ATTAC España https://www.attac.es Justicia económica global Fri, 24 May 2019 16:26:16 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.7.1 Hablemos de bajar impuestos https://www.attac.es/2019/05/24/hablemos-de-bajar-impuestos-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hablemos-de-bajar-impuestos-2 https://www.attac.es/2019/05/24/hablemos-de-bajar-impuestos-2/#comments Fri, 24 May 2019 16:26:16 +0000 https://www.attac.es/?p=50601

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Huawei y las bolsas de valores: Trump juega con fuego https://www.attac.es/2019/05/24/huawei-y-las-bolsas-de-valores-trump-juega-con-fuego/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=huawei-y-las-bolsas-de-valores-trump-juega-con-fuego https://www.attac.es/2019/05/24/huawei-y-las-bolsas-de-valores-trump-juega-con-fuego/#comments Fri, 24 May 2019 09:19:50 +0000 https://www.attac.es/?p=50591 Juan Torres lopez

En el capitalismo de nuestros días germinan crisis de muy diferente naturaleza que aparecen de forma recurrente. Unas son sistémicas porque cuando aparecen “contaminan” inevitablemente a todo el sistema. Así son las financieras porque afectan al dinero o crédito, sin el cual no puede funcionar la economía. Otras son estructurales, porque provienen de la naturaleza intrínseca del sistema capitalista. Por ejemplo, las que producen la desigualdad derivada de la mercantilización del trabajo (que periódicamente produce crisis de demanda por la caída de la masa salarial), o la ambiental, como consecuencia de mercantilizar también el uso de los recursos naturales, sometiendo la naturaleza al afán de lucro. Otras son de escala y características diferentes, producidas por una sola causa o por una conjunción de ellas, y pueden alcanzar una envergadura mayor o menor según que afecten a variables más o menos determinantes del funcionamiento o del equilibrio del sistema en su conjunto. Eso ocurrió con la de los años 70 del siglo pasado.

Como traté de demostrar en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, estos últimos, cuando se basan en el saber convencional, en la ortodoxia dominante, no suelen ser capaces de anticipar las crisis y de darles solución adecuada. Es así porque parten de premisas falsas y porque no utilizan métodos de análisis adecuados para poder entender lo que en realidad es la economía: un sistema complejo cuyo funcionamiento no se puede explicar con las herramientas simplistas de la teoría económica dominante .

En mi opinión, esta falta de acierto se está produciendo de nuevo en estos momentos: los economistas convencionales y las autoridades que se basan en sus opiniones intuyen que se aproxima una crisis importante pero están apuntando, otra vez, al lado equivocado. Creen que vendrá por la desaceleración de la actividad que se viene produciendo en los últimos meses o como resultado de otro zarpazo de volatilidad financiera, como el que provocó la de 2007-2008. Pero se equivocan.

Es cierto que la tendencia a la baja de la masa salarial y la extraordinaria concentración de la riqueza tiende a producir un deterioro progresivo de los mercados: ante una demanda debilitada se responde con reducción en la oferta y se genera así un círculo vicioso que antes o después estalla en forma de crisis. Y es cierto también que las grietas que provocaron la anterior crisis financiera no se han cerrado convenientemente, de modo que es seguro el sistema bancario mundial volverá a saltar antes o después. Pero yo creo que ninguno de estos peligros es inminente. Y otras crisis, como la ambiental o incluso la de la deuda, tampoco es probable que produzcan un efecto de colapso generalizado próximamente.

A mi juicio, donde se están concentrando todos los riesgos para producir una crisis global de grandes dimensiones a muy corto plazo es en las bolsas de valores y, por tanto, en el entramado empresarial que se extiende por todo el planeta.

Las bolsas se están convirtiendo en nuestro tiempo en una bomba de relojería por tres razones que expongo a continuación muy resumidamente.

La primera es de carácter más general. Las bolsas son mercados cuya función es la de proporcionar financiación a los operadores económicos. Cuando estos necesitan capital emiten títulos y los ahorradores o inversores los adquieren para obtener la rentabilidad que está asociada a ellos, bien como renta variable (cuando se trata de dividendos que reparten el beneficio de las empresas) o fija (cuando se trata de títulos que se emiten con un interés determinado a lo largo del tiempo). Esa función de capitalización es fundamental y hay que reconocer que es uno de los grandes logros del capitalismo pues permite acumular sumas de capital que generalmente sería imposible que pudieran obtener por sí mismos los propietarios originales o mayoritarios de las grandes empresas. Algo fundamental, por tanto, para acometer grandes negocios y la acumulación que necesita un sistema planetario como el nuestro.

Sin embargo, las bolsas han perdido desde hace años esa función y en lugar de servir para financiar a las empresas responden cada vez más a una lógica puramente especulativa que simplemente busca aprovecharse de los cambios de precios de los títulos y no de su rentabilidad intrínseca. En las bolsas actuales se compran o se venden títulos para volver a venderlos o comprarlos rápidamente, es decir, para especular con ellos con un criterio de cortísimo plazo muy distinto al que requiere la financiación empresarial y productiva.

Esto significa que la bolsas se han desnaturalizado, que funcionan para lo que no deben funcionar y eso es lo que explica que se produzcan crisis de reajuste tan a menudo.
Y yo creo que tenemos ante las puertas una nueva crisis de este tipo, pero de gran amplitud, porque este proceso de desnaturalización se ha agudizado extraordinaria e incluso excesivamente en los últimos tiempos.

La segunda razón que ha provocado que la desnaturalización de las bolsas se hayan exagerado hasta el punto de que están a paso de estallar es que las grandes empresas vienen utilizándolas para comprar sus propias acciones, unas veces utilizando sus grandes beneficios para ello y generalmente endeudándose gracias a los tipos de interés muy bajos. En los últimos cinco años, las 500 mayores empresas de Estados Unidos realizaron ese tipo de compras por valor de 2,9 billones de dólares, y en 2018 por 1 billón. Esas compras (técnicamente denominadas buy back) han sido las responsables de que las cotizaciones de esas acciones estén exageradamente elevadas y que el índice S&P500 (el de las 500 más grandes empresas que cotizan en bolsa) haya registrado una impresionante subida del 300% desde 2009 a finales de 2018. Más bien antes que después, más pronto que tarde, quizá ya mismo, esas compras dejarán de realizarse y las bolsas caerán estrepitosamente, arrastrando tras de sí a docenas de las más grandes empresas del globo.

La tercera razón que ha producido la exagerada desnaturalización de las bolsas es la generalización de las llamadas operaciones de alta frecuencia. Estas son las compras y ventas de títulos de todo tipo que no realizan los seres humanos sino algoritmos en ordenadores muy potentes que operan a velocidades que resulta muy difícil de asimilar. Este tipo de operaciones representan ya entre el 60% y el 80% de todas las que se realizan en las principales bolsas y mercados financieros del mundo. Y para que los lectores se hagan una idea de qué significa operar a la velocidad en que se compra y se vende hoy día  baste un simple cálculo: imagine que se compra una acción por 1.000 euros y que se vende a 1.001 euros pero que eso se hace 10.000 veces por cada segundo, que es la velocidad a la que pueden realizarse esas operaciones (hay quien dice que no son 10.000 veces sino incluso millones de veces…). Y para entender lo que esto lleva consigo y lo que puede suponer el actuar más rápido cada vez, téngase en cuenta que una conexión a la red que sea solo un milisegundo más rápida que la de la competencia podría aumentar las ganancias de una firma de alta velocidad en unos 100 millones de dólares al año.

Las consecuencias del predominio de este tipo de operaciones son muy variadas pero señalaré sólo dos. Una, que se alimentan burbujas continuadamente (préstamos estudiantiles, pensiones, la inmobiliaria que no cesa, o la más letal de la deuda…). Y otra que, aunque todos los algoritmos están preparados para ganar, es materialmente imposible que siempre ganen todos o que todos los mercados estén en alza permanentemente. Y ambas circunstancias nos llevan a lo mismo que dije antes: más bien antes que después… se producirá una caída generalizada en las bolsas. Dicen que los reguladores necesitarían entre diez y quince minutos para detener una instantánea pero yo no creo que eso esté siempre asegurado. Y, en todo caso, piensen en lo que sucedería si la caída se produce justo antes del cierre, o si se produce una detrás de otra.

¿Cuándo puede suceder algo así? ¿Cuándo se producirá el reajuste de unas bolsas mundiales desnaturalizadas? ¿Cuándo estallarán las burbujas? ¿cuándo provocará un caos la lógica insostenible de los algoritmos sin control?… No lo sabemos pero lo que sí es seguro es que el fuego se extiende cuando salta una chispa y que en los últimos meses se están encendiendo varias cada dos por tres. La última, el ataque de Trump a Huawei. Es un paso más en la guerra comercial y tecnológica y ya así tiene importancia. Pero yo lo contemplo ahora como un posible factor de desestabilización en bolsas que están ya de por sí muy altamente desestabilizadas, tal y como acabo de explicar.

Si es así, si provoca que empiecen a caer las cotizaciones, si se frena el buy back, si hace que estalle alguna burbuja… estaremos a las puertas de la próxima crisis, de naturaleza y efectos diferentes a la anterior. Su modo de difusión y sus consecuencias las comentaré en un próximo artículo. Pero, de momento y para que este artículo termine con una imprescindible visión esperanzadora, no se olvide que, como escribí hace unos días, también detrás de las crisis hay Una gran oportunidad.

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¡SON LAS FINANZAS ESTÚPIDOS! https://www.attac.es/2019/05/22/son-las-finanzas-estupidos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=son-las-finanzas-estupidos https://www.attac.es/2019/05/22/son-las-finanzas-estupidos/#comments Wed, 22 May 2019 17:14:16 +0000 https://www.attac.es/?p=50584 Antonio Fuertes – Attac Acordem
Decía mi padre que en su vida había visto desde el arado romano y la hoz a la cosechadora-trilladora-empaquetadora. Él, como muchos otros, dejó la tierra por otros horizontes en la ciudad. Esto fue debido al desarrollo de la mecanización agraria y a la llamada revolución verde. Los que quedaron en el campo hubieron de financiar la necesaria tecnología, los que se fueron a la ciudad acabaron hipotecándose la vida.
Los años 60 suponen un gran cambio sociológico, el del crecimiento de las ciudades y el inicio de la España vaciada. Constituyen al mismo tiempo el despegue del sector financiero, apoyado en la capitalización necesaria de la industria en el nuevo ordenamiento territorial. El capital bancario pasa a ser prioritario ante el industrial en el proceso de acumulación, ya que los bancos son los mayores accionistas de las empresas y es en el desarrollo de las metrópolis donde la banca genera sus mayores activos.
En las últimas décadas hemos vivido la internacionalización de las grandes empresas, convirtiéndose en multinacionales. La competencia global ha supuesto la lucha de las corporaciones por ganar cuotas de mercado en una jungla donde sólo las mayores sobreviven. El proceso acaba con el libre mercado, creándose oligopolios que fijan condiciones y precios en los intercambios.
El desarrollo meteórico de las ciudades y del progreso material, no hubiera sido posible en base únicamente al ahorro y la acumulación generada por el trabajo asalariado. Para lanzar la actividad económica y acelerar la acumulación de capital hizo falta el desarrollo de lo que Marx llamó el capital ficticio, que se forma de la nada en los mercados bancarios o bursátiles. Se encuentra fundamentalmente en el dinero del crédito, valores de deuda pública y acciones. El resultado de su creación, en principio es incierto. Creado para lanzar proyectos que generan expectativas económicas, no siempre las expectativas se cumplen, significa siempre un riesgo asumido.
El capital ficticio ha alimentado una doble competitividad en el crecimiento, la de las empresas por prevalecer y aumentar cuotas de mercado y la de los países por el crecimiento de su PIB. Es el desarrollo de esta competitividad la que ha generado la obsesión del sistema capitalista por el crecimiento, un crecimiento acompañado de una profunda brecha de desigualdad, la extinción de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la generación continua de riesgos.
La actual crisis la provocó la codicia sin límite del capital financiero, que en su innovación continua y apalancado en la ingeniería financiera y la especulación, ha generado nuevos riesgos.  Según el Banco internacional de pagos de Basilea, menos del 2% de transacciones monetarias se producen en la economía real, el resto en la economía especulativa. Estos riesgos se trasladan a través de los productos derivados al conjunto del sistema financiero generando inestabilidad y burbujas que estallan suponiendo graves problemas económicos y sociales.
Los fondos financieros, que apenas tienen regulación y control, se suelen ubicar en paraísos fiscales, alimentando la peligrosa banca en la sombra y han reemplazado en parte a la banca como accionistas de las grandes empresas. La banca cobraba dividendos por sus participaciones en empresas bajo su control, hoy los fondos invierten en empresas mientras pueden servirse de ellas y obtener beneficio, sin ninguna lealtad cuando no los obtienen. Estos fondos tienen enormes proporciones, el fondo BlackRock gestiona 6,3 billones $ en activos, mucho más dinero que el banco más grande, el ICBC chino.
Aumenta la deriva neoliberal en las finanzas con la competencia, la liberalización de capitales y la falta de regulación y control político. Sin embargo, la mayoría de mensajes y prácticas políticas tratan de convencernos de que atraer a los inversores es un objetivo político de primera necesidad. Renunciando a controlar y regular los mercados financieros, han convertido el interés del capital financiero de mercadear con la vida material y los recursos del planeta, en interés general.
La mayoría de afectados por las crisis del capitalismo se vienen convirtiendo en sujetos políticos fragmentados y reivindican que los estados satisfagan sus necesidades. Sin embargo, los estados hace tiempo vendieron o cedieron su soberanía al capital. Hoy la lucha emancipadora y por salvar el planeta pasa necesariamente por integrar las luchas dispersas en una central contra el poder financiero.
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Todo el crecimiento de la deuda pública en la UE desde 1995 corresponde a intereses https://www.attac.es/2019/05/21/todo-el-crecimiento-de-la-deuda-publica-en-la-ue-desde-1995-corresponde-a-intereses/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=todo-el-crecimiento-de-la-deuda-publica-en-la-ue-desde-1995-corresponde-a-intereses https://www.attac.es/2019/05/21/todo-el-crecimiento-de-la-deuda-publica-en-la-ue-desde-1995-corresponde-a-intereses/#comments Tue, 21 May 2019 20:35:45 +0000 https://www.attac.es/?p=50582 Juan Torres
nuevatribuna

