Vicenç Navarro

FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) es una fundación próxima a la Banca en cuyo patronato están representantes de: Banco Sabadell, Caja Madrid, Banco Español de Crédito, Banco Santander, Corporación Financiera Alba, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Banco de España, Bolsa de Madrid y Banco de Andalucía. Tal fundación ha publicado periódicamente informes que han cuestionado la viabilidad del sistema público de pensiones, enfatizando la necesidad de hacer cambios que en realidad significarían una reducción de las pensiones públicas en España.

Este último informe está firmado por cien economistas de los cuales la gran mayoría no son expertos en temas de Seguridad Social. En este artículo se analiza críticamente cada una de las posturas enunciadas en tal informe, mostrando los errores que aparecen en sus páginas.

Introducción

El informe se presenta como neutro y objetivo, basado en lo que se define como los estudios sobre la Seguridad Social disponible en España, lo cual no es cierto. En sus apéndices y referencias hay una clara selección de autores, excluyendo investigadores (de gran prestigio nacional e internacional) e informes (de gran credibilidad) que han cuestionado cada una de sus tesis. Los trabajos de Camila Arza, una de las expertas en temas de Seguridad Social más conocidas en España, y Adolfo Jiménez, ex Secretario General de la Seguridad Social (1986-1996), y una de las autoridades más respetadas en estos temas, no son citados y sus estudios que cuestionan sus conclusiones son sistemáticamente excluidos de su informe. Lo mismo ocurre en cuanto a autores internacionales, como Joseph Stiglitz, Dean Baker y otros que tampoco son citados y cuyos estudios son también excluidos en el informe. La selección ideológica en la evidencia que presentan es un indicador del carácter ideológico del informe.

Los errores del informe

La inviabilidad del sistema de pensiones se presenta en el manifiesto de los cien economistas como resultado de la evolución demográfica. Señalan por ejemplo que “pasaremos de las más de 4 personas en edad de trabajar por pensionista actuales a 1,75 personas en edad de trabajar por pensionista en el 2049”, sin explicar porqué esto es –según ellos- un problema. Parecen no percibir que, resultado del crecimiento de la productividad, 1.75 personas pueden producir dentro de 40 años lo mismo que ahora producen 4 personas. En realidad hace 40 años lo que hace ahora una persona requería, en aquel entonces, de siete personas. En esta misma línea indican que “La Comisión Europea estimaba en octubre de 2009 que el gasto en pensiones en España subirá hasta el 15,1% del PIB en 2060, lo que supone un incremento del 80% respecto de la cifra de 2007 (8.4%)”, presentando este dato como muestra que este elevado porcentaje es inasumible por la economía española. De nuevo, ignoran el impacto del crecimiento de la productividad. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor en 2060 que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.

Otros errores

Otro error que se realiza en el informe es que toma como válidas las cifras que provee la OCDE sobre la tasa de reemplazo de las pensiones, indicando que las pensiones representan el 88% de los salarios, definiéndola como una de las más altas de los países miembros de esta organización. Como Camila Arza (“El sistema español de pensiones en el contexto europeo: estructura institucional, reformas e impactos sociales”.La Situación Social en España, volumen III. Ed. Biblioteca Nueva. 2009) y muchos otros expertos han indicado tal cifra está deliberadamente hinchada y no se corresponde con la realidad. En realidad esta cifra se basa en una vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la vida real laboral promedio en España es de 35 años. Por otra parte el cálculo de la pensión no se hace sobre los salarios sino sobre la base de cotización salarial, una cifra menor que el salario. El nivel de cotización del salario es una cifra distinta a la del salario. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables a la UE-15. No es pues el 88% de los salarios sino de la base de cotización, que es una cifra mucho menor. Por otra parte, las pensiones se incrementan según el índice de inflación, a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas, pero no a base del promedio del incremento salarial como ocurre en otros países. Como los salarios crecen más rápidamente que la inflación, resulta que los pensionistas ven deteriorado su nivel de vida en relación con la población activa, hecho que el informe ignora o desconoce.

Por otra parte el informe también ignora el hecho de que los salarios en España son muy bajos, lo cual por cierto, no se debe, en general, a la baja productividad (ver el artículo mío “Los salarios en España”.Público, 04.03.10), sino a la correlación de fuerzas dentro del mercado de trabajo español. Esta situación explica que las pensiones sean también muy bajas. Lo define muy bien Camila Arza en su citado capítulo del cual cito directamente: “Al basarse en niveles salariales relativamente menores que gran parte de los países europeos, el sistema de pensiones español genera beneficios más bajos: las tasas de reemplazo reflejan la capacidad de sustitución del salario que tiene el sistema, pero no su capacidad comparativa de compra. Esto explica la divergencia entre la generosidad del sistema en términos de la tasa de reemplazo teóricas y el nivel comparativamente bajo de gasto per cápita en paridades de poder de compra, como se observó más arriba. Altas tasas de reemplazo en un país con salarios más bajos produce pensiones más bajas.”

En realidad, el porcentaje de gasto en pensiones de jubilación en España sobre el PIB es de los más bajos de la UE-15 (España 8.4%, UE-15 10.2% del PIB) y ello a pesar de que la población anciana como porcentaje de la población total es superior en España que en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más y no menos. En cambio el gasto público en pensiones de jubilación por anciano es más bajo que el promedio de la UE-15 y mucho más bajo que algunos países de la UE-15, tales como Italia 13.531 upc, Suecia 13.190 upc, Dinamarca 12.846 upc, (unidades de poder de compra, upc, es decir, euros estandarizados). El gasto público en pensiones por anciano en España significa sólo el 65% del salario medio, que en España es uno de los más bajos (en la UE-15 es el 68%).

Entre las causas que explican este bajo gasto público en pensiones de jubilación está la reducida pensión de los pensionistas así como el porcentaje elevado de ancianos que no reciben ninguna pensión pública de la Seguridad Social (el 20% de la población anciana en España comparada con sólo el 9% de la población anciana en la UE-15). Estos datos explican la gran pobreza entre los ancianos en España, de nuevo citando a Camila Arza: “En ausencia de ingresos laborales o de capital de alguna importancia, el riesgo de pobreza tiende a aumentar cuando los beneficios del sistema de pensiones son demasiado bajos o la cobertura es limitada. En España, la expansión de los beneficios sociales y el crecimiento económico durante el período de la reconstrucción democrática supuso una reducción del riesgo de pobreza en la vejez. Entre 1980 y 1995, los beneficios aumentaron y el riesgo de pobreza relativa entre los mayores de 60 años se redujo (Boldrin y Jiménez-Martín, 2006). Esta mejora en las condiciones de vida de los jubilados durante las décadas pasadas ha acortado notablemente la brecha con el resto de los países de Europa. A partir de 1995, sin embargo, los beneficios relativos al salario comienzan a caer y el riesgo de pobreza vuelve a aumentar. Un estudio basado en datos del Luxembourg Income Study ha revelado que entre 1995 y 2000 la pobreza relativa en la vejez aumentó 5,9 puntos porcentuales (Munzi y Smeeding, 2006). En 2000 España era uno de los países europeos con la pobreza relativa más alta para la población mayor, que alcanzó el 23,3% (tabla 12). Esto es probablemente el resultado de la falta de ajuste de las pensiones a la evolución del salario en un contexto de crecimiento económico.” Todos estos datos son ignorados en el informe FEDEA.

