La garantía del tiempo libre: desempleo, robotización y reducción de la jornada laboral (Parte 2)

13 enero 2017 | Categorías: Opinión, Trabajo | |

Lluís Torrens / Eduardo González de Molina - sinpermiso

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1 de mayo de 1886. Protestas obreras en Chicago, que derivaron en la jornada de ocho horas. Grabado publicado en ‘Harper’s Weekly’.

Hace unas semanas, en la primera parte de este artículo, escribíamos que nos enfrentamos a un problema estructural y a una amenaza futura en el Reino de España: el desempleo crónico y la destrucción de empleo a causa de la robotización. El desempleo estructural y crónico en nuestro mercado laboral es totalmente indiscutible: la tasa de paro oficial de los últimos 38 años se situó en un promedio del 15,17% de la población activa, al tiempo que las cotas de infrautilización del trabajo remunerado —siguiendo la metodología del Bureau of Labor Statistics de EEUU— se sitúan actualmente en un 29% de paro total. Tenemos también una amenaza futura —¡aunque no lejana!— de que se automatice una parte importante de los empleos de la sociedad española. Los análisis prospectivos más prudentes auguran una desaparición de hasta el 12% de las ocupaciones debida a la automatización, que repercutirá con mayor intensidad en los trabajos que requieren menor cualificación. Este fenómeno agravaría la dualidad, la polarización, la sobrecualificación y los altos niveles de desempleo que caracterizan nuestro mercado laboral.Visto el cuadro general, ¿cuánto crecimiento económico sería necesario para satisfacer el 29% de demanda real de trabajo remunerado? Según el consenso económico establecido por la Ley de Okunse necesitan tasas cercanas al 2% de crecimiento  económico para empezar a crear empleo neto de manera significativa. Pero, ¿cuántos años consecutivos de crecimiento necesitamos para llegar al pleno empleo? Dada nuestra experiencia histórica, ni siquiera durante el mayor periodo de prosperidad económica en el que tuvimos 13 años consecutivos de crecimiento (1994-2007), con el PIB  creciendo a un promedio anual de 4,1%, se consiguió bajar la tasa de paro oficial por debajo del 8% —¡que sería un 14% si tenemos en cuenta la infrautilización del empleo!—. Y todo esto sin olvidar que este crecimiento fundamentalmente se sostuvo en dos factores a día de hoy irrepetibles: la burbuja inmobiliaria que nos endeudó en 750.000 millones de euros con el exterior y con la necesaria entrada de 5 millones de inmigrantes para cubrir las vacantes laborales en construcción y turismo.. y retroalimentar la burbuja.

Es aquí entonces donde entra la propuesta de: «trabajar menos para trabajar todos». Es decir, la necesidad de promover una política pública orientada a la Reducción de Jornada Laboral (RJL a partir de ahora) como estrategia para aumentar los niveles de empleo. En otras palabras, si en el Reino de España trabajamos de promedio 19,96 horas semanales pero éstas se hallan repartidas de manera totalmente dispar, parece más que razonable proponer una gran redistribución del tiempo de trabajo para reducir la desigual distribución actual y aumentar los niveles de empleo.

Nos adentramos pues en el terreno de la propuesta de la RJL como política pública clave. Para ser evaluada, como toda intervención pública transformadora, se utilizan tres criterios fundamentales: deseabilidad, viabilidad y factibilidad (Wright, 2006). Es decir, ¿es la RJL una política pública deseable normativamente y nos permite avanzar hacia un mejor modelo de sociedad acorde a nuestro conjunto de valores? Si es así, ¿es una alternativa viable desde el punto de vista económico, técnico, legal en el contexto actual? ¿Disponemos de evidencias de cómo se ha llevado a cabo esta propuesta en otros lugares y qué resultados ha generado? En caso afirmativo ¿qué agente social y/o político lo hará factible? ¿Es una medida que tiene la potencialidad de ser hegemónica, de instaurarse en sentido común, de ser apoyada por una mayoría social para que no sea sólo una mera «idea sin fuerza»? Estas preguntas las iremos abordando a lo largo del artículo.

Un problema previo a abordar: la situación actual de la (doble) jornada de trabajo en el Reino de España

Una de las razones de más peso para justificar la necesidad de la RJL es la desigualdad de género. Cuando hablamos de la RJL debemos saber que es una medida que se sitúa siempre debajo del paraguas del «reparto del trabajo» y que nunca hay que olvidar que el empleo y el trabajo no son lo mismo. El trabajo es definido como el «conjunto de actividades, remuneradas o no, cuyos resultados proporcionan bienes y servicios a los miembros de nuestra especie y sirven para su reproducción» como sostienen Raventós y Wark (2016), mientras que el empleo se reduce a las actividades que reciben contraprestación económica.

