ATTAC España https://www.attac.es Justicia económica global Sat, 07 Dec 2019 09:25:00 +0000 es-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=3.7.31 Un sistema depredador, frente a un espejo https://www.attac.es/2019/12/07/51132/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=51132 https://www.attac.es/2019/12/07/51132/#comments Sat, 07 Dec 2019 09:25:00 +0000 https://www.attac.es/?p=51132 publico
Rosa M. Tristán

Frente a una situación que camina, sin pausa y globalmente, hacia un punto de ‘no inflexión’ respecto a las capacidades de la vida en el planeta, ¿es posible una gobernanza global que ponga freno al sistema que nos lleva al desastre? La respuesta no es fácil, pero ha sido una de las más repetidas en las jornadas de la XI Universidad Verde, celebrada el pasado fin de semana en Córdoba. Científicos, políticos, académicos, divulgadores y activistas han debatido y reflexionado sobre cómo poner “al capitalismo frente al espejo”, título que este año les ha reunido a las puertas de la COP 25 chilena, pero celebrada en España. 

Como era de esperar, las noticias y los datos no son buenos, pero pese a pesimismo general, se plantearon propuestas e iniciativas entre las que destacó la necesidad de esa gobernanza ambiental general que ponga freno a los desmanes, si bien no se sabe cómo podrá abordarse, justo en un momento de debilitamiento político de las instituciones internacionales frente a postulados nacionalistas que ganan apoyos. Sin embargo, el tiempo se agota y ya no podemos esperar, como viene a decir el propio lema de la Cumbre del Clima: “Time for Action”.

En esta nueva Universidad Verde, el periodista de investigación británico Nafeez Ahmed, especialista en seguridad internacional, tras hacer un repaso a lo que ocurre con los sistemas complejos que no se adaptan a los cambios -acaban en colapsos-, aseguró que estamos en situación límite: “La eficiencia del capitalismo ha crecido durante un siglo gracias a que había combustibles fósiles abundantes, pero ahora la tendencia es a tener más usuarios de energía y menos combustibles eficientes, porque hay menos y se pierde eficiencia para conseguirlos. Eso genera un punto de inflexión que se suma a otros, como la crisis de la biodiversidad, lo que en 2040 pueden llevarnos a un gran colapso”, señalaba.

Casos que ejemplifican esta situación, recordaba Ahmed, son la guerra de Siria o la Primavera Árabe, donde la crisis climática (sequías) unida a la del petróleo (menos ingresos por este recurso fósil), generaron conflictos que han llevado a la radicalización, tanto en estos países como en la UE, donde aumenta la extrema-derecha como respuesta a las migraciones generadas, como en Oriente Medio. “De seguir así, podemos llegar a niveles de CO2 que hagan invivible en Oriente Medio y que Europa se divida entre un norte beneficiado por el cambio climático y un sur con muchos problemas. No podemos seguir ajenos a ello porque podemos cambiar, pero para ello es necesario tener mejor información, construir redes para tomar decisiones globales y entender que los cambios son energéticos, pero no únicamente, porque sólo así se creará un ‘tsunami’ para un cambio de sistema”.

Y ¿cómo hemos llegado a este punto? El catedrático de Filosofía Antonio Campillo mencionaba el drama que supuso cambiar nuestro concepto de propiedad de la tierra y la necesaria adaptación humana al entorno, a defender que esa la tierra es la que debe adaptarse a los humanos, bajo la premisa de que “la ciencia lo puede todo” y solucionará los desajustes, lo que calificó de “una nueva religión”. “Nos olvidamos de que la tierra no es nuestra, pero es que además no podemos tener un sistema económico global con gobiernos territoriales. Se precisan alianzas transnacionales” .

Prueba de que hemos convertido la biosfera en “un objeto de transacción mercantil y bursátil”, en palabras de Lourdes Lucía, del movimiento Attack, es que mientras que en las comunidades indígenas el respeto a la naturaleza se relaciona con los bienes comunes, en el sistema económico predominante el agua, el aire limpio o los bosques se convierten en “bonos de capital natural” con los que negocian los bancos en mercados financieros.

Y, sin embargo, proteger la naturaleza es más productivo que no hacerlo, destacaba el científico Fernando Valladares, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, en su conferencia sobre “Biodiversidad amenazada”. Según Valladares, la productividad de los bosques amazónicos se ha reducido a la mitad en 30 años, hasta suponer pérdidas de 500.000 millones de dólares al año, más del doble de lo que costaría protegerlos. Con Victoria Sánchez, investigadora del ICREA, plantearon la necesidad de que esa “gobernabilidad global ambiental” deje espacio para la voz de las comunidades locales y los pueblos indígenas. “Su sabiduría sobre la naturaleza es fundamental y no se les tiene en cuenta, muy al contrario, sufren la llegada de las fronteras del sistema allá donde no estaban, a medida que escasean los recursos que requiere el consumo”, destacaba Sánchez.

Precisamente, este año 2019, el informe de la IPBES (Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos ) del que participó la antropóloga nos descubrió que hay ya más de un millón de especies en riesgo de extinción. Muchas por el cambio climático, pero también por la sobreexplotación tanto en tierra como en los mares. De lo primero habló el hoy diputado autonómico de Equo y ornitólogo Alejandro Sánchez, quien puso en evidencia el declive de muchas aves por la agricultura extentiva y el uso de pesticidas. Sobre lo segundo, la responsable de la campaña de océanos en Greenpeace, Pilar Marcos, dio algunos datos más que preocupantes: un 80% de las especies marinas están sobreexplotadas, sobre todo por la ‘recolección’ de pescado por más de 64.000 barcos-factorías, también llamados ‘monster boats’ . Si a ello se suma la minería en el fondo marino, en expansión, se tiene una pequeña aproximación al desastre. ¿Por qué no es posible llegar a un acuerdo global sobre gestión de los mares?

La cuestión es que no podemos olvidar a los grandes lobbies económicos. En ello insistió el diputado de Unidas Podemos Juan López Uralde, para quien es muy grave la “enorme pérdida que capacidad democrática” que supone su presencia en Bruselas para ‘debilitar’ las medidas que se adoptan en el Parlamento. También Uralde se unió a grupo de quienes reclamaban más democracia transnacional y puso como ejemplo que cuando “las políticas energéticas se dejan en manos de los Estados, se incrementan las diferencias, como vemos en la UE, en vez lugar de avanzarse hacia la cohesión”.

Ante todo ello, el profesor y político Julio Anguita, presente también en esta Universidad Verde cordobesa, no pudo por menos que llamar a todos los presentes a la acción urgente: “Es necesario un programa de inmediata aplicación que incluya acciones muy concretas. Un programa alternativo a esos lobbies que sea de cooperación colectiva y que sirva para gobernar ya. ¿Seremos capaces?”, se preguntaba.

La nota más optimista de las dos jornadas, sin duda, vino de la mano de los portavoces de movimientos emergentes – Yetta Aguado (Madres por el Clima) y Koro López Uralde y Tomás Castillo (Friday For Future) – cuyas acciones y su repercusión indican que algo en esta sociedad, mucho tiempo adormecida, se anda despertando.

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¿Trabajar todos menos y producir lo mismo? https://www.attac.es/2019/12/06/trabajar-todos-menos-y-producir-lo-mismo-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trabajar-todos-menos-y-producir-lo-mismo-2 https://www.attac.es/2019/12/06/trabajar-todos-menos-y-producir-lo-mismo-2/#comments Fri, 06 Dec 2019 20:19:48 +0000 https://www.attac.es/?p=51115 infolibre
Albino Prada

En este diario he argumentado que, de seguir la tendencia de reducción de jornada registrada en España entre 1955 y 1985, este año en vez de las 36 horas semanales trabajadas por término medio tendríamos que estar trabajando 26 horas. Algo que sería singularmente positivo para las muchas mujeres que en determinados sectores (comercio y hostelería por ejemplo) trabajan más de 40 horas a la semana como también he razonado aquí.

Hoy la pregunta que propongo al lector es si podríamos permitirnos en España esta reducción de jornada a 26 horas semanales manteniendo el mismo nivel de riqueza nacional. Cierto que, aun así, no alcanzaríamos las 15 horas de las que Keynes habló en Madrid en el año 1935, pero nos acercaríamos mucho a un objetivo planteado para el Reino Unido ya en el año 2010 en un informe muy recomendable: 21 horas (New Economics Foundation, 2010).

 Para resolver sobre esta posibilidad utilizaré los datos de lo que llevamos de siglo XXI (2000-2018) de nuestra Contabilidad Nacional Anual del Instituto Nacional de Estadística. Solo serán dos datos básicos.

Por un lado, el valor del Producto Interior Bruto (PIB, riqueza nacional) generado en unidades monetarias constantes (descontada la inflación) para evaluar el crecimiento efectivo de la riqueza generada. Y, por otro lado, el número de horas trabajadas por el conjunto de todos los ocupados del país. Ambos datos –el PIB y las horas necesarias– se transforman previamente en dos series que parten del valor 100 en el año 2000 para visualizar mejor su evolución relativa.

¿Trabajar todos menos y producir lo mismo?

Para situarnos. Observemos la serie azul del PIB: crecimiento imparable hasta 2007, retroceso entre ese año y 2013, recuperación desde entonces. Algo semejante sucede con las horas necesarias de trabajo…, aunque se va abriendo una brecha entre ambas que es crucial para lo que aquí nos interesa analizar.

Esa brecha informa de que en 2018 se trabajaron las mismas horas que en 2004 (unos treinta y tres mil millones) pero vemos que la riqueza generada es un 20 % mayor que en aquél año. Lo que debiera ser una excelente noticia para el conjunto de nuestra sociedad.

Sin embargo la jornada laboral semanal media apenas se redujo un 3% y, lógicamente, mientras en 2004 teníamos dos millones doscientos mil parados, en 2018 teníamos tres millones trescientos mil. Misma jornada para los ocupados y más de un millón de parados a mayores.

Pero si redistribuimos las horas de trabajo realizadas en 2018 por los ocupados españoles entre toda la población entre 20 y 65 años (lo que supone incorporar a todos los parados y a buena parte de las mujeres entre esas edades, tal como simulan para Reino Unido en el informe citado más arriba), la jornada semanal media resultante sería de 23 horas.

Esta jornada semanal sería el resultado de la redistribución de las horas necesarias de trabajo en 2018, y así mantener la producción del PIB de dicho año. Conviene recordar que caminar progresivamente de 36 a 23 horas semanales con idéntico salario es una herramienta de la política de rentas con claro encaje en el acervo sindical (Recomendación ILO 1962 nº 116 punto 4) desde hace ya muchos años. Y así, de paso, no interrumpir la tendencia anotada entre los años 1955-1985.

