Radiografía de los‘lobbies’ que acaparan el 54,3% de los contratos públicos de la Sanidad madrileña

4 julio 2019 | Categorías: Sanidad | |

la relación entre importes de contratación adjudicada y pertenencia a lobbies empresariales permite constatar la manifiesta presencia e importancia determinante que éstos tienen en el desarrollo de la política sanitaria y el proceso de privatización de la sanidad pública

Sara Montero
cuartopoder

El colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) ha presentado este miércoles el informe ‘Influencia de los lobbies en la Sanidad madrileña’, en el que ha identificado una veintena de lobbies sanitarios, cuyas empresas “tienen adjudicados el 54,3% de los contratos y el 60,3% del importe» de la licitación pública que emana de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo que supone 387.489.188,92 euros de un total de 642.069.712,86 euros de gasto de 2017 identificado en el informe.

Audita Sanidad es un grupo de ciudadanos que se constituyó para estudiar la evolución de la deuda pública en la región y ahora ha decidido poner la lupa en los contratos de la administración y sus adjudicatarios. El pasado 18 de junio, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Comunidad de Madrid por fraude en los contratos menores y, en esta ocasión, han decidido estudiar también la licitación pública. Juan Luis Ruiz-Giménez, uno de los miembros de esta plataforma que ha expuesto los resultados del análisis junto a Vicente Losada, ha incidido en las «políticas privatizadoras» que se dan en Madrid, un «reflejo» del resto del Estado. En este caso, han estudiado lobbiesempresariales, es decir, los conglomerados de empresas, que pueden influir en las decisiones en el área de Sanidad.

lobbies sanitarios
Ranking elaborado por Audita Sanidad en su informe.

El informe calcula que las empresas identificadas recibieron “seis de cada diez euros” de la contratación pública de la Sanidad madrileña en 2017, que asciende a un importe de 642.069.712,86 euros. El ranking de adjudicación a los lobbies sanitarios está liderado por Fundación IDIS (296.189.063,43 euros) por delante de la Asociación España Salud (205.029.940,49 euros) y Farmaindustria (181.164.674,15 euros).

El importe que se concentra en estos grandes conglomerados empresariales les lleva a concluir que “la relación entre importes de contratación adjudicada y pertenencia a lobbies empresariales permite constatar la manifiesta presencia e importancia determinante que éstos tienen en el desarrollo de la política sanitaria y el proceso de privatización de la sanidad pública”.

La necesidad de transparencia de los ‘lobbies’

Audita Sanidad ha decidido centrarse en los lobbies sanitarios para aportarle luz y abrir el debate sobre estos grupos de influencia que muchas veces los ciudadanos no identifican. El colectivo también opina que estas contrataciones públicas permiten “la transferencia de dinero público a empresas privadas para la realización de tareas y servicios que debiera hacer en su mayoría el Sistema Sanitario Público”.

Tras su experiencia recabando datos con sus propios recursos, han formulado unas recomendaciones basándose en el informe sobre los Estándares Internacionales para la Regulación de Lobby, de Transparency International. “El sistema de los lobbies es absolutamente opaco”, ha criticado Vicente Losada.

Pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) creó en 2016 un registro de lobbies voluntario, el activista cree que es insuficiente. Por eso, la primera recomendación está referida a un sistema de registro y acceso público a la información.

También creen que tanto lobistas como los cargos públicos “deben tener normas de conductas claras y exigibles, así como un sistema para la gestión de conflictos de intereses”. Para mejorar el control y la transparencia, consideran necesario reconocer el “derecho a participar en las decisiones públicas” de la ciudadanía y garantizar que los lobbies también estén sometidos a “mecanismos de denuncia y sanciones efectivas” para los incumplimientos. Por último, apuestan por una Ley de protección de alertadores (los llamados Whistle blowers), una iniciativa que registró hace unas semanas Xnet en el Congreso de los Diputados.

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