La oficina estadística europea, Eurostat, publicó el mes pasado los últimos datos oficiales sobre la deuda pública en la Unión Europea.

A finales de 2018, la deuda total acumulada por los gobiernos de los 28 país miembros sumaba 12,7 billones de euros y el de los países de la UE(19) 9,86 billones. En el primer caso, fueron 136.000 millones más que en 2017 y en el segundo 99.000 millones, es decir, que creció más o menos un 1% anual.

Por otro lado, la cantidad pagada por los gobiernos en concepto de intereses en 2018 fue de 293.983,2 millones de euros en la UE(28) y de 213.177,5 millones en la UE(19).

Pero lo más interesante es comparar el aumento de la deuda pública europea con la suma pagada por intereses a lo largo del tiempo.

Según los datos históricos de Eurostat, desde 1995 -año en que comienzan a proporcionarse datos para la UE(19)- hasta 2018, la deuda total aumentó en 5,79 billones de euros y durante esos años se pagaron 6,4 billones de euros en intereses. Es decir, el 110,6%. Lo que significa que no sólo la totalidad del crecimiento que ha tenido la deuda pública europea en los últimos 18 años, sino incluso un poco más, corresponde al pago de intereses.

En España, ese porcentaje ha sido menor pero también muy elevado. En el mismo periodo, la deuda pública aumentó en 877.503 millones de euros y se pagaron un total de 569.592 millones de euros en intereses, lo que representa el 64,9% del incremento de nuestra deuda pública.

Dicho de otra manera: si los gobiernos europeos hubieran tenido acceso a la financiación del Banco Central Europeo, que crea el dinero de la nada y puede prestarlo, por tanto, sin interés, la deuda pública europea no constituiría ningún tipo de problema para los gobiernos.

 

Muchos lectores se preguntarán la razón de por qué el BCE no hace eso y evita que las familias y las empresas tengan que soportar la pesada carga fiscal que tienen que soportar para pagar intereses. Y la respuesta es obvia: al impedir legalmente que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, se obliga a que éstos tengan que recurrir a la banca privada en condiciones mucho más onerosas para el resto de la economía pero extraordinariamente rentables para las entidades financieras . Sobre todo, si se tiene en cuenta que el dinero que los bancos privados prestan a los gobiernos a los tipos de interés más altos posibles o lo crean de la nada o es el mismo que vienen recibiendo del Banco Central Europeo prácticamente a tipo de interés cero.

Otras personas que lean esto quizá piensen que si el Banco Central Europeo financiara sin interés a los gobiernos lo que iban a provocar es que los gobiernos se desmadrasen y aumentaran su financiación sin límite, provocando un endeudamiento innecesario y gravísimos problemas económicos, en concreto, grandes subidas de precios. Pero eso es algo que no tendría por qué producirse simplemente si el BCE establece criterios de crédito rígidos y racionales que garanticen que su uso es el adecuado y no el caprichoso que pudieran imponer los gobiernos si manejaran al banco central a su antojo, algo que ni ocurre ni tiene por qué ocurrir.

De hecho, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que la deuda pública se ha disparado justamente cuando los bancos centrales han dejado de financiar a los gobiernos.

Como es sabido, el Banco Central Europeo ha inyectado en los últimos años casi 2,6 billones de euros para apoyar a los mercados financieros y para financiar a los gobiernos. Pero como lo ha hecho de una forma más bien indirecta y torticera (comprando los bonos de los gobiernos en los mercados en lugar de hacerlo directamente, por las claras y con menos coste) al final no ha logrado reducir la deuda pública europea. Es verdad que ha evitado problemas mayores, pero no ha conseguido una reactivación eficaz y eficiente de las economía ni un saneamiento efectivo de las finanzas gubernamentales. Y, sobe todo, se ha demostrado que si financia a los gobiernos (aunque sea de modo tan imperfecto) la economía se recupera antes y la deuda crece menos que si no lo hace.

Ahora que estamos en plena campaña de elecciones europeas es más necesario que nunca tener presente todo esto. Las ciudadanía debería saber que tira su voto si lo concede a partidos que no se planteen, al menos, denunciar esta tremenda irracionalidad que solo se lleva a cabo para beneficiar a la banca privada.

Es imprescindible reclamar que el Banco Central Europeo desempeñe otra función en Europa, que sea un instrumento para alcanzar no sólo estabilidad en los precios, que es muy importante, sino también pleno empleo y bienestar y un modelo de crecimiento económico que no esté basado en el incremento constante de la deuda (es decir, en el exclusivo beneficio de los bancos).

Es esencial que el BCE se convierta en el financiador de los gobiernos europeos precisamente ¡¡¡para reducir su deuda!!!!, para seguir que siga aumentando como una bomba de relojería, que es lo que viene ocurriendo cuando se obliga a que los gobiernos se financien en mercados controlados por los oferentes de crédito.

Es inaplazable que el BCE ponga en marcha un plan de reestructuración de la deuda pública en Europa para aliviar la carga fiscal que deben soportar los hogares y las empresas. Podría, por ejemplo, comprar la deuda pública que supere el 60% del PIB y transformarla en deuda perpetua, liberando así moles de millones de euros para poder invertir en la economía productiva.

Es fundamental que el BCE deje de actuar como impulsor de la creación de deuda. Debe ser el financiador del progreso y la garantía del desendeudamiento de los gobiernos europeos.

No se trata de pedir que la autoridad monetaria inyecte dinero sin criterio y que multiplique el crédito sin límite. ¡No! Es justo al revés. Se trata de todo lo contrario. Hay que acabar con lo que ocurre ahora, precisamente porque los bancos ganan dinero prestando y lo que hacen es corromper a las autoridades y fomentar políticas públicas que obliguen a recurrir al crédito en la mayor medida de lo posible sólo para expandir su negocio que es el aumento de la deuda. Y para ello lo que debe hacer el BCE es garantizar que la financiación, que es como la sangre imprescindible para la vida económica, fluya cuando sea preciso, en la cantidad necesaria y sin provocar más problemas que los que viene a resolver. La deuda es una esclavitud y lo que hay que reclamar es poner fin a un modelo económico basado en su crecimiento ilimitado (algo, además, que es materialmente imposible que ocurra y por eso las crisis son cada vez más recurrentes).

Hay que votar sin falta el próximo día 26 pero hay que hacerlo bien y votar a los partidos que lleven en su programa este tipo de cambios en el Banco Central Europeo porque, si no lo llevan, será materialmente imposible que se puedan realizar las propuestas de bienestar o de políticas alternativas que les ofrezcan.

NOTA FINAL:

Se podrían poner muchos ejemplos que prueban que la deuda pública se disparó precisamente cuando los bancos centrales dejaron de financiar a los gobiernos para abrir las puertas al gran negocio bancario. Pondré solamente los dos siguientes referidos a Canadá y Francia. En las dos gráficas se comprueba cómo se disparan la deuda total y la carga de los intereses justo a partir de 1974 y 1973, respectivamente, los años en que se estableció que el Banco de Canadá y el Banco de Francia dejaran ya de financiar a sus gobiernos.

Evolución de la deuda pública de Canadá:

Evolución de los intereses pagados por Francia por la financiación de su deuda pública:

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La gentrificación del pago: la extensión de la red financiera digital https://www.attac.es/2019/05/20/la-gentrificacion-del-pago-la-extension-de-la-red-financiera-digital/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-gentrificacion-del-pago-la-extension-de-la-red-financiera-digital https://www.attac.es/2019/05/20/la-gentrificacion-del-pago-la-extension-de-la-red-financiera-digital/#comments Mon, 20 May 2019 08:54:05 +0000 https://www.attac.es/?p=50586 BRETT SCOTT
elsalto

Hay un fenómeno que se desarrolla lentamente por todo el mundo. Tendrá graves consecuencias, pero muy pocas personas son conscientes de ello, quizá porque supone algo aparentemente trivial y benigno: la extensión del pago digital. No sólo ocurre en las ciudades principales de los países más económicamente desarrollados, sino también en los más pobres, a menudo con la ayuda de los programas de ‘inclusión financiera’ de las organizaciones de desarrollo internacional, en compañía de las instituciones financieras más relevantes.

El crecimiento del pago digital —a veces bajo las etiquetas de ‘e-money’ o ‘dinero móvil’—, vinculado a la eliminación gradual del dinero físico, da a las instituciones financieras y a los gobiernos nuevos medios de supervisión financiera y control a una escala nunca vista. Según argumentaré, este fenómeno puede ser visto como la gentrificación del pago.

El término ‘gentrificación’ suele remitir a los procesos urbanos en los que una comunidad marginada, a menudo caracterizada por sus redes de economía informal, sus mercadillos callejeros y su clima de dureza, ve cómo sus espacios de vida se ven paulatinamente reducidos por la aparición de recién llegados más pudientes, que los encarecen y que usan su comunidad como asentamiento para nuevos mercados formales.

Este proceso pone en marcha una ‘limpieza’ de la informalidad, en la que los recién llegados, atraídos por ciertas expresiones deseables de la comunidad como la música o el clima festivo, eliminan los elementos amenazantes que acompañan la precariedad original: las bandas, los pequeños traficantes o los mercadillos callejeros.

El proceso de gentrificación del barrio termina con el vaciado de la comunidad original, la neutralización del riesgo que representa para la gente más pudiente y la aparición de una imitación inofensiva de esa comunidad, con propietarios de la élite de los negocios y enormes instituciones de fondo.

Puede que todo comience con la sustitución de los pequeños talleres artesanales por tiendas de ropa hipster, pero termina necesariamente con las franquicias apareciendo y reemplazándolo todo, desde las charcuterías familiares a los centros religiosos comunitarios.

Cuando miramos de lejos y generalizamos, la ‘gentrificación’ aparece simplemente como el proceso por el que las redes comunitarias informales e impredecibles, potencialmente peligrosas para el interés de los negocios hegemónicos, son sustituidas por estructuras empresariales formales, estandarizadas y predecibles acompañadas de un aire de ‘amabilidad cool’ y comodidad. La figura del ‘consumidor’ que busca una ‘experiencia de compra’ en un centro comercial reemplaza al miembro de la comunidad buscando sentimiento de pertenencia en redes de amistad, de familia y de compañeros.

