ATTAC España https://www.attac.es Justicia económica global Wed, 26 Jun 2019 09:00:44 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.7.1 Libra: mercantilización disfrazada de criptomoneda https://www.attac.es/2019/06/26/libra-mercantilizacion-disfrazada-de-criptomoneda/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=libra-mercantilizacion-disfrazada-de-criptomoneda https://www.attac.es/2019/06/26/libra-mercantilizacion-disfrazada-de-criptomoneda/#comments Wed, 26 Jun 2019 07:40:06 +0000 https://www.attac.es/?p=50728 EKAITZ CANCELA
Elsaltodiario

En el siglo XXI, los teléfonos móviles han sustituido a las bayonetas como herramienta bélica-comercial. Dada la capacidad de las tecnologías digitales para extenderse por todo globo, hay que poner el foco en la utilidad geopolítica que pueda tener Libra, la moneda controlada por Facebook.

En un claro ejercicio de contorsionismo publicitario, la firma que explota la infraestructura digital sobre la que se erigen las sociedades contemporáneas ha lanzado una “moneda global”, llamada Libra, con el fin de “empoderar a billones de personas.” Ciertamente, este era un acontecimiento esperado: tras haber disrumpido la vida política de los ciudadanos con la retórica de conectar a la humanidad, el ethos humanitarista de Facebook ha arribado en la industria financiera, quien desde hace algunas décadas ostenta el papel de intermediario central en la economía capitalista

Gracias a una suerte de monedero digital diseñado para intercambiar dinero, el cual ha recibido el nombre de Calibra, la compañía que lo controla afirma que pueda dar respuesta a uno de los grandes problemas que sufren los llamados “unbanked”: el acceso a los servicios financieros (restringido debido a cuestiones geográficas, burocráticas o económicas de los países pobres). La tecnología como el blockchain no requiere que los bancos centrales, u otras instituciones financieras, intervengan en los pagos. Por este motivo es descentralizada: los negocios no tienen que estar mediados por los bancos, quienes imponen elevados costes para llevar a cabo transacciones monetarias. Los estratos más pobres de África están de suerte: seguirán careciendo de cajeros, y ya no digamos de control sobre las finanzas públicas, pero al menos tendrán una cuenta en Facebook. ¿Nos encontramos ante un “nuevo bien público mundial”, en palabras de David Marcus (CEO de Libra), o ante un movimiento hacia delante de la clase dominante?

De un lado, aunque algunos estudios defienden que la introducción de las criptomonedas puede tener un impacto positivo en el sector financiero y desarrollar una infraestructura para llegar a las personas en condiciones de pobreza, asentar el debate sobre este argumento tiende a pasar por alto dos cuestiones importantes. La primera, como señalan voces tan poco heterodoxas como las del Financial Times, es que la mayoría de las características que componen las cadena de bloques no se encuentran presentes en Libra. ¡Es una criptomoneda que no es una criptomoneda! La segunda es la vinculación entre la tecnología y la agenda neoliberal. Brett Scott, autor del libro The Heretic’s Guide to Global Finance, resumía de manera cristalina su pensamiento tecnocrático al afirmar que los problemas de acceso bancario pueden ser entendidos como disfuncionalidades del sistema capitalista a solucionar mediante inversión privada o como un cambio sociológico que requiere de educación o instituciones locales para ser revertido, y no de los mercados financieros. Al promover estos últimos, Facebook también reduce el margen de acción de los antiguos y obsoletos acuerdos constitucionales firmados por los estados.

Ninguna concesión al poder performativo de este discurso corporativo: tras la crisis financiera de 2008, un escándalo de una envergadura bastante mayor al de Cambridge Analytica, tanto los bancos centrales como el modelo de acumulación sin producción de mercancías se pusieron en entredicho. El lenguaje emotivo en torno al bitcoin o las criptomonedas (la aplicación más desarrollada de la tecnología blockchain) ha venido a rescatar (o disrumpir) el sistema financiero. Facebook, incrustado en los ubicuos dispositivos de dos mil doscientos millones de usuarios (Instagram tiene algo menos de la mitad), se acaba de postular para llevar a cabo esta hazaña. Y no está solo.

Entre los veintisiete Founding Fathers que desplegarán semejante infraestructura digital se encuentran compañías de pagos (Visa, Mastercard o Paypal), gigantes tecnológicos (ebay, Uber o su competidor Lift y Spotify), empresas de telecomunicaciones (Vodafone, quien ha iniciado el despliegue precomercial de 5G en España), de blockchain (Xapo Holdings Limited, entre cuyo órgano asesor se encuentra el exsecretario del Tesoro Larry Summers, quien ya trabajó con la segunda personas más importante de Facebook —Sheryl Sandberg— durante aquella época), firmas de capital riesgo (Andreessen Horowitz, que en 2012 entregó 2.000 millones de dólares a Facebook para comprar una compañía de realidad virtual llamada Oculus) y un también un puñado de instituciones sin ánimo de lucro para camuflar sus planes ante la opinión pública (Creative Destruction Lab, entre cuyos “mentores” destaca Elizabeth Caley, directora de la fundación Chan Zuckerberg Initiative). Desde luego, esto es lo más parecido a lo que los teóricos del Estado patrios definirían como un “bloque histórico” llamado a superar la “coyuntura” contemporánea.

Parece sencillo de entender que estos capitalistas desarrollarán todo tipo de aplicaciones user-friendly (como la de Spotify) para enviar monedas digitales o hacer transferencias a través de Messenger o Whatsapp. Una vez privatizada y mercantilizada la infraestructura de las comunicaciones, lo cual pone en jaque cualquier noción de democracia, como hemos observado recientemente en algunos procesos electorales, Facebook quiere expandirse hacia cada vez más áreas de la vida de las persona. También alumbrar la forma más depurada de lo que David Harvey ha dado en llamar “acumulación por desposesión [de activos económicos]”. Qué duda cabe de que cuenta con la tecnología a su alcance para llevarlo a cabo.

Este doble movimiento de Facebook es extremadamente poderoso y sigue la última moda en Silicon Valley: mercantilizar los datos de los usuarios. Evgeny Morozov lo resumía de la siguiente forma: “la apuesta a largo plazo de Facebook implicaría una economía digital donde los datos y los servicios digitales estén completamente mercantilizados”. Este modelo de negocio, añadía, podría ser tan rentable como aquel en el que los imperativos de la publicidad contribuyeron a alejar esos mismos datos de otros mercados. Basta un sencillo ejercicio de lógica para comprender que una empresa, en el foco de los legisladores anti-monopolio, quiera diversificar su modelo de negocio, cobrar directamente por la prestación de servicios y enarbolar el argumentario de que no manipula las conciencias políticas para ganar dinero vendiendo publicidad a cualquier anunciante republicano. Al parecer, la forma más pura de la mercancía, gracias a su cualidad fetichista, no genera tantos problemas de cara a la opinión pública.

Por otro lado, si nos fijamos en el modo en que se desarrolla la competencia en la economía global podemos comprender otro de los motivos por los que Facebook ha puesto en marcha Libra. En China, el hecho de que una red social ofrezca un sistema de pago no supone novedad alguna. El pago a través de WeChat (el programa de mensajería y redes sociales de Tencent con más de 1.000 millones de usuarios activos) o de Alipay (Alibaba) se encuentra ampliamente implementado en el país, hasta el punto en que incluso es posible entregar limosnas a los vagabundos mediante un código QR. De hecho, Tencent lanzó su propia moneda virtual mediante QQ Coin en 1999.

Probablemente, la armada de estrategas en asuntos públicos que Facebook tiene en plantilla hayan asesorado a Mark Zuckerberg de que se presente ante los reguladores estadounidenses, o directamente ante Donald Trump, como una poderosa arma de contención del gigante chino. No es ninguna novedad que las corporaciones de Silicon Valley, o la de Wall Street y Hollywood, sean herramientas valiosas para la política exterior estadounidenses (estas primeras jugaron un importante rol diplomático durante el primer mandato de Barack Obama en países como México, Siria o Iraq), sino que el enemigo a batir en este caso sea tan poderoso como China; y más aún, teniendo en cuenta su rápida expansión hacia África mediante fuertes inversiones en infraestructura y la creación de instituciones financieras propias, las cuales emplea como soft power mientras lleva a la realidad la estrategia llamada One Belt, One Road.

En el siglo XXI, los teléfonos móviles han sustituido a las bayonetas como herramienta bélica-comercial. Estos pueden emplearse para acabar con la regulación de los mercados bancarios y financieros de las regiones, sea africanas o asiáticas, o directamente para atraer al resto de monedas hacia el núcleo irradiador del dólar. Como señala un estudio reciente, los países africanos carecen de la capacidad para crear infraestructuras de datos robustas (este el nuevo subdesarrollo) y, como resultado, emplean teléfonos móviles para entregar el salario a los trabajadores, pagar las facturas domésticas o son utilizados por pequeñas empresas para efectuar transacciones comerciales internacionales. ¿Por qué le habrán llamado libra, dando lugar a especulaciones sobre una posible guerra de divisas, cuando quieren decir reafirmar el enorme poder del dólar?

Que la información sobre las transferencias de dinero, una relación social según Marx, se hayan almacenado en el libro de cuentas de los bancos sin que el Estado pudiera auditarlo es un suceso tan antiguo como el renacimiento italiano, pero dada la capacidad de las tecnologías digitales para extenderse por todo globo, la utilidad geopolítica que pueda tener esta moneda en control de Facebook no es baladí. Aunque para ello deba convencer a los usuarios de que la utilicen (probablemente con algún incentivo económico), a los legisladores y a otros países.