Otras observaciones

En realidad, la evidencia existente más creíble que la presentada en este informe muestra que el sistema público de pensiones no tiene un problema de viabilidad. Ni que decir tiene que algunos cambios deberían hacerse, sobre todo, para mejorar la equidad dentro del sistema. Pero no es cierto que haya un problema de sostenibilidad en la Seguridad Social de España. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el incremento de la productividad, aumentará el nivel de riqueza del país de una manera sustancial proveyendo suficientes recursos para los pensionistas y no pensionistas, como hemos indicado en este informe. Es más, la popularidad de las pensiones públicas (en todos los grupos etarios de la población) explica que la sociedad siempre encontrará recursos para financiar las pensiones públicas, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales. Es sorprendente leer en el informe de FEDEA que se excluye como posible intervención para mejorar las pensiones el aumento de las cotizaciones sociales o los impuestos generales, posibilidades que se excluyen porque “tal aumento tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión”. Países con elevada carga fiscal, sin embargo, tienen tasas de desempleo muy bajas. Los países escandinavos, de tradición socialdemócrata, son un ejemplo de ello. Este argumento es insostenible a la luz de la enorme evidencia que muestra que no hay relación entre lo primero y lo segundo. Es una declaración meramente ideológica que carece de credibilidad científica.

Por último, el informe recomienda que se cree una Comisión para hacer propuestas para resolver la supuesta inviabilidad de las pensiones, fuera del alcance del Pacto de Toledo, que diluiría la participación de los representantes de la población española en el proceso de reflexión y decisión del mayor programa público que afecta a la mayoría de la población. Ni que decir tiene que otras medidas que son más importantes para mantener la sostenibilidad de la Seguridad Social, como son la redistribución de la renta y el incremento de la masa salarial como porcentaje del PIB, son totalmente ignoradas en el informe. Tal como ha escrito Christian Weller en “The future of public pensions on the OECD”, publicado en el Cambrigde Journal of Economics, (2004), una de las causas que ha creado un problema económico en la Seguridad Social es precisamente la polarización de las rentas en los países de la OCDE, con disminución de las rentas del trabajo a costa del incremento de las rentas de capital. Puesto que la mayoría de los fondos a la Seguridad Social proceden de las rentas del trabajo, la disminución de este tipo de rentas ha afectado a los ingresos a la Seguridad Social. De ahí que medidas redistributivas incrementando las rentas del trabajo juegan un papel clave para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Pero estas medidas quedan totalmente fuera del marco liberal que siempre favorece las rentas de capital sobre las rentas del trabajo. Me permito sugerir al lector que lea la sección Pensiones en mi web (www.vnavarro.org).

Artículo publicado en Sistema Digital.

Carlos Berzosa

El espectacular crecimiento de la economía China, registrado fundamentalmente desde finales de los setenta del siglo pasado, ha llamado la atención de numerosos analistas que han tratado de desvelar las causas de su éxito. El fuerte crecimiento económico ha venido acompañado de una creciente penetración de sus productos en los diferentes mercados internacionales. La crisis económica que padecemos afectó también a China, pero, sin embargo, ha conseguido rehacerse en poco tiempo y ha vuelto a obtener importantes registros en las tasas de crecimiento. Los grandes excedentes que obtiene de la balanza de pagos con superávit están sirviendo para financiar el elevado déficit de algunos países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos.

El fuerte crecimiento económico ha mejorado el nivel de vida de parte de la población, al tiempo que ha disminuido el umbral de pobreza. Se han producido importantes movimientos migratorios desde las zonas rurales hacia las urbanas, en las que existe un gran dinamismo industrial y del sector servicios. Sin embargo, en estas áreas urbanas la población, que tiene ante sí mayores oportunidades, se hacina en viviendas insalubres y padece privaciones de servicios de todo tipo. Aparece frente a cierta opulencia en las grandes ciudades una nueva exclusión social y marginación que afecta a capas importantes de la población.

De forma que al lado de los grandes logros coexisten grandes carencias. Las desigualdades han crecido. A su vez, los costes sociales y ecológicos de este modelo de crecimiento son excesivamente elevados. El crecimiento predomina sobre la preservación del medio ambiente. Los trabajadores tienen unas largas jornadas de trabajo y bajos salarios. Los lugares de trabajo son en muchos casos malsanos y los empleados se encuentran sometidos a elevados riesgos laborales.

Gran parte de los economistas convencionales occidentales, con la superficialidad que les caracteriza, miran a China con cierto ensimismamiento, al tiempo que nos cantan las excelencias acerca de los logros conseguidos por las tasas de crecimiento, las exportaciones y la capacidad de financiación internacional que está demostrando. Se observa a este nuevo país emergente con una cierta admiración como consecuencia de su arrollador dinamismo y la fuerza y vitalidad de la que goza. Apenas hacen mención a esos costes sociales y humanos sobre los que se está asentando ese crecimiento. En todo caso, se admiten como unos costes necesarios a pagar para alcanzar el desarrollo económico, en la idea de que para avanzar en el camino del progreso hace falta sangre, sudor y lágrimas. Más adelante se recogerán sus frutos

Las cosas, no obstante, son más complejas. La situación de la desigualdad he llegado a tal extremo que el Gobierno es consciente del peligro que supone todo ello para la estabilidad social y política. En el discurso de apertura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional que se inició el viernes 5 de marzo en Pekín, Wen Jiabao, primer ministro, dijo que había que hacer frente a esa gran desigualdad que se está generando. En suma, lo que viene a corroborar es el compromiso que adquirieron los nuevos dirigentes chinos, encabezados por el presidente Hu Jintao y él mismo, cuando llegaron al poder en el XVI Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en octubre de 2002. Ese compromiso consistía en proclamar la defensa de los más pobres y desfavorecidos. Hace siete años ya de esto y no parece que se haya producido ese giro social que se anunció y que demanda una sociedad china, que, aunque no pueda expresarse libremente, sí lo hace ver de cuando en cuando con movilizaciones y manifestaciones, o con ideas expresadas por miembros del partido o intelectuales.

Pues sí, pues aunque se sepa poco de ello, y aunque parezca mentira, en China se produce un intenso debate entre profesores de universidad e intelectuales sobre las reformas llevadas a cabo y sobre qué camino seguir en la economía, la política y la sociedad. Sabemos de ello por un libro realmente interesante de Mark Leonard “¿Qué piensa China?” (Icaria, 2008), en el que se exponen precisamente esas diferentes posiciones. Lo que más llama la atención es que casi todos ellos han estudiado en importantes universidades del Reino Unido y de Estados Unidos, y ahora son profesores en universidades chinas.

En economía destaca a dos que representan corrientes diferentes. Es el caso de Zhang Weiying, defensor de la progresiva liberalización, y a ultranza del mercado. Es uno de los principales miembros de la nueva derecha. Sus teorías han sido el soporte fundamental para llevar a cabo las reformas con las que se ha potenciado el mercado, la privatización y la desregulación. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford bajo la supervisión del premio Nobel de economía de 1996, James Mirrlees. El otro es Wang Hui, uno de los principales miembros de la nueva izquierda, representada por un grupo de académicos que sin cuestionar el mercado reclama al gobierno que preste más atención a la desigualdad y a la contaminación medioambiental. Este economista fue a la Universidad de Harvard, tras lo cual pasó un periodo en la Universidad de California en los Ángeles.