Por tanto, la diferencia fundamental entre el trabajo y empleo se larva históricamente en la gran separación entre la esfera pública-formal, donde se sitúa el trabajo productivo, y la esfera privada-informal, donde se sitúa eltrabajo reproductivo. Esta separación no ha sido neutral desde un punto de vista de género: el sexo masculino ha participado y dominado ampliamente la primera esfera y el sexo femenino la segunda. La incorporación de la mujer al mundo laboral supuso toda una revolución social en el proceso de emancipación femenino. Sin embargo, además de que esa emancipación está todavía lejos de ser completa, se ha caído en una nueva trampa: «la doble presencia» o la doble jornada de trabajo que realizan las mujeres trabajadoras en la empresa y en el hogar. La última Encuesta de Empleo del Tiempo (2009-2010) del INE disponible, nos permite caracterizar esta dimensión:

Primero, las mujeres dedican al trabajo remunerado 15,1 horas semanales y los hombres 23,1, mientras que en el trabajo no remunerado las mujeres trabajan 34,6 horas semanales y los hombres 12,5. En total, si sumamos el trabajo productivo y el reproductivo, ¡las mujeres trabajan 2 horas más al día que los hombres! Esta desigual distribución del tiempo de trabajo lógicamente también tiene repercusiones en el tiempo libre; a los hombres les queda un total de 38,9% del tiempo de ocio frente a un 32,8% de las mujeres (Prieto et al., 2015). Segundo, la inserción de la mujer al mundo laboral sigue mostrando fuertes patrones de desigualdad. Sobre el total de ocupados, en el tercer trimestre de 2016 sólo un 7,4% de hombres tenían un contrato a tiempo parcial frente al triple, un 23,1%, de mujeres. Por último, desde el punto de vista de los ingresos, según el INE, el salario hora medio femenino el 2014 era un 13 % inferior al masculino, lo que unido a la mayor parcialidad hace que los ingresos femeninos acaben siendo un 76,7 % de los masculinos, 6.000 euros menos anuales. Este fenómeno, unido a una menor duración de la actividad laboral femenina, genera a su vez un impacto en el salario diferido de las mujeres jubiladas, siendo la brecha de género en las pensiones un 34%. Una cascada de desigualdades monetarias cuyo origen es cultural: la mayor propensión de las mujeres (que, por cierto,  tienen un significativo  mayor nivel educativo que los hombres) a aceptar trabajar a tiempo parcial por razones de cuidado de niños, mayores u otras razones familiares (18,6 % frente al 1,8 % de los hombres).

Si con la Encuesta de Empleo del Tiempo extrapolamos la diferencia media de horas trabajadas —reproductivas y productivas— entre hombres y mujeres a lo largo de su vida, nos encontramos que los hombres trabajan un total de 136.156 horas —80.458h remuneradas + 55.698h reproductivas— frente a las mujeres con 189.076 horas trabajadas —43.897h remuneradas + 145.179h reproductivas— ¿Qué diferencia es está a lo largo de la vida? Pues esa diferencia (52.920h) es el equivalente a ¡casi 30 años de trabajo a tiempo completo —a 1.800h anuales— en favor de las mujeres!. Por el contrario, los valores se invierten en cuanto a retribución, los hombres ganan a lo largo de su vida en promedio casi el doble de euros —y en consecuencia de poder económico— que las mujeres:

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Fuente: Elaboración propia a partir de INE

En definitiva, si bien la propuesta de una RJL es una estrategia que fomenta el reparto del trabajo productivo y reproductivo, esta solo es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la desigualdad de género, dado que las políticas públicas de cambio material —como la RJL— por sí solas no cambian los hábitos y los patrones conductuales, será necesario complementarlas con políticas de cambio cultural —la conquista de la corresponsabilidad—.

La reducción de la jornada laboral en perspectiva histórica: un objetivo central del movimiento obrero

La lucha por una jornada laboral que permitiese «trabajar para vivir y no vivir para trabajar» formó parte del ADN del movimiento obrero: buena muestra de ello es que anualmente celebramos el 1º de Mayo como el día internacional de las y los trabajadores a causa de la Matanza de Chicago de 1886, cuando obreros anarquistas reivindicaron la jornada laboral de 8 horas —«ocho horas para el trabajo, ocho para para el reposo y ocho para la educación»— y fueron asesinados a manos de la policía por manifestarse.

