fiscaliza a quién realmente?

De momento, llevados por su escaso anhelo de fiscalizar las cuentas públicas, el último ejercicio analizado de los partidos es 2007, si bien, ahora, acuciado por el tsunami mediático, el Tribunal de Cuentas espera –dice- entregar en verano el ejercicio de 2008 y para fin de año los de 2009, 2010 y 2011.

Es posible que, entre tejemaneje y tejemaneje, el PP y el PSOE hayan determinado más de una vez y más de dos concertar que no se levanta la madriguera A si tampoco se hurga en la madriguera C (entre ellas, la madriguera B). Por otro lado, ¿qué Tribunal de Cuentas puede realizar eficaz y fidedignamente su labor, si hasta la fecha no puede acceder a información de la Agencia Tributaria? Así las cosas, la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas considera que el Supremo “denuncia la falta de voluntad de los máximos responsables de dotar con profesionales que son los que gozamos de una independencia probada ya que accedemos por oposición”.

Los Partidos piden un gran Pacto contra la corrupción. Rubalcaba desgrana unos cuantos puntos tendentes a favorecer la transparencia. Unos y otros llevan desde 1976 manejando los hilos del tenderete. La ciudadanía se enroca en su indiferencia y su indignación: responde que obras son amores y no buenas razones.

Programa completo, SALVADOS – Partidos políticos ¿las cuentas claras? (29.04.2012)

La Utopía es posible

 

ATTAC, asociación sin ánimo de lucro, denuncia que el pasado 5 de noviembre fue publicada en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en virtud de la cual la reproducción total o parcial, así como la descarga del material de esta página es susceptible de ser gravado por un canon a cobrar por CEDRO, en contra de nuestra voluntad, y por tanto solicitamos su inmediata derogación.

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