A juzgar por la evolución de los acontecimientos las teorías de Zhang triunfaron desde 1978 hasta el año 2002. A partir de entonces, como consecuencia de los desaguisados sociales dejados por el liberalismo, empiezan a tenerse más en cuenta las propuestas de Wang-Hui.

Estos planteamientos se reflejan en las declaraciones de los nuevos dirigentes y en el intento de combinar el crecimiento económico con la cohesión social, tal como han manifestado en la Asamblea Popular. Lo que pasa en China y lo que pueda suceder es fundamental para comprender a la economía mundial y la política internacional. Nos encontramos ante un país emergente que se ha convertido en una gran potencia económica, y que tiene cada vez más peso en el escenario internacional. Por eso es por lo que debemos estar muy atentos a los cambios que se puedan producir en el interior de este país, pues todo ello tendrá considerables repercusiones en el contexto global. Confío en que se impongan las proposiciones de la nueva izquierda, en los hechos y no sólo en las ideas, para que el crecimiento redunde en beneficio del pueblo chino, y no solamente en unos pocos dirigentes y líderes económicos. Pero también es básico para avanzar hacia una sociedad democrática con estabilidad económica y social.

Artículo publicado en Sistema Digital.

Carlos Taibo

En los últimos meses no han sido pocas las voces que, conocedoras de lo que se cuece en la Unión Europea, han expresado su recelo ante un argumento mil veces repetido: el que llama la atención sobre las presuntas bondades del Tratado de Lisboa en lo que se refiere a acrecentar la agilidad y la eficacia de unas instituciones hasta hoy más bien mortecinas. Para muchas de las voces que nos ocupan, y por decirlo rápido, el tratado ha llegado demasiado tarde en un escenario en el que han surgido de por medio nuevos y acuciantes problemas.

Lo cierto es que las semanas transcurridas desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no han aportado savia nueva a una Unión Europea que sigue tan cabizbaja como antes. Basta con echar una ojeada a los nombramientos de las dos figuras –Herman van Rompuy y Catherine Ashton– que encabezan la UE en estas horas para percatarse de que poco hay que huela a un renovado impulso que rescate a la Unión de su crisis. Aunque hay quien aducirá, con respetable razón, que la ausencia de figuras de primer orden en Bruselas bien puede ser una buena noticia –nos alejará, sin ir más lejos, de políticas marcadas por irrefrenables designios personales–, el problema de fondo parece, en realidad, otro: la Unión Europea de estas horas no tiene resuello para encarar ninguno de los grandes retos que debe afrontar, algo que convierte en anécdota los nombres de quienes encabecen unas u otras instituciones.

El primero de esos retos inabordables lo configura un inquietante alejamiento entre políticos y tecnócratas, por un lado, y ciudadanos de a pie, por el otro. Sobran las razones para aducir al respecto que se ha acabado un idilio de años. Las trampas vinculadas con la ratificación del viejo tratado constitucional y con el propio Tratado de Lisboa han dejado una huella imperecedera a la que se suma una circunstancia más: el chalaneo permanente al que se entregan desde hace tiempo liberales, conservadores y socialistas ha cancelado en los hechos muchos de los elementos de vivacidad que, al calor de la competición y la oposición, dan aire a tantos sistemas políticos.

No es más halagüeño el registro de la Unión, cada vez más inmersa en la consolidación de una Europa fortaleza, en lo que hace al encaramiento de la crisis económica. Si en los 20 últimos años los poderes públicos han perdido dramáticamente capacidades de acción, los problemas que acosan a Grecia o a España a duras penas aciertan a ocultar que en el propio núcleo duro de la Unión faltan las respuestas convincentes mientras, y con lo que ha llovido, la desregulación, adobada con los mitos de la competitividad y del crecimiento, sigue impregnándolo casi todo. A estas alturas, y en paralelo, sólo los más ingenuos creen que la UE, esa audaz compradora de cuotas de contaminación que los países pobres no están en condiciones de agotar, se halla comprometida en una lucha sin cuartel contra el cambio climático. Qué no decir, en fin, de una política exterior que, alicaída, sigue arrastrando una dócil sumisión al dictado norteamericano. Quédenos el consuelo de certificar, eso sí, que –con los mimbres presentes– no hay ningún motivo para afirmar que una diplomacia fuerte del lado de la UE dibujaría un mundo más justo y solidario…

Juan Francisco Martín Seco

Ante las presiones de las fuerzas económicas y mediáticas, el Gobierno español ha situado como objetivo número uno de su política económica el control del déficit público, centrando su estrategia en la reducción del gasto, estrategia que choca frontalmente con los planes de estímulo a la actividad adoptados el pasado año. No deja de resultar llamativo, sin embargo, que nadie se fije en la evolución de los ingresos, cuando es la baja recaudación, en mayor medida que el incremento del gasto, la que se encuentra en el origen del enorme desequilibrio alcanzado por las finanzas públicas.

Los impuestos forman parte de lo que se denomina estabilizadores automáticos y, por lo tanto, el ingreso desciende según se reduce la actividad. Es por eso por lo que la mejor forma de luchar contra el déficit público consiste en reactivar la economía y será difícil que este desaparezca mientras permanezca la crisis.

No obstante, la recaudación en el ejercicio 2009 se ha reducido en una cuantía muy superior a la que cabría esperar. El consumo ha disminuido alrededor del 5,5%, mientras que los ingresos por IVA –que deberían haberse minorado en un porcentaje similar o, como mucho, en algún punto más si se diese una elasticidad superior a la unidad– lo han hecho casi en un 40%, tasa difícil de explicar.

La recaudación neta en 2009 no ha llegado siquiera a la tercera parte de la prevista y en los dos últimos años el descenso ha sido cercano al 50%. No hay reducción del consumo que pueda justificarlo.

La única razón posible se encuentra en un incremento generalizado del fraude, fraude tanto más censurable cuanto que significa una apropiación indebida por parte de las empresas del gravamen que previamente han cobrado a los consumidores. Parece ser que las empresas con dificultades, debidas generalmente a restricciones financieras, intentan solucionar sus problemas de tesorería, o mantener sus beneficios, dejando de pagar los impuestos, lo que, por lo visto, no es demasiado difícil dado el progresivo deterioro que en términos de objetivo político se ha producido en la lucha contra el fraude y la laxitud introducida por las últimas reformas de la Ley General Tributaria.

Algo similar ocurre, aunque quizás no de forma tan escandalosa, con los impuestos directos: el enorme descenso en su recaudación sólo en una pequeña parte puede ser explicado por la reducción de la renta nacional.

Tales hechos deberían ser motivo de reflexión para el Gobierno. En primer lugar, para reconsiderar la subida del tipo del IVA; tendría que preguntarse si los mayores recursos que se conseguirán a costa de los consumidores van a ir al Tesoro Público o a engrosar las arcas de los empresarios. En segundo lugar, para ser consciente de que la presión por reducir el gasto público es una trampa trazada por aquellos que están en contra de los bienes y servicios públicos, pero que no sirve para equilibrar las finanzas públicas. Si quieren conseguir este objetivo, deberían centrar su atención en los ingresos y en la reforma del sistema financiero, ya que este último está ahogando la recuperación de la economía.

Artículo publicado en Público.

