ATTAC España https://www.attac.es Justicia económica global Tue, 24 Apr 2018 05:00:50 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.7.1 Cobrar una pensión decente no es principio ‘inspirador’ sino un derecho a ejercer https://www.attac.es/2018/04/24/cobrar-una-pension-decente-no-es-principio-inspirador-sino-un-derecho-a-ejercer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cobrar-una-pension-decente-no-es-principio-inspirador-sino-un-derecho-a-ejercer https://www.attac.es/2018/04/24/cobrar-una-pension-decente-no-es-principio-inspirador-sino-un-derecho-a-ejercer/#comments Tue, 24 Apr 2018 05:00:50 +0000 https://www.attac.es/?p=49182 Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

El fin de semana de 14 y 15 de abril, miles y miles de pensionistas salieron de nuevo a la calle en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el Reino de España para exigir pensiones dignas. Tercera vez en poco tiempo que los pensionistas toman las ciudades para exponer alto y claro sus reivindicaciones que se resumen en exigir pensiones dignas.

A pesar de esa claridad en su reivindicación, Rajoy ha tenido la desfachatez de responderles, que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Sin embargo, sí hay recursos para salvar de la quiebra autopistas que no hacían falta (las radiales de Madrid o la de Madrid-aeropuerto de Barajas). O para salvar bancos.

Hay recuperación económica según las macrocifras, pero no es verdadera, pues no permite subir las pensiones ni actualizarlas según el coste real de vida. Solo son beneficios para la minoría por la contra-reforma laboral del Partido Popular que no ha logrado reducir el paro a niveles europeas, ha disparado el trabajo precario, cronificado los bajos salarios y abierto a los jóvenes un horizonte sin futuro  con un 37% de paro.

La OCDE advierte a España

También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha referido a los pensionistas españoles. En un reciente informe alerta de que en España “será difícil garantizar una pensión decente“. En ese escenario, los fondos privados de pensiones están encantados con la reforma del sistema español de pensiones, perpetrada  por el gobierno Rajoy. Porque les ofrece un gran espacio de negocio para captar más y más asalariados que suscriban sus mal llamadas pensiones privadas. Por eso Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (Instituciones de Inversión Colectiva), declaró que, con la previsible bajada de las nuevas pensiones en los próximos años, las públicas “deberían complementarse con un sistema de capitalización“. En román paladino significa que pretenden crear grandes fondos de inversión para especular en los mercados financieros. Fondos alimentados con las aportaciones mensuales de millones de asalariados, claro.

Como en Reino Unido y Holanda, por ejemplo, Inverco espera una oleada de suscripciones a sus sistemas privados de pensiones, por la empobrecedora rebaja de las pensiones públicas.

Pensiones ‘privadas’, especulación y crisis financieras

El problema es que el dinero de esos planes de pensiones es para especular. Pero la especulación financiera es muy suya. Solo recordemos que desde 1873 ha habido varias crisis financieras internacionales de desagradables consecuencias para mucha gente.

Hubo crisis ese año en las bolsas de Viena y Nueva York, crisis que provocó una profunda recesión internacional. En 1890 la hubo en Argentina y Uruguay y la crisis de 1907 afectó a EEUU, Canadá y México. La más conocida de 1929 estalló por el colapso de la bolsa de Nueva York y provocó la Gran Depresión que empobreció a más de medio mundo y estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1982, hubo una crisis atroz por las deudas externas de América Latina. Y en 1989 y 1990 hubo crisis financiera en Japón más las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En 2001 hubo en EEUU la crisis financiera de las empresas puntocom, por la euforia especuladora con las empresas del naciente mundo de Internet.

La crisis de 2008 es la actual y más conocida porque estalló en los mercados financieros de Nueva York y Londres en otoño de 2008 y luego siguió la recesión mundial. Aún colea y el origen de la crisis estuvo en la monumental estafa de venta de bonos-basura que ocultaban préstamos hipotecarios incobrables que envenenaron el sector financiero, reduciendo los balances bancarios a casi nada.

Fiar la futura pensión privada complementaria del jubilado a la especulación financiera es verdaderamente arriesgado. Es lo que tiene frecuentar malas compañías y especular en mercados financieros, que te arriesgas a perder hasta el aliento.

Pensiones ‘privadas’ como complemento, negocio para fondos de inversión

Pero reconozcamos que Inverco no quiere que desaparezcan las pensiones públicas. Deben existir, asegura su presidente, y defiende combinar las pensiones públicas con las aportaciones de fondos privados. Lo que no dice es que esos fondos y bancos implicados presionan para que las pensiones públicas se rebajen más y más y los asalariados crean que han de suscribir planes privados de pensiones. Así harán negocio los fondos de inversión, tras los que están los grandes bancos.

Desde el sector de fondos privados de pensiones dan por hecho que la reforma de las pensiones de 2013, perpetrada por el Gobierno Rajoy, hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Según el Banco de España, habrá una caída muy significativa de la tasa de sustitución de 20 puntos porcentuales en 2060. Esa tasa es el porcentaje de la pensión de jubilación a cobrar respecto al último sueldo de la etapa laboral. Calculen. En unas décadas, las pensiones serán una quinta parte más bajas que las actuales. Si hoy cobras 1000, cobrarás 800. El mundo al revés. Las pensiones bajarán en vez de aumentar, pero la vida y los precios no dejarán de subir.

Desde el Banco de España explican que esa rebaja de pesniones será por aplicar el índice de revalorización del gobierno del PP. Invento para que las subidas anuales de pensiones sean siempre las mínimas: ese miserable 0,25%. Será así porque la Seguridad Social siempre estará en déficit, pues así lo han preparado Rajoy y su gobierno. Por ejemplo, apuntando como pérdida de la Seguridad Social los millones pedidos al gobierno para abonar la última pensión extraordinaria de diciembre, cuando podía haber sido solo una transferencia interna y no constar como déficit.

También se rebajarán las pensiones por el ‘factor de sostenibilidad’, segundo invento de Rajoy. Un moderno pillaje (en vigor desde el año que viene para los pensionistas que se jubilen en 2019) que incorpora la esperanza de vida al cálculo de la pensión, aunque no han dicho nada de como será. La embaucadora propuesta es que, como vivimos más años, el dinero de las pensiones se rebaja para atender esos años de más. Como si fuera un dinero fijo, intocable e inamovible. Y no es así. El dinero para pensiones debe ser el que se presupueste sin cálculos raros. Ese ‘factor de sostenibilidad’ pretende que, si vives más años, cobras menos pensión y, si no te gusta, muérete. De hecho, hubo un alto cargo del gobierno de Japón que pidió a los jubilados de su país que se hicieran el hara-kiri para contribuir al equilibrio presupuestario. Y no es un chiste.

El truco de la esperanza de vida

Incorporar la esperanza de vida (cada vez mayor en países desarrollados) para calcular las pensiones es perverso y falaz. Porque la esperanza de vida es un futurible inexacto e impreciso, más la falsedad manifiesta de que el dinero para pensiones se da a entender que es de un volumen limitado. ¿Por qué ha de serlo? Hablamos de derechos y la pensión es un derecho humano. Pero les da igual y el Banco de España ya ha profetizado que las pensiones públicas solo serán posibles… si se recortan. Lo que supondría una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas… hasta que la mayoría caiga en riesgo de pobreza y exclusión social.