Es esta una posibilidad que surge del hecho de que en la actualidad, siendo como somos un país mucho más rico que en el año 2000, no fuimos capaces de reducir la jornada laboral de los ocupados ni de incorporar a una población parada creciente. Más bien hemos ido escarbando en una recesión social en paralelo a la recuperación del PIB. Riqueza, jornada laboral y desempleo debieran conjugarse, y acabamos de comprobar que podrían conjugarse, de otras formas.

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Albino Prada es doctor en Economía, ensayista y miembro de ECOBAS

 

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La reducción de emisiones comprometida por España no llega a la mitad de lo que aconseja la ONU https://www.attac.es/2019/12/05/la-reduccion-de-emisiones-comprometida-por-espana-no-llega-a-la-mitad-de-lo-que-aconseja-la-onu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-reduccion-de-emisiones-comprometida-por-espana-no-llega-a-la-mitad-de-lo-que-aconseja-la-onu https://www.attac.es/2019/12/05/la-reduccion-de-emisiones-comprometida-por-espana-no-llega-a-la-mitad-de-lo-que-aconseja-la-onu/#comments Thu, 05 Dec 2019 20:25:12 +0000 https://www.attac.es/?p=51118
El órgano internacional marcó como objetivo una disminución del 7,6% en las emisiones de CO2 para evitar el aumento de la temperatura en 2030. Solo queda un mes para que los países de la UE envíen a Bruselas sus planes climáticos definitivos

<p>Chimenea.</p>

Chimenea.

EDUARDOFIRE

Los planes de lucha contra el cambio climático son insuficientes y poco ambiciosos. Lo alertó hace apenas unos días la Organización de Naciones Unidas al señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero globales deberían reducirse al menos un 7,6% antes de 2030 si se quería limitar el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 1,5ºC. Ahora, la plataforma Climate Action Network hace el mismo reclamo en el marco de la Unión Europea, en un informe en el que se repasan los distintos planes estatales que se han presentado ante las instituciones comunitarias durante el último año. Según esta ONG, los documentos preliminares que España envío a la Comisión apenas recogían un compromiso para reducir las emisiones de CO2 un 3,6% para la próxima década. Es decir, menos de la mitad de lo que reclamó la ONU como mínimo indispensable.

Con apenas un mes para que venza el plazo para que los miembros de la UE manden los planes definitivos con sus programas de acción contra el calentamiento global, el estudio de Climate Action Network concluye que lo recogido en los borradores y documentos provisionales presentados durante 2019 no solo no es suficiente para acercase a los objetivos marcados en los Acuerdos de París, sino a los establecidos por la UE en su agenda climática y energética hasta 2030, menos ambiciosa.

En el caso de España, el estudio destaca la falta de compromiso con el objetivo general de reducción de emisiones respecto de los niveles de 1990, que nuestro país sitúa en el 20%, todavía muy lejos del 40% que marca la propia Unión Europea. Un problema todavía más preocupante si se atiende a la desastrosa situación de partida: en 2018 el país todavía arrastraba un nivel de emisiones un 15% superior al de 1990. Mientras, desde las instituciones europeas ya se ha solicitado que el objetivo de reducción se revise y eleve hasta el 50%.

En última instancia, Climate Action Network también llama la atención sobre la falta de información que todavía existe en nuestro país sobre la actualización y revisión final de su plan energético y climático. España es de los pocos países en los que aún no se ha publicado el documento, y no está claro que este se vaya a someter a una consulta pública cuando se entregue. Así ocurre, por ejemplo, con los progresos que se hayan podido incluir en el apartado de combustibles fósiles, aún desconocidos.

Para abordar esta realidad, la organización asegura que España todavía debe hacer grandes esfuerzos para avanzar en el desarrollo de energías renovables y en la coordinación de competencias a nivel regional.

Tal y como aseguró la ONU en su reciente informe sobre la brecha de emisiones, incluso en el caso de que para el año 2030 se cumplan los puntos primordiales del Acuerdo de París la temperatura global aumentará en cerca de 3,2ºC, más de doble de lo que se marcó como horizonte de sostenibilidad para el planeta. En este sentido, la organización internacional, a través de su Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUMA), apuntó también que los países que firmaron el pacto hace 4 años deberían aumentar hasta cinco veces sus objetivos si se quiere limitar el aumento de la temperatura a 1,5ºC.

Sobre esto, los últimos datos sobre emisiones no pueden ser más catastróficos. Según los últimos análisis de la Organización Meteorológica Mundial, la concentración en la atmósfera de los principales gases de efecto invernadero volvió a marcar un nuevo récord en 2018. Las consecuencias son de sobra conocidas: cambio climático, eventos meteorológicos extremos, o desertización y pérdida de la biodiversidad, entre otros.

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Radiografía de la España Vacía https://www.attac.es/2019/12/05/radiografia-de-la-espana-vacia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=radiografia-de-la-espana-vacia https://www.attac.es/2019/12/05/radiografia-de-la-espana-vacia/#comments Thu, 05 Dec 2019 20:11:06 +0000 https://www.attac.es/?p=51113 ctxt
Jose luis Marin

Desde el año 2000, el 63% de los municipios ha perdido habitantes. Mientras, la población del país ha crecido en cerca de 6,2 millones de personas

26 DE NOVIEMBRE DE 2019

Durante los últimos veinte años, entre un 84% y un 89% de los municipios  de Asturias, Castilla y León y Extremadura ha perdido población. Las tres regiones son el caso más extremo y significativo del mal demográfico que atraviesa España desde hace varios lustros: la despoblación. Pero estos no son, desgraciadamente, los únicos lugares donde ha ocurrido esto. Según datos del INE, hasta un 63% de las localidades que hay en España ha visto cómo descendía su número de habitantes desde el cambio de milenio.

Para agravar esta situación, la pérdida de población en casi dos tercios de los cerca de 8.100 municipios que existen en el país ha sucedido en un contexto de crecimiento demográfico a nivel nacional, lo que sin duda sugiere que el fenómeno de la España vacía se encuentra atravesado de forma integral por un fuerte componente migratorio. Concretamente, de las zonas rurales a las urbanas. Tanto es así que a finales de 2018 vivían en el país 6,2 millones de personas más de las que lo hacían allá por el año 2000.

Para algunas localidades, la situación es absolutamente dramática. Desde el año 2000, en casi un tercio de los municipios donde se ha perdido población el descenso ha sido superior al 25%. Por otro lado, y según datos del INE analizados por la agencia de comunicación Stratego, el número de municipios del país que tienen menos de cien habitantes ha crecido un 46% durante el mismo periodo.

En el extremo contrario, aparecen también otros actores clásicos de los flujos migratorios internos del país: en Madrid y Baleares, menos de un 6% de las localidades han perdido población. En Murcia el porcentaje de municipios donde ha descendido el padrón no llega al 14%, mientras que en País Vasco, Canarias y Cataluña no supera el 28%.

Así queda demostrado cuando se comprueba que, en términos totales, apenas han sido tres las Comunidades Autónomas que han perdido población durante los últimos 20 años. Al mismo tiempo, y mientras el 63% de los municipios del país han visto como descendía su censo, encontramos solo 15 provincias –menos de un tercio del total– donde se pueden contar menos habitantes que en año 2000, y en ninguna de ellas se ha registrado un descenso de población superior al 15%. Es decir, el vaciado está siendo mucho más acelerado a nivel rural que si se tienen en cuenta otras divisiones administrativas más amplias.

Esto no significa que la España urbana de las provincias se haya librado del espectro de la despoblación y que no atraviese sus propios problemas demográficos. Ejemplo de ello es la pérdida de población joven y cualificada que las ciudades del interior y el norte del país ha vivido en los últimos años. En muchos casos, de forma aún más acelerada que en propio ámbito rural.

En este caso, las cifras vuelven a apuntar a los mismos protagonistas. Según un estudio del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre 2012 y 2017 las capitales de provincia de Castilla y León registraron un  saldo negativo de migración joven del 13,4%, frente al descenso del 9,63% que se vivió en las zonas rurales de la región. Otros lugares donde se ha podido ver una tendencia similar han sido Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Andalucía y Galicia.

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¿Trabajar todos menos y producir lo mismo? https://www.attac.es/2019/12/04/trabajar-todos-menos-y-producir-lo-mismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=trabajar-todos-menos-y-producir-lo-mismo https://www.attac.es/2019/12/04/trabajar-todos-menos-y-producir-lo-mismo/#comments Wed, 04 Dec 2019 09:39:28 +0000 https://www.attac.es/?p=51108 infolibre
A
lbino Prada

tiempotrabajo

En este diario he argumentado que, de seguir la tendencia de reducción de jornada registrada en España entre 1955 y 1985, este año en vez de las 36 horas semanales trabajadas por término medio tendríamos que estar trabajando 26 horas. Algo que sería singularmente positivo para las muchas mujeres que en determinados sectores (comercio y hostelería por ejemplo) trabajan más de 40 horas a la semana como también he razonado aquí.

Hoy la pregunta que propongo al lector es si podríamos permitirnos en España esta reducción de jornada a 26 horas semanales manteniendo el mismo nivel de riqueza nacional. Cierto que, aun así, no alcanzaríamos las 15 horas de las que Keynes habló en Madrid en el año 1935, pero nos acercaríamos mucho a un objetivo planteado para el Reino Unido ya en el año 2010 en un informe muy recomendable: 21 horas (New Economics Foundation, 2010).

Para resolver sobre esta posibilidad utilizaré los datos de lo que llevamos de siglo XXI (2000-2018) de nuestra Contabilidad Nacional Anual del Instituto Nacional de Estadística. Solo serán dos datos básicos.

Por un lado, el valor del Producto Interior Bruto (PIB, riqueza nacional) generado en unidades monetarias constantes (descontada la inflación) para evaluar el crecimiento efectivo de la riqueza generada. Y, por otro lado, el número de horas trabajadas por el conjunto de todos los ocupados del país. Ambos datos –el PIB y las horas necesarias– se transforman previamente en dos series que parten del valor 100 en el año 2000 para visualizar mejor su evolución relativa.

¿Trabajar todos menos y producir lo mismo?

Para situarnos. Observemos la serie azul del PIB: crecimiento imparable hasta 2007, retroceso entre ese año y 2013, recuperación desde entonces. Algo semejante sucede con las horas necesarias de trabajo…, aunque se va abriendo una brecha entre ambas que es crucial para lo que aquí nos interesa analizar.