Joaquim Sempere

Se dice que la presión fiscal sobre las grandes fortunas no puede incrementarse para no desincentivar la iniciativa inversora y porque los capitales huirían a otros países con fiscalidades menos fuertes. Se repite con la misma insistencia que la acumulación de capital es una condición previa para la actividad económica y el bienestar general.

Estos estereotipos forman parte de las convicciones más sólidas de quienes toman las grandes decisiones económicas y políticas, y acaban calando en la conciencia pública. Pero son una trampa.

Veamos lo ocurrido con los impuestos a los ricos en el país más liberal e individualista de Occidente: Estados Unidos. En años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la presión fiscal para la franja más elevada de ingresos pasó del 25% al 63% en 1932, como medio para combatir la Gran Depresión. Desde entonces hasta 1981, es decir, durante medio siglo, se mantuvo sin interrupción por encima del 63% –alcanzando picos del 94% en 1944-1945, como contribución al esfuerzo de guerra– y entre el 82% y el 91% durante los 20 años que van desde el final de la guerra hasta 1963. Luego no cesó de disminuir, hasta alcanzar el 35% el año 2009.

Aquella larga experiencia de cinco decenios muestra que una clase capitalista, incluso tan poderosa como la de Estados Unidos, puede acomodarse a una presión fiscal muy alta, y que esta elevada fiscalidad es compatible con un alto crecimiento económico. Los 50 años en que la presión fiscal estadounidense estuvo por encima –o muy por encima– del 50% para la franja más rica fueron años de máxima prosperidad del país.

La recaudación de impuestos en Estados Unidos hubiera podido servir para mejorar las prestaciones y los servicios públicos en beneficio de los más pobres si el presupuesto de guerra no se hubiera llevado la parte del león. Pero lo que aquí nos interesa es comprobar que durante 50 largos años la clase capitalista de la primera potencia del mundo aceptó una presión fiscal que ahora muchos pretenden que es totalmente prohibitiva e insensata.

El tipo máximo del impuesto sobre la renta en España se situó en el 43% en 2008 y el de sociedades en el 30% (en ambos casos cinco puntos por debajo de los tipos máximos vigentes en 2000), y no se contempla la posibilidad de un aumento substancial de esos tipos máximos, los que pagan los más ricos.

El otro estereotipo es que las diferencias de presión fiscal fomentan la fuga de capitales de los países con mayor presión a los de menor. Pero esto ocurre desde que se eliminó el control de cambios y se implantó una libertad irrestricta de circulación de los capitales. Limítese o elimínese esta libertad y desaparecerá la amenaza de fuga de capitales. Esto no es una fantasía: es también algo que ocurrió ya en épocas pasadas, y no tan remotas. Basta volver la mirada a los años anteriores a la contrarrevolución neoliberal. Algún día hay que atreverse a reimplantar marcos institucionales que lo hagan posible.

El tercer mito es que hace falta dejar que los capitales puedan acumular beneficios sin límite para que la actividad económica funcione y todos salgamos ganando. Así se justifica la libertad que se concede a los capitales para desinvertir y deslocalizar –al precio de la desindustrialización de regiones enteras y de la condena de miles de trabajadores al paro– en aras de la sagrada libertad del capital para acumular, cuando lo que ocurre es que en el mundo sobra liquidez. La sobreacumulación es justamente la culpable de que se especule con cualquier cosa –con las monedas, con la deuda externa de países enteros, con la vivienda, con el petróleo, con los alimentos, etc.– buscando rentabilidades desorbitadas que no se consiguen en la economía productiva. Vivimos en un sistema enfermo que lo sacrifica todo a una acumulación de dinero no sólo innecesaria, sino perjudicial.

Los tres mitos forman parte de un mismo paquete, que habría que abordar con medidas combinadas como fuertes gravámenes fiscales sobre las grandes fortunas y la armonización impositiva en la Unión Europea; límites estrictos a la circulación de capitales; la erradicación de los paraísos fiscales; y armonización al alza de los derechos laborales y sociales en la UE. El dinero que va a las clases populares genera una demanda de bienes y servicios que es la base de una economía sana, mientras que el que va al bolsillo de los más ricos alimenta el potencial de especulación de estos. (Algunos sectores populares sólo se dejan engatusar por los fondos de inversión y de pensiones cuando se les amenaza con la quiebra de la Seguridad Social, como se ha hecho tramposamente en España en los últimos 15 años).

El establishment hace gestos demagógicos para la galería, como la petición al FMI por parte del Consejo Europeo (11-12-2009) de una tasa Tobin para reducir las transacciones financieras especulativas y para recaudar dinero. O promesas incumplidas de que se erradicarán los paraísos fiscales. Pero son gestos que dan la razón a quienes piensan que medidas de este tipo son las que convienen, y que no es verdad que no se pueda hacer más de lo que se hace. Las subidas de impuestos, por su parte, empezaban a figurar en la agenda europea ya en el verano pasado, favorecidas por países como Suecia y Finlandia, con una larga tradición de elevada presión fiscal y a la vez de prosperidad y buenos servicios públicos.

En nuestro país, el debate sobre las pensiones y sobre la viabilidad del Estado del bienestar no puede ni debe dejar estos temas al margen. Centrar el asunto en torno a la reforma del mercado de trabajo o la prolongación de la edad de jubilación es una nueva agresión contra derechos de los trabajadores por parte de la oligarquía internacional del dinero y sus secuaces.

Vicenç Navarro

Existe una percepción generalizada en muchos círculos financieros, políticos e incluso mediáticos del país –promovida por pensadores liberales– de que las pensiones públicas de jubilación son demasiado generosas. Así, hemos visto, hace unos días, un documento firmado por cien economistas (muchos de ellos, los mismos que firmaron recientemente otro documento proponiendo que se facilitaran los despidos de los trabajadores) pidiendo que, con el fin de salvar el supuestamente inviable sistema de jubilaciones público, se redujeron tales pensiones públicas, consideradas excesivas. Señalaban como prueba de tal exuberancia que los pensionistas, en el momento de su jubilación, reciben en España una pensión que es equivalente al 88% de los salarios, uno de los porcentajes mayores de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel económico al español.

Tal mensaje –que, como era previsible, gozó de gran visibilidad en los medios– suele estar promovido por la banca, que ha estado cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el momento en que se establecieron, promoviendo el mensaje de que tal sistema de pensiones público es inviable y/o insuficiente. No por casualidad, el documento está patrocinado por una fundación, FEDEA, financiada primordialmente por la banca, deseosa de que se reduzcan las pensiones públicas para aumentar las privadas.

El problema de tal percepción (de que las pensiones públicas de jubilación son excesivas) es que es profundamente erróneo. Y, además, es fácil demostrarlo. Veamos los datos. Los extraigo del capítulo El sistema español de pensiones en el contexto europeo escrito por una de las investigadoras que más han trabajado en el tema de pensiones a nivel europeo, la profesora Camila Arza, del Programa de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), publicado en el informe La situación social en España, del Observatorio Social de España (colgado en la web www.observatoriosocial.org).

