La Renta de Ciudadanía como indemnización por el coste social de la crisis

4 diciembre 2014 | Categorías: Estatal, Opinión | |

José A. Pérez - ATTAC Madrid

A los costes sociales de la última crisis del capitalismo local, hay que añadir que la ciudadanía española, en tanto que contribuyente, lleva décadas pagando costes privados sobre los que no posee ni control ni beneficio: quiebras bancarias, bancarrotas de autopistas, cierres de centrales nucleares, sondeos fallidos de fracking… Es justo, pues, reclamar una contrapartida a este esfuerzo nacional. Esta indemnización social refuerza el argumento político y moral para reivindicar un Ingreso Ciudadano. Aunque Podemos renuncie a empoderar a la gente y se conforme ahora con algo tan viejuno como el humillante artefacto del ingreso de inserción.

a_retraites_4648001258_32106af9d7El listado de ayudas, socorros y rescates al tinglado fnanciero y gran empresariado del país es demasiado extenso como para hacer inventario en esta página. A las ayudas registradas en el Boletín Oficial del Estado hay que añadir los casos de corrupción que afloran día a día, apestando el ambiente con su nauseabundo aroma. Cada una de esas corruptelas suponen un doble coste: lo que se embolsa el corrupto más lo que se lleva el corruptor en forma de adjudicaciones de contratos de la Administración.

Un recentísimo ejemplo de ayuda pública con dinero del Estado es el acuerdo del Consejo de Ministros mediante el cual la empresa Enagás, participada por el Estado y con varios ex dirigentes del PP en su consejo de administración, deberá indemnizar con 1.350 millones de euros a la compañía Escal UGS, participada en un 67 por ciento por ACS, la constructora que preside el mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez.

Esta compañía ha recibido ya esa astronómica indemnización por el fracaso de la planta de almacenamiento de gas Castor cuya operación empezó a causar terremotos en las costas de Tarragona y Castellón debido a las deficiencias de ingeniería y construcción de la obra. Esta astronómica cantidad se irá repercutiendo en la tarifa del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Todo un canto al revés al tan cacareado riesgo empresarial que glorifica la iniciativa privada.

Esta última ‘estafa legal’ —estafa política y moral legalmente instrumentada— del Gobierno coincide en el tiempo con la intensificación del debate sobre la oportunidad de instaurar una Renta Básica de Ciudadanía (RBC). Debate incentivado en la opinión pública por Podemos, el recién nacido partido político cuyos líderes han agitado la bandera del ingreso ciudadano como forma de ganar popularidad en la opinión pública. Vean si no, este vídeo en el que Pablo Iglesias junior explica, con aparente convicción, principios idénticos a los que llevamos defendiendo desde hace muchos años desde el Observatorio de Attac y la Red de Renta Básica.

El renuncio de Iglesias según Peridis en El País.

El renuncio de Iglesias según Peridis en El País.

No obstante, Podemos acaba de descartar la Renta Básica de su programa de gobierno. Lo cual era previsible tras encomendar la redacción del mismo a los economistas Viçens Navarro y Juan Torres, ambos manifiestamente opuestos al ingreso universal. En su lugar, proponen algo tan viejuno como ¡una renta de inserción! para quienes no tengan trabajo. Lo que implica, a la postre, situar al desempleado bajo la eterna sospecha de holgazanería y convertirlo en víctima propicia para ese afán de vigilar y castigar al que tan aficionada es la derecha pura y dura. 

Aparte de las habituales truculencias con que los voceros del Orden Establecido denostan la RBC, no faltan en este debate quienes opinan que el ingreso garantizado sólo serviría para apuntalar el capitalismo impidiendo avanzar hacia el socialismo. Opinión muy respetable que se derrumba ante un pequeño detalle: ahora mismo, el socialismo ni está ni se le espera.

No sólo no estamos en vías de construcción de una sociedad organizada de acuerdo a un modelo de socialismo. Antes bien, huelga recordar que nos hallamos bajo el aplastante dominio de un capitalismo sin trabas. Sin que haya una fuerza de izquierda capaz de hacerle contrapeso. Ni siquiera como la encarnada en su día por la socialdemocracia coherente con el Estado del Bienestar, a la que Podemos declara imitar.

Más allá de los apriorismos ideológicos, la realidad es que vivimos en una sociedad con una elevadísima tasa de desempleo y, lo que es todavía mucho peor, con una gran masa de trabajadores pobres. Es decir, un precariado sometido al más absoluto dominio por parte de los empleadores.

Al creciente sector de ciudadanos que se encuentran sometidos a las servidumbres del desempleo, la precariedad y la pobreza le importan poco las especulaciones de salón sobre si la implantación de la RBC desembocaría en el fortalecimiento aún más de un capitalismo desenfrenado. Y yo, que vengo de ese mundo, lo que sé es que, aquí y ahora, con una RBC cuya cuantía fuera de un céntimo por encima del umbral de pobreza, dejaría de haber pobres yworking poors en nuestra sociedad. Y, por tanto, aumentaría la libertad real de las personas, o sea, de su derecho a decidir. Expresión que está de moda hoy referida a una abstracción nacionalista, no al derecho universal de las personas de carne y hueso a decidir qué hacer hoy, mañana, pasado, con su vida.

¿Por qué una renta de ciudadanía no ha de significar progreso? ¿Acaso reivindicar un ingreso mínimo es tan diferente de exigir servicios de Salud y Educación públicos? Hablamos, claro está, de una renta de ciudadanía, no de esa humillante renta de inserción ante la cual se ha rendido las propuestas de Podemos. Una renta de inserción condicionada es un factor de servidumbre, un artefacto de dominación sobre las personas. Un ciudadano de pleno derecho es parte integrante de la comunidad política en la que vive y por tanto, no necesita ser insertado en lugar alguno. Es el Sistema el que ha fallado y es, pues, al Sistema, a quien corresponde indemnizar al ciudadano a cuenta de los daños causados por la avería.

Frente a inserción, insurgencia. A la ciudadanía perjudicada y no indemnizada le asiste el legítimo derecho a la rebelión.

En su Preámbulo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la Rebelión contra la tiranía y la opresión”. Lo que en buena lógica significa que la rebeldía es legítima si el Estado que la haya suscrito no cumple las garantías especificadas en la Carta.

Carnet de Paro

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.

Síguenos

Sigue nuestro feed Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Contacta
Canal de Telegram

ATTAC TV

Economía para la ciudadanía

Campañas

Díptico TTIP

 


 

ILP Renta Básica


Libros recomendados:

A la calle sin miedo

 


 

Pensiones

Blogosfera ATTAC

Consejo científico

Juan Torres Lopez
Ganas de EscribirJuan Torres Lopez
Alberto Garzon
Pijus EconomicusAlberto Garzon
Gustavo Duch
PALABRE-ANDO. Porque contar es otra forma de caminarGustavo Duch
Julio C. Gambina
Notas y artículos de análisis sobre la actualidad político-económica.Julio C. Gambina
Carmen Castro
Constructora de otros dos mundosCarmen Castro
Julio Rodríguez
Mercado y Política de ViviendaJulio Rodríguez
Esther Vivas
Esther Vivas

Comité de apoyo

Federico Mayor Zaragoza
La fuerza de la palabraFederico Mayor Zaragoza

Otros blogueros

Antonio Fuertes
Res pública globalAntonio Fuertes
Jose Antonio Perez
Carnet de ParoJose Antonio Perez
Carlos Sanchez Mato
Economía para críticos e indignados Carlos Sanchez Mato
Chema Tante
La casa de mi tíaChema Tante

Aquí hablamos de...

Archivo