En relación a este último punto, Zuckerberg viajó a Sudáfrica en 2013 para reunirse con distintos líderes regionales y propuso desplegar redes gratuitas de internet (llamadas Freebasics) para que la economía de los países desfavorecidos fuera más eficientes. Esta política de desarrollo privada significa que, una vez haya conectado a su infraestructura al 60 por ciento de la población que en 2020 seguirá desconectada, llámese red social o moneda virtual, tendrá la capacidad de controlar e influir en la manera que estas naciones (poco soberanas) acceden al resto de servicios en la economía digital. Un trabajo académico exponía de manera clara la intención de este tipo de iniciativas filantrópicas por parte de los capitalistas digitales (el que siempre ha sido el objetivo principal de la política yanqui): “la dominación global.”

Por último, esta suerte de superestructura erigida sobre el sistema financiero tiene el objetivo de colocar a Facebook en el rol de algo así como un banco central, pero del capital social, como lo definía un estudio publicado hace unos meses, e implementar un modelo de gobernanza neoliberal centralizado, no en el Estado, sino en una corporación estadounidense. Sus conclusiones, foucaultinas en grado máximo, nos resultan esclarecedoras: “cuando el capitalismo digital convierte las interacciones humanas mundanas en producción biopolítica, las corporaciones gobiernan estas interacciones para maximizar sus ganancias y tomar decisiones sobre temas políticos fundamentales; Facebook puede gobernar y disciplinar a los usuarios de manera efectiva; estas plataformas digitales desarrollan aparatos de gobierno y legitimación cuasi-constitucionales”.

Los mercados financieros sustituyeron a los parlamentos y determinaron las políticas fiscales de los Gobiernos europeos una vez la crisis se hizo evidente, lo cual supuso un tremendo ataque a la democracia liberal. Facebook tiene una solución para ambos problemas: imponer sus propios mercados, basados en los datos, y establecer mecanismos de control más autoritarios que los de cualquier banco central. ¿O alguien espera que, en una economía aún inmersa en una enorme crisis, toda esa información que Facebook tiene sobre los ciudadanos sea utilizada para algún fin distinto al de aplicar recetas de austeridad, privatizar de manera inteligente los servicios públicos o dictaminar el comportamiento de las administraciones públicas? Ante esta realidad catastrófica, a uno sólo le queda recordar que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones con un corazón (era el “me gusta” de Instagram) junto al logo de su partido.

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De la VPO a la Vivienda Social https://www.attac.es/2019/06/25/de-la-vpo-a-la-vivienda-social/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=de-la-vpo-a-la-vivienda-social https://www.attac.es/2019/06/25/de-la-vpo-a-la-vivienda-social/#comments Tue, 25 Jun 2019 07:30:09 +0000 https://www.attac.es/?p=50725 Julio Rodríguez López (Economistas frente a la Crisis)

La realidad del mercado de vivienda actual confirma que el instrumento sobre el que se basó durante casi medio siglo la política de vivienda en España, la vivienda de protección oficial (VPO),  desempeña  ahora un papel reducido y hasta perturbador. La crisis presente, caracterizada por la presencia de un  exceso de demanda en el mercado del alquiler, requiere adoptar un amplio conjunto de medidas en materia de política de vivienda. Entre ellas, la reforma del sistema de vivienda protegida ocupa un puesto destacado.

Según las Naciones Unidas, “la vivienda social es parte del sistema de vivienda diseñada para atender  a las necesidades de los hogares que no pueden acceder a la misma en las condiciones del mercado”. Algunos de los rasgos más destacados de la vivienda social  son el predominio entre las mismas del alquiler como forma de tenencia, la asequibilidad de la vivienda y el impulso  aportado a su creación por las administraciones públicas.

En la postguerra mundial se promovió en numerosos países la construcción de amplios volúmenes de viviendas sociales. Con la aparición de las crisis económicas derivadas de  los precios de la energía y, sobre todo, tras la última crisis económica mundial (2008-2014),  los ajustes presupuestarios castigaron a la vivienda social. En numerosos países europeos la política de vivienda se limita  a asignar ayudas a los inquilinos de viviendas de alquiler privado, dejando el ajuste en manos del mercado.

En el caso de España, lo más parecido a las viviendas sociales han sido las viviendas de protección oficial. Sobre el papel, los adquirentes de estas viviendas no debían de superar unos determinados ingresos, las viviendas tenían que destinarse a residencia habitual, la superficie máxima era de 90 m2 y el precio de venta no debería de superar un determinado nivel, en función del denominado “módulo”.

Desde la segunda mitad del siglo pasado y hasta 2008, la política estatal de vivienda ha descansado en la promoción y venta de nuevas VPO. La inmensa mayoría de estas viviendas se han destinado a la venta. Entre 1952 y 2016 se construyeron en España casi siete millones de VPO, el 35% de las viviendas  principales de España. Hasta 2001 el 70% de los hogares españoles accedió a una vivienda a través de una VPO.

La orientación de la política de vivienda hacia la propiedad, fomentada sobre todo por el régimen de Franco y apenas corregida tras la llegada de la democracia, es la principal causa explicativa de la hasta ahora reducida presencia del alquiler, que alcanzó en España el más bajo nivel dentro de los países occidentales.

La desaparición de la VPO de los planes de vivienda ha reducido las posibilidades de acceso a la vivienda a amplios sectores de la población de España. Sin embargo, se advierte que el sistema necesita de una puesta al día antes de proceder a relanzarlo. Esto es así porque los plazos legales previstos para la descalificación de una vivienda como protegida  se han acortado de forma significativa, se ha abusado de la discrecionalidad en las autorizaciones de descalificación.

En un periodo de rápidos y acusados aumentos de los precios de las viviendas, la descalificación de una VPO, para pasarla a ser una vivienda “libre”,  implica el logro de una significativa plusvalía para el propietario. De este modo la demanda de viviendas protegidas tiene un doble aliciente, el disfrute de la vivienda y la rápida venta de la misma para percibir la diferencia entre el precio de mercado y el precio máximo legal al que se adquirió. Los precios de tasación del Ministerio de Fomento revelan que en el último trimestre de  2018 el precio medio de una vivienda libre superaba en un 45% al precio medio de una vivienda protegida.

Se ha estimado que el parque de viviendas sociales de alquiler en España se eleva solo a unas 275.000 viviendas, el 1,5% del total de viviendas existentes en España. Los siete millones de viviendas construidas en un periodo de medio siglo se han transformado, cada vez a más velocidad,  en viviendas libres, lo que explica que el parque de viviendas sociales de España solo supere en presencia a relativa a los de Rumania, Letonia y Chipre (C. Trilla y J. Bosch, “El parque público de viviendas en España”, Fundación Alternativas, 2018).

Entre 2013 y 2017 los alquileres han crecido en España en un 30%, mientras que los salarios lo han hecho solo en un 2,1%. El problema de acceso se ha endurecido, y no hay un parque social de viviendas para cubrir las necesidades de numerosos hogares, reales y potenciales. Resulta evidente que  la política de vivienda debe de reforzarse, lo que exige la puesta al día de la normativa de VPO, de forma que las viviendas protegidas que se construyan lo sean para siempre y se las demande para que presten un servicio y no para que el adquirente haga  negocio con la compra, descalificación y venta, como ha sucedido hasta ahora.

De la VPO a la Vivienda Social

Julio Rodríguez López1

La realidad del mercado de vivienda actual confirma que el instrumento sobre el que se basó durante casi medio siglo la política de vivienda en España, la vivienda de protección oficial (VPO), desempeña ahora un papel reducido y hasta perturbador. La crisis presente, caracterizada por la presencia de un exceso de demanda en el mercado del alquiler, requiere adoptar un amplio conjunto de medidas en materia de política de vivienda. Entre ellas, la reforma del sistema de vivienda protegida ocupa un puesto destacado.

Según las Naciones Unidas, “la vivienda social es parte del sistema de vivienda diseñada para atender a las necesidades de los hogares que no pueden acceder a la misma en las condiciones del mercado”. Algunos de los rasgos más destacados de la vivienda social son el predominio entre las mismas del alquiler como forma de tenencia, la asequibilidad de la vivienda y el impulso aportado a su creación por las administraciones públicas.

En la postguerra mundial se promovió en numerosos países la construcción de amplios volúmenes de viviendas sociales. Con la aparición de las crisis económicas derivadas de los precios de la energía y, sobre todo, tras la última crisis económica mundial (2008-2014), los ajustes presupuestarios castigaron a la vivienda social. En numerosos países europeos la política de vivienda se limita a asignar ayudas a los inquilinos de viviendas de alquiler privado, dejando el ajuste en manos del mercado.

En el caso de España, lo más parecido a las viviendas sociales han sido las viviendas de protección oficial. Sobre el papel, los adquirentes de estas viviendas no debían de superar unos determinados ingresos, las viviendas tenían que destinarse a residencia habitual, la superficie máxima era de 90 m2 y el precio de venta no debería de superar un determinado nivel, en función del denominado “módulo”.

Desde la segunda mitad del siglo pasado y hasta 2008, la política estatal de vivienda ha descansado en la promoción y venta de nuevas VPO. La inmensa mayoría de estas viviendas se han destinado a la venta. Entre 1952 y 2016 se construyeron en España casi siete millones de VPO, el 35% de las viviendas principales de España. Hasta 2001 el 70% de los hogares españoles accedió a una vivienda a través de una VPO.