España se gastó en 2005 en tales pensiones públicas de jubilación sólo el 6,9% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, cuyo gasto promedio en tal tipo de pensiones públicas es del 9,4% del PIB. ¿Por qué España se gasta mucho menos que otros países de comparable nivel de desarrollo económico? Una causa podría ser la estructura demográfica, es decir, que España tuviera una menor proporción de la población que fuera anciana. Pero este no es el caso, pues la situación es precisamente la opuesta. España tiene uno de los mayores porcentajes de población por encima de 65 años (16,5%) en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más, no menos, de lo que la UE-15 se gasta en pensiones públicas. En realidad, el gasto en pensiones públicas de jubilación por anciano en España es de los más bajos de la UE-15; sólo 9.227 unidades de poder de compra, u.p.c. (euros estandarizados por su poder de compra en países de distinto nivel de vida), comparado con 13.531 en Italia, 13.190 en Suecia, 12.846 en Dinamarca, y así una larga lista de países. Si vemos el porcentaje que estas cantidades significan sobre el salario medio vemos, de nuevo, que España es uno de los más bajos. Este porcentaje, que se llama tasa de reemplazo, es del 65%, más bajo que el promedio de la UE-15, que es del 68%. Mírese como se mire, pues, no puede llegarse a la conclusión de que nos gastamos demasiado en pensiones para los ancianos.

Ahora bien, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y, cómo no, el Banco de España (todas ellas instituciones de orientación liberal) utilizan el dato de que la tasa de reemplazo (por pensionista) es una de las más altas de la UE y de la OCDE, nada menos que un 88%. Y esta es la cifra que utiliza el manifiesto liberal de los cien economistas. Existen varios problemas con esta cifra, que está claramente hinchada. Los cálculos se basan en una situación ideal de vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la realidad es muy distinta. El promedio de vida laboral en España es de 35 años (mucho menor en el caso de las mujeres). Es más, los salarios en España son muy bajos, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15, lo cual no se debe, como erróneamente se asume, a una menor productividad (ver mi artículo Los salarios en España, Público, 04-03-10), sino a la debilidad de las fuerzas progresistas en España. Puesto que los salarios son bajos, las pensiones son también muy bajas, aunque la tasa de reemplazo aparezca muy elevada. Esta tasa da una idea equivocada de la generosidad de las pensiones en términos comparativos. Estas tasas pueden ser elevadas y en cambio las pensiones pueden ser muy bajas, que es lo que pasa en nuestro país.

Otro error en aquel porcentaje de reemplazo del 88% de salario es que lo que aquellas instituciones –y el manifiesto liberal– definen como salario no es el salario, sino la base de cotización salarial, es decir, que las pensiones no se calculan directamente sobre el salario previo, sino sobre el nivel de cotización del salario, que es una cifra menor. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo, con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables al resto de la UE-15. Es más, las pensiones se incrementan según el índice de inflación (a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas) pero no a base del promedio de nivel salarial, como ocurre en otros países. Y puesto que los salarios crecen, por lo general, más rápido que la inflación, resulta que los pensionistas se quedan más y más atrás, deteriorando su nivel de vida relativo.

Otro hecho que explica que el gasto en pensiones sea bajo es que el porcentaje de población anciana no cubierta por las pensiones públicas financiadas por la Seguridad Social es muy elevado, un 20,6% de la población anciana, la mayoría mujeres, (comparado con sólo un 9% de la UE-15). De estos datos se deriva que no sólo el gasto en pensionistas es muy bajo (más bajo que el promedio de la UE-15), sino que el gasto en todos los ancianos es también muy bajo, lo cual explica el elevado nivel de pobreza entre los ancianos (23,3%, comparado con sólo 1,6% en Holanda, 7,7% en Francia, 11% en Noruega, 12% en Dinamarca…). Ninguno de estos datos aparece en aquel manifiesto liberal (para una crítica detallada, ver www.vnavarro.org).

Artículo publicado en Público.

Alejandro Nadal

Cuando nació el euro, el vaticinio era que no sobreviviría su primera crisis. Mientras las cosas marcharon bien para la economía mundial, el euro creció y su papel como unidad de reserva y pagos internacionales se fortaleció. Hoy más de la cuarta parte de las reservas de los bancos centrales del mundo está en instrumentos denominados en euros y por primera vez en su historia, la emisión de bonos en euros sobrepasó a la de dólares estadounidenses.

El problema de las economías capitalistas es que mientras las cosas marchan bien es precisamente cuando se están gestando los problemas. Y ahora que estamos en la peor crisis desde la gran depresión todo está preparado para ver si aquél pronóstico sobre el euro era acertado o no.

La crisis llegó a Europa por muchos canales, pero no parecía una amenaza para el euro sino hasta que se perfiló la posibilidad de una moratoria sobre la deuda soberana griega. Lo cierto es que Grecia pudo colocar deuda soberana a menor costo perteneciendo a la esfera del euro porque los inversionistas siempre pensaron que Alemania acabaría respaldando la economía griega. Pero ahora que Atenas tiene dificultades para enfrentar vencimientos y el servicio de su deuda y que Alemania no quiere recoger la factura, vienen a la memoria todas las debilidades fundacionales de la divisa de la eurozona.

La creación del euro significó para los miembros de la eurozona una pérdida de soberanía en materia de política monetaria y cambiaria. El ganador fue el Banco Central Europeo (BCE), una institución financiera autónoma que no rinde cuentas a nadie. El BCE controla desde entonces la tasa de interés y la política monetaria para la eurozona. El esquema macroeconómico europeo también impone límites al gasto público, pasando así a controlar la política fiscal.

Pero la eurozona no cuenta con un mecanismo que permita transferencias fiscales entre sus miembros. Esa es la principal diferencia con el sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Por ese motivo, la eurozona exige una férrea disciplina macroeconómica, misma que no se ha cumplido en la práctica. Ni el tope de endeudamiento (60 por ciento del PIB), ni el del déficit fiscal (3 por ciento del PIB) han sido acatados por muchos de los integrantes de la eurozona, lo que lleva a dos reflexiones.

Primero, la política macroeconómica de la eurozona y de la Unión Europea en su conjunto fue concebida en el momento más intenso de la expansión neoliberal. En esos años dominaba la visión según la cual la mejor política macroeconómica era la que no intervenía en nada. Por esa razón se pensaba que las reglas del tratado de Maastricht y del Pacto de estabilidad y crecimiento eran más que suficientes para mantener no sólo la disciplina individual, sino una credibilidad bien cimentada para la nueva divisa.

Hoy la crisis desmiente esas creencias y revela que se necesita una política macroeconómica contra-cíclica. La moraleja es que si quiere sobrevivir en el largo plazo, la Unión Europea debería rediseñar su marco de política macroeconómica, restituyendo flexibilidad y eliminando la subordinación a los dictados del capital financiero. Eso requiere de una sacudida política y social de primera magnitud.

La segunda reflexión tiene que ver con la supervivencia del euro. El capital financiero europeo teme por la salud de su divisa emblemática. No es un secreto que varios de los más grandes fondos de coberturas (hedge funds) están apostando al desplome del euro, o por lo menos a su nivelación a la par con el dólar estadounidense. Por eso el eje financiero de la eurozona considera urgente detener el colapso de la economía griega y evitar el contagio a otros países de la cuenca del Mediterráneo. Sin embargo, no le es fácil armar un paquete de salvamento con transferencias de fondos y garantías para los acreedores de estos países.

La solución que se perfila es la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME) para hacer valer las reglas y disciplinar a los miembros de la eurozona. Lo grave es que el FME aplicaría las mismas recetas desastrosas que utilizó el Fondo Monetario Internacional en el contexto de las crisis de los últimos 20 años. El apoyo irá condicionado a la aplicación de esquemas pro-cíclicos, con su secuela de privatizaciones, contención salarial y recortes en el gasto social. Todo ello para sacrificar la economía real en el altar del capital financiero, agravando la destrucción de capacidad instalada y la pérdida de empleos. Peor aún, se estarán sentando las bases para crisis futuras de mayor intensidad.