El historiador británico E. P. Thompson (1967) en su artículo Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism, se preguntó, tras la invención del reloj y su introducción masiva (mediados del S.XVIII) en el gobierno de la empresa

¿hasta qué punto, y en qué formas, afectó este cambio en el sentido del tiempo a la disciplina de trabajo, y hasta qué punto influyó en la percepción interior del tiempo de la gente trabajadora? Si la transición a la sociedad industrial madura supuso una severa reestructuración de los hábitos de trabajo —nuevas disciplinas, nuevos incentivos y una nueva naturaleza humana sobre la que pudieran actuar estos incentivos de manera efectiva—, ¿hasta qué punto está todo esto en relación con los cambios en la representación interna del tiempo?

Y demostró cómo, en efecto, la contabilización temporal del trabajo permitió toda una revolución en la organización científica de la unidad productiva, en la medición de la productividad, la incorporación de técnicas disciplinarias del trabajo, el control de la producción, etc. Pero a la vez, promovió un aumento de las luchas entre capital/trabajo que determinó gran parte de las reivindicaciones del incipiente movimiento obrero decimonónico: en 1802 se consiguió la limitación  de 12 horas diarias para el trabajo infantil, en 1830, una huelga de hasta 100.000 obreros reclamó la reducción de jornada de 16 horas a 10 horas. En 1857 se consiguió limitar la jornada a las 10 horas pero solo para varones menores de edad y mujeres. Y en 1886 en Chicago, la mencionada reclamación de la jornada de 8 horas. Por su parte, en el Reino de España no fue hasta 1919 que se conquistó las 8 horas, gracias a la famosa Huelga de La Canadiense, iniciada por el despido de 8 obreros sindicalizados de una compañía eléctrica de Barcelona y secundado posteriormente por la anarcosindicalista CNT, al hacerlo terminó convirtiéndose en una impresionante huelga general que paralizó el 70% de la industria catalana durante 44 días.

Para el socialismo ilustrado decimonónico, la lucha por la RJL estaba en el centro de sus principales consignas y reclamaciones. Esa reivindicación conectaba estratégicamente la lucha económico-sindical inmediata del trabajo frente al capital con una medida que permitía, desde el interior del capitalismo, avanzar hacia el socialismo en tanto liberaba tiempo de vida diario de las y los asalariados, disminuyendo el poder arbitrario ejercido por la clase de los patronos, mejorando su salud y aumentando el tiempo libre disponible necesario para organizar la lucha de la clase obrera. En este sentido, el primero en reivindicar la jornada laboral de 8 horas fue el socialista utópico Robert Owen en 1817 y, siguiendo esa herencia, todo el movimiento obrero decimonónico manifestó, a través del Manifiesto Inaugural de la I Internacional (1864)redactado por Karl Marx, la importancia de la RJL:

[En la] lucha por la limitación legal de la jornada de trabajo (…) de lo que se trataba era de decidir la gran disputa entre la dominación ciega ejercida por las leyes de la oferta y la demanda, contenido de la Economía política burguesa, y la producción social controlada por la previsión social, contenido de la Economía política de la clase obrera. Por eso, la ley de la jornada de diez horas no fue tan sólo un gran triunfo práctico, fue también el triunfo de un principio; por primera vez la Economía política de la burguesía había sido derrotada en pleno día por la Economía política de la clase obrera.

Dos años después, el mismo Marx (1866) en su labor política para la AIT, convertía a la limitación de la jornada laboral nada más y nada menos que en una condición necesaria para la emancipación de la clase obrera:

La condición preliminar, sin la que todas las tentativas de mejorar la situación de los obreros y de su emancipación están condenadas al fracaso, es la limitación de la jornada de trabajo.

En definitiva, en un sentido histórico, una revitalización y adaptación de la propuesta de RJL nos conecta directamente con uno de los núcleos fundadores del proyecto emancipador ilustrado del socialismo.

La reducción de la jornada laboral en perspectiva comparada: un extenso abanico de propuestas y de experiencias internacionales

A menos que queramos mantener y aumentar el nivel de empleo a través de los inútiles e indeseables «bullshit jobs» y que en realidad ni siquiera los que trabajan lo hacen a 40h semanales —de facto no es así, se trabajan muchas horas extraordinarias: 6,5 millones a la semana, el 56% sin pagar—, podríamos apostar por la RJL, pero ¿cómo? Hay muchas formas de reducir la jornada, però podemos realizar una doble clasificación entre acciones legales obligatorias, voluntarias e innovadoras, y entre las que mantienen o encarecen los costes laborales y salarios por hora reduciendo o manteniendo respectivamente los sueldos anuales.