La orientación de la política de vivienda hacia la propiedad, fomentada sobre todo por el régimen de Franco y apenas corregida tras la llegada de la democracia, es la principal causa explicativa de la hasta ahora reducida presencia del alquiler, que alcanzó en España el más bajo nivel dentro de los países occidentales.

La desaparición de la VPO de los planes de vivienda ha reducido las posibilidades de acceso a la vivienda a amplios sectores de la población de España. Sin embargo, se advierte que el sistema necesita de una puesta al día antes de proceder a relanzarlo. Esto es así porque los plazos legales previstos para la descalificación de una vivienda como protegida se han acortado de forma significativa, se ha abusado de la discrecionalidad en las autorizaciones de descalificación.

En un periodo de rápidos y acusados aumentos de los precios de las viviendas, la descalificación de una VPO, para pasarla a ser una vivienda “libre”, implica el logro de una significativa plusvalía para el propietario. De este modo la demanda de viviendas protegidas tiene un doble aliciente, el disfrute de la vivienda y la rápida venta de la misma para percibir la diferencia entre el precio de mercado y el precio máximo legal al que se adquirió. Los precios de tasación del Ministerio de Fomento revelan que en el último trimestre de 2018 el precio medio de una vivienda libre superaba en un 45% al precio medio de una vivienda protegida.

Se ha estimado que el parque de viviendas sociales de alquiler en España se eleva solo a unas 275.000 viviendas, el 1,5% del total de viviendas existentes en España. Los siete millones de viviendas construidas en un periodo de medio siglo se han transformado, cada vez a más velocidad, en viviendas libres, lo que explica que el parque de viviendas sociales de España solo supere en presencia a relativa a los de Rumania, Letonia y Chipre (C. Trilla y J. Bosch, “El parque público de viviendas en España”, Fundación Alternativas, 2018).

Entre 2013 y 2017 los alquileres han crecido en España en un 30%, mientras que los salarios lo han hecho solo en un 2,1%. El problema de acceso se ha endurecido, y no hay un parque social de viviendas para cubrir las necesidades de numerosos hogares, reales y potenciales. Resulta evidente que la política de vivienda debe de reforzarse, lo que exige la puesta al día de la normativa de VPO, de forma que las viviendas protegidas que se construyan lo sean para siempre y se las demande para que presten un servicio y no para que el adquirente haga negocio con la compra, descalificación y venta, como ha sucedido hasta ahora.

1 JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

 

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¿Dónde estamos? https://www.attac.es/2019/06/24/donde-estamos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=donde-estamos https://www.attac.es/2019/06/24/donde-estamos/#comments Mon, 24 Jun 2019 19:28:25 +0000 https://www.attac.es/?p=50723 Antonio Fuertes Esteban. ATTAC Acordem
respublica global

¿Dónde están los altermundistas? los que pararon el AMI en Seattle, los de Génova, los que fundaron el FSM en Porto Alegre, los que se movilizaron contra la Europa del capital y la guerra, los del 15M. ¿Dónde están?
¿Qué proyecto tienen para otro Mundo posible? ¿Cómo piensan deconstruir la globalización capitalista y trazar caminos emancipadores hacia la globalización de las personas?
La respuesta es sencilla, desde que el 15 M se conformó como alternativa política y recaló en las instituciones, con el tiempo fue perdiendo utopismo e internacionalismo, en función del realismo de izquierda y aprovechando – desde las “ciudades del cambio” y desde el factótum patrio reconvertido – las grietas que el orden sistémico global va dejando. Aunque el rédito de las grandes empresas crezca cada día, así como la brecha de la desigualdad, siempre habrá quien, desde las instituciones, nos señale sus logros. Y mientras ha cambiado la mirada de la gente: de engrosar la revuelta social, a esperar logros desde las “rejuvenecidas” instituciones.
Nuestros tatarabuelos, en los albores de la industrialización, ya sabían que para enfrentarse a la explotación capitalista era necesario trascender las fronteras y crearon Internacionales. Lo hicieron sin tener instrumentos comunicativos on-line, ni aviones o trenes de alta velocidad, y sin embargo lograron poner en pie organizaciones tan potentes como para enfrentarse al capitalismo en Occidente. Hoy, con los medios a nuestro alcance, nos replegamos en nuestras fronteras, cabizbajos, impotentes, confusos, humillados, sin esperanza, tibios, huyendo de enfrentamientos con el sistema en el campo de batalla real, el global.
¿Y los que dicen defender a los trabajadores? Renuncian al reto que supondría la federación de agentes de cambio internacional por otra humanidad posible. Renuncian desde la comodidad de lo conocido, los caminos trillados, pero por eso mismo transcendidos y estériles. Se refugian en capillas sindicales, en asociaciones identitarias heredadas de la era fordista y no hacen más que justificar su inoperancia. Carecen de proyecto, no son capaces de enfrentarse a los retos que los tiempos requieren y en estas lides han acabado confabulados con el sistema. ¿Cómo se puede ser de izquierdas y ayudar a medrar, con su gestión en planes de pensiones, al capitalismo financiero al mismo tiempo? Han renunciado al honor, a la dignidad y a la ideología, y sentados en las poltronas del paraninfo de la izquierda siguen enviando a las ovejas a degüello.
Y a los nacionalistas ¿qué decirles? Que son lo viejo  ¡que despierten! la nueva utopía no entiende de fronteras. Los riesgos que prenden en la gente hoy son globales y solo tienen un camino de embate, el global. ¿Nos daremos cuenta cuando tengamos el agua al cuello?
¿No nos inmutamos cuando los científicos nos alertan de la inminencia del cambio climático, o que las fuentes de energía que utilizamos han sobrepasado ya su límite extractivo? ¡sigamos pensando en crecer, en aumentar nuestro PIB! ¡Sigamos!
¿Creemos que el problema del paro es abordable sin medidas solidarias por parte de los trabajadores para generar empleo? ¡vivimos en el Reino de Jauja!
¿Creemos que el sistema financiero se democratizará por sí mismo, sin enfrentarse seriamente a él? ¡Estamos en la Inopia!
¿No consideramos necesario sentar bases para internacionalizar la solidaridad? eso es lo peor, es creer que nuestro terruño reconocible puede sobrevivir en un mundo deshumanizado, un planeta herido y con un capitalismo financiero depredador. La dictadura financiera sigue socavando la democracia mientras desde las instituciones se nos dice que vivimos en un sistema democrático de derecho porque conjuga tres poderes que se vigilan: legislativo, ejecutivo y judicial; cuando lo cierto es que es el poder del dinero el que se impone, como sentenció el sociólogo crítico C. Wright Mills en 1956. Si queremos avanzar en democracia hoy, el reto es global y hemos de asentarlo en el necesario equilibrio de tres poderes en una democracia republicana: El estado, el mercado y la sociedad, aunque sabemos que hoy la dictadura del mercado sobre el estado y la sociedad es motivo de esta barbarie. Dentro del estado ¿Quién hoy hace Politeia? En el sentido que Aristóteles concibió para el buen gobierno.
Desde la sociedad, ¿seguiremos situando nuestros sueños, retos y políticas en nacionalismos o independentismos, sindicalismos de salón, beaterías, o vecinismos variopintos, sin poner la vista en un horizonte más allá de nuestros amaneceres? ¡estamos perdidos!
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Estado del Poder 2019: Finanzas https://www.attac.es/2019/06/23/estado-del-poder-2019-finanzas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estado-del-poder-2019-finanzas https://www.attac.es/2019/06/23/estado-del-poder-2019-finanzas/#comments Sun, 23 Jun 2019 19:31:40 +0000 https://www.attac.es/?p=50716 ESTADO DEL PODER 2019

 

A pesar de causar en 2008 la peor crisis financiera en décadas, el sector financiero ha emergido aún más fuerte.

Presentamos Finanzas el octavo informe del Estado de Poder, que publican en español conjuntamente Transnational Institute (TNI)ATTAC España y FUHEM Ecosocial, que examina a través de una serie de ensayos e infografías las diversas dimensiones y dinámicas del poder financiero, y cómo los movimientos ciudadanos podrían recuperar el control sobre el dinero y las finanzas.

La financierización engloba diversos procesos y prácticas, con actores y responsables directos cuya comprensión permite acercarnos al funcionamiento de unas prácticas que convierten en ganancia los problemas de buena parte de la sociedad. Aspectos, todos ellos, a los que nos acercan las páginas de esta guía, recurriendo a un tono divulgativo y apoyándose en casos prácticos que facilitan la lectura y la visibilización de las implicaciones directas e indirectas de este proceso.

Las investigaciones han demostrado que la financierización ha aumentado la desigualdad, ha ralentizado la inversión en la producción ‘real’, ha incrementado la presión sobre las personas y los hogares endeudados y ha dado lugar a una merma de la responsabilidad democrática.

 

Infografías

El informe va acompañado de varias infografías que ilustran aspectos cruciales del poder financiero en el mundo y los procesos de financierización en marcha. ¿Quién controla los bancos? ¿Cómo se concentra el poder? ¿Cómo influyen los bancos en la política pública?¿Qué alternativas hay?

 

Ensayos

El poder latente de la ciudadanía y la creación de aval público

Ann Pettifor

A pesar de la retórica de los banqueros y políticos, las finanzas privadas dependen mucho más del sector  público de lo que creemos. Los contribuyentes en las naciones más ricas proporcionan la garantía pública de la que dependen casi todas las actividades financieras actuales. Es hora de usar ese poder para pedir cuentas a las instituciones financieras privadas e invertir en el Green New Deal. leer

 

La lucha contra la banca

Miradas sobre el poder financiero desde los movimientos sociales

Entrevista con Simona Levi, Alvin Mosioma y Joel Benjamin

Nick Buxton

Tres activistas inspiradores, de España, Reino Unido y Kenia, que obtuvieron importantes victorias contra el mundo financiero, comparten sus experiencias de su enfrentamiento con banqueros y las lecciones y perspectivas de sus luchas en curso.