Esa brecha informa de que en 2018 se trabajaron las mismas horas que en 2004 (unos treinta y tres mil millones) pero vemos que la riqueza generada es un 20 % mayor que en aquél año. Lo que debiera ser una excelente noticia para el conjunto de nuestra sociedad.

Sin embargo la jornada laboral semanal media apenas se redujo un 3% y, lógicamente, mientras en 2004 teníamos dos millones doscientos mil parados, en 2018 teníamos tres millones trescientos mil. Misma jornada para los ocupados y más de un millón de parados a mayores.

Pero si redistribuimos las horas de trabajo realizadas en 2018 por los ocupados españoles entre toda la población entre 20 y 65 años (lo que supone incorporar a todos los parados y a buena parte de las mujeres entre esas edades, tal como simulan para Reino Unido en el informe citado más arriba), la jornada semanal media resultante sería de 23 horas.

Esta jornada semanal sería el resultado de la redistribución de las horas necesarias de trabajo en 2018, y así mantener la producción del PIB de dicho año. Conviene recordar que caminar progresivamente de 36 a 23 horas semanales con idéntico salario es una herramienta de la política de rentas con claro encaje en el acervo sindical (Recomendación ILO 1962 nº 116 punto 4) desde hace ya muchos años. Y así, de paso, no interrumpir la tendencia anotada entre los años 1955-1985.

Es esta una posibilidad que surge del hecho de que en la actualidad, siendo como somos un país mucho más rico que en el año 2000, no fuimos capaces de reducir la jornada laboral de los ocupados ni de incorporar a una población parada creciente. Más bien hemos ido escarbando en una recesión social en paralelo a la recuperación del PIB. Riqueza, jornada laboral y desempleo debieran conjugarse, y acabamos de comprobar que podrían conjugarse, de otras formas.

____________Albino Prada es doctor en Economía, ensayista y miembro de ECOBAS

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La temperatura se ha incrementado en España 1,57 °C en 57 años https://www.attac.es/2019/12/03/la-temperatura-se-ha-incrementado-en-espana-157-c-en-57-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-temperatura-se-ha-incrementado-en-espana-157-c-en-57-anos https://www.attac.es/2019/12/03/la-temperatura-se-ha-incrementado-en-espana-157-c-en-57-anos/#comments Tue, 03 Dec 2019 12:31:32 +0000 https://www.attac.es/?p=51105 elsalto
Pablo Rivas

En vísperas de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25), las últimas informaciones sobre la evolución de la crisis climática no son nada halagüeñas: “La temperatura de España entre 1960 a 2018 se ha ido incrementando progresivamente, y en esos años ha aumentado un 1,57ºC”, ha señalado este viernes en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad (OS), en la presentación del informe Emergencia Climática en España 2019.

El documento analiza más de 135 referencias —de artículos de Science o Nature a los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)— en las que se señalan las evidencias de la emergencia climática en el Estado español, como es el caso de que la totalidad de las capitales de provincia hayan incrementado su temperatura media en “prácticamente un grado en los últimos 30 años”, añadiendo que, “allí donde los datos permiten remontarse más atrás, como Barcelona, Alicante, Madrid y una treintena de ciudades, el incremento es aún mayor, por encima de los 2ºC.

El OS remarca que el verano se ha alargado en nueve días de media por décadas, lo que hace que el estío actual sea cinco semanas más largo que a principios de los años 80. “Lo que antes creíamos que iba a ser algo que iba a afectar a nuestros hijos, a las próximas generaciones, es algo que nos está afectando a todos nosotros y que nos está afectando ya”, ha lamentado Prieto.

Solo Endesa, patrocinadora de la COP25, expulsa a la atmósfera el 23% de las emisiones industriales y el 9% de las totales atribuibles a España

 

“Las evidencias apuntan al mismo sentido en lo que se refiere al mar Mediterráneo”, ha señalado el investigador, apuntando cómo la temperatura del mismo ha aumentado 0,34ºC por década desde los años 80, tal como apuntan los datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. Asimismo, ha indicado además el incremento estimado del nivel de dicho mar de 3,4 mm por año de 1993 a 2017, según los datos del Servicio de Información Marítima Copernicus.

Otro dato que el OS resalta es la desaparición de 33 de los 52 glaciares que había en el territorio del Estado en 1850.

SEGUIMOS AÑADIENDO PRESIÓN

Prieto, que ha sido acompañado en la presentación por Jorge Lobo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el biólogo Raúl Estévez, del OS; el bioquímico y ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza; y el integrante de Extinction Rebellion, Nicolás Eliades, ha descrito el complicado panorama que ofrecen las presiones que el ser humano está haciendo sobre el sistema que sostiene la vida en el territorio peninsular.

“Hubo un incremento muy fuerte de emisiones [de gases de efecto invernadero] hasta el 2017, luego bajó con la crisis brutal que tuvimos, pero no acaban de bajar, que es lo que tendríamos que hacer si queremos entrar en la descarbonización”. En concreto, aunque en 2018 disminuyeron en España un 2,3% —principalmente por el excepcional año de lluvias, lo que hizo que la energía hidroeléctrica se incrementase en un 85%—, aumentaron desde 1990 un 15%.

España es el país de la UE en el que más crecen las emisiones de efecto invernadero desde 1990: se han incrementado un 17,9% mientras que en el conjunto de la UE han descendido un 23,5%.

 

A pesar de ello, “durante el año 2019 se observa en la generación eléctrica un fuerte incremento del gas y el mantenimiento de la tendencia de crecimiento de las emisiones debidas al transporte y al sector residencial”, señalan desde el OS. Aunque no todo son malas noticias: “Se observa una disminución pronunciada el uso del carbón en un año con muy escasa hidraulicidad”.

CULPABLES CLAROS

 

Las principales empresas responsables de esta situación en España son, por este orden, Endesa, Repsol, Naturgy, EDP, ArcelorMittal, Cepsa, Viesgo, Iberdrola, Cemex, Lafarge-Holcim y Cementos Portland, tal como adelantó el organismo en su informe Big Polluters Spain 2019. Solo Endesa, patrocinadora de la COP25, expulsa a la atmósfera el 23% de las emisiones industriales y el 9% de las totales atribuibles a España. De hecho, las diez empresas más sucias, enmarcadas en los sectores de la energía, el cemento y el metal, son responsables del 62% de las emisiones industriales y del 25% del total del Estado.

“Si se ampliase el listado a las 50 compañías más contaminantes, las cifra supondría el 85% de las emisiones fijas y el 35% de la totales, lo que ejemplifica el elevado peso que tienen estas compañías en la contribución española al cambio climático”, destacan desde el OS. España es el país de la UE en el que más crecen las emisiones de efecto invernadero desde 1990: se han incrementado un 17,9% mientras que en el conjunto de la UE han descendido un 23,5%.

Ante este reto, desde el OS plantean la necesidad de “identificar grandes proyectos con el objetivo de iniciar una gran adaptación al cambio climático”. Uno de ellos sería la creación de un Corredor Verde Mediterráneo que consistiría en “la creación de una gran malla ecológica de enfoque sistémico que añadiese a la red de espacios protegidos otros territorios no catalogados de alta calidad ecológica, singularidad paisajística o funcionalidad productiva”.

El objetivo de esta iniciativa sería doble: “Restaurar la biodiversidad y la funcionalidad y conectividad ecológicas” y “enderezar el ciclo hidrológico” para enfrentarse a la emergencia climática desde más ámbitos, no solo mediante la reducción de emisiones. “Básicamente lo que vamos a intentar desarrollar son iniciativas de restauración ecológica en toda esa franja orientadas a combatir los efectos del cambio climático”, ha señalado por su parte Raúl Estévez, coautor del informe.

Asimismo, seguir la vía que señalan las últimas declaraciones de emergencia climática, proclama a la que se sumó este semana el Parlamento Europeo, con hechos y no con palabras, es otro de los caminos que desde el OS señalan como vía para descarbonizar la economía.

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La industria del espionaje digital está ayudando a los Estados a violar los DDHH: ya basta https://www.attac.es/2019/12/02/la-industria-del-espionaje-digital-esta-ayudando-a-los-estados-a-violar-los-ddhh-ya-basta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-industria-del-espionaje-digital-esta-ayudando-a-los-estados-a-violar-los-ddhh-ya-basta https://www.attac.es/2019/12/02/la-industria-del-espionaje-digital-esta-ayudando-a-los-estados-a-violar-los-ddhh-ya-basta/#comments Mon, 02 Dec 2019 12:06:17 +0000 https://www.attac.es/?p=51103 David Kaye

el diario.es

Imagínese un Gobierno con poder suficiente para espiar a periodistas, activistas y a casi todos sus opositores. Un Estado con capacidad de silenciar y extorsionar a una persona no sólo gracias a la capacidad de seguir sus movimientos, sino sus conversaciones, sus contactos, sus fotos, notas, correos… en definitiva, todo el contenido de su vida digital.

Para algunos eso suena a ficción distópica, pero hoy ese tipo de vigilancia, con capacidad de seleccionar a alguien concreto, es una de las realidades más siniestras de la era digital. Se está convirtiendo en un instrumento en manos de Gobiernos represivos para asfixiar el debate, la crítica y el periodismo.

Una y otra vez, investigadores y periodistas han desenmascarado cómo diversos Gobiernos –con apoyo de empresas privadas– han insertado programas con capacidad para espiar a través de maniobras arteras los teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y dispositivos similares pertenecientes a personas a las que quieren neutralizar: aquellas que juegan un papel importante en la democracia en tanto que facilitadores del derecho de la ciudadanía a estar informada. Y no termina aquí. A veces la vigilancia acaba con los objetivos detenidos y atacados. Incluso asesinados.

El mes pasado, WhatsApp demandó ante la justicia de Estados Unidos a una empresa israelí especializada en vigilancia, el grupo NSO. La demanda argumenta que la plataforma estuvo expuesta a tecnología de la empresa. En concreto, a su producto estrella, Pegasus, un programa que pudo acabar instalado en una cifra cercana a los 1.400 dispositivos y que permitió que varios Gobiernos tuvieran acceso a esa cantidad de información personal prácticamente ilimitada (la empresa lo niega) que cargamos en nuestros bolsillos. El CitizenLab de la Universidad de Toronto ha localizado el programa Pegasus en 45 países.

El sector de la vigilancia –donde el Grupo NSO es sólo una de entre cientos de empresas– parece estar fuera de control, lejos de cualquier posibilidad de rendición de cuentas y actuando sin límites en todo el mundo. Estaría dando acceso a bajo coste a los Gobiernos a todo tipo de herramientas que permiten espiar con una precisión que hasta hace poco sólo podían usar las agencias de inteligencia más sofisticadas.