A nivel de obligación legal, la más mediática sería reducir la jornada laboral a 35 horas o menos. Los convenios colectivos también pueden reducir las horas por debajo de las 40 horas, como muchos de los existentes en el sector público —hasta las 35 horas, como en Andalucía— o privados —como en Volkswagen Alemania, de 25 a 34 horas semanales— ligadas a jornadas flexibles.  Las reducciones semanales permiten organizar la semana laboral de 4 días  —el llamado «Friday off»—. Para organizaciones que trabajan con turnos definidos o con plantillas pequeñas puede ser más fácil aplicar medidas de reducción de la jornada a lo largo del conjunto de la vida laboral: períodos más largos de vacaciones, años o semestres sabáticos para actualización de conocimientos cada x años de trabajo continuado, permisos por maternidad y paternidad más extensos, obligatorios e intransferibles, o el adelanto de la edad legal de jubilación, empezando en aquellos sectores que disparan su tasa de absentismo por enfermedades profesionales (estén o no reconocidas actualmente) con la edad.

Otro paquete de medidas pasa por penalizar y así desincentivar las horas extraordinarias o jornadas extendidas —recargo sobre la hora ordinaria— o penalizar con impuestos o cotizaciones al desempleo a las empresas que abusan de los contratos temporales y de los despidos y recontrataciones a lo largo de su ciclo de negocios —como los sistemas de experience rating usados en EEUU—.

El sector público también puede fomentar la creación de trabajos a media jornada o jornada reducida (extendido en otros países, casi inexistente en nuestro país) o que la formación profesional dual o la transición formación-ocupación en profesiones especializadas de servicios finalistas combinen formación con trabajo a tiempo parcial.  Se podría establecer una carrera horizontal con tramos por experiencia que permitiera empezar con un salario más bajo, con menor jornada, e incrementar el número de contrataciones a igual coste y de paso permitir que más titulados incrementen su empleabilidad.

Entre las medidas voluntarias, la medida más importante es permitir el cambio voluntario y reversible de duración de jornada por parte del trabajador (y de obligada aceptación por la empresa, salvo fuerza mayor) —como el caso holandés, que combina una legislación que permite que los trabajadores opten libremente por cambiar de tipo de jornada,  y de manera reversible, con garantizar que se mantienen estrictamente las condiciones laborales entre los trabajos a tiempo completo y reducido—. Holanda tiene la mayor tasa de trabajo a tiempo parcial del mundo y también con una gran mayoría de trabajadores a tiempo parcial haciéndolo voluntariamente (aunque también, como en todos los países,  con un tiempo parcial mayoritariamente femenino). Finalmente, también se puede fomentar el «job sharing» de un puesto de trabajo entre dos o más individuos.

Y de manera innovadora, poniendo un par de ejemplos con experiencias ya existentes, el trabajo retribuido actual se podría combinar con trabajo voluntario o retribuido a un coste inferior  (por ejemplo trabajando media jornada a sueldo profesional de mercado y media jornada con un sueldo más bajo, incluso cobrado con moneda social) para realizar proyectos para la comunidad. O repartir los trabajos más duros de manera colectiva durante períodos de tiempo determinados (como los servicios cívicos para jóvenes). O combinarlo con una Renta Básica Universal, como explicamos más adelante.

La reducción de sueldo puede compensarse parcialmente en algunos trabajos con la compactación de jornadas para reducir costes de desplazamientos y dietas —como los sistemas de turnos en emergencias sanitarias o de bomberos— o el impulso del teletrabajo, además de que en presencia de un IRPF con progresividad la reducción neta de sueldo es inferior a la bruta y que pueden existir ahorros en otros costes (cuidados de niños o dependientes, etc..).  Además, habrá que decidir si se compensa total o parcialmente a las empresas por el incremento de costes (con una rebaja de impuestos y cotizaciones sobre los salarios o mediante otras subvenciones) para mantener total o parcialmente el salario mensual,  y caso contrario si se compensa a los trabajadores con un complemento salarial específico o con políticas redistributivas como la RBU, ambas estructuradas y financiadas mediante con una reforma fiscal.

Como se ve, hay muchas maneras de abordar la RJL, pero ¿qué experiencias reales se han producido? ¿Qué podemos aprender de ellas? Veamos algunas de las realizadas desde la implementación de las 8 horas.

En primer lugar, tenemos el caso de la política de reparto de F. D. Roosevelt en la década de la Gran Depresión.  En un contexto de alta tasa de paro aprobó en 1933 en el marco del New Deal, la President’s Reemployment Agreement (PRA) que consistió en incentivar a las empresas privadas a reducir la jornada a 35 horas, a aumentar el ratio salario/hora y reconocer el derecho legal a la negociación colectiva. El trabajo de Taylor (2009) Work-sharing During the Great Depression explora los resultados de esta política de reparto del trabajo: según el autor fue una medida «fuertemente exitosa» con respecto al objetivo a corto plazo de aumento del empleo, esta política añadió 2,47 millones de trabajadores al sector privado en cuatro meses aunque la mitad de estas ganancias de empleo se perdieron por la petición de aumentar el salario hora, dificultando la subida potencial de empleo por el aumento del coste laboral.