 

Finanzas offshore: cómo gobierna el mundo el capital

Rodrigo Fernández y Reijer Hendrikse

El auge de la financiación offshore no se debe únicamente a la transferencia de capital a bancos en islas exóticas, sino también a la creación de un sistema global de dos niveles en el que los ciudadanos comunes están sujetos a leyes, impuestos y un gobierno cada vez más autoritario, mientras que los residentes offshore viven en secreto , vidas libres de impuestos con sus fortunas apoyadas por una política monetaria expansiva. Leer en linea | Descargar PDF

 

Altas finanzas: un sector extractivo

Entrevista con Saskia Sassen

Nick Buxton

Saskia Sassen explora la naturaleza extractivista de las finanzas y su impacto en las ciudades en particular, así como las posibles fracturas en el poder financiero que abren la posibilidad de que los movimientos urbanos confronten y pongan a las finanzas bajo control público.

 

El poder del público frente a la banca

Lecciones del Instituto de Finanzas Internacionales

Jaspe Blom

A pesar de que es poco conocido, el Instituto Internacional de Finanzas es probablemente la principal razón por la cual la reforma financiera a raíz de la crisis económica ha sido tan limitada. Su poder no solo procede de la forma en que ha representado y coordinado su papel a escala internacional, sino la forma en que los decisores le han otorgado un papel sin precedentes como interlocutor en temas financieros.

 

Finanzas globales, poder e inestabilidad

Walden Bello

Hacer frente al poder financiero requiere no solo examinar el poder de ciertas instituciones como los bancos “demasiado grandes para caer”, sino también el papel que la financierización tiene dentro de la economía global en el contexto de la tendencia del capitalismo hacia la sobreproducción y la oferta que supera la demanda debido a la persistencia de una gran desigualdad.

 

Arte: capital del siglo XXI

Aude Launay

Las finanzas siempre han creado la realidad a partir de creencias e historias, convirtiendo la valoración en números y pensamientos en fluctuaciones del mercado de valores. Es un mundo que los artistas entienden bien, desafiando su poder con sus propios medios.

 

La gentrificación de los pagos

La propagación de la red financiera digital

Brett Scott

La fusión de finanzas y tecnología, y especialmente la fuerte promoción de los sistemas de pago digital, está “gentrificando” las finanzas con el avance de una agenda de control y vigilancia corporativa a expensas de la economía informal y la exclusión de los marginados.

 

Finanzas, combustibles fósiles y cambio climático

Redes de poder en Canadá

Mark Hudson y Katelyn Friesen

Basado en una investigación de los propios autores que explora la financiación, los préstamos, la propiedad y las interrelaciones de los consejos de dirección, este ensayo muestra cómo las empresas financieras y las de combustibles fósiles en Canadá se entrelazan e impiden una transición verde.

 

La próxima revolución del accionariado

Owen Davis

Para toda una línea de pensadores y activistas radicales que se remonta a Marx, el capital accionarial de las empresas proporcionaron un modelo para la socialización de la propiedad y la redistribución de los ingresos. ¿Podría una convergencia de activistas éticos, fondos de pensiones y políticos socialistas promover una nueva revolución de accionistas?

 

El poder de las finanzas públicas para el futuro que deseamos

Lavinia Steinfort

Las finanzas públicas y la banca están más accesibles de lo que a menudo se admite, y hay muchos ejemplos de finanzas públicas que pueden inspirarnos a remodelar y canalizar las finanzas de una manera que aborde los desafíos sociales y ambientales actuales.

 

Ilustraciones

Las bellas ilustraciones de este informe son obra de Orijit Sen y las infografías de Evan Clayburg

 

Lectura Recomendada:

Guía básica de financiarización

Esta guía básica ofrece un manual para principiantes sobre la financierización, incorporando los elementos esenciales para un conocimiento profundo del fenómeno.

Repasa los principales elementos de un proceso que impregna las dinámicas contemporáneas. Los mercados financieros mundiales se han expandido enormemente en las últimas décadas, lo que ha dado lugar a una caída de la producción y el comercio ‘reales’ y ha influido en numerosos aspectos de nuestra economía, sociedad y medio ambiente.

Las seis partes de las que se compone el documento ofrecen un tratamiento pormenorizado de las características de la financierización, un análisis amplio de las consecuencias de su propagación y un aterrizaje en torno a las fuerzas que lo impulsan o, en su caso, podrían oponerse a su intensificación futura.

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El poder latente de la ciudadanía y la creación de aval público https://www.attac.es/2019/06/23/el-poder-latente-de-la-ciudadania-y-la-creacion-de-aval-publico/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-poder-latente-de-la-ciudadania-y-la-creacion-de-aval-publico https://www.attac.es/2019/06/23/el-poder-latente-de-la-ciudadania-y-la-creacion-de-aval-publico/#comments Sun, 23 Jun 2019 09:43:37 +0000 https://www.attac.es/?p=50713

ESTADO DEL PODER 2019

Ann Pettifor

Solo fueron unas palabras pronunciadas en un vídeo en el verano de 2018. Pero se hicieron virales. Ayudaron a desbancar a un demócrata amigo de Wall St., alguien preparado para ser el próximo líder del Congreso. Quien pronunció estas palabras fue Alexandria Ocasio-Cortez.

“De lo que se trata es de las personas frente al dinero. Nosotros tenemos a la gente. Ellos tienen el dinero. Una Nueva York para la mayoría esposible. No se necesitan cien años; solo coraje político.”

Tenía razón. No se necesitaron cien años. Solo se necesitó un verano, coraje político, una gran idea ―el Nuevo Pacto Verde― y trabajo duro. Según Ocasio-Cortez, un Nuevo Pacto Verde subordinaría el sistema financiero a los intereses de la sociedad y el ecosistema, y ayudaría a transformar la economía para que abandonara su adicción a los combustibles fósiles.

La gran idea y el trabajo duro y el coraje político de Ocasio-Cortez fueron todo lo que se necesitó para impulsar un poder latente: el de los habitantes del Bronx.

Esta historia sustenta el relato que sigue: el poder latente y no utilizado en países con unos sistemas tributarios fuertes que pueden pedir cuentas a las élites financieras e implantar un Nuevo Pacto Verde. Se puede utilizar para transformar el equilibrio de poder entre el pueblo y el sector financiero privado. Es poder que está en suspenso, reprimido por la clase adinerada dominante. Pero velado también por la visión estrecha y miope que tenemos ―nosotros y nuestros políticos― del poder económico potencial de la ciudadanía.

Vídeo explicativo del Nuevo Pacto Verde.

Para impulsar el poder de la ciudadanía, es importante comprender que los contribuyentes pueden influir en los mercados financieros globales. En todo el mundo, los contribuyentes subvencionan, refuerzan y enriquecen los centros del poder financiero, como Wall St. y la City de Londres.

Los rescates bancarios que se produjeron durante la Gran Crisis Financiera pusieron de manifiesto que la ciudadanía y sus instituciones financiadas públicamente tienen el poder de proteger a los rentistas del capitalismo de la disciplina del ‘libre mercado’. Gracias al apoyo que proporcionaron millones de contribuyentes honrados, que pagan sus impuestos, los bancos centrales desplegaron un poder financiero inmenso y rescataron al sistema bancario globalizado y contuvieron, así, una oleada de desapalancamientos que podrían haber contraído la oferta de dinero, el crédito y la actividad económica, y haber intensificado la crisis.

Gracias a los contribuyentes, los bancos centrales evitaron otra Gran Depresión. Se desplegó un gran poder en el nombre de la ciudadanía, pero sin su autoridad ni conocimiento.

Para captar y desplegar este poder financiero en interés de la sociedad y el ecosistema, la ciudadanía necesita comprender que este poder fue y, en última instancia, es nuestro. Se trata de un poder latente, no aprovechado por la ciudadanía en defensa del interés público, sino por los tecnócratas para defender los intereses de la riqueza privada.

El dinero y la deuda

La razón de nuestra impotencia política reside en la nebulosa y el misterio que rodean la creación del dinero y el funcionamiento del sistema monetario. Gracias a la negligencia de la profesión económica con respecto al dinero, la deuda y la banca, hay muchísima incomprensión y confusión en torno al dinero y el sistema financiero.

Los debates tratan sobre si el dinero ‘se crea de la nada’ o sobre si el oro y el bitcoin son en realidad dinero. Sobre si los banqueros y los Gobiernos pueden ‘imprimir’ billetes hasta el infinito. O si hay límites a la emisión de dinero. La ignorancia y la confusión, seguramente, no son casuales. Ayudan a proteger al sector financiero privado de todo escrutinio: “para comerte mejor”, como decía el lobo del cuento.

Las personas sensatas (entre las cuales se incluye el Banco de Inglaterra) coinciden en que el dinero, como explicaba Joseph Schumpeter, no es más que una promesa de pago, como la frase ‘páguese al portador’. Como tal, el dinero es una construcción social, basada en la confianza o en las promesas de pago, y sostenida por la ley.

Cuando alguien pide un préstamo bancario, el dinero no está físicamente en el banco. En realidad, los bancos comerciales autorizados ‘crean’ dinero cada vez que un prestatario promete pagar. Gestionan el préstamo introduciendo números en un ordenador y depositando (digitalmente) fondos en la cuenta del prestatario. El prestatario promete reembolsar el dinero creado por el banquero. Como garantía, el prestatario ofrece un aval, firma un contrato y accede a pagar el interés del préstamo.

