El mercadeo con las deudas de los más vulnerables

ANGEL DEL CASTILLO
JUAN MANUEL VIVER
Estamos viviendo momentos ciertamente convulsos en nuestra política nacional, local y autonómica. Y, por supuesto, sin olvidarnos de todo lo que nos jugamos ante las decisivas próximas elecciones europeas que se avecinan. Concretamente, a nivel comunitario la Comisión y el Parlamento están trabajando contrarreloj para finiquitar todos los dossieres legislativos actualmente sobre la mesa: si éstos no se aprueban antes de la fecha de las elecciones, se enviarán a la próxima Comisión y Parlamento, lo que provocará que deban empezar nuevamente las negociaciones entre el nuevo Parlamento Europeo electo, nuevos Comisarios y gobiernos nacionales.

Uno de estos dossier legislativos ha pasado, incomprensiblemente, desapercibido a los ojos de la ciudadanía: un paquete legislativo encaminado a favorecer la actividad transfronteriza de los fondos de inversión que especulan con la vivienda en España. Éste paquete de medidas, según las autoridades financieras, se dirige a reducir el alto ratio de préstamos dudosos (non-performing loans o NPLs en la jerga bancaria) en los balances bancarios.

El informe Would you mind holding this for me? de Finance Watch en 2018 ya advirtió sobre las nefastas consecuencias de esta normativa, tanto a nivel de estabilidad financiera como de protección de los deudores vulnerables. Hasta bien poco, parecía que la Directiva que dará soporte legal a la creación del mercado paneuropeo iba a quedar inconclusa y por tanto se dejaría para la próxima Comisión y Parlamento. Sin embargo, debido a un golpe de timón de última hora, la Eurocámara ha dividido el dossier para aprobar de manera exprés la creación del mercado secundario de deuda morosa antes de las elecciones europeas.

La creación de dicho mercado paneuropeo de deuda permitiría que entidades financieras radicadas en otros países europeos podrán comprar títulos de deuda impagada -por supuesto, con importantes descuentos que pueden llegar al 40% para deuda inmobiliaria o al 90% para préstamos personales- y tratar de recobrar la deuda incluso desde otros países. No solamente eso, sino que al estar radicados en otras jurisdicciones podrían beneficiarse de normativas más laxas y utilizar métodos de acoso más agresivos que en España no están permitidos. Desde luego, el estado actual de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, junto con el fácil acceso a información laboral y familiar de los deudores, haría posible esto ocurriera. Parece ser que tiene sentido para quienes han impulsado este movimiento político dejar para un futuro incierto la protección de los deudores vulnerables, y a la vez dar alas -nunca mejor dicho- a los buitres para que sobrevuelen Europa en busca de jugosos créditos a recobrar.

Nuestras instituciones, imbuidas por la ideología de las madrasas de las finanzas descontroladas (IESE y similares), hacen la siguiente analogía: al igual que los nobles buitres tienen la importante labor de limpiar la naturaleza de carroña de cadáveres abandonados, los fondos de inversión depredadores se encargan de limpiar los balances toxificados de la atribulada banca europea. Para ello, se propone a los Estados miembro la creación de los famosos “bancos malos”, que como bien sabemos en España compran caro a la banca para vender barato a los fondos especuladores. Como siempre, la fiesta de la industria financiera la pagan los contribuyentes.

Cabe plantearse lo adecuado de promover mecanismos que podrían tener como efecto colateral una mayor irresponsabilidad de la banca a la hora de gestionar su cartera de créditos. Finance Watch ha demandado mejoras en la información que instituciones financieras dan a las autoridades supervisoras sobre sus carteras de créditos impagados, tanto para evitar tentaciones de ocultar pérdidas como para mejorar la capacidad de detección de nuestras autoridades de problemas crediticios en sectores específicos de la economía. La resucitación por parte de las instituciones europeas de los mecanismos de titulización, situados en el origen de la última crisis financiera, son otra pieza clave para facilitar que los bancos “pasen el muerto” y se propaguen los problemas crediticios a lo largo y ancho del sistema financiero.

Debemos decir que la Directiva Europea era una fantástica oportunidad para homogeneizar la protección de los deudores vulnerables en los distintos países de la UE, elevando las garantías de los ciudadanos en aquellos países actualmente a la cola en cuanto a garantías ante este tipo de acoso. Concretamente, Finance Watch solicitó la inclusión de la “ley de segunda oportunidad” en el texto europeo. También se está barajando la inclusión de cláusulas en los contratos de crédito que requerirían del consentimiento expreso del cliente para que el banco pudiese vender su crédito a terceras partes. Es decir, hay buenas ideas y el texto final resultante podría ser en su conjunto bueno para los ciudadanos. Pero deberíamos pasar por encima de los -al menos- 1.700 lobbistas que defienden los intereses de la industria financieraante las instituciones europeas.

No se podría explicar de otra manera el rechazo de la diputada europea Esther de Lange, perteneciente al Grupo Popular Europeo y ponente redactora del informe del Parlamento Europeo, a la posibilidad de que el deudor recompre su propia deuda: hemos visto cómo el Santander vendía a un fondo buitre un préstamo de 53.664 euros por sólo 3.215, amparando su derecho a no ofrecer la recompra en los mismos términos a los acreedores ante el TJUE. De existir esta posibilidad, los fondos buitres tendrían menor opción de participar en el jugoso negocio del mercadeo de los títulos de deuda.

Próximamente, el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) votará las enmiendas presentadas al texto del ejecutivo comunitario, ¿defenderá la Comisión Europea, y especialmente los eurodiputados españoles, los intereses de la ciudadanía que acudirá a las urnas en dos meses a evaluar su trabajo?

Sea como sea, tanto la Plataforma contra los Fondos Buitres como Finance Watch coordinaremos la respuesta de la sociedad civil ante esta nueva ofensiva de los fondos buitres y quienes los defienden, apropiándose de las instituciones públicas para legislar en contra de los intereses de la ciudadanía.

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