El FMI y las pensiones

Juan Francisco Martín Seco – Consejo Científico de ATTAC España

Lo malo de los organismos internacionales es que pretenden pasar por técnicos cuando sus discursos son claramente políticos. No se limitan a elaborar un diagnóstico, a señalar las dificultades e incertidumbres, ni siquiera a indicar las posibles soluciones o posibilidades existentes a la hora de resolver un problema. Ofrecen de forma inequívoca una sola alternativa, aquella que mejor cuadra con la ideología que defienden, que es la de derechas o, para ser más concretos, la del neoliberalismo económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido siempre paradigma de este pensamiento único, y sus informes, más que estudios económicos, son manifiestos de guerra, panfletos propagandísticos de intereses concretos. Este Organismo acaba de publicar su análisis anual de la economía española (el llamado artículo IV). No ha traicionado su trayectoria, ya que en realidad el documento tiene poco de análisis y mucho de programa económico propio de una formación política reaccionaria. En esta tarea, no le importa demasiado incurrir en contradicciones o incoherencias.

Uno de los mensajes estrella en el denominado análisis es el clásico anatema sobre el sistema público de pensiones, recogiendo todos los tópicos propagados por las fuerzas económicas. Comienza aludiendo al envejecimiento de la población y, en base a él, arremete contra todo intento de modificar la actual Ley de pensiones. Considera muy acertado el incremento anual del 0,25%, ya que toda actualización por un porcentaje superior iría en detrimento de las generaciones futuras.

La incongruencia del discurso aparece cuando al mismo tiempo el FMI reconoce lo que llama “recuperación impresionante de la economía española” y modifica al alza sus previsiones de crecimiento para el año en curso del 2,6% al 3,1%, y también las del ejercicio próximo en tres décimas. Al margen de la mayor o menor exactitud y fortuna en el análisis que realiza de la economía española, lo cierto es que, a no ser que la política económica de España y de la UE incurra en algún desaguisado, no hay motivo alguno para dudar de que nuestro país continuará en el futuro creciendo por término medio, en una estimación por lo bajo, el 1 o el 1,5%. Así ha ocurrido en el pasado. Permaneciendo constante la población total (sea cual sea la relación entre activos y pasivos), la renta per cápita se incrementará también anualmente en el mismo porcentaje. Es decir, que los españoles somos y seremos cada año más ricos. Y siendo así, resulta difícil entender por qué un colectivo, el de los jubilados, (tanto los presentes como los futuros) no puede, sea cual sea la pirámide de población, ver incrementada su renta en esa misma cuantía cada año, o al menos mantener el poder adquisitivo sin tener que empobrecerse. De cara a la viabilidad de las pensiones, lo importante no es cuántos producen sino cuánto se produce y que el reparto sea el adecuado.

En realidad, el problema de las pensiones, como tantos otros, no es de producción sino de distribución. Es de sobra sabido que son tres los agentes que concurren en el reparto de la renta nacional: los trabajadores, mediante los salarios, los empresarios, a través del excedente empresarial, y el Estado, encargado de pagar, entre otros servicios y prestaciones, las pensiones. Simplificando podríamos calificar de reparto equitativo aquel en el que todas las rentas (las de los trabajadores, empresarios, pensionistas, etc.) se incrementan por igual (el aumento experimentado por la renta per cápita). Ello es perfectamente posible aun cuando la relación activos-pasivos haya evolucionado en contra de los primeros. La única condición es que la parte de la renta nacional que se destina a los empresarios y a los asalariados (activos) se reduzca (en la misma medida que lo hace el número de personas que componen estos colectivos), con respecto a la que va al Estado (pasivos).

Lo que quizás hasta la fecha esté ocurriendo es que la distribución de la renta nacional se esté modificando a favor del excedente empresarial y en contra de los trabajadores y del Estado. Es este reparto el que pone en peligro, entre otras cosas, la cuantía de las pensiones, tanto para los jubilados actuales como para los de futuras generaciones. El informe del FMI cae en la trampa de concebir la Seguridad Social como un sistema cerrado, independiente del Estado, y de creer que las pensiones deben financiarse exclusivamente con cotizaciones, con lo que la cuantía de estas limita en cada momento el importe de las prestaciones. Esta perspectiva olvida que, tal como mandata la Constitución, es el Estado con todos sus ingresos el obligado a sostener las pensiones y a actualizarlas periódicamente, impidiendo que pierdan poder adquisitivo.