El arreglo monetario europeo es disfuncional por el marco neoliberal de su política macroeconómica. Para el capital financiero en la eurozona, la supervivencia del euro es vital para la continuidad de la Unión Europea neoliberal. Para los pueblos de Europa, lo que está en juego es la existencia de una sociedad más solidaria y justa. La unión monetaria es un instrumento para lograr ese objetivo, no para beneficiar al capital financiero.

Artículo publicado en La Jornada.
http://nadal.com.mx

Paul Krugman

Todo mundo tiene una teoría sobre la crisis financiera. Las hay desde las absurdas hasta las plausibles. Desde aseveraciones en relación con que los demócratas liberales de alguna manera obligaron a los bancos a hacer préstamos a los pobres (a pesar de que los republicanos controlaban el Congreso), hasta la creencia de que los instrumentos financieros exóticos fomentaron la confusión y el fraude. Pero ¿qué sabemos realmente?

En cierta medida, la enorme escala de la crisis –la manera en que afectó a buena parte, si no es que a todo el mundo– es útil, aunque sea únicamente para fines de investigación. Podemos ver el ejemplo de países que evitaron lo peor, como Canadá, y preguntarnos qué fue lo que hicieron bien –como la limitación del apalancamiento, la protección a consumidores y, por encima de todo, evitar el tipo de ideología que niega cualquier necesidad de regulación. También podemos considerar países cuyas instituciones y políticas financieras parecían muy distintas a las de Estados Unidos pero terminaron de igual manera, e intentar encontrar causas comunes.

Hablemos pues sobre Irlanda

Como señala un nuevo ensayo de investigación a cargo de los economistas irlandeses Gregory Connor, Thomas Flavin y Brian O’Kelley, “casi todos los factores causales aparentes de la crisis de Estados Unidos no se encuentran en el caso de Irlanda”, y viceversa. Sin embargo la forma de la crisis irlandesa fue muy similar: una enorme burbuja de bienes raíces –los precios aumentaron más en Dublín que en Los Ángeles o Miami– seguida por una fuerte crisis bancaria que sólo pudo ser contenida mediante un costoso rescate.

Irlanda no contó con ninguno de los villanos favoritos de la derecha de Norteamérica: no hubo una Ley de Reinversión en la Comunidad, ni un Fannie Mae o un Freddie Mac. Quizá lo más sorprendente fue la poca importancia que se dio a las finanzas exóticas: la crisis de Irlanda no fue una historia de obligaciones de deuda garantizadas e intercambios de deuda; se trató de un clásico caso de exceso, en el que los bancos hicieron considerables préstamos a prestatarios dudosos, y los contribuyentes terminaron pagando los platos rotos.

¿Qué tenemos entonces en común? Los autores del nuevo estudio sugieren que “cuatro factores casuales pero ‘profundos’.

En primer lugar, la exhuberancia irracional: en ambos países, compradores y prestamistas se convencieron a sí mismos de que los precios de los bienes raíces, aunque se encontraban por las nubes de acuerdo con estándares históricos, seguirían a la alza.

En segundo, hubo una gran entrada de dinero barato. En el caso de Estados Unidos, gran parte de tal dinero procedió de China; en el caso de Irlanda, surgió ante todo del resto de Europa, donde Alemania se convirtió en un gigante exportador de capital.

Tercero, los protagonistas del sector recibieron un incentivo para asumir grandes riesgos, porque si todo salía bien ellos ganaban, y de lo contrario alguien más perdería. En Irlanda este peligro moral fue en su mayor parte personal: “Estos directivos terminaron con sus grandes fortunas intactas”. En Estados Unidos también hubo mucho de esto: como han señalado Lucian Bebchuk de Harvard y otros, los principales ejecutivos de las compañías financieras estadounidenses en crisis recibieron billones de dólares en pagos “relativos a su desempeño” antes de que sus empresas se fueran a pique.

Pero la semejanza más impactante entre Irlanda y Norteamérica fue la “imprudencia en las regulaciones”: las personas encargadas de mantener la seguridad en los bancos no hicieron su trabajo. En Irlanda, los reguladores hicieron como que nada pasaba debido en parte a que el país intentaba atraer a empresas extranjeras y también al favoritismo: banqueros y promotores inmobiliarios tenían fuertes vínculos con el partido en el poder.

En Estados Unidos no faltó lo anterior, pero el mayor problema fue la ideología. De hecho, los autores del ensayo irlandés no lo comprendieron bien, haciendo hincapié en la manera en que políticos estadounidenses celebraron el ideal de la propiedad de hogares; sí, hicieron algunos discursos en ese sentido, pero no tuvieron un efecto considerable en los incentivos de los prestamistas.

Lo que realmente importaba era el fundamentalismo del mercado libre. Eso fue lo que condujo a Ronald Reagan a declarar que la desregulación resolvería los problemas de las instituciones económicas –y el verdadero resultado fueron enormes pérdidas, seguidas por un gigantesco rescate a cargo de los contribuyentes– y a Alan Greenspan a insistir en que la proliferación de derivativos había fortalecido el sistema financiero. Fue en su mayor parte gracias a esta ideología que los reguladores ignoraron los riesgos en aumento.

¿Qué podemos entonces aprender de la manera en que Irlanda sufrió una crisis semejante a la de Estados Unidos contando con instituciones tan distintas? Principalmente, que debemos enfocarnos tanto en los reguladores como en las regulaciones. Por cualquier medio, limitemos el apalancamiento y el empleo de la bursatilización, que fue parte de lo que Canadá hizo bien. No obstante, de nada servirán tales medidas a menos de que sean aplicadas por personas que consideran que su deber es decir ‘no’ a poderosos banqueros.

Es por eso que necesitamos una agencia independiente que proteja a los consumidores financieros –lo cual Canadá también hizo bien– en lugar de dejar el trabajo a dependencias que tienen otras prioridades. Y más allá de eso, necesitamos un enorme cambio de actitud, reconocer que permitir que los banqueros hagan su voluntad equivale a un desastre. Si lo anterior no ocurre, nada habremos aprendido de la historia reciente, y estaremos condenados a repetirla.

Adelaida de la Peña

Hace un año ya que el G-20 se propuso una cruzada -poco enérgica- contra la banca privada de algunos países famosos por ingresar cantidades ingentes sin preguntar ni responder de dónde proceden los fondos, dando cabida a fortunas de dictadores, narcos o traficantes de armas. Según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), los paraísos fiscales ingresan al año unos 183.000 millones. Los países pobres son los más afectados, ya que dejan de percibir 130.000 millones de euros porque el comercio de sus bienes se realiza a través de cuentas offshore (protegidas con el secreto bancario).

Un año después de este propósito purificador, apenas se registran cambios palpables. Con una excepción: la remodelación de la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), de la que han salido aquellos Estados bienintencionados que han aceptado facilitar información (en mayor o menor medida) a la comunidad internacional.

Pero en la práctica todo sigue igual. “El sistema de Justicia no funciona bien cuando se trata de abordar delitos financieros y los complicados entramados que esconden los paraísos”, afirma David Martínez, director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Para Orencio Vázquez, coordinador del ORSC, “el problema es la existencia de una doble legislación, la variedad de clasificaciones es la causa de que muchos países no aparezcan en la lista”.