El sector y quienes lo defienden argumentarán que es el precio a pagar por enfrentarse al terrorismo. Dirán que debemos sacrificar libertad para proteger a los nuestros de otro 11 de septiembre. Como alguien bien ubicado me dijo una vez, dicha vigilancia es “obligatoria” y, peor aún, “es complicado proteger la privacidad y los derechos humanos”.

Todo lo que puedo pedir es que me dejen en paz. Al menos por un tiempo. Es difícil imaginar a las empresas tratando de actuar al respecto. Tampoco los Gobiernos que podrían hacerlo muestran demasiado interés. De hecho a los Gobiernos se les ha visto cómodos contando con las empresas para que les hicieran el trabajo sucio.

Esto no va de Gobiernos utilizando ciertos instrumentos para fines legales y cayendo sin querer en daños colaterales: esto va de usar tecnología de espionaje para ir contra personas cruciales y vulnerables. Contra aquellas a quienes la democracia debería proteger.

De primeras, pareciera que establecer limitaciones a la industria global del espionaje fuera imposible. Las empresas operan en un entorno de sombras donde coluden espionaje y antiterrorismo. Un entorno abstruso para los que no son expertos y que pretendan regularlo o controlarlo.

Muchos argumentan que limitar la exportación de programas como esos es una pérdida de tiempo. A fin de cuentas, las empresas chinas ocuparán cualquier vacío que dejen las empresas occidentales. Es cierto que eso es un obstáculo. Pero no es un argumento para evitar hacer lo que hay que hacer cuando se trata de proteger los derechos humanos. Los intentos por lograr una reforma real de ese sector deben comenzar ya. Deben hacerlo a escala global y deben seguir varios pasos.

Primero, los Gobiernos, por supuesto, tienen que controlar las exportaciones de programas de espionaje. Ya existen contextos que permiten restringir la exportación de tecnología de doble uso, militar y comercial.

El acuerdo más relevante en ese sentido es el Acuerdo de Wassenaar. Es necesario actualizarlo para que vaya más allá de la tecnología de doble uso y amplíe su ámbito regulatorio a los programas utilizados para minar los derechos humanos. Todos los Gobiernos tendrán que comprometerse a poner en marcha controles de exportación por acuerdo mutuo.

Por el momento sólo existe una respuesta que ha probado ser efectiva ante lo evidente de los abusos que se están cometiendo: detener todas las ventas y transferencias de tecnología. En un informe que presenté a Naciones Unidas en Junio, pedí una moratoria inmediata a la transferencia de programas de espionaje hasta que se pongan en marcha controles viables. Es hora de lanzar una campaña sincera para terminar con una vigilancia que no rinde cuentas ante nadie.

En segundo lugar, las empresas deben poner en marcha controles efectivos sobre su propia tecnología. El Grupo NSO se ha comprometido a seguir las prácticas en materia de derechos humanos recomendadas por Naciones Unidas para las empresas. Pero un control efectivo va más allá de políticas de autorregulación. Significa hacer pública la lista de clientes y los usos de la tecnología, la aprobación de reglas contra usos indebidos y violaciones de derechos humanos, una vigilancia periódica y la capacidad de detener de inmediato lo que suceda en violación de derechos fundamentales.

El control efectivo también exige compromisos por parte de las empresas a la hora de impedir la transferencia de su tecnología a quienes violen de manera sistemática los derechos humanos o países en los que no funcione el Estado de derecho en torno a la vigilancia de las personas. Debe rechazarse el uso de este tipo de programas para objetivos ilegítimos. Y todos estos controles deben recibir el refuerzo de un sistema de sanciones gubernamental a quienes los usen para lo que no deben.

Por último, que los Gobiernos o las empresas cómplices rindan cuentas por sus abusos y comportamientos indebidos, algo que cada vez es más difícil para las víctimas de este tipo de espionaje.

Los Gobiernos deben facilitar que existan acciones legales de esa naturaleza. Deben cambiar sus leyes para permitir quejas contra las empresas y administraciones responsables de vigilancia ilegal. Algún tipo de jurisdicción universal que permita controlar la expansión de esta perniciosa tecnología.

Hay pocos ejemplos más claros de la cara oscura de la era digital que el de la industria de la vigilancia digital y sus instrumentos represivos. Ya es hora de controlarlos.

David Kaye es profesor de Derecho en la Universidad de California, relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión y autor de ‘Speech police: the global struggle to govern the internet’ (La policía del discurso: un combate global para gobernar internet).

Traducido por Alberto Arce

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Crítica a Thomas Piketty: ¿incremento de desigualdades o de explotación? https://www.attac.es/2019/12/01/critica-a-thomas-piketty-incremento-de-desigualdades-o-de-explotacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=critica-a-thomas-piketty-incremento-de-desigualdades-o-de-explotacion https://www.attac.es/2019/12/01/critica-a-thomas-piketty-incremento-de-desigualdades-o-de-explotacion/#comments Sun, 01 Dec 2019 12:02:34 +0000 https://www.attac.es/?p=51101 publico
VICENÇ NAVARRO

El aumento de las desigualdades de renta y de propiedad ha sido tan grande en la mayoría de países del mundo capitalista desarrollado que ha llamado la atención de los mayores fórums y medios de comunicación en tales países, así como en las instituciones internacionales. En realidad, el tema de las “desigualdades” se ha convertido casi en un tema de moda. Desde el Foro de Davos (el Vaticano del pensamiento neoliberal) hasta el Foro Social Mundial, todos hablan del tema de desigualdades.

Pero lo que es interesante (y diría yo también intrigante) es que apenas se habla de otro término (o concepto) que está claramente relacionado con el tema de desigualdades. Y me refiero al término (y concepto) de explotación, raramente citado y todavía menos analizado, por ser considerado demasiado polémico. Los datos, sin embargo, muestran que es casi imposible entender la enorme evolución de las desigualdades hoy en el mundo capitalista desarrollado sin hablar de explotación.

Qué es explotación

En realidad, el concepto explotación es muy fácil de definir: A explota a B cuando A vive mejor a costa de que B viva peor. Y A y B pueden ser clases sociales, géneros, razas, naciones o ambientes. Me explico: cuando a un trabajador se le paga menos de lo que contribuye con su producto o servicio a fin de que su empleador (el empresario) pueda aumentar más sus beneficios, hablamos de explotación de clase. Cuando una pareja (hombre y mujer) que viven juntos y trabajan los dos, llegan a casa al mismo tiempo y la mujer se va directamente a la cocina a preparar la cena para los dos mientras el marido se sienta para ver la televisión, hablamos de explotación de género. Cuando a un ciudadano negro se le paga menos que a un blanco por hacer el mismo trabajo, entonces indicamos que hay explotación de raza. Cuando un Estado–nación impone a otro más pobre las condiciones del comercio internacional que le favorecen, a costa de los intereses de esa nación pobre, hay explotación de nación. Y cuando la compañía Volkswagen era consciente del daño causado por sus automóviles, contaminando más de lo legalmente permitido, beneficiándose a costa de dañar la salud de la población, había un caso de explotación del medioambiente por parte de dicha empresa, a costa de la salud de la población.

El crecimiento de las desigualdades de clase causado por un aumento de la explotación

Portada del libro 'Capital e Ideología', de Thomas Piketty.
Portada del libro ‘Capital e Ideología’, de Thomas Piketty.

Pues bien, una de las desigualdades más acentuadas y que han aumentado más sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo han sido las desigualdades por clase social, y ello se debe al aumento de la explotación de clase, que explica en gran medida la evolución de estas desigualdades de clase, las cuales, a su vez, afectan a otros tipos de desigualdades (como las desigualdades de género originadas por otros tipos de explotación, como mostraré más adelante). La explotación de clase centra la dinámica de las sociedades capitalistas hasta tal punto que no se puede entender ni la génesis ni el desarrollo de la Gran Depresión o de la Gran Recesión en el mundo capitalista desarrollado sin analizar la evolución de tal explotación. Incluso un economista keynesiano como Paul Krugman ha reconocido últimamente esta realidad, señalando que el economista que explicó mejor la evolución de los ciclos económicos fue Michal Kalecki (que influenció a Keynes), que puso la explotación de clase y el conflicto generado por tal explotación en el centro de su análisis. Thomas Piketty, en su último libro Capital e ideología así también lo reconoce, aludiendo a la famosa cita de Karl Marx: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases”.

La explotación de clase durante la Gran Recesión

Esta observación aplica claramente a España (incluyendo Catalunya), uno de los países de la UE con mayores desigualdades por clase social. Las rentas del trabajo han ido disminuyendo en España (incluyendo Catalunya), mientras que las rentas del capital han ido aumentando, siendo el ascenso de estas últimas a costa del descenso de las primeras. En España (incluyendo Catalunya) el conflicto de banderas (la borbónica por un lado y la estelada independentista por el otro) durante los años de la Gran Recesión ha ocultado esta realidad.  La enorme crisis de legitimidad del Estado se basa precisamente en esta realidad.

Uno de los elementos de estabilidad del sistema capitalista, que era la ideología de la meritocracia (que asumía que el mérito era el motor que definía la jerarquía social), ha perdido toda su credibilidad y capacidad cohesionadora, pues pocos se la creen. Y ahí está el problema para la reproducción del régimen político actual. Esta realidad muestra el poder de las ideologías en la configuración de las desigualdades, como concluye, con razón, Piketty en el libro anteriormente citado, Capital e ideología. Ahora bien, el gran error de Piketty es que concede excesiva autonomía a las ideologías, sin apercibirse de que las que él cita han sido creadas y promovidas para satisfacer los intereses de las clases que las originan. Piketty reconoce que Karl Marx llevaba razón (cuando ponía la lucha de clases en el centro de la explicación), pero añade inmediatamente después que hoy la lucha no es entre clases, sino entre ideologías. Por lo visto, Piketty no se da cuenta de que, como acabo de decir, las ideologías son sostenidas y promovidas como instrumentos del poder de clase. La meritocracia era una ideología promovida por los que estaban en la cúspide del poder, para justificar su derecho a dominar. Y el neoliberalismo ha sido la ideología de la clase capitalista dominante, como bien muestran los datos sobre la evolución de las rentas y su enorme concentración, lo cual ha ocurrido a costa de la clase trabajadora, cuyo nivel de vida ha ido empeorando. La evidencia de ello es clara y contundente (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante. Anagrama, 2015).