En segundo lugar, el paradigmático caso francés, el Gobierno socialista de L. Jospin redujo la jornada de 39 a 35 horas entre 1998 y 2002 con el lema «trabajar menos para trabajar más personas, y vivir mejor». La reducción de jornada no incluía bajadas salariales —aunque se compensó a las empresas con reducciones en cotizaciones si creaban empleo en proporción— y la patronal francesa lo criticó las potenciales pérdidas de competitividad frente al exterior. No obstante, un primer informe de INSEE (2005) evaluó efectos positivos en creación de empleo y aumento de productividad y un reciente Informe de la Comisión de Investigación de la Asamblea Nacional Francesa (2014)corroboró los resultados: entre 1999 y 2000 —cuando se aplicó la medida a grandes empresas y al sector público— se crearon 350.000 empleos directos gracias a esta medida, disminuyó el trabajo a tiempo parcial, creció el PIB más que en otros períodos de bonanza sin RJL —del 2,2% al 2,5%— y los trabajadores franceses se convirtieron en ese periodo en los más productivos de Europa. Por el lado negativo, como reconoció la diputada Romagnan (2015), encargada del Informe, los salarios se estancaron para muchos trabajadores, algunos perdieron ingresos por la pérdida de horas extra y en algunos puestos de trabajo se intensificó mucho la jornada y se incrementó la flexibilidad en detrimento de la conciliación vida laboral-familiar.

En tercer lugar, en el Estado de Utah (EE.UU.) entre 2008-2009 se promulgó la  iniciativa «Working4Utah», una semana laboral de 4 días para el sector público sin reducción de horas —de 5 días a 8h a 4 días con 10h— con el objetivo de reducir los costes y emisiones de carbono a la vez que ahorraban energía. El experimento tomó un total de 18.000 empleados públicos de un total de 25.000 empleados. Una investigación de Facer y Wadsworth (2010)determinó que el 78,5% de las y los trabajadores estaba de acuerdo y muy de acuerdo con que la experiencia había sido positiva, el 63% aseguraba que había aumentado su productividad y al final del experimento el 82% de los empleados afirmó querer seguir con la jornada de 4 días. La reducción de absentismo laboral y horas extras permitió un ahorro de 4,1 millones de dólares. Desde el punto de vista medioambiental, la reducción de uso de energía fue de 10,5% —6% de energía eléctrica, 16,5% de gas natural, etc.—, se redujo las emisiones de dióxido de carbono en 4.546 toneladas métricas y se redujo el consumo de petróleo en 744.000 galones. No obstante, un Informe de Auditoría General de la Cámara legislativa de Utah (2010) aseguró que no había suficiente evidencia para afirmar con robustez la mejora en la productividad, viéndose efectos mixtos —positivos y negativos dependiendo del tipo de trabajo— y que el ahorro del Estado fue efectivo pero se quedó lejos del esperado.

En definitiva, vemos que las experiencias han arrojado en general buenos resultados, aunque seguimos sin tener suficiente evidencia y se han generado también efectos no deseados que habría que controlar mejor. El último experimento que se está realizando ahora mismo es la reducción de jornada laboral a 30h —6h por día— en el Ayuntamiento de Gotemburgo (Suecia)para observar los incrementos de productividad y la mejora en el balance trabajo/vida. Todavía no hay resultados definitivos, pero las actuales investigaciones arrojan efectos positivos.

Una propuesta socialmente aceptable: Reducción de la Jornada Laboral + Renta Básica Universal

Nuestra propuesta es la Reducción de Jornada Laboral (RJL) unida a una Renta Básica Universal (RBU). ¿Cómo exactamente? Proponemos reducir la jornada un 15% promedio— con la proporcional reducción del salario (coste laboral) pero compensada ex-ante por una RBU de 622€ al mes por adulto ajustado por unidad familiar (equivalente al umbral de riesgo de pobreza en España sin las comunidades forales el año 2010) , de forma incondicional y para toda la población.(1)

Sabemos que esta reducción de la jornada no puede aplicarse a todos los empleos, como algunos de los más cualificados, los que se dan en pequeños centros de trabajo, los autónomos, etc. Pero esta medida es el faro sobre el que se pueden proponer medidas alternativas a aplicar en el conjunto de la vida laboral a cualquier tipo de organización o profesión y con resultados similares: años o semestres sabáticos, jubilaciones anticipadas o combinaciones de diferentes opciones.