Muestra de que el rasero varía a gusto del cliente es el catálogo de paraísos fiscales publicado hace unos días por Francia, donde sólo hay 18 países registrados, ninguno europeo, ya que Suiza, Andorra y Luxemburgo han salido de la lista por levantar supuestamente sus secretos bancarios ante las presiones internacionales.

La discreción de la banca suiza ha sido bandera del país desde hace tiempo, y el secreto bancario característico fue muy demandado por un elenco variado: desde los dictadores de Nigeria, Filipinas o Haití, hasta el Tercer Reich alemán. Pero de poco tiempo a esta parte, la siempre neutral Suiza ha comenzado a replantearse un sistema tan demandado como criticado. El último escándalo lo protagonizó la familia Duvalier, los dictadores de Haití, que tienen en la banca suiza unos cuatro millones de euros que ahora reclaman. La comunidad internacional se ha volcado a su manera en condonar al castigado país algunas de sus deudas, han enviado contingentes y hasta la población civil busca formas de contribuir. Sin embargo, Suiza retiene el dinero de los Duvalier en sus arcas. Es curioso que el Tribunal Federal helvético no niegue la procedencia criminal de la fortuna, pero aún no ha encontrado la forma de devolvérsela a su legítimo dueño, el pueblo haitiano, porque considera que los crímenes han prescrito.

Estos detalles son los que ensucian la estampa suiza y el país busca formas de limpiarla sin dejar de contentar a sus clientes. “Suiza tiene un problema con su imagen por su secreto bancario”, concede la ministra de Exteriores helvética, la socialdemócrata Micheline Calmy-Ray, aunque con un matiz muy fino: la diferencia entre evasión y fraude fiscal. “Quien olvida declarar impuestos y los oculta debe pagar después de su descubrimiento una multa sin mayores castigos. Sin embargo, ser acusado de fraude implica la falsificación de documentos de forma consciente. En un caso probado de este tipo, las autoridades fiscales suizas sí prestarán ayuda estatal”. Pero el que hace la ley, hace la trampa, y la ministra sabe que deben alinearse los astros para que se dé un supuesto así: con falsificación, consciencia demostrada y fraude probado.

Otro de los últimos escándalos referentes a la banca privada helvética está relacionado con el Gobierno alemán, que está dispuesto a comprar una lista con datos de unos 1.500 evasores fiscales germanos con cuentas en bancos suizos. La lista ha sido ofrecida por un informante anónimo que reclama 2,5 millones y la Alemania de Angela Merkel ha aceptado pagarlos.

Y no es la primera vez que el Ejecutivo germano negocia con ladrones para salvar a sus empresarios más potentes. Ya ocurrió hace dos años, cuando se autorizó a los servicios secretos la compra por 5 millones de una lista de evasores fiscales que habían desviado parte de su patrimonio a Liechtenstein.

Europa tiene algunas otras cuevas de Alí Babá. Es el caso de Andorra, que usa la técnica de derivar el dinero a otros paraísos fiscales que no sean objeto de las miradas internacionales como Panamá o Uruguay. Que se acoten los privilegios del mercado offshore no significa que tengan que desaparecer, sino reinventarse. La banca andorrana le dice a sus clientes: “Aquí ya no puedes invertir como antes, pero puedo decirte cómo hacerlo en Panamá o Las Bahamas”, explica César Valcárcel, ejecutivo de BNY Mellon en Madrid.

España también pertenece a ese club de los cuarenta ladrones y juega sus cartas allí donde nadie le pregunta de dónde las ha sacado. Según Vázquez, “el 71% de las empresas que cotizan en el Íbex 35 opera en paraísos fiscales”. Esta forma de evasión, añade, “no sólo se utiliza para no pagar impuestos, sino que también sirve para blanquear dinero y eludir las responsabilidades jurídicas de tipo civil, como ocurre con los barcos de mercancías peligrosas”.

Con la que está cayendo en la economía internacional, resulta complicado hacer oídos sordos a los paraísos fiscales, que más bien son infiernos financieros subvencionados con la sangre y el sudor de quienes (con más o menos rigurosidad) pagan por lo que tienen.

Albert Recio

I. Entramos en una situación asfixiante. Con dos líneas de fuerza que nos llevan a ello: los niveles de desempleo y el crecimiento del déficit. Los padecimientos, temores, necesidades de la población sufriente parecen conjugarse con las demandas de los ineficientes y obscenos poderes financieros. Intereses contradictorios que se orientan en un mismo sentido: ¡Hagan algo! ¡Háganlo pronto! ¡Sean contundentes! Muchos añaden: ¡No teman medidas impopulares!

Ante esta presión el Gobierno Zapatero aparece como un piloto desnortado. No es capaz de presentar una línea de actuación contundente. Y cuando anuncia medidas acaba por desdecirse al día siguiente. En esta trayectoria errática hay mucho de desorientación intelectual ante un panorama no previsto Pero también refleja la dificultad de articular una respuesta al mismo tiempo aceptable para el pueblo llano (del que depende crucialmente la posibilidad de continuar en el Gobierno tras las próximas elecciones) y lo que demandan “los mercados” (un eufemismo para nombrar los intereses del capital financiero y los rentistas a escala global). Una contradicción que el mismo Gobierno es incapaz de explicar y articular, lo que refuerza su imagen de inmadurez y fragilidad, y da mayor credibilidad a las voces que claman por soluciones enérgicas.

II. Las situaciones de emergencia son propicias para los promotores de recetas simples. Juegan con la ventaja de la contundencia de sus propuestas y de la presunta rapidez de sus efectos. Y obtienen fácil aceptación de unos medios de comunicación y una población adoctrinada en la cultura del “listo para consumir” y en el seguidismo a los taumaturgos de turno.

No hay mayor simplicidad de la que ofrecen las recetas neoliberales si, además, van avaladas por los que se supone mejores mentes de la ciencia económica nacional. Cualquiera que analice en profundidad los problemas de la economía española descubre fácilmente que no hay respuestas sencillas. Que transformar una estructura productiva que ha visto desmantelar parte del sistema industrial (o perder su control local) y ha concentrado su actividad alrededor de la construcción no es tarea que se resuelva a corto plazo. Que absorber un ejército de reserva propiciado por el modelo de desarrollo ahora colapsado no se puede hacer en poco tiempo. Que alterar las enormes desigualdades sociales que están en la base de muchos de nuestros problemas, incluido el recurrente tema del fracaso escolar, generará resistencias difíciles de erosionar. Que romper con una cultura fiscal que convierte a gran parte de la población en cómplice de los grandes evasores y mantiene la depauperación del sistema público exige un proceso de acción sostenido en el tiempo… Pero esta evidencia choca, ante la urgencia, con la “matraca” de un discurso facilón e injustificado que vende, como únicas alternativas, un viejo listado de “reformas estructurales” que en la práctica se reducen a recortes de derechos sociales y laborales, a un adelgazamiento de nuestro anoréxico sector público y a nuevas medidas liberalizadoras.