Naturalmente que tales ideologías (de clase) no son las únicas, pues cada tipo de explotación genera diferentes ideologías. La explotación de género se sostiene gracias a la existencia de ideologías que reproducen tal explotación. Pero todas ellas están también influenciadas por las ideologías encaminadas a reproducir el dominio de clase. Hay muchos ejemplos de ello. Como ha escrito Rosalind Gill en su libro Cultura y subjetividad en tiempos neoliberales y posfeministas, el neoliberalismo (la ideología de la clase capitalista) influenció la expansión del erotismo en la moda femenina, a fin de empoderar a la mujer para competir en el mundo dominado por el hombre en términos que reproducían también el dominio del machismo, que veía a la mujer como objeto de deseo del hombre. Lo que la mujer (liberal) creía que era la libre expresión de su voluntad era, en realidad, la reafirmación de su opresión, presentándola como objeto de deseo.

Una situación semejante se da en las ideologías basadas en la explotación de raza (y de clase). El racismo ha jugado un papel clave en desempoderar al mundo del trabajo, dividiéndolo por raza. Es de sobras conocido que el racismo juega un papel clave en la desunión de la clase trabajadora., causa de que sea ampliamente promovido por la clase dominante. Como bien dijo Martin Luther King una semana antes de ser asesinado, “la lucha central en EEUU que afecta a todas las demás es la lucha de clases”. Lo dicho anteriormente no es, como algunos estarán tentados de pensar, reduccionismo de clase, sino intentar recuperar y resaltar la importancia de la clase social como variable de poder en el análisis de la realidad, y no solo a nivel económico, algo que raramente se hace no solo en los medios, sino también en los análisis académicos.

La explotación requiere dominio, hegemonía y represión por parte de los explotadores

Y estas ideologías se sustentan a base también de una enorme represión. Basta ver qué está ocurriendo en varios países de Latinoamérica hoy. De ahí que considere enormemente ingenua la observación que hace Piketty en su crítica a Marx. Dice Piketty: “A diferencia de la lucha de clases, la lucha de ideologías está basada en el conocimiento y las experiencias compartidas, en el respeto al otro, en la deliberación y en la democracia.” Tengo que admitir que tuve que leer este párrafo dos veces. Mis muchos años de experiencia y conocimiento de la realidad en los varios países en los que he vivido y he trabajado muestran que no es así. Piketty idealiza el sistema democrático. La prueba de ello es que el siglo XXI se está caracterizando por las enormes agitaciones sociales frente a las consecuencias de la aplicación de las políticas de clase impuestas por los grupos dominantes.

Hoy, la gran mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte están experimentando una enorme crisis de legitimidad de sus Estados, resultado en gran parte de la aplicación de las políticas públicas neoliberales impuestas por los partidos gobernantes, incluidos los partidos socialdemócratas cuyo compromiso y aplicación de políticas públicas del mismo signo han generado su enorme colapso e incluso desaparición, como ha sido el caso del partido socialista en Francia, país donde reside Thomas Piketty. El surgimiento de la ultraderecha en Europa y el gobierno de ultraderecha que gobierna EEUU son un indicador de tal crisis. Me parece incoherente que a la luz de estas realidades, Piketty concluya que los sistemas políticos actuales responden a la idealizada versión que caracteriza su definición de ellos. Hoy estamos viendo el fin de una etapa en la que el poder de las clases dominantes ha alcanzado un nivel tal que la propia supervivencia de los sistemas democráticos está en juego. La escasa atención que Piketty presta al contexto político del fenómeno económico (que es casi característica de los estudios económicos actuales) empobrece su análisis, pues hace poco creíble que las propuestas que hace puedan considerarse como factibles sin que exista un cambio más sustancial de lo que él considera.

Respecto a sus propuestas, admito reservas en cuanto al hecho de que la solución pase por gravar a las rentas superiores y a la clase de propietarios del capital y que se distribuya la renta a cada uno de los ciudadanos. Ya he expresado mis reservas en cuanto a priorizar una renta universal a costa de un cambio más significativo, que es utilizar los fondos adquiridos mediante la grabación del capital y de las rentas superiores para crear una sociedad en la que cada uno contribuya según sus habilidades y los recursos se distribuyan según sus necesidades. Habiendo dicho esto, no quiero desalentar al lector a que lea el libro de Thomas Piketty, que como siempre tiene información de gran interés.

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Bolivia: El MAS y las causas del golpe. Un debate necesario. Dossier https://www.attac.es/2019/11/30/bolivia-el-mas-y-las-causas-del-golpe-un-debate-necesario-dossier/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bolivia-el-mas-y-las-causas-del-golpe-un-debate-necesario-dossier https://www.attac.es/2019/11/30/bolivia-el-mas-y-las-causas-del-golpe-un-debate-necesario-dossier/#comments Sat, 30 Nov 2019 22:29:09 +0000 https://www.attac.es/?p=51128 sinpermiso

Bolivia en la tragedia de América Latina

Alejandro Nadal

El proceso de cambio social iniciado por la victoria de Evo Morales hace 14 años estuvo apuntalado por una victoria política de las clases explotadas en la sociedad boliviana. El triunfo electoral casi no cuenta con paralelismos en los procesos de lucha en la región. La vía a un socialismo al estilo Bolivia parecía quedar despejada.

Ese triunfo político coincidió con lo que se ha denominado el superciclo de los commodities. A partir de 1995, el índice de precios de las materias primas aumentó espectacularmente. Eso permitió a gobiernos, como los de Kirchner, Lula, Correa y Evo Morales, mantener ingresos fiscales suficientes para soportar los programas sociales que eran la médula de su estrategia económica y que ayudaron a la gente que había sido más abandonada durante la larga noche del neoliberalismo. Los programas brasileños, como el de Cero Hambre y Bolsa Familia, tuvieron su paralelismo en los distintos bonos que el gobierno entregaba puntualmente a Bolivia.

Esos programas sociales constituyeron un respiro para la gente que recibía los pagos. No sólo se trataba de una ayuda material para sobrellevar la pesada carga cotidiana que el castigo neoliberal había impuesto desde hacía años. También representaban un mensaje de aliento, en el sentido de sentir que alguien por fin se había acordado de las clases más golpeadas, lo que representó una inyección de optimismo y, yo diría, hasta de alegría política.

Sin embargo, en una economía capitalista las fuerzas que mantienen a la gente en la trampa de la pobreza no desaparecen con esas entregas de dinero en efectivo. El otorgamiento de bonos en Bolivia amplió sin duda la capacidad de consumo de los estratos de menores ingresos, pero eso no necesariamente constituye una política redistributiva duradera. Por cierto, esa es una lección que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no parece querer entender. Claramente, se requiere algo más y a escala macroeconómica para que esos programas tengan un alcance distinto. Lo que sí es claro es que los programas sociales basados en pagos en efectivo no son sinónimo de una política para el desarrollo.

La industria extractiva siguió jugando un papel clave en la economía boliviana. La estrategia de desarrollo del gobierno de Evo Morales siguió dependiendo de la extracción de algunas materias primas claves. El oro, el zinc y el gas llegaron a representar cerca de 65 por ciento de las exportaciones totales. Es cierto que el gobierno de Evo Morales procedió a nacionalizar el sector hidrocarburos (las grandes compañías trasnacionales permanecieron como los grandes operadores del sector). Y también es cierto que los impuestos y regalías que el gobierno pudo renegociar con esas compañías le permitieron alimentar sus programas sociales y ciertos proyectos de inversión. Pero una estrategia basada en las exportaciones de materias primas tenía que verse afectada tarde o temprano por las variaciones de precios de esos productos. Tal como lo previó Raúl Prebisch hace ya más de seis décadas, los ciclos de precios de las materias primas son un enemigo mortal del proceso económico en América Latina (y eso vale para cualquier país que sea dependiente de los mercados de commodities). Bolivia no es una excepción, y cuando el superciclo de los commodities terminó por la crisis de 2009 los efectos negativos no tardaron en dejarse sentir.

En el terreno de la minería, las cosas tomaron un cauce todavía más complicado. Una parte de la industria minera siguió en manos de grandes empresas trasnacionales, mientras otro segmento estuvo explotado por cooperativas mineras. Ahí las contradicciones fueron de otra índole. Una parte del sector se opuso a la sindicalización de los trabajadores, lo que llevó a violentos enfrentamientos. En otras localidades muchas comunidades se opusieron a los grandes proyectos mineros, con sus secuelas de contaminación y destrucción. Detrás del mito sobre la protección de los derechos de la Pachamama en la Constitución, Bolivia siguió siendo un territorio devastado por las secuelas del extractivismo (éste es uno de los países más contaminados del mundo por mercurio).

Evo Morales obtuvo 61 por ciento de los sufragios en las elecciones de 2014. Pero en el referendo de 2015, para reformar la Constitución y permitirle postularse una cuarta vez, Evo fue derrotado. Grave error político cometió Evo cuando buscó por otros medios dar la vuelta a ese resultado negativo. Además de las contradicciones que ya experimentaba el modelo boliviano, este error abrió las puertas al golpe por una oposición que nunca abandonó su odio al presidente indígena y todo lo que representaba.

Hoy, América Latina sigue atrapada en una inserción defectuosa en la economía mundial. Habiendo abandonado el proyecto de industrializarse desde la década de los años 80, Latinoamérica sigue siendo prisionera de una tragedia que se llama extractivismo. Y las donaciones en dinero a los más pobres pueden ser un paliativo, pero no constituyen una estrategia de desarrollo ni un proyecto redistributivo duradero.

La Jornada, 13 de noviembre 2019

 

La debacle del MAS y el golpe

Raúl Zibechi

Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos: ¿dónde te perdiste? Porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dicen que debemos respetar el muyu (círculo): sólo una vez debemos gobernar. ¿Por qué has prostituido a nuestra Pachamama? ¿Por qué mandaste a quemar la Chiquitanía? ¿Por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en Chaparina y en Tariquía?”, dice el manifiesto de la Nación Qhara Qhara, con el que un sector del movimiento indígena se incorporaba el pasado jueves 7 de noviembre a las protestas contra el fraude electoral en Bolivia.

El manifiesto es una de las piezas más duras contra Evo Morales, quizá porque proviene de las propias entrañas de la fuerza que lo llevó al poder: “Respeta nuestras culturas, ya no siembres más odio entre los hermanos del campo y de la ciudad, deja de dividir a los pueblos, ya vulneraste su libre determinación. Deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean, que ya no son los nuestros; deja de enviar matones a maltratar a nuestra gente; deja que vivamos en nuestra ley; deja de hablar en nombre de los indígenas, que ya perdiste tu identidad” (Fides, 7‑XI‑19).