Lo cierto y justo es que hay que dar puerta al sistema actual por el que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. Ya no sirve en tiempo de inseguridad económica. Lo que ha de imperar en las pensiones públicas es que recibir una pensión decente es un derecho indiscutible sin necesidad de recurrir a complementos de fondos privados.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, denuncia desde hace años el disparate económico de hablar de insostenibilidad de las pensiones, porque, aunque hoy se financien con las cotizaciones de los trabajadores, no tiene porque ser así. Hay estados (Dinamarca o Suecia), donde las pensiones se financian con impuestos. Como otras partidas del presupuesto.

Para financiar las pensiones (y todos los derechos sociales necesarios) sobran los inventos tramposos de sostenibilidad. La solución es una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es decir, Justicia Fiscal. Y no marear la perdiz con la insosteniblidad de las pensiones públicas, falacia nada sutil en beneficio de los fondos de inversión, la banca en general y otros negocios capitalistas dignos de toda sospecha.

Cobrar una pensión decente es un derecho a respetar a rajatabla. No es un principio ‘inspirador’, sino un derecho a concretar endinero suficiente. Cobrar una pensión ha de ser un derecho tangible, intrínsecamente relacionado con el derecho esencial que hace posibles todos los demás: el derecho a la vida del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, si no se dispone de medios materiales que garanticen la existencia (alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, calefacción en invierno), el derecho a la vida es una burla. Y una pensión digna asegura los medios materiales y garantiza, por tanto,  el derecho a la vida.

¡Por razones!

 

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BEPS o cómo las multinacionales llevan sus beneficios a paraísos fiscales https://www.attac.es/2018/04/23/beps-o-como-las-multinacionales-llevan-sus-beneficios-a-paraisos-fiscales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=beps-o-como-las-multinacionales-llevan-sus-beneficios-a-paraisos-fiscales https://www.attac.es/2018/04/23/beps-o-como-las-multinacionales-llevan-sus-beneficios-a-paraisos-fiscales/#comments Mon, 23 Apr 2018 05:06:55 +0000 https://www.attac.es/?p=49170

Yago ÁlvarezEl Salto

Paraísos Fiscales Offshore_2

Un móvil por el que Apple paga el 99% de su precio de mercado a su filial irlandesa, una tienda Zara que paga un 5% de su facturación por el uso de la marca a una sede holandesa o el dinero que se paga por unas zapatillas Nike viajando a las Bermudas para luego volver a Holanda son algunos de los ejemplos más cotidianos y comunes de los Base Erosions and Profit Shifting (BEPS), erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Este tipo de prácticas es uno de los principales métodos de elusión y evasión de impuestos ahora en el punto de mira de la lucha contra la evasión fiscal. Pero que, viendo los resultados, los Estados siguen perdiendo.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los BEPS son propiciados por “la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales, con el fin de hacer ‘desaparecer’ beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta sobre sociedades”. Pero lo cierto que lo que la OCDE llama “lagunas”, son estrategias planificadas y bien conocidas por los ministerios de Hacienda de los países donde ven que la factura fiscal de esas multinacionales se reduce notablemente.

Las consecuencias provocadas por estas prácticas de elusión y evasión fiscal son difíciles de calcular, pero todos los análisis coinciden en que el uso de BEPS es una de las principales causas de evasión. Para Carlos Cruzado, del Sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), el efecto sobre la merma de ingresos en España es evidente, como en el resto de Europa y del mundo: “El bajo tipo efectivo sobre el resultado contable de los grupos consolidados, 7,3% es el último dato publicado por la AEAT, es una mínima muestra”.

Cómo acaba tu dinero en un paraíso fiscal

El mecanismo es muy sencillo. Los entramados fiscales y societarios que componen los grandes grupos empresariales dotan a cada filial de independencia frente a sus empresas hermanas en otros países. Pero estas filiales pueden comerciar, prestarse dinero, asegurarse o realizar servicios entre ellas. Con total control sobre lo precios, tarifas o tipos de interés que se cobran entre filiales, los grandes grupos pueden trasladar los beneficios de una de las filiales, erosionando la base imponible del impuesto de sociedades (IS) en ese país, a otra sede en un país donde la factura fiscal sea mucho menor o nula.

Son muchos los ejemplos de nuestra vida diaria donde el dinero que gastamos en una compra puede acabar en un paraíso fiscal o un territorio con ventajas fiscales para las grandes empresas. Como ya se ha publicado anteriormente en El Salto, todos los derechos de las marcas de Inditex pertenecen a una filial holandesa. Las tiendas de Zara, Pull&Bear o Bershka del conocido grupo de Amancio Ortega pagan un canon por usar la marca a esta sede en los países bajos. ¿El motivo? Holanda ofrece una desgravación fiscal a los ingresos por derechos de marca o royalties que provengan de otros países. De esa manera, empresas como Inditex, Ikea o McDonald’s, desvían sus ingresos desde los países donde realmente producen sus beneficios con sus ventas, erosionando la base imponible del IS, a un país donde esos beneficios pagan una factura fiscal prácticamente nula. La empresa textil también utiliza una filial irlandesa para prestar dinero y asegurar a otras filiales del grupo y una sede en Suiza para comprar a los proveedores en países en desarrollo y vender a las filiales dueñas de las tiendas en otros países, manejando los márgenes para trasladar esos beneficios a las filiales que soportan una menor carga fiscal en paraísos fiscales.

Cuando compras un móvil u otro dispositivo de Apple, tú dinero también puede acabar en Irlanda. La conocida empresa de la manzana ha recibido una de las mayores sanciones impuestas a una compañía por las ventajas fiscales que recibe por parte de ese país. La técnica de Apple, conocida como “precios de transferencia”, es tan simple como pagar por los productos un precio inflado a la sede irlandesa, Apple Sales International, provocando pérdidas o beneficios muy reducidos en los países donde se vende el producto para trasladar esos beneficios a Irlanda, donde en 2014 el tipo impositivo real que pagó esta filial fue del 0,005% gracias a los tax ruling, acuerdos firmados de manera bilateral entre empresa y país.

Plan de Acción anti-BEPS de la OCDE

En 2014, la OCDE publicó el Plan de Acción contra los BEPS a petición de los ministros de Hacienda del G20. Para Miguel Alba, del departamento de Justicia Fiscal de Oxfam Intermon, “el plan de la OCDE empezó de una manera muy ambiciosa, pero finalmente ha quedado un poco descafeinado”. Un plan que debería proporcionar a los países instrumentos nacionales e internacionales que alineen mejor la potestad impositiva con las actividades económicas, así como para luchar de manera conjunta contra este tipo de prácticas. Este plan era el resultado de un primer diagnóstico, publicado en julio de 2013, que concluía que los principales problemas que había que afrontar relativos a las BEPS y que también fue respaldado por el G20.

Según declara a El Salto Verónica Grondona, asesora en temas de justicia tributaria para el grupo parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), el Plan de Acción anti-BEPS de la OCDE tiene algunos puntos muy positivos, como el informe country by country (país por país). Este informe pretende que los grandes conglomerados tengan que hacer público sus beneficios en todos los países donde operan y de los cuales obtienen beneficios, aunque, según Grondona, fue diseñado de una manera bastante deficiente “entre otras cosas por no ser público”, por lo tanto, lamenta, “la realidad es que los países en los que existen filiales de una gran empresa no tienen acceso a la información de la matriz o de las otras empresas del grupo en otros países”. Algo en lo que coincide Alba y añade que “el sistema country by country de la OCDE solo pretende contemplar a las empresas de gran tamaño, pero deja fuera a muchas de ellas que también realizan estas prácticas”.

