Los Estados Unidos del TTIP: Una super constitución de las Grandes Empresas para Europa

29 marzo 2015 | Categorías: EE.UU., TTIP / CETA / TISA, Unión Europea | |

Nick Dearden - Common Dreams

 

El TTIP no debe ser visto como un “acuerdo comercial”, sino como algo más cercano a una declaración de derechos corporativa que consagrará la autoridad de las multinacionales sobre los gobiernos, y colocará a las personas y el planeta aún más bajo su dominio.

El acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, conocido como TTIP, no es otro acuerdo de libre comercio más. Es un fuero para las grandes empresas, que fuerza a los legisladores a defender los llamados “derechos” de los inversores por encima de cualquier otra consideración, derechos humanos, protección del medio ambiente, de rendición de cuentas democrática. Se trata de una constitución para la libre circulación de capitales.

Documentos filtrados de la Comisión Europea revelan que el TTIP será un “acuerdo vivo”, que continuará influyendo en las leyes incluso después de haber sido firmado. Si algo no se termina de definir en el texto final, los grupos de presión empresariales no tienen por qué preocuparse, porque la Comisión está trabajando para consagrar un papel más importante para ellos en el proceso de creación (o paralización) de las regulaciones.

Esto es muy útil, ya que la creciente oposición pública al TTIP ha llevado a que ciertas políticas estén en el punto de mira el uso de productos químicos en el procesamiento de aves de corral y carne de vacuno, por ejemplo. El “acuerdo vivo” permitirá que los temas controvertidos puedan apartarse de momento, para ser retomados más tarde cuando las nuevas reglas hagan que sea mucho más fácil para la agroindustria estadounidense salirse con la suya.

Concretamente, la Comisión Europea está presionando para crear algo llamado Consejo de Cooperación Reguladora. Esa cooperación se llevará a cabo entre los ya amigables legisladores y los grupos de presión empresariales. A lo largo de varios años, estos grupos de presión han estado clamando por el derecho a “co-escribir las regulaciones”, como ellos dicen. Dos años de documentos filtrados muestran que la Comisión está dispuesta a otorgarles ese poder.

Recuerden, el propósito central de TTIP es alinear las regulaciones a ambos lados del Atlántico, ya sean sobre productos químicos, estándares de producción de alimentos o requisitos medioambientales. La primera filtración a finales de 2013, confirmada por filtraciones más recientes, mostraba que la propuesta de la Comisión Europea es que este proceso no termine con las negociaciones. Más bien, a las empresas se les dará la garantía de acceso a los debates normativos en el futuro, y los reguladores tendrán el deber de considerar el impacto que pueda tener cualquier regulación sobre los inversores.

En el corazón de las propuestas de la UE está un Consejo que incluiría reguladores de EEUU y la UE, junto con las “partes interesadas”. En Bruselas, el término “partes interesadas” significa fundamentalmente lobbies empresariales. Mientras se estaba planteando el TTIP, el 92% de todas las reuniones de la Comisión con “partes interesadas” fueron con grupos de presión empresariales.

Los “derechos” de estos actores se establecen en la propuesta de la Comisión. Los lobbies obtendrán una “alerta temprana” de cualquier nueva normativa. De esta manera, a las empresas se les garantizará que puedan dar su opinión con respecto a las regulaciones, normalmente antes de que los representantes electos tengan idea de su existencia. También alcanzarán a revisar las regulaciones existentes. Las sugerencias concretas recibidas de los grupos de presión se compartirán también con los reguladores estadounidenses, y se les otorgará “una especial consideración”

En otras palabras, el Consejo de Cooperación Reguladora representa la consagración de un papel permanente para las grandes empresas en la formulación de políticas públicas.

Aún más, las evaluaciones de impacto obligarán a los reguladores a considerar el impacto de la regulación sobre el comercio y la inversión. En otras palabras, los funcionarios tendrán que evaluar los cambios que quieran hacer por ejemplo, para proteger a las personas o el medioambiente desde la perspectiva de los inversionistas extranjeros.

Esto permite al TTIP convertirse en algo parecido a una nueva Constitución, diseñada para proteger los intereses corporativos, no los derechos de las personas o el planeta. Esta nueva constitución formaría la base desde la cual nuestros gobiernos enfocarían las leyes, las regulaciones y los procesos políticos. Como si se pusieran unas gafas teñidas de TTIP, nuestra sociedad entera viene a parecerse a la zona de juegos de los grandes negocios, y todas nuestras protecciones se ven como obstáculos para su beneficio.

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

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