Las urgencias están sirviendo también para legitimar una cultura política discutiblemente democrática. Empezando por el intento de legitimar a la casa real presentándola como una solución suprapolítica que suena más a cultura absolutista que a mediación efectiva. Y continuando por la machacona insistencia de algunos medios de comunicación de que es el tiempo de ir todos a una y de seguir los consejos de la autoridad competente (léase Gobernador del Banco de España, ‘los 100 expertos’, o cualquier otra figura de la misma camada). En cualquiera de estos escenarios volvemos al mundo de la solución única, del tecnócrata o el soberano salvador y del acuerdo basado en las imposiciones de los poderes fácticos (en este caso mercados financieros, grandes empresas y tecnocracia neoliberal).

El Gobierno no está en condiciones de sortear este peligro. Nunca ha tenido una visión distinta de la que ofrecen sus asesores aúlicos y la que demandan los poderes económicos que acotan su actuación. Y es de temer que al final la suma de presiones ambientales y la búsqueda de una imagen de actuación acabe propiciando una política de pactos que signifiquen otra vuelta de tuerca neoliberal. No deja de ser preocupante que en la actual situación un individuo como Duran Lleida, líder de un partido plagado de procesos por corrupción (algunos de ellos finalizados con condenas) se presente como la voz de la sensatez y del buen sentido de país. En la situación presente la línea de pactos conduce a un camino ya trillado, el de la reforma laboral de 1994, el de una política fiscal que socave aún más las posibilidades de las políticas públicas de reducir desigualdades y ampliar derechos sociales.

III. Estamos ante una “ofensiva del realismo mágico”, ante una realidad que exige cambios y una recetas mágicas que impiden abordarlos con seriedad. Y ante la misma lo que hay es vacío. Y unas pocas líneas de respuesta que más tienen que ver con el instinto que con la existencia de un mínimo proyecto alternativo. Negarse a los recortes de la seguridad social o al desmantelamiento de derechos laborales es lo mínimo que tienen que hacer los sindicatos y lo poco que queda de izquierda organizada. Pero va a ser totalmente insuficiente y retórico si no hay capacidad de articular un marco alternativo para situar los problemas y las respuestas y si no se construyen diques defensivos que sean eficaces ante esta nueva ofensiva del capital financiero.

En el plano de la cultura económica hay varios terrenos donde se han perdido batallas y varios espacios que no se han cultivado. Entre los primeros la aceptación acrítica del modelo europeo y la cultura de la competitividad. El primero impide abordar con seriedad propuestas de resistencia y reforma frente a un modelo institucional, el de la Unión Europea, que constituye una parte del problema. La segunda confunde los planos en los que debe articularse la política económica y conduce a una completa sumisión cultural a las propuestas del capital. Una sumisión que acaba cristalizando en la forma como se abordan muchos de los problemas reales de nuestra sociedad: la cuestión de los tiempos y la interacción entre actividad mercantil y vida social, la estructura de las desigualdades, la reconversión hacia una economía ecológicamente sustentable, la política educativa etc. Hay que empezar a crear un marco referencial donde las necesidades humanas (su relevancia, su sostenibilidad), la equidad, la cooperación social, la democracia estén en el centro de un proyecto. Lo que no evita tener que negociar con resistencias y poderes, aunque permite hacerlo desde posiciones diferentes y al mismo tiempo reconoce los obstáculos, las resistencias y las necesidades de actuación. Ya lo he sugerido en otras notas: de un planteamiento así no sólo surgen culturas de resistencia, también propuestas concretas de intervención en el plano económico convencional: sectores y actividades a potenciar, regulaciones del marco económico etc. Permite también identificar quiénes son los responsables de los problemas, cuáles son las resistencias reales a un cambio de modelo. En lo que llevamos de crisis casi nadie ha puesto nombre y marcado la responsabilidad que cada cual ha tenido en el proceso que nos ha conducido al desastre.

En el plano de la propuesta concreta creo que hay que partir de la hipótesis que, a corto plazo, va a ser difícil luchar contra la austeridad y las reformas estructurales. De lo que se trata es de impedir que este discurso difícil de discutir se convierta en un “panzer” demoledor de derechos que conduzca a imposibilitar toda alternativa. Y para ello hay que realizar una maniobra envolvente consistente en revertir el discurso dominante y transformarlo en contrapropuestas:

De un lado convirtiendo el discurso vacuo de que “este país ha vivido en el despilfarro” en el discurso concreto de en qué espacios reales aquél se produce. Hay una importante posibilidad de generar resistencias en respuestas basadas en exigir que los costes del ajuste se concentren en los más favorecidos (por provocar: quizás no podamos impedir algún tipo de congelación de salarios en el sector público, pero deberíamos evitar que afectara a los niveles inferiores y supusiera el recorte de empleos en los sectores más necesitados de personal) y en el recorte de gastos, subvenciones y ayudas realmente inadecuadas. Y en garantizar derechos y niveles básicos de bienestar a todo el mundo, haciendo cargar al sector financiero con los costes que él mismo ha generado.

De otro lado, transformando las propuestas de “reformas estructurales” en propuestas de reforma realistas. Es, por ejemplo, evidente que los problemas de la balanza de pagos se deben a una inadecuación entre producción y consumo en que tiene una importancia crucial tanto el modelo energético como los consumos de las rentas más altas, o los modelos productivos de algunas grandes empresas. Propugnar modelos energéticos alternativos o promover una imposición que desaliente determinados consumos son reformas que pueden ir en la buena dirección y cambiar el marco del debate.

Y hay un campo procedimental que tampoco puede dejar de explotarse: exigir que los tiempos y las formas de los debates sean aceptables. Pienso en la reforma laboral, frente a la que habría que exigir un debate público organizado, informado. Y en la reforma de las pensiones, donde la cuestión del envejecimiento de la población puede ser un hecho ineludible pero no la de la reforma, la de cualquier ajuste a corto plazo.

La resistencia a esta nueva ofensiva va a ser dura y difícil. Pero solo será posible si de una vez por todas se hacen las cosas de forma distinta a lo hecho hasta ahora. Me refiero a la escuálida izquierda parlamentaria, a los sindicatos y al resto de organizaciones sociales que van a ser las primeras víctimas de las reformas. Pero también a esa izquierda alternativa tan amante de un vacuo discurso anticapitalista que tiene más de salmodia que de propuesta de intervención. Los vendedores de recetas tienen poder, pero también mecanismos y estrategias que les permiten presentar respuestas articuladas como si fueran reflexiones meditadas. Y frente a ello todos los que deberían trabajar en otra dirección, más allá de momentos puntuales, han sido incapaces de generar alternativas, poner en marcha iniciativas, generar solidaridades que al menos permitan elevar voces suficientemente potentes como para mostrar que existen vías diferentes. Y con ello se desperdician muchas de las fuerzas que pueden ayudar en esta dirección. Sin ánimo de tener ninguna exclusiva, las Jornadas de Economía Crítica, de las que informamos en otra nota, son una muestra de que existe gente en el país con propuestas diferentes (y consciente además de que a las Jornadas no acude todo el mundo y que frente a proyectos concretos podría aglutinarse mucha gente más) Pero que uno sepa nadie se ha dirigido a este tipo de personas para tratar de desarrollar propuestas concretas, sólo para firmar manifiestos puntuales. Hay muchos chistes sobre la indolencia de Rajoy, pero la que manifiestan muchos de nuestros pretendidos líderes quizás les sobrepasa. Y así no hay forma de romper con las nuevas oleadas neoliberales que amenazan con arrasar las modestas victorias de cien o doscientos años de luchas sociales.

Artículo publicado en Mientras tanto electrónico.