“Los países desarrollados son los que dictan las normas y los países no desarrollados, que son los que más sufren ese tipo de prácticas, no forman parte del proceso”, Miguel Alba de Oxfam Intermon

Tanto Alba como Grondona coinciden en que las medidas para atajar estas prácticas deben de ser inclusivas y negociadas por todos los países en igualdad de condiciones. “El plan de acción está creando un marco que supuestamente es inclusivo, pero han invitado a países que no son del a OCDE ni del G20 a sumarse al Foro Global de la OCDE para implementar unas normas en cuya decisión no han participado”, a lo que Alba añade que “los países desarrollados son los que dictan las normas y los países no desarrollados, que son los que más sufren ese tipo de prácticas, no forman parte del proceso”. Las Naciones Unidas podría ser el organismo donde se discutan y tomen esas políticas de lucha contra la evasión y elusión, según Grodona, pero “para ello es necesario financiar su departamento impositivo”.

Los precios de transferencia, la técnica utilizada por Apple y muchas otras empresas para realizar operaciones entre empresas del mismo grupo, ha sido considerado uno de los problemas fundamentales por la OCDE, pero “lo dejaron sin resolver”, lamenta Alba. Para la asesora del GUE/NGL, para acabar con esta práctica “es necesario cambiar el criterio bajo el cual se valoran y se analizan las operaciones intragrupo, y el valor que se le asigna a los contratos entre filiales, los cuales hoy son considerados por encima de la realidad económica que representan”.

Economía digital como herramienta para los BEPS

Pero sin duda otro de los grandes retos de la lucha contra los BEPS es la economía digital y la manera de hacer tributar a una empresa que puede tener sus servidores en una isla del Caribe, su sede en un paraíso fiscal, pero vende sus servicios a un cliente en el Estado español. El 21 de marzo, la Comisión Europea propuso la aplicación de un nuevo impuesto a las empresas de la economía digital que podría variar entre el 1 y el 5% de su facturación, aunque la CE ha aconsejado que sea del 3%.

Según la CE, se considerará que una plataforma digital tiene una “presencia digital” gravable o un establecimiento permanente virtual en un Estado miembro si supera el umbral de siete millones de euros de ingresos anuales en un Estado miembro, tiene más de 100.000 usuarios en un Estado miembro durante un ejercicio fiscal o en un ejercicio fiscal se generan más de 3.000 contratos de servicios digitales entre la sociedad y los usuarios. Un avance que podría recaudar impuestos a Google, Amazon o Microsoft, pero que no eliminaría las prácticas BEPS ni la elusión de impuestos mientras siga siendo rentable evadir y, viendo el tipo impositivo real que paga Apple en Irlanda, no parece que gravar sus ingresos con un 3% vaya a ser una barrera sólida a esas prácticas.

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El NO A LA GUERRA en el horizonte o la recuperación del capitalismo https://www.attac.es/2018/04/22/el-no-a-la-guerra-en-el-horizonte-o-la-recuperacion-del-capitalismo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-no-a-la-guerra-en-el-horizonte-o-la-recuperacion-del-capitalismo https://www.attac.es/2018/04/22/el-no-a-la-guerra-en-el-horizonte-o-la-recuperacion-del-capitalismo/#comments Sun, 22 Apr 2018 05:01:26 +0000 https://www.attac.es/?p=49178 Carlos Martínez - Consejo Científico de ATTAC España

La inmediatez de la cosa política en el Reino de España, debido a la mezcla del fracaso al que nos conduce la nueva política espectáculo, la corrupción del régimen de la corona, los recortes y la austeridad Troika impuesta, nos hacen vivir un día a día tan frenético como carente de análisis y por tanto de perspectivas. Pero sobre todo nos aparta la mirada del mundo y nos hace perder sentido internacionalista, lo cual para y desde la izquierda es muy grave y sobre todo estéril.

Desde que la crisis capitalista se reprodujo con más intensidad en 2001-2008 se señaló por parte de Wallerstein y de economistas muy prestigiosos así como Ignacio Ramonet… Que una de las formas de superar la crisis capitalista, nada novedosa es la guerra. Si el ejemplo paradigmático de crisis capitalista contemporánea es la de 1929, no es menos su superación es decir, la II Guerra Mundial.

2008 nos trae desde hace unos pocos años la aparición de una nueva guerra mundial solo que esta ocasión en pequeños o medianos conflictos y se combate siempre en frentes remotos en países pobres o alejados de occidente o pequeñas guerras larvadas aunque más cercanas. Ucrania, Libia, Siria, otros estados de Oriente próximo como Yemen, Irak… pueden ser ejemplo de varios conflictos localizados pero muy peligrosos, a los que se une la constante tensión. Al objeto de que los imperios del mundo, el que encabeza los EE.UU con la UE como fuerza auxiliar, más Israel, Arabia Saudita o Turquía y de otra parte Rusia post-soviética y sus aliados o amigos como China entre otros se disputen el dominio mundial y los mercados mundiales.

Conflictos limitados pero que consumen armas, municiones o justifican el incremento de los arsenales de guerra y la construcción continua de armas muy sofisticadas así como la aparición de todo tipo de ejércitos privados y compañías de mercenarios que son empresas transnacionales que evitan que los hijos de las clases altas y medias del Norte mueran en las guerras y por tanto el mundo asuma la escalada bélica como si eso no fuera con ellos. Es la vuelta a la guerra medieval, con condotieros privados y mercenarios de los estados, pero con fusiles de asalto con visores nocturnos, misiles muy sofisticados y todo tipo de medios aéreos de destrucción masiva que no deben ser tan inteligentes pues al final tan solo acaban asesinando a civiles sin posibilidad de nada, como no sea huir, eso si no se les impide.

Estamos ante una operación de reposicionamiento mundial y control del comercio y la energía así como de acumulación capitalista por medio de la guerra. Con una globalización, más que en crisis, resurgen con fuerza capitalismos nacionalistas que se disputan las rutas. Ha regresado la política de las cañoneras, solo que ahora son fragatas o portaviones con misiles.

Frente a esto y el último incidente Sirio, pocas voces se han levantado pidiendo la paz con energía y desmarcándose del negocio. Corbyn y su laborismo de izquierda, han sido de las pocas voces que desde los parlamentos de Europa han pedido paz y denunciado el uso de las bombas, así como señalado la doble vara de medir ante Arabia Saudita que también utiliza armas químicas en Yemen y son sus palabras textuales.

Es curioso cómo se condena el terrorismo yihadista cuando atenta en Londres o Paris y luego en Siria se apoya al ISIS ya sea directa o indirectamente o muy directamente a milicias vinculadas a Al Quaeda. No es que sean hipócritas, no, lo hacen sin disimulo. Sería bueno para el capitalismo y poder occidental saber por ejemplo que piensan los cristianos sirios de su conflicto nacional.

El NO A LA GUERRA debe resurgir y lo debe hacer porque es otra excusa más para tenernos entretenidos, de paso atemorizadas y atemorizados, pero siempre calladas, callados y sobre todo penetrados y cooptados por su cultura neoliberal.

Corbyn debe jugar un papel en este tablero que es internacional. Al menos es el demócrata con más solidez y posición favorable que puede encabezar este movimiento.

Luchar por la paz hoy, también es luchar contra la austeridad Troika/Unión Europea. Es pedir pensiones dignas en lugar de misiles, hospitales en lugar de bombarderos y enseñanza pública en lugar de mercenarios. Por ejemplo, en los presupuestos generales del estado tan aberrantes que los talibanes del PP que nos dominan tratan de imponer, el incremento de los gastos en defensa es muy alto, pero es que camuflan gastos en otras partidas, como por ejemplo en ¡enseñanza! Que en realidad son gasto militar.