¿Qué tiene esto que ver con el pago? El efectivo es una forma de pago vinculada desde hace mucho con las clases más bajas de las economías poscoloniales —la lonja de Maputo, los peluqueros clandestinos de Bombay, el comerciante de manualidades andino…— que emiten los Estados pero se escapa fácilmente de su control más directo. El pago digital, sin embargo, es el dominio de las empresas financieras transnacionales, y no se puede separar ni escapar de ellas. Utilizar —o ser obligado a utilizar— el pago digital supone entrar en su esfera de poder e influencia.

En todo proceso de gentrificación, los desposeídos se apoyan en estructuras informales, o adoptan una identidad, significado y sentido de pertenencia al usar esas estructuras. Sin embargo, desde la perspectiva de las grandes instituciones, estas personas suelen ser vistas de forma implícita como subdesarrollados, incluso criminales, que tratan de escapar de la mirada benevolente y responsable de las instituciones sin las que estarían mejor.

La comunidad de la inclusión financiera, cuyo fin es llevar los servicios financieros formales a la gente sin acceso a ellos, gusta de presentarse como un agente de empoderamiento social, pero a menudo se apega más a los intereses del gran mercado financiero y tecnológico. Una simple búsqueda en Google Imágenes de «inclusión financiera África» muestra incontables imágenes promocionales de mujeres campesinas sonriendo frente a la pantalla de sus móviles, buscando una aplicación creada por algún grupo lejano de hombres de alguna ciudad grande, y vinculada a un centro de datos que monitoriza y rastrea sus acciones con el fin de encontrar oportunidades económicas.

LOS TECNICISMOS DEL PAGO

Para desmenuzar esto, antes hay que entrar en los fundamentos. Las economías de mercado modernas reciben a diario una infinidad de interacciones sociales básicas. Dos personas se encuentran en un puesto del mercado; una de ellas le entrega algo específico e inmediato ─ya sean plátanos, una tostadora artesanal o un servicio concreto─, y la otra le da algo general y dirigido al futuro: dinero físico, que le dará acceso a un abanico de potenciales bienes y servicios de parte de terceros.

 

Si nos alejamos, podremos ver una vasta red interdependiente de personas y empresas que desplazan bienes y servicios reales en una dirección, e intercambios de dinero físico en la otra. Todos estamos enredados en, y dependemos de, esas redes del mercado monetario.

La mayoría de gente usa la divisa nacional, dinero efectivo que sólo funciona en un área geográfica concreta. Estas divisas nacionales tienen fundamentalmente dos formas. En primer lugar el dinero en efectivo, físico, acuñado por instituciones vinculadas al Estado, como los bancos centrales y la tesorería del Gobierno; en segundo lugar, los depósitos bancarios digitales, el ‘dinero’ que vemos en nuestra cuenta bancaria.

Esta moneda digital es legalmente distinta del efectivo. Son pagarés privados que emite un banco, con la promesa de que accedas a la divisa nacional. Ir al cajero para sacar efectivo es, entonces, convertir los pagarés de tu cuenta bancaria en lo que te han prometido. Además, podemos transferir esos pagarés a otras entidades por medio de transferencias bancarias.

El ‘dinero bancario’, es decir, los depósitos digitales, es distinto al ‘dinero del Estado’ (efectivo), pero aun así los manejamos como si fueran funcionalmente equivalentes: hay muchos lugares en los que puedo entrar a una tienda y pagar ‘en efectivo o con tarjeta’. Sin embargo, el dinero bancario no es distinto al dinero acuñado por el Estado sólo legalmente, sino también tecnológicamente —en su implementación— y vivencialmente —en su ‘tacto’, psicología, en la forma en la que interactuamos con él—.

 

El dinero físico consiste en objetos producidos por una casa de la moneda, y las transacciones con él implican fundamentalmente a sólo dos personas. Entrego efectivo en una tienda, y a cambio recibo una chaqueta. Podríamos querer efectuar la transacción más adelante, y en ese caso nos podríamos quedar con algún registro, como por ejemplo una factura; pero, en principio, sólo son necesarias dos personas para este intercambio.

El dinero bancario, por otro lado, toma forma de ‘objetos-dato’, de unidades registradas en una base de datos controlada por bancos comerciales. Puedo llevar conmigo efectivo, pero no este otro dinero: se mantiene como información en el centro de datos de mi banco, y la única forma de ‘moverlo’ a otra persona es contactando con mi banco para pedirles que lo carguen en mi cuenta y lo abonen en la cuenta de la persona que recibe el dinero.

Hoy en día hay toda una plétora de dispositivos y aplicaciones de pago digital, pero el esquema básico de las transacciones económicas digitales cuenta con cuatro elementos predecibles:

  1. Necesitas una cuenta bancaria.
  2. Necesitas un modo de demostrar quién eres y que eres el legítimo propietario de la cuenta.
  3. Necesitas un modo de mandar mensajes seguros al centro de datos de tu banco para iniciar la transacción.
  4. El vendedor necesita un modo de recibir la confirmación del pago.

Estos elementos pueden implementarse de diferentes formas. Por ejemplo, puedo insertar una tarjeta de crédito Visa en la terminal de un punto de venta de un supermercado e introducir un código PIN, después de lo cual la terminal enviará mis datos (a través del sistema Visa) y la petición de mi transferencia a mi banco. Puedo acceder a una aplicación de pagos usando un lector de huellas dactilares en mi móvil, y escanear entonces un código QR que me dé los datos del vendedor. O puedo usar una aplicación de Apple Play vinculada a mi tarjeta de crédito.

El proceso puede implicar distintos niveles de instituciones intermediarias, desde empresas de telecomunicaciones a redes de tarjetas de crédito, pero en última instancia es lo mismo: mi banco (o un proveedor secundario que use un banco para compensar las transacciones) recibe una petición para alterar mi cuenta.

Incluso cuando parece que los bancos no están involucrados, lo están. Servicios como PayPal, o M-Pesa en Kenya, o Paytm en la India, o WeChat en China, son fundamentalmente nuevas capas construidas sobre el sistema económico bancario, o negocios en colaboración con los bancos, o intermediarios entre un banco y tú. Puedes tener cuentas en estos servicios, pero a su vez ellos tendrán cuentas con bancos.

LA DINÁMICA PSICOLÓGICA

Aunque podríamos utilizar tanto dinero efectivo como digital para conseguir lo mismo —comprar algo en una tienda—, cada cual tiene características técnicas y empíricas distintas, que suponen una diferencia muy relevante. Generalmente, cuando se le pide a la gente que describa esa diferencia, se fijan en las propiedades más inmediatas: opinarán sobre cuál es más rápido, más adecuado o más fácil de usar en el momento del intercambio, o sobre cuál es culturalmente más relevante, o cuál parece más seguro. Si lo han pensado más, podrían hacer observaciones más profundas sobre sus implicaciones psicológicas. Por ejemplo, quizá crean que gastan más al usar dinero digital, porque parece ‘menos real’.

 

Es importante estudiar todas esas características, pero están sobrerrepresentadas hasta el extremo en los debates sobre las bondades del pago digital. La diferencia más importante entre el dinero efectivo y el dinero bancario no es tan trivial como cuál de ellos es más rápido. Más bien se trata de la diferencia tecnológica o estructural.

El dinero efectivo es un ‘instrumento del portador’ que no necesita de terceras partes para intermediar entre un comprador y un vendedor, mientras que el dinero digital es un sistema de ‘dinero de libro de cuentas’, que exige varios terceros para intermediar. A menudo parece que la gente no sea consciente de esto, o crea que es irrelevante, quizá porque esa intermediación suela ocurrir tan rápido que no nos damos cuenta, como un misterioso proceso de fondo que funciona ‘como magia’. Sin embargo, es en ese proceso donde surgen las políticas y posibilidades más importantes del pago digital.

POLÍTICAS Y POSIBILIDADES DE LA INTERMEDIACIÓN A DISTANCIA

Entonces, ¿cuáles son esas políticas y posibilidades? La naturaleza remota e intermediada del pago digital produce determinadas características iniciales:

 

  • Si te encuentras lejos de la persona con la que estás tratando de negociar, pero tienes acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, puedes pagar sin estar físicamente cerca de ella. Es por esto que el pago digital es idóneo para el comercio por internet, pero también para otras muchas circunstancias en las que se deben suministrar los bienes a distancia. Por ejemplo, un vendedor ambulante podría querer adquirir bienes de un mayorista en los alrededores de una ciudad, sin tener que dejar su puesto para llevar a cabo una transferencia personal de efectivo.
  • Si la infraestructura de distribución de efectivo ha quebrado, no funciona adecuadamente o está muy poco desarrollada (p.e., un pueblo con sólo un cajero roto), aún se podría pagar simplemente teniendo acceso a las telecomunicaciones.
  • La ausencia de dinero físico significa que es hipotéticamente ‘más seguro’ (suponiendo que no se está sujeto a fraude o pirateo de tu cuenta digital).

La comunidad financiera convencional se centra inicialmente en esta clase de características. Estas comunidades incluyen grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, el CGAP [siglas en inglés de Grupo de Consultoría para Apoyar a los Pobres], la Better Than Cash Alliance (“Alianza Mejor que el Efectivo”), y muchas otras que presentan el dinero digital como más seguro o adecuado a los consumidores, y más eficiente para los vendedores (que potencialmente procesarían más transacciones de forma más segura).

Los académicos del sector han estudiado las dinámicas psicológicas e interpersonales de tener el dinero en mano en comparación a tenerlo en centros de datos bancarios, mientras que varias start-ups de tecnología financiera subrayan los costes aparentemente menores de la oferta de infraestructuras digitales de cara a alcanzar áreas rurales en las que puede no haber cajeros ni sucursales bancarias.

En general, estos grupos quieren un mundo en el que el pago digital supere las limitaciones del físico para permitir la expansión de oportunidades de comercio. La tendencia fundamental ha sido el lanzamiento de las tecnologías financieras como un agente de inclusión financiera y crecimiento económico, ya sea proveyendo a la gente ‘de debajo de la pirámide’ de alguna herramienta básica para evitar las dificultades relacionadas con el dinero en efectivo, ya sea dándole acceso a los beneficios de una economía digital de la que, de otro modo, sería excluida.

LA EXTENSIÓN DE LA RED DIGITAL

El relato de la ‘inclusión’ se narra fundamentalmente a través de la modernidad aspiracional. El relato es, a grandes rasgos, como sigue:

La riqueza, la sofisticación y el desarrollo están relacionados con el acceso a las tecnologías más modernas, y estas son todas digitales. Los habitantes de las grandes ciudades ricas son las primeras en adoptar esas tecnologías, y se encuentran en lo alto de la economía global digital que beneficia a un exclusivo grupo internacional. El objetivo debe ser, entonces, darle a los demás las herramientas para entrar en ese grupo y compartir los beneficios.

La historia está implícita en muchos reportajes, discursos políticos y anuncios de empresas en torno a la tecnología financiera, y es muy atractiva.

Pero ‘inclusión’ es un concepto escurridizo. Por ejemplo, imaginemos que hay un club exclusivo, en el que tienes que estar afiliado para entrar. Algunos son incluidos y otros excluidos. Fomentar la ‘inclusión’ puede suponer dos cosas, en este contexto. Puede suponer relajar los requisitos de afiliación para permitir entrar a más gente; o bien puede suponer que se mantengan esos requisitos, al tiempo que se trata de ayudar a entrar a las personas dándole herramientas y formación para ello.

Consideremos, por ejemplo, el debate en el Reino Unido en torno a cómo incluir a los grupos más marginados en las principales Universidades, como Oxford y Cambridge. Se reconoce implícitamente que la dirección política y el sistema económico del Reino Unido están dominados por élites socioeconómicas de ambas universidades; pero en vez de romper con ese elitismo estructural, los esfuerzos se concentran en cómo un abanico algo más diverso de gente entra en esas élites.

La inclusión financiera tiene un problema parecido. Se reconoce implícitamente que la economía global se caracteriza por la desigualdad jerárquica, con una jerarquía geopolítica de naciones y una jerarquía de divisiones de clase en cada uno de esos países. En la cima están las clases profesionales urbanas en las ciudades principales, como Nueva York, San Francisco, Londres, Tokio y demás, y sobre todo aquellas que están en los círculos tanto tecnológicos como financieros.

En general no se discute que la economía digital dominante que presiden sea algo bueno, y el objetivo no es terminar con las jerarquías fundamentales en ella. Más bien, el objetivo de la ‘inclusión’ es incorporar más personas a la red digital, pero en la posición de subordinación de quien acepta y utiliza pasivamente la tecnología desarrollada en las principales ciudades globales.