Habría que añadir también una reforma fiscal profunda que permita que la RBU sea financiable, tal y como proponen Raventós, Arcarons y Torrens (2016), el combate contra la evasión y elusión fiscal, como propone Gestha (2013), la reducción progresiva de la jornada vía Estatuto de los Trabajadores, permisos de maternidad y paternidad como propone la PPIINA (2012), desincentivar el contrato a tiempo parcial, bonificar a las empresas que contraten nuevos trabajadores, el aumento del SMI y penalizar el abuso de horas extraordinarias.

Esta propuesta de RJL + RBU es una propuesta que otros autores han defendido, los trabajos clásicos de André Gorz (1991) y Guy Aznar (1994) que defienden una RJL con reducción salarial y la necesidad de compensar esa bajada salarial con un mecanismo de redistribución de la renta, ellos lo llamaron el «segundo cheque», son prueba de ello. Ahora más autores se apuntan a esta propuesta, los profesores Williams y Srnicek (2015), Mason (2015), Bregman (2016), entre otros.

Habida cuenta que la sociedad española convive con un altísimo desempleo (29% real), con un nivel de desigualdad creciente (Gini=0,346) y con un alto nivel de pobreza (22%), la aplicación de ambas medidas puede significar una reducción significativa de estos tres fenómenos. Por un lado, se eliminaría de golpe la pobreza —en el sentido de que nadie estaría por debajo del actual umbral de riesgo de pobreza  (efecto directo de la RBU)—, se avanzaría en la reducción de la desigualdad hacia unos índices de Gini a nivel de los países nórdicos —de 0,346 a  0,25— y combinado con políticas de creación de empleo en los sectores de la transición energética y de servicios a las personas (donde los ratios de trabajadores por habitante son muy inferiores a los la UE y en especial de los países socialmente más avanzados) se podría reducir sustantivamente el desempleo actual, veamos algunos números:

Si nos comparamos con el año 2000 hemos creado ya de manera espontánea 675.000 puestos de trabajo (la mayoría precarios) a base de reducir la jornada laboral media con mayor contratación parcial. Aún más, si se redistribuyeran todas las horas trabajadas en nuestro país a los promedios holandeses y alemanes, nuestro paro estaría por debajo del suyo:

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En segundo lugar, sabemos que es imposible repartir todos los trabajos, por lo tanto una previsión prudente sería repartir un 60% de los empleos (no los de  empresas de menos de 15 trabajadores, autónomos ni de profesiones directivas o muy especializadas), lo que daría lugar a crear unos 2,5 millones de nuevos puestos con el mismo mix de tiempo parcial y completo que en la actualidad.

Tercero, una comparativa con datos de Eurostat de 2014 con países de nuestro entorno nos dice que si convergemos con la UE15 en horas de trabajo remunerado por habitante en los sectores de la administración pública, educación, salud y servicios sociales (y descontando el exceso de trabajadores domésticos que tenemos), se deberían crear un millón de puestos de trabajo (o más si convergiéramos con los países nórdicos). Estos puestos podrían generar unos costes salariales adicionales de unos 30.000 millones de euros adicionales, de los que entre un 37 y un 49% se recuperarían vía impuesto de la renta (en caso de la existencia de una RBU) por lo que el coste neto inicial para las arcas públicas sería entre 15.000 y 19.000 millones de euros.  A este coste aun debería descontársele el ahorro en prestaciones de desempleo y otras ayudas sociales, el incremento de la recaudación fiscal por el aumento del consumo y el derivado del impacto de los multiplicadores fiscales (podría implicar un 35% más de recaudación) por lo que el coste neto podría ser inferior al 1% sobre el PIB.

Añadamos que tanto el sector de la construcción como el de la manufactura presentan unos ratios de horas trabajadas por habitante también inferiores al promedio europeo —bastante sorprendente en el caso de la construcción e inmobiliaria (le faltan 430.000 empleos respecto a la UE15) , ya que aún acusa el impacto brutal de la crisis— y que los estudios más completos sobre transición energética estiman que se podrían crear en este sector más de  600.000 empleos netos financiados mayoritariamente por los propios ahorros en energías fósiles (27.500 millones de importaciones netas el 2015 a precios mínimos). En resumen, se podría en total superar la cifra de 4 millones de nuevos empleos a un mínimo coste (los nuevos empleos aportarían nuevos ingresos fiscales que más que compensarán el coste de los nuevos puestos en los sectores financiados públicamente) combinando creación neta y RJL en buena parte de la estructura productiva actual.

Este sería de uno de los principales efectos deseables de la implementación de la RJL, veamos su efecto combinado con una RBU ¿Para quién será negativo y positivo?