La lucha por la paz es imprescindible y todos los movimientos, partidos progresistas y sindicatos se deben implicar. Le pido a Corbyn que siga, condene y profundice su posición y como en el Reino de España esto se silencia o al menos se disimula, informamos y llamamos a la esperanza y la acción.

Politólogo, miembro del Partido Socialista Federal

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¿Qué comeremos en el futuro? https://www.attac.es/2018/04/21/que-comeremos-en-el-futuro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=que-comeremos-en-el-futuro https://www.attac.es/2018/04/21/que-comeremos-en-el-futuro/#comments Sat, 21 Apr 2018 05:00:11 +0000 https://www.attac.es/?p=49173 Esther Vivas – Consejo Científico de ATTAC España

¿Qué comeremos en el futuro? ¿Quién producirá los alimentos? ¿Cómo alimentar un planeta donde se calcula que, en el año 2050, habrá más de 10 mil millones de personas? La industria biotecnológica tiene la respuesta en la carne artificial y los alimentos transgénicos, pero ¿qué dicen aquellos que reivindican una alimentación local, ecológica y campesina?

La ciencia ficción desde hace años ha dado respuesta a estas preguntas. Tanto películas, cómics como novelas de este género han apuntado a que el día de mañana nos alimentaríamos a base de pastillas. La película Just imagine de David Butler, 1930, es un buen ejemplo: un hombre de los años 30 viaja a la sociedad del futuro y descubre como la alimentación ha quedado reducida a tomar una sola píldora. Si quieres un bistec y unas patatas, únicamente tienes que encargarlo a una máquina expendedora y te lo sirve al instante. Por suerte, no hemos llegado a este punto, si no sería mucho todo lo que nos perderíamos de sabores, olores y texturas, pero en parte no se iba tan desencaminado ya que los complementos alimenticios, comercializados en cápsulas, van en esta dirección.

De todos modos, la respuesta a qué comeremos de aquí a unos años radica en lo que pase a partir de ahora. Hoy hay dos modelos en conflicto que apuntan a dos futuros posibles: uno, el que defiende la industria agroalimentaria y biotecnológica, con una producción agraria intensiva, alimentos kilométricos y homogéneos, productos altamente procesados, tecnología transgénica, dejando en manos de unas pocas empresas qué y cómo se produce. Y, en oposición, la apuesta de movimientos de consumidores y campesinos en defensa de la soberanía alimentaria, que reivindican una agricultura y una alimentación local, ecológica y campesina. Dos modelos en colisión, donde actualmente el primero se impone sobre el segundo, al contar con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales.

Los retos

La pregunta a hacerse es: ¿este modelo de agricultura industrial que afirma poder alimentar la sociedad futura funciona? Si miramos los datos, parece que no, pues, como indicaba el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, se produce comida para 12.000 millones de personas a escala global pero, paradójicamente, uno de cada nueve individuos pasa hambre. Un hecho que muestra el fracaso del modelo agroalimentario dominante, donde uno de cada tres alimentos producidos en el mundo se desperdicia en su trayecto del campo al plato. Si este sistema es hoy incapaz de dar de comer satisfactoriamente a las personas, ¿cómo puede hacer frente a los ingentes retos alimentarios del mañana?

Para la industria biotecnológica, uno de los productos estrella del futuro será la carne artificial. Son varias las compañías que compiten para producir cuanto antes una hamburguesa, albóndiga o salchicha elaborada en un laboratorio, aislando células madre de vaca o cerdo y desarrollándolas en biorreactores. Otras empresas apuestan por producir masivamente insectos en granjas de larvas y gusanos. Pero, ¿necesitamos de todos esto? Quienes lo defienden aseguran que es la solución para acabar con el hambre.

Creo que el diagnóstico del que parten es erróneo. No nos hacen falta nuevos alimentos sintéticos ni aumentar exponencialmente la producción, lo que importa es hacer accesible a las personas la comida que ya existe, que los alimentos dejen de ser tratados como una mercancía y sean considerados un bien común. Seguir dando respuestas tecnológicas a problemas políticos ya vemos donde nos ha llevado, al fracaso más absoluto.

La alternativa

¿Cuál es la alternativa? Aquellos que defendemos la soberanía alimentaria lo tenemos claro: recuperar la comida de verdad, apostar por una agricultura de proximidad, en manos del campesinado, que beneficia la economía local, con un modelo de producción ecológico, que cuida la tierra y quienes la trabajan. Sus detractores afirman que así es imposible alimentar un planeta con miles de millones de personas, pero según varios estudios científicos y la propia FAO, la agricultura ecológica y de km0 puede garantizar mejor la alimentación de las personas que la agricultura industrial, eso sí: con una reducción del actual e insostenible consumo de carne a nivel mundial. Por cierto, con una carne de mala calidad, el maltrato sistemático de los animales y la precarización de los derechos de los trabajadores.

En definitiva, necesitamos una agricultura que ponga en el centro las necesidades de las personas y el cuidado del planeta, solo así en el futuro podremos comer todos y comer bien.

Publicado en El Periódico

esther vivas

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¿Pensionistas egoístas y demagogos? Respuesta a un demagogo https://www.attac.es/2018/04/20/pensionistas-egoistas-y-demagogos-respuesta-a-un-demagogo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pensionistas-egoistas-y-demagogos-respuesta-a-un-demagogo https://www.attac.es/2018/04/20/pensionistas-egoistas-y-demagogos-respuesta-a-un-demagogo/#comments Fri, 20 Apr 2018 09:10:00 +0000 https://www.attac.es/?p=49168 Vicenç Navarro – Consejo Científico de ATTAC España

La salida de los pensionistas a la calle en protesta por la bajada de la capacidad adquisitiva de sus pensiones ha creado una respuesta del establishment conservador-neoliberal, próximo al capital financiero, de clara hostilidad (expresada en los medios de información que controlan y/o influencian) hacia los pensionistas, acusándolos de todo. Un ejemplo fue un reciente programa sobre las pensiones en La Sexta Noche donde el economista del programa, el Sr. Gonzalo Bernardos (cuya mayor “aportación” había sido el negar en 2004 que habría una burbuja inmobiliaria de carácter especulativo, poco antes de que esta explotara), riñó a los dirigentes del movimiento de protesta de los pensionistas (presentes en el programa) criticándolos por desear más dinero público cuando ya tenían más que suficiente, mucho más –según él- que lo que tenían los pensionistas de los países de la Unión Europea. Lo que caracterizó aquel intercambio fue el tono pedante que el economista utilizó para ridiculizar a los pensionistas, dirigiéndose hacia ellos –gente normal y corriente– con un tono condescendiente y ofensivo. Los acusaba de ignorantes y de escasa sensibilidad hacia los demás, que estaban en una situación peor.

En un artículo ampliamente documentado, mostré que, en realidad, los pensionistas estaban mucho mejor informados sobre la situación de las pensiones que el “supuesto” experto. El conocimiento que la vida cotidiana da a los pensionistas, en muchas ocasiones, es mayor que el que adquieren profesionales que obtienen sus datos de instituciones próximas a los grupos financieros opuestos a las transferencias públicas del Estado –como las pensiones- (ver mi artículo “La falsedad de la supuesta ‘excesiva’ generosidad de las pensiones en España”, Público, 02.02.2018). Los datos objetivos y creíbles muestran que eran los pensionistas –y no el supuesto experto- los que llevaban razón. Como muestro en el artículo citado, las pensiones en España son bajas en relación con las existentes en los otros países de la UE-15.