Si asumes que extender la dependencia del pago digital es bueno, hay muchas oportunidades a considerar:

  • Dar a la población acceso a cuentas bancarias o, alternativamente, a cuentas con proveedores de pagos digitales sustentadas en el sector bancario.
  • Ofrecer medios para comunicarse con esas instituciones a distancia a través de dispositivos digitales y móviles, aplicaciones y demás.
  • Proporcionar nuevos medios para demostrar quién se es (verificación de identidad) al abrir cuentas o al comunicarse con los bancos o las empresas que hospedan esas fichas.
  • Eliminar gradualmente los medios alternativos de pago: el efectivo.

Algunas de las historias más controvertidas del sur global están relacionadas con este proceso. Un ejemplo conocido es el programa de ‘desmonetización’ del Gobierno indio en 2016, en el que se retiraban de la circulación los billetes, lo que causó una enorme alteración económica para muchas personas pobres que se apoyaban en el efectivo.

 

El Gobierno de Modi presentó el programa, en un principio, como una medida para luchar contra el ‘dinero negro’, la corrupción y el crimen, pero luego el relato cambió al de la modernidad digital aspiracional, un cuento sobre el adecuado, brillante y deseable futuro sin dinero físico al que la gente sería empujada, les guste o no.

Al día siguiente de que el Gobierno de Modi anunciara el programa, las empresas de pago digital iniciaron una carrera de seducción en los anuncios de las portadas de los periódicos, elogiando esta política. Por ejemplo, Paytm cubrió la portada del Times of India y el Hindustan Times con un anuncio: “¡Paytm felicita al Honorable Primer Ministro Sh. Narendra Modi por tomar la acción más decisiva de la historia financiera de la India independiente! ¡Únanse a la revolución!”

El colosal programa biométrico indio —el más grande del mundo—, Aadhar, también defiende ese mensaje en términos de inclusión financiera y modernización: la población debe verificar su identidad para abrir una cuenta de pago digital, y la biométrica se presenta como una posibilidad para la gente analfabeta o marginalizada.

El discurso oficial del gobierno indio se acerca mucho a los intereses comerciales del sector digital financiero, y estos son dos de tantísimos programas en todo el mundo para fomentar el cambio hacia el pago digital y la banca, que cruzan con infinidad de campañas privadas en la misma dirección, a menudo con apoyo de las principales instituciones internacionales de desarrollo.

Allí donde los servicios bancarios se encuentran poco desarrollados entre las comunidades más pobres, ha habido un intento de ‘saltarse’ a la banca tradicional mediante intermediarios móviles conectados a la infraestructura bancaria. Por ejemplo, M-Pesa en Kenya fue fabricado a partir de las redes móviles de Safaricom: buena parte de la población tenía tarjetas sim pero no cuenta bancaria, por lo que la estrategia era convertir el número de móvil en un equivalente del número de cuenta bancaria, mientras que la empresa de comunicaciones conectaba por su parte con el sector bancario.

EL CONTROL DIGITAL

En estos esfuerzos entusiastas por la inclusión financiera digital, curiosamente, se han pasado por alto —o planteado como exclusivamente positivas— toda una serie de características clave del pago digital. La intermediación propia del dinero digital implica que:

 

  • Los intermediarios pueden ver tus transacciones y recoger información sobre tus actividades económicas cotidianas.
  • Los intermediarios pueden bloquear tus transacciones.
  • Como no posees físicamente el dinero, las instituciones pueden expropiarlo o congelarlo.
  • Si la infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones falla, o si los intermediarios sufren un fallo en su hardware o software, puedes ser expulsado.
  • La conexión digital propia de la infraestructura es susceptible de ciberataques y diferentes formas de pirateo.
  • Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.

Dicho sin rodeos, el pago digital favorece un nuevo y vasto horizonte de vigilancia y control financieros, al tiempo que expone los usuarios a nuevos riesgos que no existen en la infraestructura del pago físico.

 

En principio, los promotores de las finanzas digitales evitaron una reflexión crítica sobre estas posibilidades negativas, ya que la primera etapa de la mayoría de estos productos es ‘adicional’: los servicios digitales son añadidos a la situación del momento, así que se comienzan presentando como una excitante ‘nueva opción’. Por ejemplo, una economía que antes sólo tuviera acceso al efectivo adquiere una opción digital, que abre todo un abanico de nuevas posibilidades creativas.

Estas nuevas posibilidades pueden usarse para evitar algunos de los viejos problemas, aunque introduzcan algunos nuevos, o también pueden presentar la forma anterior como un ‘problema’, en comparación (por usar una analogía: nadie vería un problema en utilizar una hoguera para calentarse, hasta que su vecino tiene electricidad). En consecuencia, la suma es entendida en general como algo positivo.

Sólo en las etapas posteriores, cuando se establece una forma nueva y se extiende lo suficiente como para comenzar a asfixiar los sistemas antiguos, comienza a adquirir un poder de ‘monopolio’. En el caso del pago digital, este proceso de ‘extensión monopolística’ se ha alimentado de varios factores. Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.

  1. Al principio, podemos ver esfuerzos políticos dirigidos a demonizar el dinero en efectivo con propaganda directa, a veces por parte del Estado (como es el caso del Gobierno de Modi en India), pero también por grandes empresas del sector, como Visa, cuyos intereses comerciales incluyen librarse del dinero físico. Por ejemplo, en un comunicado de prensa de 2016, Visa manifestó abiertamente que tenía una “estrategia a largo plazo para disminuir el efectivo para 2020”.
  2. Después, se trata de incentivar el pago digital. Por ejemplo, Visa tiene un programa de recompensa a los pequeños negocios de moda, como cafeterías en áreas urbanas clave, para que “dejen de usar efectivo”, y por ende extiendan el mensaje y las normas del pago digital a sus clientes (los cuales podrían incluir, por ejemplo, comunicadores sobre tecnología e innovación, expertos en medios y consultores, que popularizarían más el mensaje).
  3. Luego, se intenta dificultar el uso del dinero metálico, lo que supone hacer del uso digital algo relativamente atractivo, inspirando a la población a ‘elegirlo’. Por ejemplo, cuando la banca cierra cajeros, haciendo el efectivo más incómodo.
  4. En adelante, las compañías y los cuerpos estatales tratan de introducir y mejorar la infraestructura para hacer el pago digital más viable y atractivo.

Estos procesos tienen muchas consecuencias sutiles y formas de retroalimentación. Conforme comienza a cambiar el entorno económico y cultural en favor de la digitalización, las empresas beneficiadas y los Estados usan este cambio como argumento para convencer de su uso incluso a la gente que no quiere usarlo.

Conforme se deriva más inversión a los servicios financieros y menos a las ramas no digitales, se comienza a penalizar —relativamente— a la gente que sigue usando dinero en metálico, que es vista por los propietarios de los negocios como una molestia y presentada en los noticiarios y los medios en general como luditas. La población se ve forzada o ‘alentada’ a usar medios digitales de pago.

Sin embargo, lo que en realidad tiene lugar es un proceso de expansión de la red digital financiera, que es fundamentalmente un proceso de consolidación del poder colectivo del sector bancario, la industria comercial que se asienta en él, y las empresas tecnológicas que ofrecen las aplicaciones y conexiones a ese sistema.

Aunque los bancos, individualmente, pueden tener sus luchas privadas contra los demás y con las compañías tecnológicas por determinadas porciones del pastel de las finanzas digitales, en general lo que dirige este cambio son los intereses de las instituciones financieras por automatizar sus procesos con el objeto de eliminar gastos y expandirse, extrayendo incluso más información sobre más clientes.

Es decir, que el interés de las instituciones financieras por automatizarse no tiene relación con lo que quieran sus clientes, sino con una dinámica interna propia, que justifican apuntando a segmentos de clientes (como los ‘millennials’) que son los primeros en adoptar estas finanzas digitales.

Aunque la economía digital se presenta en un comienzo como una opción más, a largo plazo implica la eliminación de las opciones no digitales con las que compite, reduciendo la elección en vez de añadirla. Por ende, se cierran las sucursales bancarias y cajeros de los pueblos formados sobre todo por jubilados en las zonas rurales británicas, porque los bancos pueden optimizar sus beneficios forzándoles a usar la banca digital, al tiempo que les dice que quienes “lideran el cambio” son los ‘millenials’.

Conforme los sistemas de pago digital se normalizan y el efectivo es demonizado, el relato de la inclusión digital se vuelve más afilado. Si hay consenso general entre los poderosos en que lo digital representa el progreso, y si una evidencia cada vez mayor de la dependencia de la economía digital (la mayoría organizada por las mismas instituciones financieras), entonces el riesgo de exclusión por no utilizarla es mayor que nunca, y proveer de acceso a ella parece más noble que nunca.

No hay mejor ejemplo de esta dinámica circular que la agenda y las prácticas de la Better than Cash Alliance, iniciativa dirigida bajo el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital, pero financiado por Visa, Mastercard, Citibank, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y muchas empresas internacionales y ONG convencionales.

La Alianza oscila entre el discurso sobre los beneficios que supone introducir el pago digital y la demonización del dinero metálico para fomentar la supresión de la competencia. Trabajan mucho para establecer como sentido común la idea de que la economía digital es empoderante, moderna y aspiracional, y presentar el efectivo como anticuado y peligroso, un lastre para la economía y un apoyo del submundo del crimen. El empoderamiento, en este discurso, implica la seguridad de que todo el mundo sea incorporado a la creciente red digital financiera.

LA DEMONIZACIÓN DE LA INFORMALIDAD

Los promotores de la economía digital no pueden esquivar el asunto de la vigilancia y la extracción de información que acompaña al sistema de pago digital. Sin embargo, en general la estrategia ha consistido en revestir este control de transparencia, y hacer hincapié en ello como una herramienta para arrancar de raíz la corrupción y las transacciones criminales.

 

La extracción de información se presenta también como un paso positivo de camino a ofrecer más servicios financieros, como los préstamos. Por ejemplo, Safaricom y el Banco Comercial de África presentaron el sistema de préstamos M-Shwari, que usa la información de pagos de las cuentas de M-Pesa beneficiarias de préstamos para calcular su capacidad de crédito.

No se puede negar que ciertas intervenciones digitales en esta línea pueden ser beneficiosas a nivel localizado e individual. No se trata de renegar de los esfuerzos que suponen iniciativas como la M-Shwari, sino de señalar el discurso sesgado que suelen apoyar. Se usan esta clase de campañas al servicio de un proyecto más amplio para promocionar los intereses generales de grandes empresas tecnológicas y financieras.

El discurso dominante se ha transformado en un discurso peyorativo para con la economía informal a pequeña escala, y acrítico respecto de los grandes sistemas coordinados a través de las principales compañías e instituciones gubernamentales. Estas últimas son presentadas como ejemplos de progreso, mientras que los acuerdos informales, las interacciones sin un control definido y las redes de relaciones personales impredecibles son vistas como el reino del retraso, del crimen y del fracaso.

Se nos deja entonces con la narrativa oficial, en la que el progreso legitima la eliminación del dinero efectivo y la transición hacia la dependencia de la arquitectura de pagos digitales que pueden ser usados para controlar, disciplinar, mercantilizar e influir a la gente.

Todo esto se justifica con una aseveración: que esta arquitectura traerá beneficios, que será más barata y más segura, y que ‘actualizará’ a la población al mundo moderno, usará la información de la población para dar mayor acceso a los servicios y contribuirá a la ‘higiene’ social.

Y sobre todo, es una narrativa en la que las relaciones informales se disuelven para ser reemplazadas por relaciones mediadas institucionalmente, y por tanto ‘limpiar’ la informalidad. Esto es la gentrificación del pago.

GENTRIFICAR PARA CONTROLAR

Claro, que sólo comienzan a vislumbrarse las posibilidades negativas de esta red digital cuando asume completamente una posición de monopolio. El mejor ejemplo de esto es el nuevo “Sistema de Crédito Social” de China, un programa en desarrollo para monitorizar a los ciudadanos con el objeto de darles puntos de reputación, o amenazarles con ponerlos en una lista negra.

 

El objetivo es aparentemente crear un sistema de ‘palo y zanahoria’, que recompense a los que sigan las tradiciones oficiales y se comporten correctamente y penalice a quienes no lo hagan, excluyéndoles de servicios como los viajes por aire si se desvían.