Para que esta confianza se mantenga, las instituciones que crean el dinero (los bancos comerciales autorizados) cuentan con el apoyo y la regulación de un banco central con respaldo público que emite la moneda. La regulación asegura que la confianza entre el banquero y el prestatario se respete.

Los banqueros privados solo pueden crear dinero nuevo y operar como parte del sistema monetario, que incluye al banco central. Aunque los banqueros comerciales pueden crear digitalmente dinero nuevo cuando lo solicita un prestatario, no pueden imprimir billetes o acuñar monedas. Eso solo puede hacerlo el banco central. El gran poder del banco central es emitir la moneda ―ya sea una libra esterlina, un dólar o una rupia― en la que se crea el dinero nuevo. Y ayudar a determinar el valor de la moneda.

Los bancos centrales pueden ejercer dicho poder solo por el aval que respalda la moneda que crean. Este aval se compone de las recaudaciones tributarias de la ciudadanía. Cuantos más contribuyentes respaldan la moneda y más sólido es el sistema recaudatorio, más valor tiene la moneda.

Este proceso se puede ilustrar si comparamos el aval que respalda la Reserva Federal estadounidense con el de Malawi. El banco central de Malawi, como la Reserva Federal, emite una moneda. Pero Malawi tiene muchos menos contribuyentes que los Estados Unidos.

La moneda de Malawi tiene menos valor a escala internacional porque carece del notable aval tributario que movilizan los países industrializados para respaldar sus monedas.

Debido en gran medida al colonialismo y a las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Malawi carece también de instituciones públicasimportantes: un banco central independiente; un buen sistema de recaudación tributaria; un sistema para hacer cumplir los contratos o las promesas de pago (justicia penal); y un sistema contable bien regulado para evaluar los activos y los pasivos. En consecuencia, la moneda de Malawi, el kwacha, tiene poco valor comparado con el dólar.

Y lo que es peor, debido a la ausencia o la debilidad de las instituciones públicas, Malawi depende del dinero de terceros, obtenido a través de otros sistemas monetarios. El acceso a los sistemas monetarios extranjeros toma principalmente la forma de préstamos en dólares, libras esterlinas y yenes, que imponen muchas condiciones. Aunque puede que algo del dinero beneficie al pueblo malawiano, el coste del reembolso a las instituciones financieras extranjeras repercute invariablemente en los recursos financieros de la nación, así como en sus activos humanos y ecológicos.

Es la falta de una autonomía monetaria proporcionada por instituciones públicas sólidas, incluido un buen sistema de recaudación tributaria, lo que hace que la ciudadanía de países como Malawi se vea relativamente indefensa y esté expuesta a las depredadoras entidades crediticias extranjeras. Explica también cómo y por qué los países pobres siguen dependiendo de los países ricos y están subordinados a estos.

Lamentablemente, el FMI y el Banco Mundial disuaden activamente a los países de bajos ingresos de invertir en las instituciones públicas esenciales para un sistema monetario sólido, es decir, un sistema que restablecería su autonomía financiera y económica.

La ciudadanía de los países con instituciones monetarias fuertes y un buen sistema de recaudación de impuestos goza de un poder y una posibilidad de acción considerables con respecto al sistema financiero globalizado.

Los contribuyentes ―y no los bancos― sustentan el sistema financiero

Comprender cómo los impuestos apuntalan el valor de la moneda de una nación en beneficio de los financieros privados constituye el primer paso para entender el poder potencial de la ciudadanía. Los especuladores y rentistas financieros móviles del mundo prefieren comerciar en divisas respaldadas por instituciones públicas estables, financiadas y sustentadas por millones de contribuyentes. Aunque es evidente que también se comercia en muchas divisas de mercados emergentes, los especuladores prefieren disponer de libras esterlinas, dólares, euros y yenes. Estas monedas están respaldadas por economías fuertes. Pero su valor se deriva en última instancia de la ciudadanía ―contribuyentes voluntariosos, honrados, respetuosos de la ley― que proporcionan los ingresos que sostienen la moneda.

Los contribuyentes no solo pagan impuestos directos e indirectos cada día, mes o año. Como todos los días nacen nuevos contribuyentes, la ciudadanía pagará impuestos durante décadas. Si nuestras instituciones estatales financiadas públicamente se mantienen estables, las personas nacidas mañana pagarán los impuestos del futuro.

Para comprender la duración del poder del contribuyente, ayuda recordar la historia del sistema financiero británico. En 1748, el Gobierno británico emitió bonos perpetuos, que eran deuda sin fecha de reembolso, pero que pagaban un interés del 3 % por año a los acreedores. El Gobierno no tenía dificultades para vender estos bonos (conocidos como consolsvalores consolidados). La confianza del público ―en que el Gobierno británico cumpliría con sus obligaciones de pagar el interés de los préstamos a perpetuidad― era alta. Esta confianza estaba justificada, ya que se pagó el interés de los bonos todos los años hasta que, finalmente, alcanzaron su plazo de amortización en 2015.

Ningún otro activo tiene este tipo de respaldo seguro y a largo plazo.

La ambiciosa y manipuladora Becky Sharp de La feria de las vanidades, una novela satírica británica del siglo XIX ya clásica, escrita por William Makepeace Thackeray, deseaba

“canjear mi posición en la sociedad y todas mis relaciones por una suma cómoda en los valores consolidados del 3 %… porque era así [escribía Thackeray] cómo Becky sentía la vanidad de los asuntos humanos y era en aquellos valores donde le hubiera gustado echar el ancla”.

La envidia de Becky se derivaba de la seguridad concedida a las personas con suficientes fondos para invertir en la deuda del Gobierno británico, conocida entonces y durante varios siglos como los valores consolidados del 3 % (o consols, en inglés, una abreviatura del término ‘deuda consolidada’). Con una herencia de 10 000 libras, las jóvenes adineradas del siglo XIX podían vivir con una bonita suma de 300 libras al año; con 25 000 libras, se generaría la holgada cantidad de 750 libras al año.

 

Ilustración de 1848 de La feria de las vanidades, de William Makepeace Thackeray [Wikimedia Commons].

La deuda pública es un activo que es fuente de ingresos, de la misma manera que un bien comprado para alquilar genera renta para su propietario. Pero mientras un inversor que compra para alquilar suda para mantener, anunciar y alquilar el activo, la deuda crea ingresos sin esfuerzo para los ricos y los financieros. Y lo hace pagando un interés añadido a un porcentaje cada año.

A diferencia del bien de un inversor, la deuda es ligera como el aire, intangible, invisible. La única prueba de su existencia se encuentra en las bases de datos, los balances financieros o el texto de un título al portador.

Las diferencias no terminan aquí. Un edificio o una finca están sujetos a las leyes de la física. Envejecen y pueden desmoronarse o ser arrasados. Los clubes de fútbol son grandes activos, porque los aficionados se comprometen a largo plazo y pagan voluntaria y regularmente ‘rentas’ al propietario del activo por el privilegio de ver a su equipo o comprar la camiseta del club. Pero los clubes pueden perder valor si caen en la clasificación de la liga. Las obras de arte, por ejemplo una pintura de Rembrandt, son activos con una mayor longevidad, aunque también están expuestas al deterioro y, en todo caso, están sujetas a los caprichos de la moda.

No sucede lo mismo con los bonos del Estado en países como Gran Bretaña. Aunque se pueden suspender los pagos de las deudas soberanas, las seguras deudas del Estado no se echan a perder con el tiempo, como explicó el profesor Frederick Soddy (1877-1956). Esto se debe a que las deudas no están sujetas a las leyes de la termodinámica, sino de las matemáticas. Por lo tanto, la deuda genera sin esfuerzo ingresos para los inversores a tipos matemáticos. Y si la deuda es la deuda pública segura de países como Gran Bretaña, los Estados Unidos o Japón, lo puede hacer durante un largo período de tiempo.

El Gobierno británico honra sus obligaciones con respecto a la deuda, sin falta, desde 1694. En un mundo de flujos de capital globalizados que se mueven de un lugar del mundo a otro, el precio de los bonos del Estado británico puede oscilar, pero su seguridad y longevidad no se cuestionan. Esto se debe a que el sistema es gestionado por una autoridad pública y no se deja a ‘una mano invisible’, pero principalmente porque la mayor parte de la ciudadanía británica paga regular y lealmente sus impuestos.

Es el aval, estúpido

Para entender por qué la seguridad es una cuestión tan importante para el sector financiero privado, hay que recordar esto: el sistema financiero global se congeló en agosto de 2007 y, luego, se desplomó. No porque los financieros se quedaron sin dinero. No porque hubo una gran demanda de retirada de fondos, sino porque todos en el sector ―todos― perdieron la confianza en el valor de los activos utilizados como aval, sobre todo el de las hipotecas de alto riesgo en los balances bancarios.

¿Qué importancia tenía aquello? El valor de los activos de alto riesgo (hipotecas) se había utilizado para apalancar cantidades extraordinarias de fondos adicionales a través del préstamo. Si el activo o aval con respecto a los que se había apalancado el préstamo no tenía valor, entonces resultaba improbable que la deuda apalancada se reembolsara con la venta del aval de alto riesgo prometido.

El derrumbe de la confianza en los valores de los activos (o aval) condujo al desplome del sistema financiero globalizado.

