Plebiscito y democracia directa

7 julio 2013 | Categorías: Opinión | |

Ángeles Martínez García - Coordinadora ATTAC Oviedo

El término “plebiscito” proviene de la conjunción de los vocablos latinos plebs-plebis (plebe, los plebeyos en oposición a los patricios) y scio-scivi o scii-scitum (saber), es decir, referente a la sabiduría del pueblo. El diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción lo define como una “resolución tomada por un pueblo a pluralidad de votos”. En este sentido, el plebiscito se convierte en un instrumento del pueblo y para el pueblo que reflejaría de forma directa su decisión sobre aspectos sociales, económicos o políticos que le repercuten. Sin embargo, tales aspectos están siendo secuestrados por otros criterios bastardos ajenos a la soberanía popular; y así, los paradigmas del neoliberalismo se están imponiendo en el mundo a través de los mercados financieros que pisotean una y otra vez al Estado de Bienestar (EB) que hemos logrado erigir con el esfuerzo de varias generaciones.

En la Unión Europea, se están realizando unas políticas de ajuste brutales impuestas por la Troika que, con la complicidad de los gobiernos, están generado la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. Millones de personas son condenadas al paro, a la pobreza y a la exclusión social, para favorecer el pago de una deuda ilegítima, fundamentalmente originada por la banca. En España, desde mayo de 2010, el Parlamento es mayoritariamente una sucursal de Ángela Merkel que sigue pretendiendo que pague más quien menos tiene. Según la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2013, la tasa de paro es de 27,16%, lo que significa que una de cada cuatro personas está desempleada, y la tasa de paro juvenil de 57,22%, es decir, uno de cada dos jóvenes se encuentra igualmente desempleado/a. La reforma laboral emprendida por Gobierno del PP, no ha servido para crear empleo sino para destruirlo; desde que se aprobó en febrero de 2012, se han perdido más de 1.300.000 puestos de trabajo. En Asturias, también se practica una política social basada en la contención del gasto público, más moderada que la exigida por el Gobierno Central, pero política de austeridad al fin y al cabo. En el primer trimestre de 2013, se han obtenido 49 millones de euros de superávit, cifra que sin duda tiene dueño: la propia ciudadanía que ha visto impotente cómo le recortan su sanidad, educación o servicios sociales.

No se puede seguir tomando decisiones en contra de la mayoría. Hay que devolver la palabra a los ciudadanos y ciudadanas. Hay que profundizar en la democracia directa. Pero, ¿se profundiza en la democracia?, ¿se respeta la voz del pueblo? Todo lo contrario: se ha reformado el artículo 135 de la Constitución Española para favorecer el pago de una deuda ilegítima sin contar con la ciudadanía; además, se ha puesto en marcha los mayores recortes jamás vistos, en educación, sanidad y servicios sociales. Hasta diciembre de 2011 se ha transferido de las arcas del Estado a la banca más de 141.000 millones de euros, lo que supone el 14% del PIB, mientras que por ejemplo –aproximadamente– el gasto sanitario es de un 6% del PIB y el de educación un 5,5%. Sin embargo, se prefiere recortar el EB para ¿sanear? el sistema financiero español. Además, el gasto que se debería aplicar a mantener dicho EB no se realiza por falta de voluntad política y sensibilidad social. La propia Agencia Tributaria estima que el 74% del fraude fiscal proviene de las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca, existiendo una total tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal especialmente de los más ricos. A 2010 se calculaba que defraudaban unos 44.000 millones de euros al año, cifra suficientemente elevada para evitar los recortes en gasto público que en 2012 fueron cerca de 40.000 millones de euros.

Los “mercados financieros”, la deuda ilegítima creada por la especulación bancaria, la corrupción política y los recortes del EB, están llevando a nuestro país a vivir la mayor crisis de la democracia de las últimas décadas. No se puede seguir por más tiempo reduciendo la democracia a votar a un partido político cada cuatro años, para que después, como ha ocurrido con Gobiernos del PSOE y, especialmente del PP, engañen a la ciudadanía y tomen decisiones que van en contra de la mayoría de la población, incumpliendo sus respectivos programas electorales. No se puede seguir con unos partidos que están controlados por una oligarquía política con intereses económicos, que eligen a un candidato que va a defender por encima de todo los intereses de esa oligarquía asentada en ese partido político.