Otro artículo ofensivo hacia los pensionistas

Otro ejemplo más reciente es el artículo de nada menos que de un catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Julio Carabaña, en el que, con el mismo tono beligerante, insulta a los pensionistas, llamándolos egoístas y demagogos (“Pensionistas, egoístas y demagogos”, publicado con toda visibilidad en lugar preferente en El País, 09.04.2018). Presenta a los pensionistas que han salido a la calle para protestar como “egoístas dirigidos por demagogos” que mienten, tergiversando la realidad, ocultando que en realidad “los pensionistas nunca han estado mejor que ahora”. Llamarlos egoístas se justifica, según el autor, porque este elevado bienestar se ha conseguido a costa de un mayor sacrificio de las personas que trabajan (y que contribuyen a la Seguridad Social), cuyo nivel de vida ha descendido.

En general, este tipo de artículos (que pertenecerían más a la órbita de La Razón, ABC o El Mundo que a lo que era antes El País) no merecen una contestación. Pero al ser firmado por un catedrático de Sociología, Julio Carabaña, que utiliza toda una serie de datos en un intento de añadir credibilidad a su mensaje, exige una respuesta. Lamento que no fuese consciente de la existencia de tal artículo hasta hace un par de días. Por lo visto ha sido ampliamente difundido por instrumentos próximos a la banca, a las compañías de seguros y a la gran patronal (que es decir, por un extenso número de medios del país).

En general los argumentos son parecidos a los que el economista del programa de La Sexta Noche utilizó en su intento de ridiculizar a los pensionistas, acusándolos también de oportunistas y de exagerados pues las pensiones son supergenerosas en España, mucho más que en otros países de nuestro entorno.

Las falacias y “fake news” sobre las pensiones

Veamos pues lo que el artículo de Carabaña dice. El artículo se inicia con la contundente frase “nunca los pensionistas han estado mejor que ahora”. De ahí que concluya en el artículo que no tienen razón en su queja, la cual está llenando las calles. Pero la falsedad de tal dictamen es muy fácil de demostrar. El poder adquisitivo de las pensiones contributivas ha bajado en los últimos años durante el mandato del gobierno de Rajoy. Desde 1997 a 2010 la capacidad adquisitiva de las pensiones (la diferencia entre la revalorización acumulada de las pensiones y la subida acumulada del IPC) aumentó. En otras palabras, las pensiones aumentaron más que la inflación. En cambio, a partir del 2012, con el gobierno Rajoy, tal capacidad adquisitiva disminuyó ya que las pensiones crecieron menos que la inflación. En lenguaje plano quiere decir que vivieron peor, no mejor, que en los años anteriores. ¿De dónde saca el Profesor Carabaña que los pensionistas viven mejor? Los datos muestran claramente que están cargados de razón para salir a la calle.

Pero no satisfecho en acusar a los pensionistas de “quejosos sin razón” (pues están viviendo mucho mejor, lo cual es fácil de mostrar, como acabo de hacerlo que no es cierto), los acusa también de egoístas pues en realidad la pobreza entre pensionistas (población con 65 años o más) ha ido bajando y bajando mientras que la pobreza entre la población de 16 a 64 años ha ido subiendo. Además de quejosos, los pensionistas son, pues, insensibles hacia la situación de los demás.

Pero ahí, de nuevo, el profesor Carabaña también confunde los datos y su interpretación. La tasa de pobreza relativa de Eurostat se calcula como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por lo tanto, esto quiere decir que aumenta y disminuye en función de lo que pase con la mediana de los ingresos. Al disminuir los ingresos generales de la población también disminuye la tasa de pobreza de Eurostat. Los jubilados han mantenido ingresos estables durante la crisis, y por eso salen mejor parados que el resto de los colectivos, pero esto solo es debido a que los demás se han empobrecido mucho más. Además, según el informe “La crisis económica y la solidaridad familiar de los mayores”, publicado por la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) en marzo de 2014, seis de cada diez personas mayores (59,5%) ayudan económicamente a familiares o amigos en los peores años de la crisis. Dicho porcentaje ha experimentado un incremento de 19,1 puntos con respecto a 2012 y de 44,4 con respecto a 2010. A su vez, ocho de cada diez mayores (81,5%) ayudan a los hijos e hijas. Siete de cada diez mayores (69,6%) proporcionan una ayuda que es imprescindible para que los beneficiarios que la reciben puedan vivir dignamente. Así pues, aunque han mantenido sus ingresos, los usan para ayudar a toda la familia, lo cual distorsiona el cálculo de la unidad de consumo, dando una visión sesgada y poco realista de la situación real de esos ingresos.

 Y ello lleva a la absurdidad de la acusación de ser egoístas asumiendo erróneamente que sus mejoras ocurren a costa del empeoramiento de la situación de los demás. Aunque es cierto que los pensionistas han resistido mejor a la pobreza respecto al resto de la población, esto no significa que sean egoístas por protestar porque haya gente aún en peor situación. ¿Qué pasa si los comparamos, en cambio, con los que mejor les ha ido durante la crisis? El último informe de Oxfam Intermón “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría?”, publicado a finales de 2017, señala que mientras el 10% más pobre ha visto disminuir un 17% su participación en la renta nacional durante la década de la Gran Recesión (años 2007 a 2016), el 10% más rico la ha visto incrementada en un 5%. Y el 1% más rico, en un 9%. A su vez, el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total del país (un 53,8%), más que el 90% restante, i el 1% de ricos entre los ricos posee la cuarta parte de la riqueza, casi el mismo porcentaje que el 70% de toda la población. Al mismo tiempo, en el último año contabilizado, de 2016 a 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada, mientras el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de ese crecimiento. En cambio, en España dos millones de pensionistas reciben entre 600 y 646 euros al mes (que son unas cifras menores que el salario mínimo interprofesional, fijado en 735,90 euros para 2018), y 4,5 millones menos de 1.000 euros al mes (ver Lo que debes saber para que no te roben la pensión escrito por Juan Torres y yo, Espasa 2013). ¿Son egoístas los pensionistas por protestar para que se redistribuya la riqueza, pidiendo nuevas formas de financiación de las pensiones tal como están exigiendo?

España se gasta menos, no más que la UE

En realidad, España se gasta en pensiones mucho menos de lo que debería gastarse por su estructura demográfica (que es muy semejante a la del promedio de la UE-15) y por su nivel de riqueza. Así, según Eurostat, la población con 65 años o más representa en España un 18,5% del total (el mismo porcentaje que en el promedio de la UE-15). Sin embargo, el gasto en pensiones de jubilación asciende en España a un 8% del PIB, el tercer gasto más bajo de los países de la UE-15, cuando el promedio de la UE-15 es del 9,5% del PIB. En el caso de países concretos, Austria, con el mismo porcentaje de población con 65 años o más (18,5%), se gasta un 3% más del PIB en pensiones de jubilación que España (un 11% contra un 8%).

Es más, la Comisión Europea, en su informe The 2015 Ageing Report, ha calculado que la tasa de reemplazo de las pensiones españolas podría caer al 48% en 2060, lo que hace evidente el proceso de deterioro en el que está entrando el sistema español de pensiones debido a las carencias actuales del mercado laboral y a la reforma de las pensiones de 2013. En resumen, lo que estamos viendo en España es la pérdida de un derecho colectivo constitucional. Es una cuestión de derechos y de modelo, no de cuantía relativa con respecto a la gente que lo está pasando peor.