Y es aquí donde intervenimos nosotros: los ciudadanos y las ciudadanas contribuyentes. El aval ciudadano, en forma de ingresos tributarios, no se desplomó durante la crisis. El aval público mantuvo la autoridad de los bancos centrales y les concedió el poder para emitir dinero nuevo (liquidez) a cambio de activos de banqueros privados. El proceso se llama ‘expansión cuantitativa’ (también conocido como ‘flexibilización cuantitativa’).

El respaldo de los contribuyentes permitió a los bancos centrales rescatar a Wall St. y la City de Londres. La seguridad y solidez de nuestros impuestos sostuvo el valor de las monedas, a pesar de la crisis. Esto se hizo especialmente evidente en los Estados Unidos. Aun cuando la economía global se vino abajo y la confusión financiera se disparó, el valor del dólar se incrementó.

Los bancos centrales utilizaron el poder del aval proporcionado por la ciudadanía para apalancar enormes cantidades de dinero de los bancos centrales ―en torno a los 16 billones de dólares― para rescatar al sistema bancario global.

La deuda pública como un regalo para financieros y rentistas

Para entender bien el poder que ostentan los bancos centrales, es importante comprender que cada vez que el Gobierno solicita un préstamo o emite un bono, crea una deuda o pasivo para el Gobierno. Al mismo tiempo, al pedir prestado, el Gobierno crea un valioso activo financiero para el sector privado.

Los Gobiernos invitan con regularidad (1 o 2 veces al mes) a los fondos de pensiones, a las compañías de seguros y a otros financieros privados a financiar sus bonos o préstamos, a cambio de la promesa de pagar un interés anual y reembolsar el principal en su totalidad al finalizar el período del préstamo (bono).

En realidad, este proceso no difiere del de una mujer que solicita una hipoteca. Esta mujer invita a un banquero a aceptar su ‘bono’ o promesa de reembolso a cambio de una nueva financiación, lo avala y se compromete a pagar el interés anualmente y la totalidad del principal al finalizar el período del préstamo.

Una vez que el banquero comercial haya emitido la financiación y aceptado el bono, la mujer tiene un pasivo, es decir, la obligación de reembolsar el bono. Por el contrario, el banquero dispone de un ‘activo’, es decir el bono o la hipoteca de la mujer. Esto es valioso para el banco privado porque, a diferencia del oro, el préstamo genera ingresos por cada año que la mujer paga interés. Y, seguramente, cuenta con la vivienda como aval. Además, es probable que el principal del préstamo valga más, en términos reales, en el momento de su reembolso final.

Los Gobiernos obtienen financiación tanto del sector financiero privado como de un banco central de la misma manera que un prestatario corriente obtiene dinero de un banco comercial. El Gobierno promete pagar interés y ofrece un aval. La diferencia entre un bono del estado y la hipoteca de la mujer es que un bono emitido por un Gobierno con buenos antecedentes de reembolso constituye un activo más valioso. De esta manera, funciona como un aval fundamental para el sistema financiero privado.

La hipoteca de la mujer también es un activo, pero será menos valioso porque quizá no tenga un buen historial de crédito y puede que solo esté respaldado por un ingreso (el suyo propio). El Gobierno, en cambio, cuenta con el respaldo de los ingresos de millones de contribuyentes.

Esto explica por qué los bonos o la deuda del Estado son activos extremadamente valiosos para el sector financiero privado. Son seguros y fiables. Generan ingresos (los pagos de intereses) de manera regular. La deuda como valor o activo puede utilizarse para pedir prestado (o apalancar) financiación adicional.

De la misma manera que la propiedad de una finca permite al dueño de una vivienda rehipotecarla y recaudar más fondos respaldados por dicho bien, los activos financieros valiosos actúan como aval para la recaudación de financiación adicional. Este nuevo dinero prestado, respaldado por la deuda o el aval original o por el flujo de pagos de intereses derivados de la deuda, puede invertirse o volver a prestarse a una rentabilidad mayor.

Se dice que, en el momento en que quebró, Lehman Brothers tenía un índice de apalancamiento de 44. Es como tener un activo que genera 10 000 libras al año y, después, pedir un préstamo de 440 000 libras respaldado por el activo para poder seguir apostando en el casino.

Para entender el apalancamiento, pensemos en el propietario de una vivienda que pide prestadas 80 000 libras respaldadas por un bien que vale 100 000 libras y con un capital inicial por valor de solo 20 000 libras. Tiene un índice de apalancamiento de cuatro. Es decir, ha pedido prestado cuatro veces más que el capital en su haber.

Se dice que, en el momento en que quebró, Lehman Brothers tenía un índice de apalancamiento de 44. Es como tener un activo que genera 10 000 libras al año y, después, pedir un préstamo de 440 000 libras respaldado por el activo para poder seguir apostando en el casino. Según el Banco de Pagos Internacionales, los bancos de inversión de Wall St. empezaron con un índice de apalancamiento de 22 en 1990, que se incrementó a la mareante cifra de 48 en el momento más álgido.

El apalancamiento a esta escala se consigue principalmente gracias a un aval tan seguro como la deuda pública. El nivel de riqueza generada sería inimaginable para un Creso moderno.

La banca en la sombra y la creación de aval

Hay otro aspecto poco entendido del aval público seguro: cómo se utiliza en el sistema de la banca en la sombra, es decir, el sistema que opera en la ‘estratosfera’ financiera que se sitúa más allá del alcance de los Estados y la democracia reguladora.

Las entidades no reguladas de tipo bancario que se han apropiado de los ahorros mundiales (es decir, los fondos de gestión de activos, los fondos de pensiones, las compañías de seguros) están en posesión de enormes cantidades de efectivo. Por ejemplo, BlackRock tiene 6 billones de dólares en activos.

Estas sumas no pueden depositarse con seguridad en un banco tradicional porque los Gobiernos solo garantizan una cantidad limitada de los depósitos. Así que, para proteger el valor del efectivo, el fondo de gestión de activos concederá, por ejemplo, un préstamo temporal de dinero en efectivo a otro fondo que lo necesite a cambio de un aval (o el respaldo de este). Este intercambio se conoce como un acuerdo de recompra (o repo).

Como sostiene Daniela Gabor, los mercados de acuerdos de recompra en los Estados Unidos y Europa ―los mayores del mundo― están construidos sobre la deuda del Estado. En otras palabras: “el Estado se ha convertido en una fábrica de aval para la banca en la sombra”.

Los riesgos de este mercado no regulado para el sistema financiero global dan miedo. Y esto es así porque mientras alguien que opera en el mundo real ―por ejemplo, el propietario de una vivienda― solo puede rehipotecar una vez su activo o bien, la banca no regulada en la sombra puede utilizar una sola unidad de aval para apalancar varias veces. Manmohan Singh, del FMI, ha calculado que, a finales de 2007, el aval ‘se reciclaba’ o se utilizaba aproximadamente tres veces para apalancar préstamos adicionales en mercados especulativos.

Esto es como utilizar el valor de un solo activo ―por ejemplo, una finca― para garantizar préstamos adicionales de tres bancos diferentes. En el mundo real, el sometido a la regulación financiera, los propietarios de viviendas no pueden hacer esto.

Si deseamos entender cómo los ricos se han hecho inmensa y grotescamente más ricos gracias a ingresos no ganados, mientras que los ingresos ganados han caído en términos reales, los índices de apalancamiento respaldados por los activos públicos, tanto en la banca real como la banca en la sombra, explican muchísimo.

En resumen, la capacidad de abusar repetidamente de los pagos de intereses de un Gobierno y utilizar el activo de la deuda pública para apalancar financiación adicional es la razón por la que las sociedades de gestión de activos, las corporaciones de capital privado, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los especuladores financieros han aumentado enormemente sus plusvalías. Es también la razón por la que la deuda del Estado segura tiene tanta demanda. Los financieros privados quieren cada vez más bonos del Estado seguros o deuda pública.

La escasez de deuda pública y el auge de la economía de la austeridad

La Gran Crisis Financiera desencadenó una fuga de la deuda privada, que fue a buscar la seguridad de la pública, especialmente la más segura de todas: la británica, europea y estadounidense.

Esta inmensa conmoción financiera que supuso la Gran Crisis llevó a una gran contracción de la oferta de dinero a escala global, amenazando con una deflación ―una caída generalizada de los precios― que, a su vez, daría lugar a bancarrotas, desempleo y recortes salariales.

Para contrarrestar aquella amenaza, los bancos centrales ―en nuestro nombre― aumentaron sus balances y, a cambio de avales (muchos arriesgados o ‘tóxicos’), proporcionaron niveles extraordinarios de crédito nuevo o liquidez al sistema financiero privado. Con este proceso, los tecnócratas funcionarios de los bancos centrales protegieron a los actores del libre mercado de la quiebra y la disciplina de este, asestando un duro golpe ideológico.

El temor a la deflación pedía a gritos una respuesta fiscal contundente. En un primer momento, se produjo una expansión fiscal limitada, que condujo a lo que Credit Suisse llamó ‘una avalancha de aval seguro que hizo que se disparara el dinero público en la sombra (bonos del Tesoro, valores garantizados por hipotecas, agencias del Gobierno de los Estados Unidos), compensando totalmente la contracción del dinero privado en la sombra (bonos empresariales, valores respaldados por activos e hipotecas concedidas por otras entidades).

A consecuencia de la demanda desesperada de deuda pública, el precio de los bonos del Estado se incrementó y, debido al funcionamiento del mercado de bonos, el rendimiento (el ‘tipo de interés’) de los bonos cayó de forma drástica. La demanda de deuda pública alivió en gran medida los costes de pedir prestado del Estado (interés).