Ante lo que considera el gran problema de las pensiones, el FMI con suma agudeza plantea como posible solución (o al menos parte de ella) retrasar la edad de jubilación, lo que podría tener un cierto sentido en una economía con pleno empleo, pero no en un país que tiene la mayor tasa de paro, después de Grecia, de toda la UE. En estas circunstancias lo que se ahorraría en pensiones tendría que gastarse en seguro de desempleo, a no ser que la pretensión sea dejar a una buena parte de la población en pobreza severa.

La otra vía de solución que sugiere el informe del FMI consiste en los llamados fondos privados de pensiones. Esta propuesta resulta un tanto simplista, porque en realidad a lo que se reduce es a expresar que en esta materia el Estado y la sociedad no pueden, más bien no quieren, dar ninguna solución y sálvese quien pueda, es decir, cada persona debe individualmente ahorrar para la jubilación. Para tal viaje no hacen falta alforjas. Y, además, si cada uno debe solucionar el problema por su cuenta no es necesario tampoco que nos digan de qué modo debe materializarse nuestro ahorro. Lo que no se entiende muy bien es por qué a esos fondos se les llama de pensiones a diferencia de otras maneras de inversión que se pueden emplear para la misma finalidad.

La única conexión que los fondos de pensiones tienen con las pensiones, además del nombre, es que no se pueden hacer efectivos hasta la jubilación, pero incluso esta relación se ha debilitado últimamente puesto que se han establecido otros supuestos, como el desempleo, para poder disponer de los recursos acumulados en ellos. En múltiples ocasiones he manifestado que, a mi entender, los fondos de pensiones no son los mejores instrumentos para materializar el ahorro de cara a la jubilación. Se pierde el control sobre la inversión y se desconoce el destino de los recursos, que puede estar mucho más motivado por los intereses de la gestora y de la depositaria que por los de los partícipes. En caso de que se produzcan beneficios, serán absorbidos casi en su totalidad por las comisiones de depósito y gestión.

Ahora bien, lo que son inconvenientes para el ahorrador se convierten en ventajas para las entidades financieras, que disponen mediante estos instrumentos financieros de importantes recursos cautivos. De ahí el interés que su promoción tiene para las fuerzas económicas y para todos aquellos -incluyendo políticos y organismos internacionales- que defienden los mismos intereses. Propugnar el ahorro privado como alternativa al sistema público de pensiones es condenar a buena parte de la población a la indigencia más absoluta en la jubilación, ya que solo una porción muy reducida de las familias tiene capacidad de ahorro.

Lo que resulta evidente es que garantizar pensiones públicas adecuadas, al igual que una correcta asistencia sanitaria, un eficiente sistema educativo u otros muchos servicios públicos, precisa de una presión fiscal adecuada, lo que no ocurre en España  donde esta variable se encuentra a la cola de la casi totalidad de los países europeos. De ello no dice ni una palabra el FMI. No existe en el informe ninguna recomendación para elevar la presión fiscal, con la excepción de la propuesta de subir el IVA, impuesto regresivo, tanto más si lo que se aconseja incrementar es el tipo reducido.

El FMI en su tarea de defender los postulados del neoliberalismo económico, cae -como no puede ser menos- en incoherencias económicas. Por una parte, con cierta lógica considera conveniente la subida de los salarios, pero al mismo tiempo, no solo defiende la última reforma laboral, sino que propone en esta materia una nueva vuelta de tuerca, origen de la precariedad del empleo. Constata el riesgo de mantener una tasa tan elevada de paro, pero a continuación afirma que hay que abaratar aun más el despido. Perlas para la historia. La misma paradoja que cuando se asegura que la economía va muy bien y que seguirá así en el futuro, pero a la vez se concluye que no hay dinero para mantener el nivel de las pensiones.

 

Publicado en República de las ideas

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