Los detalles del sistema en construcción son opacos y aún están sujetos a especulación, pero los estudios indican que se está construyendo contando con las empresas de pagos digitales (como WeChat) o que se integrará con la información financiera y de pagos existente en las principales compañías de finanzas digitales como Ant Financial (empresa madre del sistema Alipay). La información no sólo se usa para la inclusión; se usa para la exclusión.

Aunque el Sistema de Crédito Social chino acecha en la imaginación occidental como si fuera un episodio de una película de ciencia ficción, este proceso de vigilancia, rastreo y condicionamiento digital se da en todo el mundo, a menudo respaldado abiertamente por los Estados democrático-liberales que quieren promover los intereses de las compañías financieras y tecnológicas.

La gentrificación del pago es un aspecto fundamental de todo este proceso. Es un programa fragmentado, parcialmente completado y sin embargo calculado, para dirigir a la población a la red financiera digital que puede ofrecer reducidos beneficios a corto plazo, al tiempo que la expone a amenazas colectivas a largo plazo que son sistemáticamente minimizadas. Es el momento de que los grupos y activistas de la sociedad civil comprendan este fenómeno y lo enfrenten.

 

 

TRANSNATIONAL INSTITUTE
Artículo publicado por TNI: Gentrification of Payments, con licencia Creative Commons. Traducido para El Salto por Rosa María García.
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Lobby Planet, una guía por el mundo del lobby en Bruselas y Madrid https://www.attac.es/2019/05/19/lobby-planet-una-guia-por-el-mundo-del-lobby-en-bruselas-y-madrid/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lobby-planet-una-guia-por-el-mundo-del-lobby-en-bruselas-y-madrid https://www.attac.es/2019/05/19/lobby-planet-una-guia-por-el-mundo-del-lobby-en-bruselas-y-madrid/#comments Sun, 19 May 2019 09:10:28 +0000 https://www.attac.es/?p=50588 Lobby planet
  • Ecologistas en Acción, CEO (Corporate Europe Observatory) y OMAL-Paz con Dignidad han presentado una guía para conocer cómo funcionan los lobbies (grupos de cabildeo) en la UE y en España, que intentan influir en el proceso de elaboración de nomativas y leyes.

  • El informe da cuenta de los más de 25.000 lobistas que trabajan en el barrio de las instituciones de Bruselas, y que están al servicio de grandes empresas y sus correspondientes grupos de presión.

  • El escándalo Dieselgate, el funcionamiento Grupo de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera o el lobby de la industria química, tres ejemplos que el informe destaca.

Se estima que hay más de 25.000 lobistas que trabajan en Bruselas. Esta es la primera conclusión de la nueva edición de ‘Lobby Planet‘, una guía que permite llegar a las entrañas del barrio institucional de Bruselas. Con esta guía, Ecologistas en Acción, CEO y OMAL-Paz con Dignidad explican los métodos, con frecuencia oscuros, que utiliza el cabildeo profesional en el seno de la Unión Europea (UE): sus protagonistas, lugares de reunión y temas que les interesan.

Tras una breve introducción a la escena del lobby en Bruselas, la guía visita las sedes de algunos de los actores más destacados, de los que se aporta una pequeña descripción de sus actividades. A continuación, se destacan los siete sectores en los que se han librado las batallas más caras y controvertidas de los grupos de cabildeo en los últimos años. También se incluye en la guía un glosario que permite abrir paso en la complejidad de términos y siglas de la UE.

Los dos lobbies más poderosos son la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT, European Round Table of Industrialists), compuesta por los presidentes de las cerca de 50 empresas transnacionales más grandes de Europa; y BusinessEurope, la principal organización patronal del continente.

Aunque las ONG y los sindicatos también hacen cabildeo en Bruselas, la desproporción es abrumadora: las empresas y sus grupos de presión tienen un 60 % más de lobistas con pase de acceso al Parlamento Europeo que los de la sociedad civil. La diferencia en recursos económicos es inmensa, sobre todo en temas como la regulación financiera.

Un estudio de CEO averiguó que el sector financiero gastaba más de 120 millones de euros anuales en acciones de lobby ante la UE, 30 veces más que las ONG y sindicatos juntos. Pero donde hay una diferencia radical es en los fines: mientras unos defienden el interés público, los otros pelean por su beneficio privado.

Las estimaciones más conservadoras apuntan a que el gasto en estrategias de lobby dirigidas a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y las sedes en Bruselas de los Gobiernos nacionales supera los 1.500 millones de euros cada año. El foco principal es la Comisión Europa, que es la única que tiene iniciativa legislativa.

Con esos recursos no es de extrañar que en 2017, más de uno de cada tres excomisarios que dejaron su cargo en la Comisión Europea en 2014, haya accedido a un puesto en el sector privado. Algo posible mediante el fenómeno de ‘las puertas giratorias’, que en muchos casos implicaba labores de lobby.

El mayor escándalo hasta la fecha es el caso del antiguo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso. Este exmandatario pasó a formar parte de la plantilla de Goldman Sachs, el banco de inversiones que jugó un papel central en la crisis financiera en 2008, y que continúa combatiendo ferozmente todo intento por endurecer las normas en el ámbito financiero.

Ejemplos sonados

Un escándalo reciente que muestra el poder del lobby empresarial es el Dieselgate, que dejó al descubierto un sistema de legislación laxo y demasiado complaciente con la autorregulación de la industria automovilística.

Otro caso es el del Grupo de Alto Nivel sobre la Crisis Financiera que se concibió como un grupo de expertos establecido por la Comisión y el Consejo a consecuencia de la crisis económica del 2008. De sus ocho miembros, cuatro tenían estrechas conexiones con gigantes financieros como Goldman Sachs, BNP Paribas, Citibank y la malograda Lehman Brothers.

Asimismo, el Grupo de Alto Nivel se reservó un asiento para el representante de una consultoría que tenía algunos de los bancos más importantes en su cartera de clientes, y otro al exdirector de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido, responsable de llevar a varias entidades bancarias británicas al borde del colapso. En 2009, el grupo propuso sus reformas bancarias que, como era de esperar, no despeinaron lo más mínimo al sector.

Un tercer ejemplo es el lobby de la industria química, que está consiguiendo con éxito poner muchas trabas en el proceso de regulación de los disruptores endocrinos (EDC).

‘Lobby Planet‘ en Madrid

En el partido Madrid-Barcelona de la última temporada se sentaron en la zona VIP personajes como Florentino Pérez, presidente del equipo local y de la constructora ACS; José María Aznar, expresidente del Gobierno, consejero de News Corporation y asesor de Endesa, Barrick Gold y KPMG; Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado para la Marca España y consejero de Inditex; Guillermo de la Dehesa, vicepresidente del consejo de administración del Banco Santander y exsecretario de Estado de Economía con el Gobierno de Felipe González. Y también los presidentes de Endesa, Sacyr, Mapfre y Deloitte, compartiendo asiento con directores de periódicos y exministros del PP y PSOE.

Este ejemplo sirve como presentación de un recorrido por los principales centros de lobby españoles situados en Madrid. Un recorrido que recapitula las principales empresas, asociaciones empresariales, consultorías de lobby y despachos de abogados, instituciones públicas, think thanks, escuelas de negocios y espacios de encuentro, como el palco del Santiago Bernabeu.

La publicación de Lobby Planet por Ecologistas en Acción, Corporate Europe Observatory y OMAL-Paz con Dignidad tiene el objeto de visibilizar a las grandes empresas y lobbies empresariales como actores con capacidad de redirigir las políticas públicas hacia sus intereses, gane quien gane las elecciones. Por eso, consideran fundamental el escrutinio público del mundo de los lobbies a través de esta herramienta y otras propuestas que se contemplan en ella.

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Los países PIIGS más Reino Unido, encabezados por España, lideran el mercado de los buitres en Europa https://www.attac.es/2019/05/17/los-paises-piigs-mas-reino-unido-encabezados-por-espana-lideran-el-mercado-de-los-buitres-en-europa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-paises-piigs-mas-reino-unido-encabezados-por-espana-lideran-el-mercado-de-los-buitres-en-europa https://www.attac.es/2019/05/17/los-paises-piigs-mas-reino-unido-encabezados-por-espana-lideran-el-mercado-de-los-buitres-en-europa/#comments Fri, 17 May 2019 16:52:54 +0000 https://www.attac.es/?p=50578

Fátima Martín

Comite para la abolición de las deudas ilegitimas

 

Los países insultados como PIIGS (cerdos), Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, más Reino Unido, lideran el mercado de los buitres (distressed) en Europa. A la cabeza está España, con 40.100 millones de euros en operaciones de deuda cerradas en 2018, según un análisis sobre ’Las nuevas tendencias del mercado distressed (deuda con dificultades) en Europa y España’ [1] publicado por Solvia, la gestora inmobiliaria que fue del Sabadell, vendida recientemente en un 80% de su participación al buitre Intrum (antigua Lindorff [2]).

Después de España, los países europeos que cerraron el mayor volumen de operaciones de deuda en 2018 fueron Italia, con 36.600 millones de euros; Irlanda, con 15.300 millones de euros; Reino Unido, con 7.900 millones de euros; Portugal, con 5.200 millones de euros; y Grecia, con 3.200 millones de euros, según el informe de Solvia a partir de los últimos datos disponibles del mercado 2018.

Firmado por el director de Desarrollo de Negocio y Consultoría de Solvia, José La Roche, el análisis prevé que España siga liderando en 2019 las operaciones en el mercado distressed. seguido por Italia y Portugal, “gracias a la madurez de su sector inmobiliario, a la legislación vigente y a que se trata del mercado de mayor tamaño de Europa”.

Según dicho informe, el mercado de deuda en Europa (Non Performing Loans (NPL) y Real Estate Owned (REO), lo que quiere decir préstamos dudosos (NPL) e inmuebles adjudicados en manos de la banca (REO), respectivamente) “alcanzó niveles máximos en 2018, al cerrar un volumen total de operaciones de deuda y activos adjudicados valorados en 113.800 millones de euros, un 11,7% más elevado que el registrado en 2017”. Entre las grandes transacciones en el mercado, destacan las operaciones perpetradas en la Península Ibérica, como el Proyecto Gama (12.800 millones de euros); Challenger, Colliseum y Makalu (11.500 millones de euros), ambas en España, o el proyecto Savoy (9.600 millones de euros), en Portugal.

De hecho, España lidera el mercado distressed europeo por segundo año consecutivo, tras cerrar operaciones por un valor superior a 90.000 millones de euros en los dos últimos años. De esta forma, se ha reducido el volumen de préstamos dudosos (NPLs) en el país, hasta un saldo cercano a los 100.000 millones de euros. Los bancos han ido abandonando sus posiciones de deuda en grandes operaciones de venta de carteras. Esta tendencia en el mercado comenzó en 2017 cuando el Santander cerró con Blackstone el proyecto Quasar, el traspaso de deuda y activos adjudicados, del Popular, más significativo que se ha producido en España, por un volumen total de 30.000 millones de euros [3].

Solo en 2018, en España CaixaBank vendió inmuebles adjudicados al buitre Lone Star Funds por valor de 12.800 millones de euros. El Sabadell abrevó a los buitres de Cerberus y Deutsche Bank por 11.500 millones de euros. Y el Santander también al insaciable Cerberus por 6.900 millones de euros.


En los últimos cinco años, los bancos europeos han transferido cerca de 470.000 millones de euros a los buitres

El volumen de préstamos dudosos (NPLs) en Europa se situó en 714.300 millones de euros al cierre de 2018, lo que supone un 3,4% del total de créditos concedidos. Solvia prevé que las entidades financieras continúen la tendencia que se inició en 2014, desapalancándose a través de transacciones con los fondos buitre, si bien es cierto que el año pasado se cerraron la mayoría de las grandes operaciones. En los últimos cinco años, los bancos europeos han transferido cerca de 470.000 millones de euros a grandes buitres. España e Italia han sido el gran foco de atracción para la inversión internacional, concentrando el 67% de las operaciones entre 2017 y 2018.

Para los analistas de Solvia, “entre las nuevas tendencias, gana protagonismo el mercado de deuda secundario, donde las operaciones se cerrarán entre fondos de inversión”. En efecto, en agosto de 2018 ya publicamos que la Comisión Europea da alas a los fondos buitre con un negocio de un billón de euros, con la creación de un mercado europeo de préstamos dudosos (NPL) [4]. El objetivo de Bruselas es dejar a los bancos europeos limpios de polvo y paja, como siempre a costa de lo público, con la vista puesta en la Unión Bancaria.

