Respecto a los zapatazos

27 mayo 2010 | Categorías: Organismos Internacionales | |

Isabel ArboniésNoticias de Navarra

La oleada de salvajes recortes sociales que barre esta Unión Europea con exceso de poder económico y financiero y falta de poder político constituye una involución sin precedentes en el último siglo. El impacto más destructor se lo llevan las poblaciones del sur de Europa que viven en países con un sector público y de bienestar menos desarrollados como Grecia, España y Portugal. Este último, al optar por la vía fiscal para aumentar sus ingresos, no sufrirá un impacto tan traumático como Grecia y España, donde los recortes de salarios, pensiones y prestaciones sociales, lejos de solventar el desequilibrio de las cuentas públicas, lo aumentará porque las medidas van en contra de la economía real. Dicen que son medidas dirigidas a tranquilizar los mercados. El efecto está siendo el contrario. El euro sigue cayendo y las bolsas de valores tienen más volatilidad que nunca. Cargar el peso de las medidas sobre la ciudadanía profundizará esa involución por la caída de consumo, actividad y empleo.

España, Grecia y Portugal, además de la proximidad geográfica tienen en común un pasado de golpes de Estado, dictaduras militares y gobiernos conservadores que no se han preocupado de socializar las ganancias, y un presente gobernado por socialistas dispuestos a socializar las pérdidas. En materia de convergencia social no resisten a la comparación con la media de la UE-15, y mucho menos con los países del norte de Europa con alta tributación, mayor financiación pública y elevado nivel de bienestar y prestaciones sociales, que ha permitido, entre otras cosas, elevar la natalidad a tres hijos por familia, el rendimiento laboral y la competitividad. El desequilibrio de la balanza no se ha generado a partir de un excesivo gasto público, sino de sistemas fiscales regresivos como el nuestro, típicos de gobiernos de centroderecha que presionan a los que controlan fiscalmente, que son las capas sociales que menos pueden aportar y dejan escapar a los que realmente podrían aportar por sus altas rentas, patrimonio y grandes sociedades.

Si bien el ajuste viene aparentemente determinado por el Banco Central Europeo y el Consejo de Ministros, no se puede achacar toda la responsabilidad de las medidas a aplicar a los organismos europeos. El Gobierno español, como el resto de gobiernos, todavía tiene la potestad de decidir cómo va a cumplir los objetivos fijados por la UE. Dónde ajustar y el peso de las medidas giran alrededor de dos opciones básicas: ingresos y gastos. Aquí el Gobierno decidió seguir el camino menos lógico y más antisocial recortando el gasto público aunque ahora, ante las voces que cuestionan lo desacertado de sus medidas, lo maquille anunciando como medida complementaria una difusa y temporal subida de impuestos a los ricos. De momento ha ido a por los que tiene controlados como son asalariados, pensionistas, dependientes y familias que cobran ayudas. A todos ellos, junto con los recortes de sus ingresos, les espera una subida general del impuesto del IVA de dos puntos en julio. No hace falta explicar demasiado el nefasto efecto que va a tener ambas medidas en estas capas sociales a la hora de afrontar lo ineludible como alimentos y gastos mensuales de la vivienda que son vitales.

La imposición de semejante sangría popular decretada por el partido en el gobierno denominado socialista obrero es puro cinismo. Claro que, llegados a este punto, nadie se engaña de que el nuestro es el gobierno de la socialdesgracia para desastre general y vergüenza de los verdaderos socialistas y gentes de izquierda. Zapatero y su actual Gobierno ya no deja dudas sobre qué intereses defiende: los mismos de la derecha. El tiempo, que todo pone en su lugar, lo ha demostrado. El PSOE ha continuado la labor de los anteriores gobiernos del PP de adelgazamiento del Estado y haciendas públicas. Ahora van directos a los salarios, pensiones, prestaciones por dependencia y ayudas a la natalidad, por decir lo penúltimo, ya que están a punto de meter mano en nuestras cajas de ahorros, único tema en el que hubo un rápido acuerdo entre Rajoy y Zapatero. Con la alternancia de este bipartidismo, el desastre económico y social va a ser tan rápido que no nos reconoceremos ni nosotros mismos.

Estas drásticas y equivocadas medidas son auténticos zapatazos con puntera de hierro. Se saltan los más básicos principios del Estado social y democrático de Derecho que define la Constitución Española. Crueles zapatazos si pensamos en los pensionistas que sufrieron las más duras penurias del siglo XX en España y se merecían más dignidad, lo mismo que las personas con enfermedades crónicas, discapacidades severas, gran dependencia y, en algunos casos, con absoluta vulnerabilidad por la suma de estas penosas circunstancias. Son los nacidos para perder.

Como madre de una de estas personas, quiero expresar mi preocupación por el impacto de las medidas y por la falta de consideración de la vicepresidenta De la Vega hacia las familias que cuidamos a nuestros dependientes durante décadas con enormes sacrificios. Gracias por anular la retroactividad en el pago de las ayudas a las familias. Justifíquese diciendo que con esta medida va a crear empleo. Lo cierto es que se ha desvalorado social y económicamente nuestro trabajo, espero que por ignorancia. Ponga primero los servicios y los profesionales que faltan. En Navarra, los autistas como mi hijo no tienen centros de día ni residenciales específicos como en Guipúzcoa, Álava o La Rioja. Diga la verdad a la sociedad. Los servicios, mayoritariamente en el sector privado, son sostenidos también por los dependientes y, en consecuencia, el empleo que está tan mal pagado y valorado como nuestras familias. Recortar la retroactividad afecta tanto a las familias que los atienden en el hogar como a las que acuden a servicios de terceros o residenciales. Algunas pagan durante meses (las que pueden) mientras esperan la prestación vinculada al servicio.

Hay otros caminos más efectivos y menos traumáticos para que el Gobierno del Estado cumpla los objetivos de la UE y consiga mucho más que los 15.000 millones de este año y del que viene que necesita. En vez de sangrar a los de abajo por la vía del recorte, que vaya a por los de arriba: que haga aflorar el fraude fiscal de más de 100.000 millones de euros, el de la Seguridad Social de unos 13.000 millones, que reforme la fiscalidad de las grandes fortunas, que suba el impuesto de beneficios a las grandes empresas, que aplique la tasa Tobin a las transacciones financieras, que controle a la banca y saque a flote la economía sumergida. Nada de esto es novedoso y lo saben hasta los más profanos. Con estas medidas podríamos financiar holgadamente la inversión productiva, la creación de empleo y el crecimiento de la economía que responde a las necesidades ciudadanas, y que mejoraría notablemente la educación, la sanidad y la protección social. Para ello hay que gobernar de verdad, enfrentarse a los poderosos que utilizan la debilidad de los sistemas políticos de alternancia y convierten a estos gobiernos de galería en agentes de recaudación y financiación de los desastres de la economía de la especulación.

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