 

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra
Publicado en Público.es

vnavarro.org

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Los tribunales lo condenan, la historia lo absolverá https://www.attac.es/2018/04/19/los-tribunales-lo-condenan-la-historia-lo-absolvera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-tribunales-lo-condenan-la-historia-lo-absolvera https://www.attac.es/2018/04/19/los-tribunales-lo-condenan-la-historia-lo-absolvera/#comments Thu, 19 Apr 2018 10:20:30 +0000 https://www.attac.es/?p=49159 Boaventura de Sousa Santos – Página/12

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El proceso Lula da Silva pone descaradamente de manifiesto que algo está podrido en el sistema judicial brasileño, evidenciando procedimientos y prácticas incompatibles con principios y garantías fundamentales de un Estado de derecho democrático, los cuales deben ser denunciados y democráticamente combatidos.

Totalitarismo y selectividad de la acción judicial.

El principio de independencia de los tribunales constituye uno de los principios básicos del constitucionalismo moderno como garantía del derecho de los ciudadanos a una justicia libre de presiones e interferencias tanto del poder político como de poderes fácticos, nacionales o internacionales. El refuerzo de las condiciones de ejecución de esos principios se da a través de modelos de gobierno del Poder Judicial con amplia autonomía administrativa y financiera. Sin embargo, en una sociedad democrática, ese refuerzo no puede deslizarse hacia un poder selectivo y totalitario, sin fiscalización y sin que exista un sistema de contrapesos. El proceso Lula da Silva evidencia un poder judicial en el que tal deslizamiento está en curso. He aquí dos ejemplos. Existe una clara disyunción entre el activismo judicial contra Lula da Silva –de forma rápida, eficaz e implacable en la acción (Sérgio Moro decretó la detención de Lula escasos minutos después de notificársele la decisión de desestimar el hábeas corpus, que aún era posible recurrir, y desde la denuncia a la ejecución de la pena transcurrieron menos de 2 años)– y la lentitud de la acción judicial contra Michel Temer y otros políticos de la derecha brasileña. Y no puede invocarse el argumento de que esa inacción fue bloqueada por maniobras del poder político porque no se conoce igual activismo del poder judicial en la denuncia de esas maniobras y en procurar superarlas.

El segundo ejemplo es la restricción totalitaria de derechos y libertades constitucionalmente consagrados. En un Estado democrático de derecho, los tribunales tienen que ser espacios de profundización de derechos. Lo que sucede en Brasil es precisamente lo contrario. La Constitución brasileña determina que nadie se considerará culpable si no es en virtud de una sentencia condenatoria firme, es decir, hasta que se agoten todas las posibilidades de recurso. La Constitución portuguesa tiene una norma similar. Y es inimaginable que el Tribunal Constitucional portugués determinara que una persona fuera encarcelada con su proceso de apelación en el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, esto es lo que la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño hizo: restringió derechos y libertades constitucionales al determinar que, aun no teniendo el caso sentenciado, Lula da Silva podía comenzar a cumplir pena. ¿Cuál es la legitimidad social y política del poder judicial para restringir derechos y libertades fundamentales constitucionalmente consagrados? ¿Cómo puede un ciudadano o una sociedad quedar a merced de un poder que dice tener razones legales que la propia ley desconoce? ¿Qué confianza puede merecer un sistema judicial que cede a presiones militares que amenazan con un golpe si la decisión no es la que prefieren, o a presiones extranjeras, como las que están documentadas de interferencia del Departamento de Justicia y del FBI de Estados Unidos en el sentido de agilizar la condena y ejecutar la pena de prisión de Lula?

Falta de garantías del proceso penal.

El debate mediático en torno a la prisión de Lula destaca el hecho de que el proceso fue apreciado y juzgado por un tribunal de segunda instancia que no solamente confirmó su condena, sino que además agravó la pena. Este agravamiento obligaría a una justificación adicional de culpabilidad. Desgraciadamente, la hegemonía ideológica de derecha que domina el espacio mediático no permite un debate jurídicamente serio al respecto. Si ello fuese posible, se comprendería cuán importante es cuestionar las pruebas materiales, las pruebas directas de los hechos en los que se asentó la acusación y la condena. Esas pruebas no existen en el proceso. La acusación y condena a 12 años de prisión de Lula da Silva se funda, sobre todo, en informaciones obtenidas mediante acuerdos de delación premiada y en presunciones. Además, las condiciones de recolección y validación de la prueba difícilmente pueden ser examinadas, dado que quien preside la investigación y valida las pruebas es quien juzga en primera instancia; al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal, donde el juez que interviene en la fase de investigación no puede juzgar el caso, permitiendo, así, un verdadero escrutinio de la prueba. El dominio del proceso por un juez en la fase de investigación y de juzgamiento le confiere un poder susceptible de manipulación y de instrumentalización política. Se comprende la magnitud del peligro para la sociedad y para el régimen político en caso de que este poder no se autocontrole.

Instrumentalización de la lucha contra la corrupción.

El debate sobre el Caso Lula protagonizado por un sector del órgano judicial polariza el combate contra la corrupción, colocando de un lado a los actores judiciales del proceso Lava Jato, atribuyéndoles el combate intransigente contra la corrupción, y del otro a todos aquellos que cuestionan los métodos de investigación, atropellos a los derechos y garantías constitucionales, deficiencias de la prueba, actitudes totalitarias de los tribunales, selectividad y politización de la justicia. Esa polarización es instrumental y busca ocultar justamente varios atropellos del órgano judicial, tanto cuando actúa como cuando se rehúsa a hacerlo.

El guion mediático de la demonización del PT es tan obsesivo cuanto grotesco. Consiste en la siguiente ecuación: corrupción=Lula=PT. Cuando se sabe que la corrupción es endémica, alcanza a todo el Congreso e incluso supuestamente al actual presidente de la República. El Estado de São Paulo del 7 de abril es paradigmático al respecto. Concluye el guion con la siguiente diatriba: “al igual que lo que sucedió con Al Capone, el célebre gánster americano que fue encarcelado no por sus innumerables actividades criminales, sino por evasión de impuestos, el caso del tríplex1, que provocó la orden de prisión contra Lula, está muy lejos de resumir el papel del expresidente en el petrolão2”. Esta narrativa omite lo fundamental: en el caso de Al Capone, los tribunales probaron de hecho la evasión de impuestos, en tanto que en el caso de Lula da Silva, los tribunales no probaron la adquisición del departamento. Por increíble que parezca, de la lectura de las sentencias se concluye que la supuesta prueba es mera presunción y convicción de los magistrados. Las campañas antipetismo hacen recordar las campañas antisemitismo de los tiempos del nazismo. En ambos casos, la prueba para condenar consiste en la evidente no necesidad de probar.

Los demócratas y muchos magistrados brasileños que con probidad cívica y profesional sirven en el sistema judicial sin servirse de él, tienen una tarea exigente hacia adelante. ¿Cómo salir con dignidad de este pantano de atropellos con fachada legal? ¿Qué reforma del sistema judicial se impone? ¿Cómo organizar a los magistrados dispuestos a levantar trincheras democráticas contra la viscosa propagación de un fascismo jurídico-político de nuevo tipo? ¿Cómo reformar la enseñanza del derecho a fin de que las perversidades jurídicas no se transformen, por su recurrencia, en normalidades jurídicas? ¿Cómo deben autodisciplinarse internamente las magistraturas para que los sepultureros de la democracia dejen de tener empleo en el sistema judicial? La tarea es exigente, pero contará con la solidaridad activa de todos aquellos que en todo el mundo tenemos los ojos puestos en Brasil y nos sentimos involucrados en la misma lucha por la credibilidad del sistema judicial como factor de democratización de las sociedades.