Según el artículo 23 de la Constitución Española, los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho a participar en los asuntos públicos por medio de nuestros representantes pero, también, a participar directamente. La participación individual concebida como derecho es indispensable para un Estado democrático. No olvidemos, según se recoge en nuestra Constitución en el Art. 1.1 y 1.2, que España está constituida, como un Estado Social y Democrático de Derecho, y que su soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado, y en este sentido, el plebiscito, se convierte en un instrumento importante de la democracia participativa y directa; es decir, una forma de mantener viva la democracia. Con el plebiscito no se intenta sustituir a la democracia representativa sino complementarla. Es un complemento de la democracia representativa cuya función es recoger el sentir del pueblo en asuntos que les afectan directamente, así como un instrumento de control democrático de los representantes elegidos por el pueblo, que lleva a acotar la distancia entre la ciudadanía y sus representantes.

Durante la semana del 23 al 30 de junio se ha realizado un plebiscito en toda España, donde cada ciudadano y ciudadana podía responder a cuatro preguntas con un sí o un no. Las preguntas estaban relacionadas con la democracia directa, el pago de la deuda, la corrupción y los servicios públicos. Los datos provisionales a 3 de julio de 2013 muestran que han participado 102.442 personas (en Asturias 30.582), de las cuales, el 99,12% quiere una democracia participativa incorporando el plebiscito en la Constitución y en la Legislación como herramienta vinculante de decisión ciudadana, para que la soberanía del pueblo sea real. El 96,03% no quiere pagar y avalar la deuda contraída por el Gobierno como ha sido la destinada a pagar el rescate a la Banca, sin haber contado con la ciudadanía. El 98,61% quiere que para evitar la corrupción se cambien las leyes para que la ciudadanía tenga el control de los poderes del Estado y de las administraciones pública, garantizando una total transparencia y, por último, el 98,68% quiere que se garantice por ley la gestión íntegramente pública de los bienes y servicios públicos (sanidad, dependencia, educación, agua, servicios sociales, etc.), y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales (vivienda, empleo, pensiones, igualdad, medio ambiente, etc.). Estas opiniones expresadas de forma directa por la ciudanía sobre aspectos que les repercuten, tienen que tenerse en cuenta. No se puede gobernar a espaldas de los intereses de la mayoría social.

Desde la democracia representativa existen algunos partidos que quieren prohibir los instrumentos de consulta popular por considerarlos entre otras cuestiones “peligrosos”, y proponen una Ley Orgánica relativa a la reforma del Código Penal para recuperarlos como delito. En lugar de dedicarse a limitar la participación ciudadana, los poderes públicos deberían preocuparse por aumentarla y practicar una democracia directa, participativa y sobre todo real, emprendiendo las medidas adecuadas de reforma del sistema electoral como son: a) crear una circunscripción territorial única para poner fin a la falta de proporcionalidad electoral, donde los votos de unos territorios tienen mayor valor que los de otros; b) convertir el Senado en cámara territorial federal para asegurar la representatividad plural territorial; c) transformar el sistema de reparto de escaños para que se ajuste a la realidad (la ley D´Hont favorece el bipartidismo); d) ampliar el número de diputados acorde con el actual número de ciudadanos/as para que el parlamento sea más representativo y más exacto con las preferencias votadas; e) Implantar listas abiertas y desbloqueadas para que sea la ciudadanía quien elabore o elija a sus candidatos de diferentes partidos. También es necesaria una nueva ley de partidos que suprima la actual partitocracia que engendra, no sólo falta democracia interna sino también culto a la personalidad y clientelismo político.

El plebiscito celebrado del 23 al 30 de junio de 2013 ha sido un primer ejercicio al que seguramente le seguirán otros, un ensayo general de democracia directa y participativa. La ciudadanía está tomando conciencia de su poder y empoderándose como ciudadanos y ciudadanas para llevar adelante una democracia real no excluyente y recuperar la legitimidad que nuestra democracia ha perdido. No podemos olvidar que el poder constituyente reside en el pueblo y que el Parlamento y el Gobierno son sólo un poder derivado.
Ángeles Martínez García es Doctora en Sociología

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