El contraste entre lo que ocurre ahora y lo sucedido en octubre de 2003, durante la primera guerra del gas, es notable. En aquella ocasión todos los movimientos sociales se enfrentaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y pagaron un precio de más de sesenta muertos y cientos de heridos y mutilados. Pese a la brutal represión –el ejército ametralló a los manifestantes desde helicópteros–, la población consiguió doblegar al gobierno, que debió renunciar.

Pero en esta ocasión, luego de tres semanas de protestas opositoras y denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales se proclamó reelecto, había mucha rabia por el gobierno en gran parte de los dirigentes y las bases de las organizaciones sociales, que, al llegar la tarde del pasado domingo 10, se habían ido manifestando por la renuncia del presidente, como la Central Obrera Boliviana, la federación minera y organizaciones indígenas. Por eso, ese día la derecha más extremista pudo entrar a la casa de gobierno sin problemas y nadie salió de inmediato a la calle a defender a Morales cuando el ejército le sugirió que renunciara.

En estos casi catorce años en el gobierno hubo actuaciones del oficialista Movimiento al Socialismo (Mas) que los movimientos sociales no olvidaron. Entre 2002 y 2006 se formó el Pacto de Unidad entre las principales organizaciones campesinas e indígenas como sostén del gobierno de Morales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y las juntas vecinales de El Alto. A fines de 2011, la Cidob y el Conamaq decidieron abandonar el Pacto de Unidad, por considerar que “el Poder Ejecutivo ha parcializado la participación de las organizaciones indígenas, valorando más que todo a las organizaciones afines al Mas”, al tiempo que consideraban que ello afectaba “de forma directa a nuestros territorios, culturas y nuestros recursos naturales”.

En junio de 2012, la Cidob denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia” (Cidob, 7‑VI‑12). Un grupo de disidentes de la Confederación apoyado por el gobierno desconoció a las autoridades y convocó una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.

En diciembre de 2013, disidentes de la Conamaq “afines al Mas” tomaron el local de la organización, y golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con el apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidió que las legítimas autoridades pudieran recuperarla (Servindi, 11‑XII‑13). El comunicado posterior del Conamaq aseguró que el ataque en su contra se dio para “aprobar todas las políticas contrarias al movimiento indígena originario y al pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.

Salto al vacío

El miércoles 13 se produjo una situación inédita, un vuelco tan importante como lo había sido la renuncia de Morales tres días antes. Jeanine Áñez fue ungida presidenta en un parlamento sin cuórum, ya que los diputados del Mas, la mayoría absoluta, no pudieron ingresar al recinto, como tampoco pudo hacerlo la senadora masista Adriana Salvatierra. Presidenta del senado, Salvatierra había renunciado públicamente a ese cargo, aunque no a su banca, el mismo día que lo hicieron Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Aunque intentaron ingresar al recinto parlamentario, ella y los diputados de su bancada fueron impedidos de hacerlo por la fuerza pública.

Áñez, por su parte, era la vicepresidenta segunda de la Cámara alta y pudo llegar a la presidencia de la República porque los demás en la línea de sucesión, masistas ellos, renunciaron también, como forma de la política del gobierno de denunciar un golpe. La actual presidenta es miembro de la alianza opositora Unidad Demócrata y una aliada incondicional de las elites racistas del departamento de Santa Cruz. De este modo, tres días después de la renuncia de Evo se consumó un verdadero golpe, aunque, en realidad, unos y otros colaboraron en que se llegara a esta situación.

La cronología de este vuelco arranca con las elecciones del 20 de octubre, pero, sobre todo, con la interrupción del conteo de votos y su reanudación, 24 horas después, con datos que contradicen los difundidos hasta el día anterior. Una situación que dio lugar a las sospechas, por repetir una dinámica de fraude demasiado evidente y tradicional en nuestra América Latina como para ser ignorada. Ahí comenzó una protesta que fue creciendo lentamente hasta el viernes 8 de noviembre, protagonizada, en gran medida, por los grupos cívicos, sectores de clase media con gran implantación en las grandes ciudades del oriente del país.

Al parecer, el gobierno de Morales subestimó la magnitud de las protestas, ya que mantenía una alianza con el Comité Cívico de Santa Cruz, luego de haberlo derrotado en su intento secesionista de 2008. Las cosas parecían mantenerse en un cauce favorable para el Mas, que tenía buenas relaciones con la Organización de los Estados Americanos (en particular, con su secretario general, Luis Almagro), al punto de que el candidato opositor Carlos Mesa rechazó la auditoría pactada entre esa organización y el gobierno.

La situación cambió bruscamente el viernes 8 al extenderse un motín policial iniciado en Santa Cruz y La Paz. En las redes sociales circularon versiones según las cuales los policías fueron “comprados” con dinero de una empresa localizada en Santa Cruz. Lo cierto es que el motín policial fue un punto de inflexión, cuyo origen y cuyas circunstancias será necesario investigar. El gobierno no podía contar con la policía, pero tampoco podía enviar a las fuerzas armadas contra los manifestantes, lo que hubiera creado una situación insostenible en sus propias bases. Peor aun, no podía contar con organizaciones populares fuertes que lo defendieran, porque estas habían sido purgadas y muchos de sus dirigentes, apartados y condenados, algunos al ostracismo, otros, encarcelados. En este punto, presidente y vice decidieron arriesgar. Llegado el domingo, ensayaron una jugada que consistió en salir de La Paz, saturada de barricadas y protestas, con la intención de retornar en mejores condiciones.

La derecha siguió operando, probablemente, y como es habitual en estos casos, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos. Tomó la delantera un personaje siniestro, el empresario cruceño Luis Fernando Camacho. Con un discurso radical y ultracatólico, de claro contenido racista y colonial, Camacho se erigió en representante de las clases medias blancas del oriente y las elites terratenientes de la región más rica del país. Convocó un cabildo para desconocer los resultados de las elecciones y, con su discurso incendiario, desbordó tanto a los “cívicos” cruceños, que convivían sin mayores problemas con el Mas, como a Mesa, a quien desplazó en pocos días como referente de la oposición. Se trata de un oportunista ultra que, tras la quema de whipalas protagonizada por los suyos, debió pedir perdón, en una muestra del escaso margen que tienen los más conservadores en la Bolivia actual.

La guerra y las mujeres

Si la oligarquía cruceña mostró su extremismo de la mano de Camacho, el oficialismo no se quedó atrás. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, declaró a Sputnik, días antes de la debacle del gobierno, que “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno” (30‑X‑19).

Quintana, uno de los más altos cargos del gobierno de Evo, mostró su alejamiento de la realidad al decir: “Aquí hay una acumulación política de los movimientos sociales que están dispuestos a pelear”. Y propuso una estrategia consistente en “una batalla campal frente a la virulencia mentirosa de los medios”, que, en su opinión, son parte de “una guerra de dimensiones muy complejas, desconocidas, que nos va a exigir muchísimo agudizar el pensamiento y la estrategia de autodefensa”.

Las mujeres fueron el sector que con mayor claridad y transparencia se empeñó en desarmar los dispositivos guerreros. En La Paz, el colectivo Mujeres Creando convocó un Parlamento de Mujeres (al que asistió un puñado de varones), en el que se esforzaron por construir “voces colectivas” que desafiaran la polarización en curso. En esos momentos, en la ciudad de El Alto miles de jóvenes gritaban: “Ahora sí, guerra civil”, flameando la whipala.

Muchas mujeres mostraron una doble indignación: contra el fraude de Morales y contra la derecha racista. En general, predominó una defensa de los avances en la última década y media, no todos atribuibles al Mas, sino al hecho de que ganó terreno la potencia creativa de los movimientos, que las autoridades nunca pudieron ignorar.

Se destacó la intervención de la socióloga e historiadora Silvia Rivera Cusicanqui: “Yo no creo en las dos hipótesis que se han manejado. El triunfalismo de que con la caída de Evo hemos recuperado la democracia me parece un exceso, un análisis que se está saliendo de foco (…). La segunda hipótesis equivocada, que me parece a mí sumamente peligrosa, es la del golpe de Estado, que simplemente quiere legitimar, enterito, con paquete y todo, envuelto en celofanes, a todo el gobierno de Evo Morales en sus momentos de degradación mayor. Toda esa degradación, legitimarla con la idea del golpe de Estado es criminal y, por lo tanto, debe pensarse cómo ha empezado esa degradación” (Desinformémonos, 13‑XI‑19).

En la misma orientación, la vocera de Mujeres Creando, María Galindo, escribió en su columna en Página Siete: “El sentimiento de abandono y orfandad que deja ver el despegar a Evo Morales rumbo a México se siente en las calles. La gente me llama a la radio y rompe en llanto sin poder hablar; su sentimiento de debilidad y abandono hace que de la memoria se les borren, por arte del dolor, las violencias y las arbitrariedades del caudillo, y que la gente lo añore como padre protector y benefactor” (13‑XI‑19).

Un futuro incierto

Fracasado el plan de Morales‑García Linera de retornar como “pacificadores”, se abre la caja de las sorpresas. La iniciativa la tiene la ultraderecha, racista y fascista, que cuenta con enormes recursos materiales y mediáticos para encaramarse en el poder, aunque no tiene la legitimidad para mantenerlo.

La memoria larga, concepto de Rivera Cusicanqui, nos enseña que las elites racistas pueden permanecer en el poder a sangre y fuego durante largo tiempo, aunque no tengan apoyo social, porque tienen medios para hacerlo. Sin embargo, la memoria corta, complemento de la anterior, apunta a algo diferente, por lo menos desde 2000 en Bolivia: la potencia de las y los de abajo impide que los regímenes racistas y patriarcales gocen de estabilidad y durabilidad. Porque las mujeres y los pueblos originarios ya no se dejan, como lo enseñan estos días las calles de Santiago y Quito, testigos de una alianza de nuevo tipo (de hecho y en los hechos) que se plasma en que la bandera mapuche ondea en manos blancas y que las mujeres abrieron una grieta en Ecuador en el fragor del combate.

La salida a la tremenda situación que vive Bolivia pueden ser las elecciones generales, que el gobierno que usurpa Áñez debe convocar de forma inmediata. Como apunta la socióloga Raquel Gutiérrez Aguilar, la alternativa es “elecciones generales o guerra civil”. Si hablan las urnas, es muy probable que el próximo presidente sea Carlos Mesa, pero que el Mas conserve una importante bancada y siga siendo, tal vez, el partido más votado.