 

1 Según el caso conocido como “tríplex de Guarujá”, Lula supuestamente aceptó que la constructora OAS le reformase un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá, en la costa de San Pablo, a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. No hay ninguna evidencia al respecto, pues Lula nunca fue dueño ni residió en el departamento (nota de traducción).

2 Petrolão es el nombre con el que se conoce un esquema de corrupción y desvío de fondos que ocurrió en Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña (nota de traducción).

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

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Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos https://www.attac.es/2018/04/18/urge-recuperar-en-espana-una-democracia-sin-rebajas-ni-autoritarismos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=urge-recuperar-en-espana-una-democracia-sin-rebajas-ni-autoritarismos https://www.attac.es/2018/04/18/urge-recuperar-en-espana-una-democracia-sin-rebajas-ni-autoritarismos/#comments Wed, 18 Apr 2018 05:00:22 +0000 https://www.attac.es/?p=49153 Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna esperanza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.

¡Por razones!

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Sobre el papel del ICO y en defensa de la banca pública https://www.attac.es/2018/04/17/sobre-el-papel-del-ico-y-en-defensa-de-la-banca-publica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sobre-el-papel-del-ico-y-en-defensa-de-la-banca-publica https://www.attac.es/2018/04/17/sobre-el-papel-del-ico-y-en-defensa-de-la-banca-publica/#comments Tue, 17 Apr 2018 05:00:02 +0000 https://www.attac.es/?p=49151 José Santos Pulido Mancebo – ATTAC Madrid

El pasado 28 de marzo el diario digital El Confidencial publicó un artículo del economista Juan Ramón Rallo sobre la elevada proporción de acreditados morosos y dudosos a 31 de diciembre del 2016 en los préstamos concedidos en 2010 y 2011 por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una situación conocida por el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre la actividad del ICO.

Ese hecho ha servido de excusa al profesor Rallo para demonizar al sector de Cajas de Ahorro, además de elucubrar sobre las nefastas consecuencias para el Estado de haber una Banca Pública, cargando de paso contra el partido Podemos que apoya ese proyecto.

No cabe entrar en una discusión con el señor Rallo sobre las teorías económicas que sustentan o reniegan de un sector financiero público, pero sí cabe rebatir las inexactas afirmaciones del artículo citado y el tendencioso titular: 83% de morosidad: así sería la banca pública, que en modo alguno corresponde a los datos reales.

Es indiscutible que en 2011 comenzó una profunda crisis del sistema financiero español que aún colea. No voy a entrar en su origen, pero es cierto que esa crisis afectó a todas las entidades de crédito en mayor o menor medida, aunque no todas hayan recibido ayudas significativas del Estado por tal motivo.

También asumo que la solución del Gobierno, con el conocimiento del Banco de España, apoyando a algunas entidades y las medidas aplicadas estarían debidamente sustentadas técnicamente. Y considero que, al margen de este artículo, esa solución era mejor que dejarlas caer para liquidarlas, porque el Estado hubiera tenido que devolver los depósitos garantizados por los Fondos correspondientes.

Pero no estoy de acuerdo en que se llegara a situaciones de crisis porque las entidades involucradas fueran las Cajas de Ahorros, ni que, según dice Rallo, las Cajas fueran el “tramo público del sistema financiero”, un nuevo concepto creado. Otro dato que apunta Rallo sobre la maldad de las Cajas de Ahorro es que el 70% de su cartera crediticia estaba ligada al sector inmobiliario frente a un 50% de los bancos. Pero eso ha sido así tradicionalmente y las Cajas han sido más activas que los bancos en ese ámbito.

Pretender que las Cajas son banca pública no se ajusta a la verdad y nunca ha sido así, pues estaban definidas como fundaciones privadas, aunque alguna en el pasado gozara de la garantía de ente público. Tampoco les confiere a las Cajas de Ahorros carácter público la intervención de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en la designación de algunos miembros de sus Órganos de Gobierno, pues otras entidades (Iglesia, sindicatos e impositores) también designaban sus representantes en los órganos directivos.

Además, una vez designados los miembros concretos de los Órganos de Gobierno, recae en esas personas la responsabilidad de la gestión de la entidad. Así se ha puesto de manifiesto en los procedimientos judiciales que afectan a miembros de algunas entidades financieras, pues en ellos se ha investigado (y en algún caso se ha condenado) a los miembros de los Órganos y no a los partidos políticos que propusieron su nombramiento: se juzga a Rodrigo Rato y no a Mariano Rajoy, por ejemplo. Por tanto, cabe concluir que la crisis de las Cajas de Ahorros ha sido por las actuaciones de personas concretas, por acción u omisión, y no por la personalidad jurídica de las Cajas. Entre esos responsables también estarían los miembros de la Alta Dirección de las Cajas y no solo sus Órganos colegiados.

Además, si hubiera sido determinante ser una Caja de Ahorros para entrar en crisis también hubieran caído La Caixa, Unicaja, Ibercaja y las tres Cajas vascas. Pero no ha ocurrido, han salido reforzadas y han aumentado su tamaño. Además de que las antiguas Cajas, salvo dos pequeñas, han acabado como bancos privados. Las personas aficionadas a las conspiraciones pensarán que, con decenas de miles de millones de euros por medio, se ha logrado lo que algunos siempre han querido en el sector financiero: la desaparición de las Cajas de Ahorros de las finanzas españolas.

También quiero recordar que en junio de 2017 el Banco Popular fue intervenido por el FROB e inmediatamente vendido al Banco de Santander por un euro. Por ahora esa operación no ha costado nada a las arcas del Estado, pero ya se verá qué sucede cuando arranque el aluvión de demandas judiciales de antiguos accionistas y bonistas del Banco Popular en España y otros países.

Veamos ahora el papel del ICO, que Juan Ramón Rallo utiliza como ariete contra la banca pública. En primer lugar, cabe señalar que el ICO, definido como Agencia Financiera del Estado, actúa como banco de inversión bajo la supervisión del Banco de España, según las directrices del Gobierno. Pero el ICO no capta fondos entre el público en general ni dispone de medios para operaciones de activo a acreditados corrientes. Lo que implica su absoluta dependencia de las entidades de crédito privadas para desarrollar su tarea crediticia.

El informe del Tribunal de Cuentas sobre el ICO se ciñe a los saldos de los préstamos en vigor a 31 de diciembre de 2016; lo que los acreditados deben en esa fecha descontados los importes devueltos. Este matiz es importante al analizar qué se pretende, pues la cifra de morosidad que se cita más adelante puede ser muy superior a la real de la línea.

No obstante, a partir de los datos del informe, se puede avanzar que de los 34.237 millones de euros de los préstamos en vigor del ICO a 31 de diciembre del 2016, solo 749,9 millones corresponden a operaciones efectivamente aprobadas por este, es decir el 2,2%. Ahora, y después de un farragoso camino por las páginas de informe, se puede llegar al resultado de que, de esos 749,9 millones de euros, el saldo contable de la línea ICO Directo es 54,4 millones. Cifra a la que se llega partiendo de 211,5 millones de saldo vivo más ajustes; esta última cifra es la que se utiliza como denominador para calcular la ratio de impagados y fallidos del 83% citada en el artículo.

Pues bien, Rallo coge el rábano por las hojas cuando afirma que la excesiva morosidad presentada en la línea ICO Directo (que además es insignificante tanto en el organismo como en el sistema financiero español en su conjunto) supone que todas las operaciones concedidas por cualquier entidad financiera pública llevarían el mismo camino. Es tan absurdo que basta simplemente con recordar la ejecutoria del Banco Hipotecario de España sin ir más lejos. Lo más adecuado sería preguntarse cómo se ha llegado a esa anómala situación, para demandar responsabilidades o para evitarla en un futuro.