En primer lugar, al sector empresarial le debería ser una opción inicialmente atractiva, dado que la propuesta cuenta con una reducción del coste laboral proporcional a las menores horas laborables. Por tanto no perderían competitividad más allá de tener que gestionar unas plantillas mayores, coste compensado con dos beneficios adicionales esperados: las empresas enfocadas al mercado de gran consumo nacional notarían un aumento de la demanda interna puesto que la redistribución de la renta mejoraría sus ventas,  y sería esperable una reducción del absentismo y un aumento de la productividad de los trabajadores con menor jornada, como han mostrado experiencias anteriores, lo que favorecería a las empresas tanto enfocadas al mercado exterior como interior. La preocupación empresarial frente al RJL + RBU sería más de clase: la RBU y la reducción del ejército de reserva empoderan a los trabajadores a negociar mejores condiciones de trabajo, por lo que los empresarios ya no pueden aprovecharse de las masas de parados dispuestas a trabajar a cualquier sueldo. Obviamente en el supuesto de eliminación o reducción sustancial del paro habría que gestionar de nuevo -y mejor que en el anterior período- una nueva oleada inmigratoria que presionara el mercado laboral a la baja.

En segundo lugar, a los trabajadores de ingresos medios e ingresos bajos les resultaría también una medida atractiva, porqué aunque los sueldos bajos y medios se redujeran (en términos absolutos pero manteniendo el salario-hora), se incrementaría su ingreso neto gracias a la RBU como se puede mostrar en una simulación realizada con la base de casi 2 millones de datos fiscales de IRPF de 2010 usadas en los trabajos previos de Arcarons, Raventós y Torrens (2):

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Fuente: elaboración propia a partir de INE y AEAT.

En esta simulación, por ejemplo, se muestra que el efecto combinado RJL + RBU es netamente positivo para el 72,6% de los declarantes, para el 82,5% de la población incluida en las declaraciones y para el 86,3% del total de la población. Y con un esfuerzo adicional relativamente pequeño (unos 1.200 millones de euros como se observa en la parte inferior de la tabla) se podría garantizar que la totalidad del 80% de los declarantes de menor renta salieran ganando.  Cierto que para las clases más altas el cambio saldría negativo: toda gran redistribución de la renta conlleva ganadores y perdedores.

En tercer lugar, la combinación de RJL + RBU es positiva desde el punto de vista de género, permite a las mujeres un sostén económico independiente de la fuente de ingresos del «varón sustentador», que le aporta mayor libertad republicana en su vida a la vez que un mayor oferta de empleo derivado de la RJL le facilita la incorporación al mercado de trabajo, sin duda una conquista histórica del feminismo y que los otros tipos de rentas mínimas garantizadas no consiguen. Y globalmente, si se consiguen también cambios en los valores y en los hábitos horarios, la RJL + PIINA + RBU sería la mejor forma de avanzar, en clave igualitaria, hacia un justo reparto del trabajo reproductivo y productivo.

En cuarto lugar, un aspecto muchas veces olvidado, es la mejora de la salud poblacional gracias a una medida como ésta. Es sabido en el disciplina de la salud pública, como existe un efecto negativo sobre la salud —tanto para el empeoramiento de la salud mental, como los riesgos psicosociales (WhiteHall study, 2004)— el exceso de carga de trabajo para las y los trabajadores extenuados y a la contra, los efectos negativos del desempleo y la pobreza para los desempleados, de tal manera que reduciríamos la tremenda desigualdad en salud existente. (Véase también: Benach y Muntaner 2010; Pérez Zapata 2015)

En quinto lugar, esta propuesta podría permitir un mejor balance entre ocio/trabajo, para que “la vida misma [no aparezca] sólo como medio de vida” (Marx, 1844). Esa ganancia neta de tiempo libre nos permitirá —aunque deberemos también cambiar nuestros patrones habituales de comportamiento— tener más relaciones sociales, involucrarnos más en la vida de la comunidad y sobre todo, tener de facto el tiempo material necesario para el ejercicio de la ciudadanía republicana, a la vez que la RBU nos garantizará las condiciones materiales para la libertad.

Además, la propuesta que presentamos, puede ser beneficiosa para el medio ambiente siempre y cuando nos permita cambiar nuestro estilo de vida y nuestro nivel de consumo insostenible. Como apuntan los informes de la NEF (2012) y Pullinger (2013) avanzar hacia una semana laboral más corta es una medida positiva al fomentar la ruptura del lazo entre «vivir para trabajar, trabajar para ganar dinero y ganar dinero para consumir (mal y mucho)», sumado a que ayuda a conseguir el objetivo de bajar nuestra huella ecológica, reduciendo el uso de energía no renovable, las emisiones de GEI y el expolio insostenible de otros recursos.