Más temprano que tarde, la alianza de diversidades que algún día representó el Mas volverá al Palacio Quemado, porque es la mayoría social y cultural del país andino. Sería deseable que no fuera la repetición, necesariamente degradada, del Mas actual, porque el paso del tiempo termina pudriendo las aguas estancadas. Para que eso no suceda, una nueva cultura política debe arraigar en los dirigentes y los cuadros de los movimientos y las organizaciones. Una cultura capaz de beber en las tradiciones andinas de rotación de cargos y complementariedad entre géneros, edades y, ahora también, visiones del mundo. Una cultura que se deje permear por el radical rechazo al patriarcado de las feministas, que están deconstruyendo caudillismos y organizaciones jerárquicas. Bolivia puede aportarnos, como pocas regiones en nuestra América, las contribuciones de ambas vertientes. Sin ellas, será imposible tejer, comunitariamente, un tapiz emancipador capaz de superar las opresiones que nos atraviesan.

Brecha, 15 de noviembre 2019

Un largo proceso de degradación

Silvia Rivera Cucicanqui

Es clave para entender lo que está sucediendo ahora en Bolivia entender, a su vez, el proceso de división creciente y la degradación que durante los gobiernos de Evo Morales sufrieron los llamados movimientos sociales –que fueron el respaldo inicial del presidente– por una izquierda que permitía una sola posibilidad y no permitía la autonomía

Es una historia que comenzó entre 2009 y 2010, aproximadamente, cuando se armó otra forma de gobierno, otra forma de Estado, distinta a la que se venía proponiendo en las bases. Es un Estado crecientemente autoritario, que va a monopolizar el poder y no va a permitir ningún margen de autonomía a las organizaciones.

Este proceso fue deteriorando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En 2010 esos malestares se dieron en organizaciones indígenas que adoptaron una posición autónoma y pidieron una mesa en la cumbre de Tiquipaya, una cumbre con la que el oficialismo pretendía mostrar que Evo Morales tenía una actitud de respeto para con la Madre Tierra y la protección de derechos indígenas. Allí, una de las mesas tenía que tratar el tema de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (Iirsa) y la contaminación minera, y el gobierno se negó a tocar esos temas. Allí estaba planteada la contaminación de los campos y las aguas de riego, que ya estaba produciendo graves problemas, sobre todo en Potosí, Oruro y Huanuni, que se sumó a la patética destrucción y la desaparición del lago Poopó, el segundo más grande del país.

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Obviamente, se trata de procesos cuyos orígenes datan de mucho tiempo atrás, pero que estaban siendo promovidos por la intensificación del extractivismo. Este proceso llevó a que se destruyera la noción de tierras comunitarias de origen (Tco), que fueron en su momento la base de la autonomía indígena. A fines de 2010 se dictó un decreto que establece que esas tierras indígenas, además de “originarias”, son “campesinas”, lo que permitió la invasión de parques nacionales por cocaleros, como en el caso del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro‑Sécure (Tipnis). Se firmó luego un protocolo de financiamiento, cargado de corrupción, con la constructora brasileña Oas para construir en ese parque una carretera. Es mucho lo que se podría detallar de ese episodio en particular, pero vale recordar que el gobierno optó por reprimir a los indígenas del parque y favorecer la invasión cocalera y la construcción de esa carretera.

Ese fue un momento de quiebre. A partir de entonces y en 2013, el gobierno dio la instrucción de invadir la sede del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y se instaló como dirigente, contra los procedimientos indígenas de rotación de las autoridades que allí había, Hilarión Mamani, un empresario minero.

Es un proceso largo, de muchos años, que tiene entre sus últimas manifestaciones el incendio de la Chiquitanía (véase “La otra frontera”, Brecha, 30‑VIII‑19), originado en un decreto del gobierno que alentaba la invasión por colonos del occidente del país de ese ecosistema único. Ya el año pasado se había dado un enorme acercamiento del gobierno con los ganaderos en un plan de exportación de carne a China. Obviamente es mucho más barato quemar el bosque, como habilitaba ese decreto, que traer tractores o retroexcavadoras. Con la sequedad que hay en la Chiquitanía, el fuego se les fue de las manos. Fue una tragedia sin nombre y el más grande detonante de la debacle de Evo Morales.

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Luis Fernando Camacho y la derecha que él encabeza viven ahora un momentáneo estrellato, gracias a haber logrado articular diferentes broncas hacia el Mas. Pero la disputa más grande todavía está en la acaparación de tierra y en la expansión de la frontera agrícola, que ha sido pactada entre la derecha y Evo Morales. La derecha no va a deshacer este pacto, no va a entregar a los indígenas la tierra que Evo Morales les arrebató, sino que, con la euforia momentánea de estas horas, está preparando la consolidación de la economía de la soja, del agronegocio, ya empezado con Evo.

Lo que se avecina es un proceso de mucha incertidumbre, de fragilidad institucional, de sabotaje, de liquidación económica. Los masistas van a tratar de dejar un país en ruinas para volver triunfantes. Ha sido un gravísimo error de la clase política prescindir del Mas y darle un viso de ilegalidad a este gobierno. Este gobierno de transición que ahora se ha posesionado nace cojo y manco, no es legítimo. No se puede borrar de un plumazo a un 40 por ciento del electorado. Una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el Mas tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena.

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Aquí cayó toda la clase política, no sólo Evo Morales. Y hay un vacío de poder porque la gente no ha reconocido aún su propia energía, su propia fuerza organizativa. Lamentablemente, hemos perdido muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que nos ha dejado fuera de combate en un momento en que la derecha está levantando cabeza y el ejército sigue intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas. Estamos en una situación muy crítica.

A pesar de todo, en estos últimos años ha habido un reconocimiento y un autorreconocimiento de lo indígena como una fuerza moral. Aunque ha sido, hasta cierto punto, degradado por el gobierno del Mas, en la vida cotidiana se reconoce que lo indígena es valioso en cuanto a idioma, comida, cultura, y formas comunitarias y solidarias. Toda una serie de colectivos está saliendo con la whipala para dejar claro que no vamos a retroceder 17 años. Camacho ha ido al viejo palacio de gobierno, como para decir que no existió este proceso de reconocimiento y autorreconocimiento, para intentar tapar el sol con un dedo. Pero no hay vuelta atrás.

Lo que sí hay es una necesidad imperiosa de reencausar las movilizaciones populares, quitándoles aquellos aspectos muy fuertes de misoginia y autoritarismo fomentados por el gobierno del Mas. La negación de la democracia horizontal de las organizaciones y la degradación de estas están cobrándonos la cuenta en este momento, una cuenta que se llama parálisis y estupor.

En medio de eso, en la lucha contra eso, las mujeres estamos en la primera fila en cuanto a pensamiento y acción. Y en cuanto al dolor que nos produce toda esta situación. Las mujeres estamos en todos lados, articulando formas más locales de democracia y bregando por que la idea de la indignación, la idea del cabildo, la idea del Parlamento de Mujeres se fragmente en miles de parlamentos, miles de cabildos para que podamos deliberar qué país queremos, qué es democracia, qué es ser indígena. ¿Ser indígena es vestir poncho y organizar una gran borrachera? Nosotras, en nuestra posición como mujeres, no lo creemos así. En varios colectivos hemos creado una especie de plataforma para hacer de cada esquina un espacio de deliberación.

Nos vamos a apoyar en la Constitución, una Constitución que ha sido maltratada por el propio gobierno del Mas. Estamos ahorita en la defensa de la Constitución, en la defensa de la whipala, en la defensa de la democracia comunitaria de los ayllus y la defensa de las mujeres.

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Raquel Gutiérrez fue presa de conciencia en Bolivia. Ahora, como académica en México, analiza los sucesos en el país del sur, a partir de su experiencia como integrante de las luchas comunitarias en las décadas de 1980 y 1990. Convoca a salir del binarismo entre los gobiernos de izquierda y derecha, entre la postura del golpe y no golpe, para escuchar las voces feministas que están pensando y construyendo alternativas

Texto: Daniela Rea

Foto: Especial

Las reflexiones de Raquel Gutiérrez Aguilar ocurren en tres tiempos: el viernes 8 de noviembre, enmedio de protestas contra Evo Morales en Bolivia; el segundo, el domingo 10 de noviembre, con la deposición; y el tercero, con Morales llegando a suelo mexicano.

Momento 1. Viernes 8 de noviembre

El pasado viernes 8 de noviembre Raquel Gutiérrez Aguilar escribió el artículo “Bolivia: la profunda convulsión que lleva al desastre”   donde analizó la sucesión de hechos después del 20 de octubre cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y que tenían esa noche a Bolivia en vilo. No se sabía entonces, pero Evo Morales renunciaría dos noches después.

Gutiérrez Aguilar actualmente es académica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En las décadas de 1980 y 1990 vivió en Bolivia y  participó en la insurgencia de las comunidades aimaras y quechuas. En el año 2000, luego de salir de prisión, donde fue internada y torturada como represión por su lucha política, se unió a la lucha por el agua en Cochabamba.

En su artículo y contexto, Raquel Gutiérrez trajo al presente lo que ella nombra “un fraude desde hace diez años. Desde que se pactó la constitución y la permanencia del latifundio” desde un gobierno que desconoció “cualquier otra forma en competencia de acuerpamiento político negando, desde entonces, la ampliación democrática”. Recordó también el referéndum de febrero de 2016 sobre la reelección de Evo Morales por cuarta vez.

“Y Bolivia dijo NO. No a la reelección indefinida de un régimen político de fomento al extractivismo aunque con retórica anti-imperialista y rígidamente autoritario aun vistiendo el disfraz plurinacional. Un régimen político extractivista pues, ferozmente anti-comunitario y misógino”.

Raquel Gutiérrez

Y entonces llegó el 20 de octubre. El día de las elecciones Evo Morales postulado a través del Movimiento al Socialismo (MAS) y Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, y la falla o el cese del conteo de votos en tiempo real. Los días siguientes, las disputas entre uno y otro lado, que la artista y activista María Galindo llamó “pelea de gallos” proponiendo desde entonces a pensar en una mediación desde las mujeres. Luego llegó la exigencia de la segunda vuelta electoral.

“Resultó entonces que quedamos así: Evo cada vez más enojado, cercando con sus aliados la Plaza Murillo que es el corazón político de La Paz, diciendo que su voluntad es ley en medio de disturbios crecientes por todo el país; Carlos Mesa descolocado y anulada su capacidad de hablar; Camacho, yendo y viniendo de Santa Cruz a El Alto, afirmando que él es la salvación de la nación por designio de dios. Víctima-verdugo-redentor: en la confrontación política se instaló amplificado el triángulo simbólico patriarcal por excelencia.