Ya en marzo de 2018, la Comisión Europea presentó una batería de medidas “para acelerar la reducción de los préstamos dudosos en el sector bancario” [5]. Entre ellas: Facilitar el cobro de deudas, permitiendo recuperar la garantía de forma rápida, sin tener que pasar por los tribunales, a través de una ejecución extrajudicial acelerada; fomentar el desarrollo de los mercados secundarios para los préstamos dudosos; y orientar a los Estados miembros sobre cómo pueden crear bancos malos como nuestra buitrera SAREB, parasitando el cuerpo de lo público.

La Asociación Europea de Consumidores (The European Consumer Organisation, BEUC) explica en un informe titulado “La propuesta de la Comisión Europea es un mal trato para los deudores distressed”, por qué esta medida de la Comisión Europea debería preocupar a los consumidores: “Los bancos serían capaces de vender fácilmente los créditos tóxicos a terceros inversores, incluidos los llamados fondos buitre establecidos en cualquier país de la UE o de fuera de la Unión. Esta iniciativa va en contra de los intereses de los deudores que se encuentran en dificultades financieras. Estarían expuestos a los fondos buitre y cobradores de deudas localizados en otros países y posiblemente a un aún peor tratamiento y recuperación de hogares” [6]. En este informe, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) defiende que “como mínimo, los prestatarios interesados deberían poder comprar su propia deuda al precio rebajado, en lugar de venderla a terceros. Además, en el futuro deberían imponerse estrictas obligaciones de crédito a todos los proveedores de crédito e intermediarios”. También propone que “la actividad de los administradores de crédito de terceros y los inversores de crédito debe ser restringida. Los actores del mercado que maximizan sus ganancias a costa de consumidores y empresas vulnerables no deberían recibir apoyo, sino que deberían someterse a restricciones”.

Pues bien, contra los intereses de los contribuyentes europeos, especialmente los vulnerables del sur de Europa, que tanto han sufrido la crisis financiera, los embajadores de la UE aprobaron el pasado 27 de marzo la posición del Consejo de la UE sobre una propuesta de Directiva que “armoniza las normas sobre cómo las instituciones no crediticias pueden comprar contratos de crédito a los bancos. El objetivo de las nuevas reglas es reducir las existencias existentes de los NPL (créditos dudosos) de los bancos y evitar su acumulación en el futuro”. Una vez que el Consejo haya adoptado su posición, la presidencia puede iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo tan pronto como esté lista para negociar. “La UE está fomentando el desarrollo de mercados secundarios para préstamos improductivos (NPL, por sus siglas en inglés), lo que permitiría a los bancos administrar o vender préstamos incobrables con mayor facilidad”, explica la nota del Consejo Europeo
[7].

Para el Consejo de la UE (los ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar) “la nueva Directiva propuesta elimina los obstáculos para la transferencia de NPL (créditos dudosos) de bancos a instituciones sin crédito, y simplifica y armoniza los requisitos de autorización para los servicios de crédito en toda la UE, sin perjuicio de las normas nacionales que imponen ciertos requisitos adicionales a los servicios de crédito”.


Antecedentes y próximos pasos

La propuesta original de Directiva de la Comisión Europea también incluía una parte sobre la recuperación de garantías. No hubo acuerdo en el Consejo sobre esta parte de la Directiva. Por lo tanto, no se incluye en la posición del Consejo, y requerirá una mayor discusión a nivel de trabajo en el Consejo. Las negociaciones con el Parlamento Europeo pueden proceder tan pronto como el Parlamento haya acordado su postura.

Notas

[1] Nuevas tendencias del mercado distressed en Europa y España solvia.es (06/03/2019) Ver online: https://www.solvia.es/magazine/nuevas-tendencias-del-mercado/

[2] El Sabadell vende su promotora Solvia por 241 millones de euros elpais.com (24/04/2019) Ver online: https://elpais.com/economia/2019/04/23/actualidad/1556038999_599202.html

[3] Santander y Blackstone cierran hoy la creación de Quasar Expansion.com (22/03/2018) Ver online: http://www.expansion.com/empresas/banca/2018/03/22/5ab35a5a46163f00138b464a.html

[4] La Comisión Europea da alas a los fondos buitre con un negocio de un billón de euros cadtm.org (07/08/2018) Ver online: http://www.cadtm.org/La-Comision-Europea-da-alas-a-los-fondos-buitre-con-un-negocio-de-un-billon-de

[5] Reducción de riesgos en la Unión Bancaria: la Comisión presenta medidas para acelerar la reducción de los préstamos dudosos en el sector bancario (Comisión Europea) (14/03/2018) Ver online: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_es.htm

[6] SECONDARY MARKET FOR NON PERFORMING LOANS The European Commission’s proposal is a bad deal for distressed borrowers (BEUC.eu) (09/07/2018) Ver online: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-068_secondary_market_for_non-performing_loans.pdf

[7] Non-performing loans: Council adopts position on secondary markets for bad loans Consejo Europeo (27/03/2019) Ver online: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/03/27/non-performing-loans-council-adopts-position-on-secondary-markets-for-bad-loans/

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Ni un paso atrás https://www.attac.es/2019/05/15/ni-un-paso-atras/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ni-un-paso-atras https://www.attac.es/2019/05/15/ni-un-paso-atras/#comments Wed, 15 May 2019 10:10:23 +0000 https://www.attac.es/?p=50573 FUTURO_PUBLI TWITTER ES

Queremos más democracia, una economía al servicio de las personas y el planeta, igualdad y respeto de los derechos humanos

Ante la cada vez mayor desigualdad y pobreza, la deriva autoritaria y represiva, el cambio climático, el racismo y el odio y el ataque a los derechos de las mujeres, más de 130 organizaciones y colectivos sociales hemos decidido unirnos en la campaña Llamamiento ciudadano. Cuenta atrás, nuestro futuro es ya.

Queremos exigir al próximo ejecutivo y a los grupos parlamentario más democracia, una economía al servicio de las personas, sostenible y justa, igualdad y justicia de género, garantía de derechos y respeto a la dignidad de las personas, y responsabilidad global.

Para ello, estamos recogiendo adhesiones de organizaciones y firmas individuales.

El día que se produzca el primer debate de investidura entregaremos las firmas en el Congreso. Queremos que sean miles.

#NuestroFuturoEsYa. No podemos seguir esperando.

 

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La comunidad de expertos que lucha contra el “dragón” que esconde tesoros en paraísos fiscales https://www.attac.es/2019/05/15/la-comunidad-de-expertos-que-lucha-contra-el-dragon-que-esconde-tesoros-en-paraisos-fiscales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-comunidad-de-expertos-que-lucha-contra-el-dragon-que-esconde-tesoros-en-paraisos-fiscales https://www.attac.es/2019/05/15/la-comunidad-de-expertos-que-lucha-contra-el-dragon-que-esconde-tesoros-en-paraisos-fiscales/#comments Wed, 15 May 2019 08:19:12 +0000 https://www.attac.es/?p=50568
Attac pertenece y apoya al TJN(Red de Justicia Fiscal)
José Miguel Calatayud

Es por la tarde de un día caluroso en el centro de Londres. Las calles están llenas de gente y hay mucho tráfico de autobuses rojos, taxis negros y coches de todos los colores, pero John Christensen ignora los pasos de cebra y se lanza entre los vehículos cada vez que tiene que cruzar al otro lado. “Todos los que marchan conmigo saben que soy un lunático peligroso que se mete entre los coches”, advierte John, que está acostumbrado a buscar su propio camino sin seguir las reglas establecidas, y no sólo como peatón.

 De pelo blanco y ojos azul claro, John, un economista y auditor forense de 63 años, es uno de los fundadores, el presidente y el alma de la Tax Justice Network (TJN, Red de Justicia Fiscal), un grupo de expertos que trabajan, como su prosaico nombre indica, por la justicia fiscal.

A pesar de su aspecto y apellido vikingos, John es inglés y la historia de la TJN comienza de un modo típicamente inglés. En 2002, John recibió en su casa, en un pueblo cercano a Londres, la visita de tres personas de Jersey, una de las islas del Canal de la Mancha y una dependencia de la Corona Británica. Ese día, mientras los cuatro tomaban té y pastas, estos visitantes le pidieron que los ayudara a liberar Jersey de la banca.

Acudieron a él porque John también es originario de Jersey, donde trabajó como asesor económico del Gobierno local hasta 1998, cuando tuvo que marcharse después de hablar a la prensa sobre las prácticas fiscales indecentes de este Gobierno. Porque Jersey es un paraíso fiscal: una jurisdicción que, con la opacidad como principal herramienta, permite a personas y empresas evitar la normativa fiscal de otros lugares.

John Christensen, de Tax Justice Network
John Christensen, de Tax Justice Network

Un artículo publicado por el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018 estimó, de forma conservadora, que en todo el mundo personas adineradas mantienen unos 6 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, y que unos 10 billones de euros de supuesta Inversión Extranjera Directa no están realmente invertidos en nada, sino que circulan a través de paraísos fiscales para el beneficio de las empresas y personas que los manejan. Y para perjuicio de ciudadanos de todo el mundo, ya que esos capitales ocultos podrían generar miles de millones de euros destinados a servicios e infraestructuras públicas.

Mientras tomaban té y pastas en aquel encuentro en 2002, John advirtió a sus visitantes que para liberar Jersey habría que derrocar todo el régimen global de paraísos fiscales. “‘Esto quiere decir cambiar todas las estructuras y sistemas financieros, las normas, las estructuras de poder de todo el mundo. No se trata simplemente de cerrar unos cuantos bancos en Jersey’. Y me contestaron, ‘Vale, muy bien, suena bien, vamos a hacerlo, ¿nos puedes ayudar?’”, recuerda John. “Y entonces supe más allá de ninguna duda que ése era el momento que [como en El hobbit] Gandalf aparece en la puerta de Bilbo Bolsón y lo saca de su casa y le dice, ‘Tienes que ir en una misión a la montaña del dragón”.

Y allí es en cierto modo donde John se dirige hoy. “Estamos en Aldersgate, una de las puertas de la City de Londres”, dice mientras entra caminando en “la City”, como se suele llamar a secas al distrito financiero de Londres: la guarida del dragón de los paraísos fiscales.

Una narrativa nueva

Tras la visita de sus Gandalfs de Jersey, John encabezó una delegación que acudió al primer Foro Social Europeo, en noviembre de 2002 en Florencia, con la idea de crear un movimiento para luchar contra los paraísos fiscales. Allí, en una serie de encuentros con gente de varias partes de Europa también preocupada por la justicia fiscal, fue donde nació la Tax Justice Network, cuyo núcleo se instaló en el Reino Unido alrededor de John.

Desde el primer momento, John y otros miembros de la TJN –expertos en fiscalidad, como el profesor universitario Prem Sikka, y en contabilidad, como el economista Richard Murphy– se dedicaron a proponer públicamente normas que obligarían a las grandes empresas y a las personas acaudaladas a ser más transparentes sobre sus transacciones financieras.

Pero en aquel entonces –esto era mucho antes de escándalos como el de los Papeles de Panamá– los expertos de la TJN se encontraron predicando en el desierto: las grandes empresas y los millonarios se oponían a esas normas, los Gobiernos no parecían capaces o dispuestos a imponerlas, y en general los ciudadanos tampoco parecían muy interesados en esforzarse en entender unas propuestas fiscales que sonaban complicadas. Además, mucha gente creía que era estúpido no tratar de pagar los menos impuestos posibles.

En la TJN se dieron cuenta de que tendrían que intentar cambiar la narrativa dominante para llevar la conversación a un marco en el que los impuestos son algo positivo, y en el que las personas y autoridades que permiten la evasión fiscal son responsables de socavar la democracia. Sólo entonces el discurso y el tipo de medidas que defendía la TJN podrían tener sentido y los Gobiernos y la gente las tomarían en serio.

En 2006, John y Prem Sikka fueron invitados a dar la charla inaugural en una conferencia sobre corrupción en la Royal Geographical Society en Londres. Delegados del Banco Mundial y de Transparencia Internacional (TI) estaban presentes, y John aprovechó su intervención para criticar cómo TI conceptualizaba la corrupción en su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un informe anual convertido en uno de los estándares internacionales con los que medir la corrupción.