Sin embargo, los políticos y funcionarios de los Tesoros Públicos, jaleados por los economistas ortodoxos, los institutos de investigación de derechas y los medios, no tardaron en recurrir a la teoría neoliberal u ordoliberal e impusieron la contracción fiscal o austeridad. La inversión pública ―el gasto del Estado― se redujo drásticamente o se impidió que aumentara.

Este doble rasero ―la expansión de financiación para el sector financiero privado y la contracción del público― es intrínseco a la economía ortodoxa, pero cuestionado pocas veces por la profesión económica.

El resultado fue la caída de la creación de aval del Estado (deuda pública).

La austeridad y los recortes y las congelaciones salariales empeoraron al principio la crisis. Desde 2010, la austeridad ha prolongado la crisis y ha contenido la recuperación en los Estados Unidos y Europa. El impacto de esta política económica atrasada fue incrementar el empleo improductivo, poco cualificado, mal pagado e inseguro, mientras se produjo una bajada generalizada de los sueldos.

Austerity isn’t working poster. Credit: Flickr/Wandererwandering/CC BY 2.0

En los Estados Unidos, aunque el estímulo inicial, liderado por Obama, estabilizó la economía, fue insuficiente para restaurar la estabilidad a largo plazo. Se produjeron fuertes recortes en el gasto local y estatal, los hogares tuvieron que economizar después del trauma de las hipotecas de alto riesgo y los sueldos cayeron en términos reales. Entre 2009 y 2014, según varios indicadores salariales, los sueldos ajustados a la inflación en los Estados Unidos se mantuvieron inalterados o se redujeron. Más recientemente, los sueldos reales han crecido, pero las tasas de crecimiento en pos de la recuperación todavía están, en líneas generales, lejos de las tasas anuales del 2 a 2,2 % de los años 1947 y 1979.

A consecuencia de la austeridad, la emisión de deuda segura por parte del Estado se contrajo. ¿Qué importancia tiene esto? Esto es importante porque la poca oferta de deuda del Estado tiende a estimular (de hecho inunda) la creación de deuda privada insegura (o activos de este tipo). Estos activos privados inseguros son utilizados por el sistema bancario y la banca en la sombra para aumentar los préstamos y el crédito. A los bancos centrales les preocupa, con razón, que este aumento del crédito sobre activos de riesgo y no regulados conduzca, probablemente, a otra crisis financiera.

La deuda pública vista desde el extremo equivocado del telescopio

Comprender el valor de la deuda pública cambia nuestra visión sobre ella. Igual que un préstamo solicitado para un proyecto que genera empleos e ingresos, la deuda pública es buena si se invierte en una actividad productiva. Genera ingresos, no solo salarios y sueldos para las personas en activo, no solo beneficios para el sector privado cuando los salarios se gastan en bienes y servicios, sino también ingresos tributarios. Los Gobiernos utilizan luego los ingresos procedentes de los impuestos sobre la renta, al consumo y de sociedades para pagar la deuda.

Los préstamos y el gasto públicos son especialmente importantes después de una crisis, cuando el sector privado está débil y carece de la confianza necesaria para pedir prestado, invertir y gastar. Sin embargo, la mayoría de los economistas de la escuela de Chicago consideran que la deuda pública representa una amenaza para la economía. Los Gobiernos que no pueden ‘cuadrar las cuentas’ se consideran incompetentes y son acosados por los medios de comunicación.

La hostilidad hacia la deuda pública varía, pero el temor está arraigado en la psique alemana, ya que la palabra ‘Schuld’, que significa deuda, es la misma que para ‘culpa’. La frase de San Mateo “perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” fue interpretada por San Lucas como “perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben”.

 

La culpa, el pecado y la deuda pública están profundamente interconectados, pero solo en la mente de economistas, periodistas y el público. La deuda se convierte en algo bastante diferente en la mente de financieros y rentistas. Para Wall St. y la City de Londres, la segura deuda pública de Gran Bretaña, Europa y los Estados Unidos es un verdadero regalo de enormes proporciones.

Siempre quieren más.

Hasta que no comprendamos del todo la importancia de la deuda pública para el sector financiero, las grandes empresas globalizadas e inmensamente ricas seguirán, cual parásitos, extrayendo renta de los activos públicos, la desigualdad aumentará en todo el mundo y nosotros y nosotras, los muchos, seremos relativamente más pobres y estaremos más desprotegidos.

Cuando entendamos este poder latente, descubriremos que otro mundo es realmente posible.

Los socialdemócratas y el sistema financiero

En el corazón de la ideología neoliberal ―las ideas compartidas por los globalistas definidos por el historiador económico Quinn Slobodian― reside la creencia de que el Estado debe encogerse como contribución a la economía. Por otra parte, los mercados de capital privado deben estar ‘libres’ para campar a sus anchas por todo el mundo. En otras palabras: los mercados de capital globalizados deben tener la ‘libertad’ de mantenerse al margen de los Estados del mundo y la regulación democrática.

Como ya hemos explicado, la gran ironía de la obsesión ideológica con los mercados de capital autorregulados, la austeridad y el encogimiento del Estado es que los mercados financieros privados no pueden funcionar sin el respaldo de los Gobiernos, sus contribuyentes y la seguridad de la deuda pública.

El ‘ratón tímido’ que es el sector financiero privado no puede operar sin la protección del ‘león que ruge’ que es el sector público, por citar a Mariana Mazzucato.

Teniendo en cuenta que los activos públicos seguros son tan fundamentales para la estabilidad del sistema financiero privado, ¿por qué los políticos y funcionarios de derechas contraen su oferta? La respuesta solo puede ser la ignorancia, alimentada por la ideología que se opone al papel colectivo del Estado.

¿Y la izquierda? La Gran Crisis Financiera fue recibida por la izquierda con conmoción e incredulidad. Aunque muchos economistas progresistas se habían centrado en la economía doméstica tangible ―el Estado, los mercados, el trabajo y el comercio―, habían ignorado en gran medida la economía intangible, el sector financiero globalizado.

Los partidos socialdemócratas hicieron la vista gorda frente al sistema financiero global desregulado que amenazó con la quiebra sistémica.

Mientras tanto, muchos habían abrazado la ‘globalización’, es decir, la capacidad de viajar y disponer de dinero en todo el mundo; la facilidad con la que la globalización impulsó la importación de frutas y verduras exóticas; los teléfonos inteligentes baratos; los regalos otorgados por la tecnología en el sistema globalizado. Todos estos hechos fueron acogidos con entusiasmo por los partidos socialdemócratas, que hicieron la vista gorda frente al sistema financiero global desregulado que, además de facilitar estas actividades, también amenazó con la quiebra sistémica.

En consecuencia, la izquierda careció de una respuesta coherente ante al desplome de los mercados globalizados de capital. Durante el periodo de austeridad, la izquierda ―tanto en los Estados Unidos como en Europa― se encontró con el pie cambiado, defensora de los Gobiernos socialdemócratas que habían acumulado deudas a consecuencia de la Gran Crisis Financiera. Estos Gobiernos socialdemócratas respaldaron tanto la expansión cuantitativa para los banqueros como la austeridad para la mayoría. Este enfoque aseguró su perdición y hasta su extinción. (El Partido Socialista Francés ya no existe como fuerza u organización política y se vio obligado a vender su propia sede.)

Estos fracasos debilitaron la capacidad de la izquierda para argumentar que, en momentos de un fallo económico privado catastrófico, la inversión pública en empleos era fundamental para restaurar la estabilidad social, política y económica. En cambio, las subvenciones y los activos respaldados por los contribuyentes fueron desplegados por los bancos centrales mediante la expansión cuantitativa para proteger los beneficios privados y los rendimientos del capital.

No es de extrañar que el público se rebelara.

¿Y ahora qué?

El primero de los muchos pasos que deben darse para transformar la economía es entender. Las personas no pueden actuar para transformar lo que no entienden.

Es fundamental que se comprenda mejor cómo los contribuyentes garantizan y sustentan las actividades del sector financiero privado globalizado y desregulado. Solo entonces podremos empezar a reivindicar ‘los términos y las condiciones’ para las ayudas y garantías públicas, y utilizar ese poder para regular, subordinar el sector financiero globalizado a los intereses de la sociedad en general y exigir que los activos financieros públicos se utilicen en el interés público y no privado.

Estos conocimientos son fundamentales para poder responder a la mayor amenaza de seguridad a la que se enfrenta la humanidad: la hecatombe climática.

Una vez lo tengamos todo bien entendido, necesitaremos un plan. Ese plan podría ser el Nuevo Pacto Verde.

El Nuevo Pacto Verde

La genialidad del Nuevo Pacto Verde de Alexandria Ocasio-Cortez es que ofrece un plan amplio e integral para transformar la economía estadounidense y abordar la hecatombe climática. Si las iniciativas de los demócratas estadounidenses condujeran a una campaña coordinada internacionalmente para ponerlo en práctica, el plan podría transformar muchas economías del mundo y asegurar que el planeta sea habitable en el futuro.

Pero ―y es un gran pero― un plan integral para la transformación económica necesitará una financiación a gran escala, comparable con la de una nación que se lanza a una guerra. Sabemos que se puede hacer. Los Gobiernos siempre han encontrado el dinero para financiar las guerras.

Ya en 1933, el plan del presidente Franklin D. Roosevelt ―el New Deal― encontró dinero para librar una guerra contra el desempleo y la pobreza. Su Gobierno lo hizo al dar un vuelco a las políticas económicas neoliberales e implementar las políticas y teoría monetaria keynesianas. Al asegurar que el sistema monetario y financiero fuera gestionado por una autoridad pública y no privada, el Gobierno recaudó la financiación necesaria para sacar a los Estados Unidos de la catástrofe económica de la Gran Depresión. El New Deal de Roosevelt no solo creó empleos y generó ingresos para el Estado, sino que también enfrentó la catástrofe ecológica que representó el Dust Bowl.