“Así, la mediación de la palabra feminista/femenina se hace cada vez más urgente y, a la vez, resulta más difícil. Se hace cada vez más complicado enunciar las palabras y diseñar las acciones que puedan hacer entrar aire en ese trágico triángulo que terminará por tragarnos a todas. Algunas voces se asustan y eligen plegarse a alguno de los redentores en oferta, otras nos empecinamos en no hacerlo”.

El viernes 8 de noviembre Raquel terminaba el día pensando en cómo “reforzar una voz colectiva y pública que vuelva audibles las palabras, propuestas y deseos feministas, las voces de las mujeres atrapadas en la pugna patriarcal por el dominio y el control de nuestras vidas, las decisiones de las comunidades que rechazan el extractivismo acelerado y las ideas de los varones no violentos”.

Momento 2. Domingo 10 de noviembre por la noche

–¿Cuál es tu análisis del proceso que vimos en Bolivia, cómo se llegó a esta noche? 

–Ahorita, lo que estamos viendo es una implosión, una implosión. Ellos se cayeron porque no estuvieron dispuestos a retroceder, a ceder, no estuvieron dispuestos. ¿Cómo llegamos hasta aquí hoy? Podemos hacer este recuento de datos, de hechos, pero yo siento que hay que esperar un ratito, dos días, a que se aquiete un poco de brincar el polvo.

 –¿Es un golpe?

–¿Un golpe contra quién? Esa es la cosa… es un golpe contra la fuerza social que estaba en vías de recuperación, de organización. Eso es lo que yo creo.

Las imágenes que circularon son muy fuertes. Camacho dirigiéndose a Palacio y los policías le abrieron la puerta, con su bandera y su biblia. Esa foto es pesadísima en el imaginario, en el constriur esta historia del golpe. Ves la foto, pero no ves toda la sabiduría popular ayer de: ‘espérense, vamos a calcular, a ver si Evo ya entiende’. La gente decía que Evo convoque a elecciones. Hoy se acabó de caer el machismo leninista, se fue llorando y nos dejó el país incendiado. Es un ciclo que se cierra con militares en las calles, pero bueno, así toca. Vamos pensando con calma. Esto es de mediano plazo. Se acabó un ciclo.

-¿–Qué pasa, qué pasó con Evo y su gobierno en relación a la organización horizontal de las comunidades?

–Lo que hizo fue una clientela. Es México, pero con 13 años adelante. Lo que estamos viendo aquí, lo que AMLO hace: desoír, clientilizar. Eso es lo que había allá. Y con un hombre que tenía muy buen discurso. Había 10 años de eso. Pero después de eso ha sido una barbaridad de extractivistmo, de indolencia, de irse sobre las comunidades.

–¿Cuáles son las propuestas de los movimientos sociales y la respuesta de Evo Morales a esas propuestas de los movimientos?

–Tienes movimientos sociales plenamente desarticulados porque se planteó la hegemonía. Porque contra quienes se vino el gobierno del MAS fue contra la pluralidad de los movimientos y sus voces. Las voces estaban un poco a la saga, viendo, calculando… La onda del fraude sí era una cosa de clases medias y el único sector popular explícitamente denunciando el fraude eran los de coca, los cocaleros del lado de La Paz.

Estoy esperando que hablen los aymaras, que vuelvan a aparecer las voces de las mujeres organizadas, las feministas. Hay que esperar que esto acabe de caer.

En América Latina hemos visto a personajes que se han dedicado a desarrollar sistemáticamente una capacidad para enajenar y apropiarse de esfuerzos colectivos y concentrarlos.

–Es esto la crisis de lo que expropió nuestra fuerza. Ellos se fueron a jugar a la víctima ¿y quién se va a quedar a bancar lo que venga? Nosotros. Se quedan los pueblos, las mujeres. Si el Ejército se alía y se arma un gobierno de transición tutelado por el Ejército nos irá del carajo. Pero si mañana el Ejército no hace eso y más bien hay un gobierno constitucional que llama a elecciones y se discute quienes van a participar, lo que se estaba empezando a armar cuando renunciaron… Empujaron hasta allá, no respetan a la gente.

–¿Cuándo percibiste que esto devendría en esta convulsión?

–Cuando el día de las elecciones empezó a ocurrir algo que en México 2006, el conteo que se detiene. Pero Bolivia protesta de otro modo, en Bolivia se impone un caudillo pero siempre está tensa la relación con el caudillo y se movilizan otros bloques que no lograban expresar su palabra. Que quedaban bajo el discurso de Carlos Mesa.  El día de ayer desde el 20 de octubre fue el primer día que se dignó Evo a decir que escucharía a alguien.

–¿Qué significa esto para las luchas indígenas en Bolivia y en América Latina?

–Es muy grave. Porque no hay cosa más horrible que hoy haya gente quemando las whipalas. Es horrible, es espantoso. Pero el problema es algo así como la gigantesca simulación que lograron montar los del MAS con la complacencia de un montón de sentido común de izquierda muy ramplón. Hoy vimos unos machos tristes contando que han hecho lo mejor que han podido, esa es la mentira.

Yo nunca me había sentido tan agraviada, tan triste. Una polarización que te tapa la boca, entre un gobierno de izquierda y derecha y ahí no pueden hablar los pueblos, las voces críticas, la autonomía. Hay una lucha de izquierda, pero los gobiernos de izquierda son los que traicionan. Entonces ¿cuál es el contenido de una lucha de izquierda? ¿Qué significa desarmar el neoliberalismo? Ese es el gran problema, desarmar el extractivismo neoliberal que no se acaba con la pura retórica.

–¿Qué se mueve en América Latina?

–Hay un movimiento de insoburdinación a lo que se nos había impuesto durante todos estos años como único destino posible y no hay una plena claridad de qué significa terminar de desarmar los sistemas neoliberales.  Si el régimen chileno era la perla del neoliberalismo, el régimen boliviano era la perla del progresismo. Hay un fenómeno de implosión, implosión del extractivismo neoliberal pleno. Obviamente en Bolivia se van revolviendo capas y capas de problemas, de variantes. Se cayeron esos regímenes. Y obviamente en Bolivia la derecha empujó, empujó mucho.

Sin embargo esto no nace de repente y sólo por fuerza de derechas. Las fuerzas en contra de Evo esperaron el momento más propicio, cuando saben que pueden activarse. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Evo perdió la base.

Momento 3. Lunes 11 y martes 12 de noviembre.

Raquel Gutiérrez trata de hilar algunas ideas en la vorágine de hechos, de datos, de información que fluye, de emociones. Escribe:

La cúpula del MAS que hoy renunció, dejó un país incendiado e hirviendo la caldera del odio. Ellos no sufrirán las consecuencias de lo que venga. Cómodamente podrán continuar contando su historia del “golpe-cívico”, negando su responsabilidad y regodeándose en su papel de víctimas, soñando que algún día volverán otra vez como redentores. Las consecuencias de lo que venga, las peleará y las sufrirá la población trabajadora y comunitaria de Bolivia; las sentirán en sus cuerpos las mujeres y las disidencias. 

Implosionó un régimen político que se nutrió hace años de una heterogénea y plural fuerza colectiva; energía creativa que después, el propio MAS desconoció y disciplinó subordinándola como clientela. Eso colapsó hoy. Los gobiernos se van, los pueblos quedan. Conviene no olvidarlo.

–Hace un par de días preguntaba si se trataba de un golpe

–Hay una coproducción de golpe. Nos tragó el triángulo (Víctima-verdugo-redentor). Lo que siento es que había una rebelión juvenil en expansión que estaba pensando a muchos sectores populares. Eso estaba pasando. Y cambian el escenario, ellos (gobierno) enfrentan una disyuntiva: no vamos a perder y preferimos ser mártires que perdedores. No hay capacidad de retroceder y entonces empezar esta gigante narrativa de la victimización. ¿Y quién está sufriendo? Es la población boliviana. Las tiendas están cerradas, esta empezando a dejar de haber comida, todo está alterado. Eso por un lado está súper bien porque saca del encierro doméstico la vida, pero por otro lado es lo que se siente inmediato como una amenaza.

La importancia de nombrar lo que vemos ¿Es golpe o es fraude? ¿Es golpe o no es golpe? Así parece estar encuadrada la discusión hasta esta hora en Bolivia. Es una discusión que está instalada, sobre todo, hacia afuera de Bolivia, para que se organice el alineamiento regional en una u otra posición. Lo importante es que se instale la idea de que lo que vemos es un golpe y que no haya manera de salir de ahí. Morales y Camacho, en esto, son simétricos, ambos han producido eso que llaman “golpe”.

Sin embargo, en Bolivia, cada vez con más angustia vemos que esa manera de nombrar no sirve para instalar aquello por lo que luchamos. Discutir desde ahí no sirve hoy, porque sólo incrementa la polarización binaria que cancela la posibilidad de autonomía política y simbólica.  Quienes no estamos dispuestas a quedar situadas atrás de uno u otro de los bandos en conflicto creciente, tratamos de rastrear hechos elocuentes y de significarlos con cabeza propia.

Raquel propone analizar la salida de Evo Morales y su gobierno desde una perspectiva feminista. Ensaya nombrar lo que sucedió como “abandono de funciones”, como una técnica. “La policía abandonó sus funciones cuando se amotinó y el gobierno abandonó sus funciones cuando renunció”.

“Morales y sus colegas se autoelogiaron en cadena nacional, se despidieron y se fueron. Sin ninguna autocrítica, sin una sola palabra sobre su responsabilidad en la configuración de la tremenda situación política, sin tomar ninguna acción en el traspaso del mando político en Bolivia, asunto que hasta hoy continúa indefinido”. El abandono, concordante con la “irresponsabilidad paterna”. Y mientras, las mujeres, las comunidades, “a sostener la vida”.

–Vimos a la distancia el Parlamento de las mujeres. Que diversas y juntas celebraban “no hay transporte, la Cámara de Diputados no ha podido sesionar, pero nosotras estamos aquí, llenando un cine” para compartir la palabra. 

La palabra entre diversos, plural, diversa, crítica y dolida, es lo único que puede salvarnos de la guerra civil y de la continuación del extractivismo, la impunidad y la violencia.

Nota: este texto se elaboró a partir de los escritos que Raquel Gutiérrez publicados en Zur, de una entrevista realizada el domingo 11 a las 9 de la noche; además de apuntes personales que Raquel Gutiérrez compartió con Pie de Página.

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