Cada año, los países etiquetados como los más corruptos del mundo están en el África subsahariana y en otras regiones pobres del globo. “Y si te fijas en los países menos corruptos [según el IPC], Suiza, Singapur, el Reino Unido, Estados Unidos, la mitad de los países menos corruptos son paraísos fiscales y jurisdicciones opacas, que es donde acaba todo el dinero”, describe John durante su marcha por la City. “Sin esos servicios bancarios y contables y legales, la mayor parte de esta corrupción a gran escala en el África subsahariana no podría ocurrir porque el dinero no podría ser desviado. Así que, ¿quién es aquí el más corrupto?”.

La TJN desarrolló su propia forma de clasificar los países según la corrupción: un índice que tomaba en cuenta el rol que jugaban sus normativas, autoridades y otras instituciones financieras. Lo llamaron el Índice de Secretismo Financiero (FSI, en inglés). De un modo diferente a la clasificación que realiza TI, el FSI se fija en la opacidad de cada país o jurisdicción y en su falta de voluntad para cooperar con las autoridades fiscales de otros países. Tras meses de investigación, la TJN publicó sus primer FSI en noviembre de 2009 y clasificó los países de más opacos –lo que incentiva y permite la corrupción– a más transparentes.

Los territorios que hoy asociamos con la típica imagen de un paraíso fiscal aparecieron entre los principales infractores: las Islas Caimán (en el número 4), Bermuda (7), Jersey (11), las Islas Vírgenes Británicas (16). Pero la jurisdicción clasificada como la más opaca del mundo, y que por tanto más favorecía la corrupción, era el estado norteamericano de Delaware –y por extensión todo Estados Unidos–, seguido de Luxemburgo y Suiza. En quinto lugar venía la City de Londres –y por extensión todo el Reino Unido– y después Irlanda (6), Singapur (8) y más países europeos como Bélgica (9), Austria (12) y Holanda (15).

Había una relación casi inversamente proporcional entre la clasificación realizada por la TJN y la que hacía Transparencia Internacional. Si TI consideraba Estados Unidos y países europeos como los mejores, para la TJN éstos eran en realidad los que permitían la corrupción a gran escala en otros lugares. Además, en la clasificación de la TJN la mitad de las jurisdicciones más opacas eran países de la Mancomunidad británica de Naciones y territorios y dependencias de la Corona británica, lo que hacía del Reino Unido, y en particular de la City de Londres, el actor central en una red global de paraísos fiscales.

Investigación ‘académica’ con impacto

Con el tiempo, el Índice de Secretismo Financiero –que aparece cada dos años más o menos– se ha convertido en la publicación más reconocida de la TJN como parte de su programa sobre Secretismo Financiero, que hoy dirige Markus Meinzer, un politólogo y economista del desarrollo alemán de 40 años.

Cuidadosamente documentado y basado en análisis cuantitativos, el FSI parece una publicación académica, y en general toda la investigación que la TJN produce aspira a los estándares académicos más altos. “(Pero) no queremos crear torres de marfil, no queremos investigar simplemente por investigar, algo que considero una crítica justa hacia gran parte de la actual investigación académica: que acaba muy, muy aislada y metida en su propio lenguaje muy técnico”, comenta Markus durante un desayuno en un bullicioso hotel en el centro de Londres.

“(Los investigadores académicos) no se fijan en qué hay detrás de las cifras y datos, cuáles pueden ser los huecos en esos datos que pueden llegar a contar una historia mucho más interesante desde el punto de vista de la vida real, desde el punto de vista de la elaboración de políticas públicas y para favorecer la democracia”, argumenta Markus.

El FSI es un caso prototípico de la forma de actuar de la TJN a través de diferentes fases. Primero trata de imponer una narrativa donde los impuestos son un elemento clave para la justicia social y para la democracia. Después produce un discurso basado en una investigación que aspira a estándares académicos pero que también el público general puede entender. Y luego propone normas y medidas que tienen sentido dentro de este marco y a las que difícilmente puede oponerse una persona razonable.

¿Funciona esta estrategia? Hay que recordar las medidas técnicas que la TJN defendió y propuso en 2003 y 2004, justo tras su creación. Las principales eran “intercambio automático de información” (entre autoridades fiscales de diferentes jurisdicciones), “revelación pública de los beneficiarios reales de activos financieros” (qué personas reciben en último término los beneficios económicos), y “publicación de informes financieros país por país” (cuánto ingresa y cuánto gasta una multinacional en cada país en el que opera).

Damos un salto de diez años y vemos que, en 2013, la OCDE, un organismo que agrupa a los países más industrializados y emite recomendaciones y normas sobre la economía, y el G20, un foro para las 20 mayores economías del mundo, establecieron la publicación de informes financieros país por país como una práctica estándar. En 2014, el Consejo de la OECD aprobó una normativa para el intercambio automático de información financiera relativa a cuestiones fiscales, que igualmente el G20 adoptó más tarde ese mismo año.

También en 2014, el G20 adoptó una serie de diez principios sobre la revelación de los beneficiarios reales de activos financieros para que sirvieran de guía sobre regulación fiscal a los países miembros. Y en 2016 los ministros de Economía y Finanzas del G20 aprobaron un plan para que las autoridades tuvieran que revelar los beneficiarios reales de las llamadas empresas pantalla o fantasma, un tipo particular de compañía muy apreciada por evasores fiscales porque proporciona un anonimato total a sus beneficiarios reales.

Además, entre 2014 y 2018 la Unión Europea (UE) aprobó varias directivas sobre intercambio automático de toda una serie datos necesarios para la transparencia fiscal: información sobre cuentas financieras, decisiones sobre legislación tributaria y acuerdos previos sobre precios de transferencia, informes país por país, e información sobre la fiscalidad en relación con mecanismos transfronterizos. Y en 2016 la UE también aprobó una directiva que obliga a que las autoridades tributarias puedan acceder “a la información que obra en poder de las autoridades responsables de la prevención de blanqueos de capitales”, por lo que “los Estados miembros deberán permitir el acceso a la información sobre la titularidad real de las empresas”.

Todo esto no se debió únicamente a la TJN, ya que el trabajo de otras organizaciones también contribuyó a que todas esas normas se fueran aprobando en el plano internacional. Y la publicación de los Papeles de Panamá (abril de 2016) y de los Papeles del Paraíso (noviembre 2017) también contribuyó a que desde la ciudadanía se exigiera una mayor rendición de cuentas y transparencia en el área de los paraísos fiscales.

Pero, igualmente, es la TJN quien ha estado en la vanguardia del movimiento por la justicia fiscal desde su nacimiento. Y cuando al principio John y sus colegas empezaron a exigir el intercambio automático de información y la publicación de informes país por país, nadie más lo hacía y las autoridades, empresas y grandes fortunas las consideraban medidas inviables y hasta se burlaban de la TJN.

Impuestos por la justicia social

Aunque ese tipo de medidas y normas pueden sonar complicadas, y a pesar de lo difícil y trabajoso que ha sido defenderlas frente a los intereses de las grandes empresas y de personas acaudaladas, en la TJN argumentan que se trata de las normas fiscales que la mayoría de la gente exigiría si en la práctica tuviera voz y voto sobre este tema.

“No nos identificamos con ningún partido o movimiento político. Pero lo que sí intentamos por todos los medios es aportar una voz técnica y experta en nombre del gran público a las conversaciones de las que ese público lleva excluido varias décadas”, resume John mientras camina por la City.

El problema tiene una dimensión doble, argumenta por su lado Alex Cobham, un economista del desarrollo de 44 años y el director ejecutivo de la TJN. Primero, el tema de los impuestos siempre se ha percibido como demasiado complejo para que el público general lo entienda, así que es un campo que siempre se ha dejado a expertos fiscales. Y, segundo, estos expertos aseguran que su enfoque sobre la regulación fiscal es objetiva y neutral, cuando en realidad está muy politizada y ha beneficiado mucho y de una forma desproporcionada a las grandes empresas y a personas adineradas, comenta Alex mientras toma un café en City, University of London, donde la TJN organizó su conferencia anual en julio de 2017.

“El impacto de (ese enfoque supuestamente neutral) ha sido abrumadoramente político, y contrario en gran parte a los intereses de la justicia fiscal, contrario a los que creo son los intereses de la mayoría de la gente a quien le importa el país en el que vive”, dice Alex. “Ése es también el origen (de la TJN) y la razón por la que hacemos nuestro trabajo: poner a disposición del público una voz experta motivada por la justicia social”.

La libra sube a máximos de siete meses ante la perspectiva de un acuerdo
Libras esterlinas EFE

La partida continúa

El Índice de Secretismo Financiero de la TJN permite tanto a políticos como al público en general comprender más ampliamente el fenómeno de la corrupción, ya que explica qué jurisdicciones y países son las que hacen posible la corrupción a gran escala y por qué. Pero, en la práctica, el estándar internacional por el que se mide y clasifica a los países según la corrupción sigue siendo el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que aparece destacado como tal cada año en la prensa generalista. Y, curiosamente, algunos de los países considerados los menos transparentes –por la TJN– siguen siendo etiquetados como los mejores por Transparencia Internacional.

Además, y a pesar de los logros de la TJN y del movimiento por la justicia fiscal en cuanto a la adopción sobre el papel de nuevas normas por parte de organizaciones internacionales, la realidad es que en la práctica sus Estados miembros no están implementando esas medidas ni siguiendo esas normas tanto como les gusta decir en sus comunicados de prensa. Además, grandes multinacionales siguen aprovechándose de paraísos fiscales y resquicios legales para defraudar impuestos, y como la propia TJN señaló el mes pasado en el caso de Google, que al no declarar todos sus ingresos país por país evitó pagar 1.700 millones de euros del impuesto sobre sociedades en 2018 en el Reino Unido.

“Pero en realidad lo principal no es nada de eso ni de cualquiera de las otras cuestiones de políticas públicas sobre las que podríamos hablar. Se trata de las narrativas, de los cambios en cómo habla hoy la gente sobre estos temas”, dice Alex. “Y (las narrativas) son más importantes por dos razones. Primero, porque son la base sobre la cual la gente toma decisiones de cara al futuro. (…) Podemos tener éxito hoy con la adopción de normativas, pero para afianzar estas normas debemos cambiar la forma en que la gente piensa sobre estas cuestiones, y para eso lo importante son las narrativas. Y la otra razón es que ni siquiera habríamos conseguido los avances en normativas que ya hemos logrado si antes no hubiésemos cambiado las narrativas prevalentes”.

La montaña del dragón

De vuelta en la City, John llega a su destino: el Temple Bar Memorial, un monumento que marca el punto donde solía estar la entrada principal a la City. La escultura propiamente dicha, de 1880, se alza en una isleta en medio de la calzada, y John se dirige a ella de nuevo cruzando a pie con descuido entre el tráfico de autobuses, taxis y coches.

En uno de sus lados, el monumento muestra una escena llamada “El avance de la reina Victoria hacia Guidlhall”, la sede de la Corporación de la City de Londres, la entidad que gobierna la City. Cuando la reina, la jefa de Estado del Reino Unido y de otros países de la Mancomunidad británica de Naciones, viene a este distrito de Londres, el Lord Mayor –el jefe de Gobierno de la City– y su séquito la reciben y, simbólicamente, la guardia real cede la protección de la monarca a la propia guardia de la City. “Ahora te encuentras bajo la protección de la Corporación de la City de Londres”, entona John el mensaje que escucharía la reina, “y la Corporación de la City de Londres está dominada por el poder de las finanzas. Encuentro esas relaciones muy simbólicas”, añade él con la mirada fija en el bajorrelieve que representa la escena.

De hecho, a lo largo de la historia la Corona Británica no ha sido capaz de subordinar por completo la City al gobierno del Estado, en particular en cuanto a temas fiscales. Aún hoy, la City mantiene poderes y prerrogativas legales que obtuvo en el siglo XI, y esta autonomía le permite actuar en varios sentidos como un paraíso fiscal y legal, y ser el centro de una vasta red global de transacciones opacas y no reguladas: bancos y fondos de inversión de todo el mundo usan la City para realizar operaciones que en sus países de origen serían delictivas.

“Leyes y normas que permiten evadir impuestos, leyes y normas que permiten todo tipo de prácticas financieras extremadamente dañinas y que extraen riqueza en lugar de crearla: eso es lo que en líneas generales ocurre aquí en la City de Londres”, relata John. “Pero esas leyes y normas fueron creadas por personas, y esas leyes y normas pueden cambiarse y quienes pueden cambiarlas son otras personas. Así que lo único que tenemos que hacer es generar la voluntad política de cambiar esas leyes y normas”.