Finalmente, no podemos olvidar los efectos sinérgicos que tienen la unión de la RJL + RBU,  que no se aplican ni impactan de la misma forma si consideramos ambas medidas de forma aislada. Una RJL sin RBU tendría el problema de aumentar los trabajadores pobres o perjudicar la competitividad de las empresas mientras que una RBU sin RJL podría producir una situación vista como injusta y con poca sostenibilidad socio-política al reforzar la tensión entre los empleados  y los desempleados o inactivos —unos viven a costa del empleo de otros—.

Conclusión 

Volviendo a ver el contexto actual, en donde tenemos unos niveles de desempleo, pobreza, desigualdad e injusticia de género insostenibles, que todo apunta a que el modelo de crecimiento actual y la globalización no los van a solucionar y que existe una amenaza futura con los procesos de robotización, deberíamos ya seguir la sugerencia de un informe del grupo Socialista europeo al Parlamento Europeo (2016) que, en su punto 23, asegura que hay que tomarse en serio la propuesta de la RBU ante esta revolución tecnológica y, añadiríamos, este panorama general, y en especial en el Reino de España.

Considerando además que las políticas focalizadas de rentas mínimas garantizadas tienen muchos problemas, como las trampas de la pobreza y la precariedad, la estigmatización y los fallos de cobertura —incluso en el mejor de los casos como el de Euskadi—. Sabiendo que estamos ante una involución social en marcha con los auges de la derecha populista que pueden incluso llegar a defender una RBU neoliberal y regresiva cuyo objetivo es sustituir el estado del bienestar por un cheque universal que ya sabemos que es profundamente inequitativo y antisocial y una desregulación general de todos los mercados en beneficio de los oligopolios y del crecimiento salvaje expoliador del planeta.

Es el momento entonces de tomar la iniciativa política y poner la defensa progresista de la RJL + RBU en el centro de una estrategia para construir un proyecto político a la altura de las circunstancias. En tanto estas propuestas son deseables normativamente —conectando además a la tradición socialista-republicana con el feminismo, el ecologismo y el decrecimiento—, son viables técnica y económicamente —aunque todavía falten datos concluyentes sobre el impacto socioeconómico futuro de la robotización— y son potencialmente factibles políticamente porque objetivamente benefician a las grandes mayorías —aunque todavía hace falta disputar el sentido común para convertir esta propuesta en hegemónica—.

¿A qué esperan los sindicatos, los movimientos sociales y los nuevos partidos políticos surgidos al calor del 15M en ponerse manos a la obra, es decir, en impulsar estudios más amplios de la viabilidad de las propuestas, en cómo aplicarlas de la manera más justa y en defender social y discursivamente las mismas?

La RBU + RJL seguro que, sin ser la estación final, sí que será una estación más en el tortuoso camino de búsqueda de una sociedad mejor, con más democracia económica y un mejor reparto de la riqueza. Y a la vez sin rechazar los avances tecnológicos que sean positivos para el bien común y el planeta.

Ha llegado la hora de romper con el poder del viejo reloj industrial, garantizando las condiciones materiales para la existencia y liberando tiempo para vivir vidas sostenibles. Es decir: garantizar el tiempo libre para acercarnos al Reino de la libertad.

Notas:

(1) Alternativamente,  la RJL se podría realizar sin reducción de salario pero compensando los mayores costes empresariales con un mayor nivel impositivo -en el IRPF o combinado con otros impuestos-, con efectos parecidos. Obviamente esta propuesta implicaría problemas adicionales de una imposición más elevada.

(2) En este caso con datos del año 2010 del Reino de España (sin las comunidades con haciendas forales) suponemos una variante de los cálculos originales con una RB familiar de 7471 euros anuales para el primer adulto del hogar, el 50 % para los otros adultos y el 30 % para los menores de edad y aplicamos un IRPF con tres tipos tributarios sobre todas las rentas: 25 % sobre los primeros 3.000 euros brutos de ingresos anuales, 39,2 % sobre el tramo 3.000-70.000 euros y 56 % para los ingresos superiores a 70.000. Simulamos además una reducción de los ingresos salariales del 15 % en todos los salarios situados hasta la decila 50 (a efectos de simular la complejidad de reducir las jornadas laborales de los puestos de trabajo más complejos). Si la RB fuera individual (100 % para cada adulto y 20 % para los menores) el tipo tipo intermedio sería del 51 %, la población total ganadora sería del 84,6 % y el índice de Gini caería al 0,233.

Lluís Torrens es economista. Director de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra. Colabora con Iniciatives pel Decreixement, que impulsa un nuevo modelo económico sostenible y estacionario. Es miembro de la Red Renta Básica.

Eduardo González de Molina Soler es sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está cursando un Máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y la Johns Hopkins University y trabaja como asesor técnico para la Dirección de Planificación e Innovación del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

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