En el sentido de lo expuesto más arriba hay que entender que la decisión de crear esa línea le vino impuesta al ICO por el Gobierno, y se hizo ante la sensación de que las entidades de crédito privadas abandonaban apresuradamente la financiación de PYMES y autónomos. La causa más plausible de esa elevada morosidad es que la calidad crediticia de casi la totalidad de las solicitudes era pésima y no deberían haber sido atendidas, y esos errores se explicarían por la falta de experiencia de los empleados del ICO.  Sin embargo, resulta que, como han publicado los medios, el ICO contrató exempleados de banca como analistas para revisar las solicitudes.

Ante la carencia de medios para atender las instrucciones recibidas, el ICO en 2010 contrató la comercialización de ese producto con dos grandes bancos (BBVA y Santander, según los medios). Eso significa que fueron esos bancos los que presentaron a los candidatos de la línea ICO Directo.

En las alegaciones del ICO al informe se menciona que sus analistas rechazaban el 87% de las solicitudes que revisaban, lo que significa que se aceptaba aproximadamente una de cada diez. Si a posteriori hubo incidencias en la mayoría de las concedidas, huelga decir cómo serían las rechazadas. Sin entrar en como BBVA y Santander hicieron la selección previa de los candidatos presentados al ICO, lo inconcebible es que en ese tipo de operaciones hubiera esa falta de calidad crediticia en esos bancos, y ahí lo dejo.

Siempre hay que sacar partido a cualquier circunstancia, y ello me hace pensar que el error del Gobierno al plantear la línea ICO Directo fue creer que el ICO sería capaz de llevar a cabo el plan. Pero de haber habido una banca pública de proximidad, hubiera sido el vehículo ideal para la inyección urgente de fondos en la economía real, ante una situación desesperada.

Plataforma por una Banca Pública

Publicado en nueva tribuna

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Porqué el socialismo es republicano https://www.attac.es/2018/04/16/porque-el-socialismo-es-republicano/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=porque-el-socialismo-es-republicano https://www.attac.es/2018/04/16/porque-el-socialismo-es-republicano/#comments Mon, 16 Apr 2018 05:00:20 +0000 https://www.attac.es/?p=49147 Carlos Martínez García – Consejo Científico de ATTAC España

 

El día 10 de Abril se presentó en Granada un colectivo de socialistas republicanos y republicanas (Asociación socialismo y república). Es una iniciativa de debate  ideas en el seno de una izquierda fraccionada y despistada. Es un proyecto asociativo de intervención política desde el encuentro y el análisis, que no un nuevo partido.

Socialismo y República son dos conceptos que no pueden ir por separado, no deben hacerlo, pues un ideal que aspira a la igualdad total y el reparto de la riqueza, no puede sostener a nada que no haga a todas las mujeres y hombres iguales ante la ley y una monarquía no cumple tal finalidad pues deja la jefatura del estado en manos de una familia concreta y por razón de nacimiento que no de libre elección democrática a otro u otra igual.

No estuvo nunca en mente de los iniciadores del socialismo el sacralizar las monarquías. Sus principios fundacionales estaban muy condicionados por una clase obrera sin derechos y sin pan. Sus condiciones de lucha eran muy duras, pero en todas las revoluciones democráticas finales del siglo XIX y del XX las fuerzas socialistas aparecen siempre en ellas apoyando ideas republicanas de democracia total y plena y sustentando el republicanismo.

En el estado español, la cuestión republicana sigue latente. Una familia distante, envarada y sin conexión real con las gentes y sus preocupaciones sigue en el poder gracias al marketing, la publicidad más descarada y el apoyo del establishment que no por méritos propios, incluida su llegada al trono de la mano de un sanguinario dictador.

La crisis del estado español, muy profunda, exige medidas ya y una de ellas es poner sobre el tapete una constitución no mediatizada por el poder heredado. La monarquía esta pues en el debate.

Por otro lado las ideas democráticas de ciudadanas y ciudadanos libres e iguales son republicanas.

 

Politólogo, de la plataforma socialista pro PSF

Publicado en Nueva Tribuna

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España debe aprobar este año una nueva lista de Paraísos Fiscales https://www.attac.es/2018/04/15/espana-debe-aprobar-este-ano-una-nueva-lista-de-paraisos-fiscales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=espana-debe-aprobar-este-ano-una-nueva-lista-de-paraisos-fiscales https://www.attac.es/2018/04/15/espana-debe-aprobar-este-ano-una-nueva-lista-de-paraisos-fiscales/#comments Sun, 15 Apr 2018 05:00:42 +0000 https://www.attac.es/?p=49133 Plataforma por la Justicia Fiscal

La Plataforma por la Justicia Fiscal urge a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en un acto en el Congreso de los Diputados a elaborar una nueva lista de paraísos fiscales que sustituya a la actual de 1991.

En el acto han participadolos portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda del Congreso Ana Madrazo (PP), Patricia Blanquer (PSOE) y Francisco de la Torre (Ciudadanos), junto con Eduardo Gutiérrez (Portavoz adjunto Podemos CAM). Para abordar la perspectiva europea de lucha contra los paraísos fiscales han intervenido los eurodiputados Ramón Jáuregui (PSOE) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds).

Madrid, 13 de abril de 2018- La necesidad de poner en marcha cuanto antes la Subcomisión parlamentaria que proponga medidas para luchar contra el fraude y la elusión fiscal, así como actualizar lo antes posible la lista española de paraísos fiscales han sido algunos de los compromisos adquiridos hoy en el Congreso de los Diputados por las distintas fuerzas políticas durante la jornada “Lista Española de paraísos fiscales: Un Parlamento Responsable” organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Necesitamos mayor voluntad política para poner en marcha listas negras con criterios objetivos, que incluyan también sanciones, y una mayor transparencia financiera para que las multinacionales tributen en los países en los que operan” señalaba Susana Ruíz, portavoz de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Francisco de la Torre (Ciudadanos) insistía en la necesidad de incluir en la lista negra a los Estados que no cooperan con la Administración Tributaria española, mientras Ana Madrazo (PP) abogaba por la importancia del intercambio de información. Desde la oposición, Patricia Blanquer (PSOE) subrayaba la urgencia de poner en marcha la Subcomisión parlamentaria que su partido ha impulsado e insistía en que la lucha contra el fraude está estancada; Eduardo Gutiérrez (Podemos CAM) exigía incrementar la dotación presupuestaria de la Agencia Tributaria para hacer frente al fraude de las grandes fortunas.

Desde la perspectiva europea tanto Ramón Jauregui (PSOE) y Ernest Urtasun (Iniciativa per CatalunyaVerds) han reconocido avances en la lucha contra la evasión fiscal pero queda aún mucho por hacer. “Los europeos somos pocos. Estados Unidos ha impulsado iniciativas fiscales que pueden resultar injustas para muchos países en esta materia, por lo que se hace muy necesaria una gran Convención en el marco de Naciones Unidas, el G20 y la OCDE para construir una lucha global contra los paraísos fiscales” señalaba Jauregui. Por su parte, Urtasun insiste en que “deben desbloquearse aún muchos temas en el Consejo y es prioritario fijar una base común imponible del impuesto de sociedades”.

Más información:

Carlos Cruzado 686 71 08 15 y Susana Ruiz 663 78 76 32 (Portavoces de la Plataforma por la Justicia Fiscal)

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