En una comunicación por email, la Corporación de la City de Londres rehusó responder a varias preguntas para la realización de este reportaje.

“Nuestra visión utópica es que se reconozca que la democracia es la mejor forma de gobierno de entre todas las disponibles, que tenemos que arreglárnoslas con la democracia, y que son los impuestos los que mantienen con vida a la democracia”, concluye por su lado John antes de volver a esquivar el tráfico ya para marcharse de la City.

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¿Llegó el momento de civilizar y europeizar nuestro castizo capitalismo? https://www.attac.es/2019/05/14/llego-el-momento-de-civilizar-y-europeizar-nuestro-castizo-capitalismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=llego-el-momento-de-civilizar-y-europeizar-nuestro-castizo-capitalismo https://www.attac.es/2019/05/14/llego-el-momento-de-civilizar-y-europeizar-nuestro-castizo-capitalismo/#comments Tue, 14 May 2019 09:12:42 +0000 https://www.attac.es/?p=50563 Albino Prada
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Frente al deterioro social causado por el prolongado austericidio socioliberal que paraliza la Unión Europea, emergen variados patriotismos secesionistas (como en el Brexit). Sin embargo es posible distanciarse de ambas estrategias en beneficio de la mayoría social: en España y, necesariamente al mismo tiempo, en toda la Unión Europea.

Modelo castizo y modelo civilizado

En un reciente informe publicado por el Foro Económico Mundial, por tanto muy poco sospechoso de marxismo o izquierdismo, se clasifican y ordenan los países del mundo según estén transformando mejor o peor su crecimiento económico en bienestar social. Utilizando para ello un índice de lo que llaman desarrollo inclusivo (1), en el que integran doce indicadores relativos al empleo, salud, pobreza, bienestar o protección social.

 Con los resultados de este índice, entre los años 2012-2017, para España se concluyen dos cosas. Que siendo un país en el que creció su economía muy por encima de la media de los 30 países más ricos del mundo aún se situaba en la posición 26ª en bienestar social o desarrollo inclusivo.

Pues cuando se consideran ese conjunto de factores y variables Noruega ocupa la primera posición, pero países como Eslovaquia, Chequia, Eslovenia o Estonia están por encima de nosotros. Por no hablar de Irlanda, Francia o el Reino Unido.

Y además, lo que es aún más grave, España era de los treinta países considerados aquél (junto con Grecia) en el que más se había deteriorado dicho bienestar social en los últimos cinco años.

Es así que el modelo económico del capitalismo español está generando un intenso crecimiento del PIB pero no desarrollo inclusivo. Por eso sostendré en este breve análisis que hay que civilizarlo (una expresión que tomo prestada de Antón Costas) y europeizarlo, para que al conjunto de la sociedad española le resulte de provecho el crecimiento económico que estamos registrando y no solo a una minoría privilegiada. Llamo a aquél modelo en el que solo mejora una minoría modelo castizo, frente a un modelo alternativo civilizado.

Tres frentes de reformas

Para civilizar nuestro capitalismo castizo debiera actuarse en tres frentes básicos. Un primer frente, en el que aquí no me detendré, tiene que ver con una urgente contrarreforma de la rampante devaluación laboral y salarial que está amplificando la brecha entre los que más y menos ganan dentro de cada empresa (hoy ya es de casi ochenta veces).

Sin olvidarse de la desmesurada subcontratación en cascada que practican nuestras empresas o su externalización hacia falsos autónomos. Mecanismos todos ellos que no solo erosionan el bienestar social de la mayoría de sus empleados, sino que también deterioran la productividad de las empresas.

Un segundo frente de reformas debiera favorecer el tránsito hacia una economía de mercados competitivos, desde una economía que con demasiada frecuencia vegeta en un capitalismo de amiguetes y gorrones del Estado. En el que oligopolios de muy pocas empresas extorsionan vía precios a los consumidores, mientras sus ejecutivos y grandes accionistas se forran, gorronean con una mano a Hacienda y con la otra a sus propios empleados precarizados.

Y ya un tercer frente de reformas debiera hacer realidad un sólido Estado de Bienestar; recortando para ello los ocho puntos menos de ingresos públicos sobre el PIB que hoy no tenemos respecto a la media de la Unión Europea, para hacer realidad una economía social de mercado.

Abandonaríamos así un modelo, nada europeo como se ve y muy castizo, en el que el más listo parece ser el que aporta lo menos posible al común (un gorrón) y al mismo tiempo recibe (cual depredador) lo más posible del Estado y sus costaleros.

Con la conjunción de esas tres vías de reformas la mayoría de los ciudadanos dejaría de recibir unos ingresos menguantes, dejaría de pagar unos precios crecientes y contaría con unos servicios públicos universales (sanitarios, educativos, de desempleo, de jubilación, de vivienda social, de dependencia, etcétera) no agónicos.

Sólo entonces nuestro crecimiento económico mejoraría la inclusividad que evalúa el Foro Económico Mundial, o el desarrollo social que otros analizamos con el mismo objetivo.

Pero para ello se hace necesario poner coto tanto al castizo señorito capitalista español con concesiones y mercados cautivos que añora un mundo de criados, como a los oligopolios del IBEX (eléctrico, bancario, energético, comunicaciones, constructor…).

También habría que jubilar el catecismo liberal según el cual el sector público cuanto más pequeño mejor, siendo así que cada uno se busca la vida (jubilación, desempleo, dependencia, estudios, vivienda, sanidad, etc.) en función de sus ingresos. Abrir camino, en suma, a un pacto socialdemócrata y de convergencia europea.

Algunas reformas competitivas

En este frente se trataría de medidas concretas para evitar el saqueo del ciudadano-consumidor previamente precarizado como trabajador.

Por ejemplo en el mercado eléctrico incorporando una Empresa Pública de la Energía sobre la base de la recuperación de concesiones hidroeléctricas pre-democráticas y como factor decisivo para la transición energética vinculada al desarrollo local.

En este aspecto no está de más recordar que una de las empresas del actual oligopolio (Endesa) es propiedad italiana con fuerte presencia del sector estatal de aquel país. No debiéramos en esto ser más papistas que el papa.

En el sector financiero dicha mayor competencia, en relación al actual oligopolio privado, debiera lanzarse con la consolidación de Bankia en el sector público y así, de paso, evitando la conformación de un nuevo gigante demasiado grande para caer. Es oportuno recordar que no se trataría de ningún sacrilegio financiero a escala europea puesto que, por poner un ejemplo, en el alemán Commerzbank mantiene una determinante posición el Estado de aquel país.

Algo semejante habría que abordar en el sector de las comunicaciones e internet a la vista del oligopolio que domina el sector y en el que, de nuevo, nos conviene recordar que en uno de los operadores (Orange) que actúan en España el Estado francés tiene una posición clave.

Tres ejemplos de referentes empresariales públicos europeos, que, más allá de contribuir a una mayor competencia en esos sectores con precios menos depredadores, ayudarían a mantener una cierta autonomía-soberanía estratégica y tecnológica

Sectores, actividades, productos y servicios en los que un Estado Emprendedor puede abordar objetivos que la iniciativa privada no considera. Como, por ejemplo, la digitalización no privativa de múltiples servicios personales, de transportes o financieros. Todo ello frente al cosmopolitismo de los patriotas del IBEX que todo lo acaban vendiendo a los Blackrock o Vanguard Group de turno.

En el sector de la construcción, los servicios o la obra pública es singularmente importante reforzar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y dotarla de nuevas herramientas legales antimonopolio ajustadas al actual mundo 4.0. Desarrollando lo que en la actual Ley de Defensa de la Competencia tiene que ver con el control de la producción, de la distribución, del desarrollo técnico, con abusos de posición dominante o daños a la seguridad nacional.

Una institución que nunca será suficientemente fortalecida y que debe necesariamente coordinarse con la Comisión de Competencia a escala europea, como puso de manifiesto el abuso de posición dominante en el caso Google.

Y así impedir una depredación de los recursos públicos por entramados anticompetitivos como los que se conformaron en España en relación a la construcción del AVE por empresas como ACS, Huarte, Abengoa o Sacyr.

En el sector de la vivienda es necesario que el sector público genere una oferta de vivienda (en propiedad o alquiler social sobre todo para los jóvenes) que fuerce a la baja a los precios de la especulativa oferta privada. Un parque público de vivienda que en ciudades europeas como Berlín o Viena llega a superar el número de las cien o doscientas mil. Regulando además la concentración, la gentrificación y los usos no permanentes en determinadas áreas urbanas y turísticas.

Estas buenas prácticas competitivas (alemanas, italianas, francesas, austríacas, …) dentro de la Unión Europea debieran servirnos de ejemplo para abandonar el castizo modelo oligopólico español.

Reformas fiscales y en servicios públicos

El castizo capitalismo español no solo es un activo depredador de los consumidores en su formato de capitalismo del contador (del gas, de la luz, de los peajes, de las comunicaciones, etc.) por medio de mercados cautivos u oligopólicos. También lo es del Estado: con un capitalismo de amiguetes. Ya sea en contratos de obra pública, de AVEs, de concesiones de autopistas o hidroeléctricas, en conciertos educativos, sanitarios y muchos otros.

Su casticismo complementa esa depredación con un gorroneo a la baja de los ingresos fiscales (que paguen los tontos y los asalariados) y un mantra, ahora sí, a favor de un Estado menguante que gaste lo menos posible en otras cosas: sanidad, educación, pensiones, dependencia, geriatría… Sectores en los que nuestro castizo capitalista cuenta con ocupar una parte del mercado que el sector público no atienda. Y que cada uno se busque la vida.

Es ese gorroneo y Estado menguante el que nos aleja ocho puntos de la media europea de ingresos públicos en relación al PIB y, como quedó dicho al comienzo, nos sitúa en la cola del capitalismo inclusivo entre los países ricos a escala mundial.

Sobre los aspectos más domésticos de estas reformas (fiscales y de gastos prioritarios) me he ocupado recientemente en estas páginas al hilo de las pasadas elecciones generales. De forma que aquí apenas abordaré brevemente su conexión en el ámbito europeo.

Porque embridar el capitalismo castizo español requiere, en no pocos casos, cortarle la retirada a los paraísos fiscales internos (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda) donde siempre amenazan con llevar sus patrimonios, capitales y beneficios si no se les permite gozar de una devaluación fiscal permanente dentro de España. Un auténtico secesionismo de nuestros ricos y castizos patriotas.

En ese sentido Piketty ha propuesto, para empezar a escala europea (como desarrollo en mi último ensayo), un impuesto sobre el capital inmovilizado empresarialpor encima del millón de euros con el que sería posible duplicar el presupuesto de la UE y atender políticas activas de empleo y una renta mínima.

También un tramo europeo del impuesto de sociedades (al que se añadiría un recargo mínimo en cada Estado miembro) que evitase las actuales triquiñuelas societarias. Sin olvidar una tasa Tobin para las transacciones financieras como se defiende desde Attac y parece asumirse en nuestros programas electorales de izquierdas.

Con dichas reformas domésticas y a escala europea nos sería posible por un lado igualar nuestros ingresos fiscales con la media de la UE al tiempo que se supera el raquitismo y nula autonomía fiscal actual de la UE.

Pero, por otro lado, podríamos atender con más holgura prioridades en servicios públicos que a día de hoy provocan, como sabemos, una erosión de nuestro desarrollo inclusivo.

Tales como: elevar el gasto sanitario del 6% al 7,5% del PIB hasta 2023, el gasto educativo del 4% al 5,6% (que permita una enseñanza de 0-3 años gratuita y universal), una prestación mínima de garantía o suficiencia de ingresos de 600 euros mensuales para jubilados o desempleados, la atención y cobertura para más de millón y medio de dependientes, incrementar la inversión pública en vivienda hasta el porcentaje medio europeo o la revalorización de las pensiones por el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad.

_______(1) El índice de desarrollo inclusivo es la media aritmética de doce indicadores agrupados en tres dimensiones. En la primera –rotulada como crecimiento y desarrollo– se incluye la riqueza por habitante, el empleo, la productividad laboral y la esperanza de vida. En la segunda –denominada inclusión– se promedian los ingresos por hogar, la rateo de pobreza, y la desigualdad relativa tanto al ingreso como a la riqueza. Ya en la tercera dimensión, relativa a la equidad intergeneracional y a la sostenibilidad, se incluyen cuatro indicadores relativos al ahorro, a la deuda pública, a la rateo de dependencia y a la intensidad de carbono por unidad de producto.
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