Bibliotecarias en caballos de carga, preparadas para entregar libros y otros materiales en zonas rurales remotas de Kentucky en 1938.

La implementación del New Deal se consiguió, en primer lugar, porque el Gobierno de Roosevelt tenía un gran conocimiento de la naturaleza del dinero y del sistema monetario con respaldo público. Pero el éxito al abordar los intereses de Wall St. se debió a la movilización, organización y acción políticas. Roosevelt tuvo el coraje y firmeza políticos para enfrentarse a los intereses de Wall St. y subordinarlos a los de la sociedad y el medioambiente.

Cualquier movimiento internacional que se genere en torno al Nuevo Pacto Verde deberá reunir el mismo coraje político. Los activistas tendrán que movilizarse, organizarse y actuar para abjurar la ideología económica que permite que el 1 % se haga inmensamente rico a costa de las ayudas, los rescates y las garantías respaldados por los contribuyentes, mientras se niegan los recursos financieros para la inversión pública y la transformación económica y ecológica.

Los y las activistas deberán descubrir, y después desplegar, su poder latente para subordinar las finanzas globales a los intereses de la sociedad y los ecosistemas.

Sobre la autora

Ann Pettifor es economista política, escritora y conferenciante, especializada en el sistema financiero y económico global, el dinero, la política monetaria y la economía del Reino Unido. Su último libro, The Production of Money (Verso 2017), explica la naturaleza del dinero y el sistema monetario. Es una de las pocas economistas que predijeron la crisis económica de 2008. A finales de los años noventa del siglo pasado lideró una campaña, Jubilee 2000, que, en el marco de un movimiento internacional, culminó con la cancelación de unos 100 000 millones de dólares de la deuda de los países más pobres. Actualmente, es directora de PRIME, una red de economistas que analiza el papel del sector financiero en la economía y promueve la teoría monetaria y políticas keynesianas.

Traducción al español: Christine Lewis Carroll

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2019, editado en español por Transnational InstituteFuhem Ecosocial y Attac España.

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ESTADO DEL PODER 2019

Cómo gobierna el mundo el capital

Reijer Hendrikse y Rodrigo Fernández

“El capitalismo solo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando se convierte en el Estado.”

-Fernand Braudel

 

Tras la elección de Donald Trump y las afirmaciones de la intromisión rusa durante su campaña, un acuerdo de privatización de la empresa petrolera estatal rusa Rosneft llamó la atención de los medios de comunicación: a pesar de las sanciones, se habían invertido unos 10 000 millones de euros en Rosneft a través de una empresa ficticia con sede en Singapur, lo que representaba una participación del 20 % en el gigante petrolero.

Rosneft argumentó que la inversión era una simple empresa conjunta entre la Autoridad de Inversiones de Qatar y la empresa petrolera suiza Glencore, pero las cifras simplemente no cuadran. Sin embargo, no hay forma de saber quién es el propietario de la participación de Rosneft, porque la propiedad está oculta en una empresa ficticia de las Islas Caimán.

Al igual que muchos grandes acuerdos, la privatización de Rosneft utiliza una estructura de compañías ficticias que son propietarias de compañías ficticias en todas las jurisdicciones extraterritoriales. En este caso, dejó un rastro de papel sin salida desde Qatar y Suiza a una empresa de Singapur, propiedad de una empresa con sede en Londres, que a su vez está controlada por un buzón de correo en las Islas Caimán, registrado en la dirección de un prestigioso bufete de abogados. Aunque el acuerdo sigue siendo un misterio, muestra cómo los ricos y poderosos esconden y transfieren sus activos, incluyendo grandes transacciones de importancia geopolítica, en completo anonimato.

Este ensayo se centra en el turbio reino financiero conocido como finanzas offshore. Demuestra que las finanzas extraterritoriales no se tratan únicamente de que el capital se mueva más allá del alcance de los Estados, sino que implican la desmembración y comercialización desenfrenadas de la propia soberanía del Estado.

Las jurisdicciones offshore cultivan efectivamente dos regímenes jurídicos paralelos. Por un lado, tenemos el espacio regulado y gravado estándar para los ciudadanos nacionales en el que todos vivimos, y por otro, tenemos un espacio extraterritorial secreto offshore reservado exclusivamente para las empresas y los multimillonarios extranjeros, o para el capital no residente, que comprende “un conjunto de ámbitos jurídicos marcados por una mayor o menor retirada de la regulación y de la fiscalidad”.

Este mundo extraterritorial es un espacio legal creado por el Estado en el centro del sistema financiero mundial y, por lo tanto, del capitalismo mundial, que alberga los principales stocks de capital, flujos y reclamaciones de propiedad del mundo con el objetivo de proteger la riqueza y los rendimientos financieros. Considerado como un sistema integrado, es una curiosa criatura soberana capaz de ejercer una autoridad política y económica similar a las potencias imperiales del pasado.

Algunos lo llaman Moneyland, otros ven un retorno a los tiempos feudales. El mundo offshore también podría compararse con la arquitectura de dos niveles del Panem imperial en la distópica trilogía de los Juegos del Hambre de Suzanne Collin, que se dice que refleja el funcionamiento del imperio romano.

El horizonte del imaginario Capitolio de Panem. Fuente: http://breadandcircuses.wikia.com

Específicamente, el actual sistema internacional de estados podría compararse con los problemáticos ‘distritos’ de Panem, donde los ciudadanos comunes están territorialmente encerrados y obligados a pagar fuertes ‘homenajes’, mientras que el mundo extraterritorial exclusivo se asemeja a aspectos de la poderosa capital de Panem ―el Capitolio― donde su acaudalada clase dominante está exenta de austeridad, tributación y autoritarismo y viviendo en la riqueza creada por los otros.

Nos centramos en los denominados centros financieros offshore (CFO) como los bloques de construcción de las finanzas extraterritoriales. Estos centros se definen como “un país o jurisdicción que proporciona servicios financieros a no residentes a una escala que no se corresponde con el tamaño y la financiación de su economía nacional”.

Además de funcionar como paraísos fiscales o jurisdicciones secretas, los CFO se utilizan como plataformas para la adquisición de deuda, la estructuración de fondos, la formación de sociedades, la protección de inversiones, etc. Dependiendo de la definición, hasta 100 jurisdicciones en todo el mundo pueden ser clasificadas como CFO. Estas podrían funcionar como jurisdicciones de “conducto” y “sumidero”, es decir, como destinos intermedios o finales del capital circulante.

A medida que los CFO cultivan cada vez más estrategias de especialización, sus subcategorías se han vuelto cada vez más específicas: mientras que algunas se centran en la protección del secreto y de la riqueza para ocultar el dinero ilícito, otras se ocupan de las corporaciones y los bancos que buscan los tramos normativos de “ligeros” que les permitan organizar los flujos financieros mundiales. La variedad incipiente en las especializaciones complica un marco comparativo uniforme para el estudio de los centros extraterritoriales distintivos. A pesar de estas diferencias, el hecho esencial es que las finanzas extraterritoriales constituyen, en última instancia, un espacio integrado a nivel mundial que opera más allá del control de cualquier Estado individual.

Este ensayo detalla la historia, la geografía, los mecanismos, los facilitadores y los pobladores del mundo offshore. Nuestro relato muestra cómo se fabrica la economía global a través de la política nacional o, parafraseando al exjurista nazi Carl Schmitt, cómo se construye el mundo económico de la propiedad (dominium) a través de la soberanía política (imperium).

Este enfoque también nos permite contrarrestar la idea de que los muchos nacionalistas que se están levantando actualmente en todo el mundo son “desafiadores” del orden mundial. Por el contrario, nuestra contraperspectiva considera el surgimiento global del nacionalismo autoritario como una continuación lógica del proyecto neoliberal.

Comprender cómo el poder financiero se fusiona con el poder estatal y, en última instancia, se traduce en un replanteamiento de las divisiones ideológicas entre las esferas pública y privada; entre los ámbitos político y económico; o entre el Estado y el mercado. Porque en el mundo offshore―el poderoso Capitolio de nuestra época― el capital global financierizado e hipermóvil es el Estado.

Una breve historia

Aunque la evasión fiscal y la protección de activos se produjeron en la antigüedad, en la Edad Media y más allá, el aumento mundial de las finanzas extraterritoriales coincidió con una serie de innovaciones jurídicas de finales del siglo XIX.

En particular, el nacimiento de la corporación privada como “persona natural” se remonta a este período, ya que los principales estados capitalistas liberalizaron el derecho a constituir una compañía, un derecho que hasta entonces se había constituido exclusivamente por decreto soberano. Este desarrollo encendió el auge de las grandes corporaciones multinacionales, que desafiaron el emergente orden jurídico internacional en el que los estados ejercen un poder territorial exclusivo.

La tensión entre el “recinto” territorial nacional y la movilidad global del capital, cada vez más organizada a través de complejas estructuras corporativas multinacionales, desencadenó nuevas innovaciones legales. En particular, la creación de buzones de correo o empresas ficticias, es decir, entidades jurídicas sin una presencia material sustancial, abrió la caja de Pandora, ya que las empresas multinacionales podían en lo sucesivo ubicarse en otra jurisdicción sin trasladar físicamente sus actividades reales.

El derecho de constitución, en otras palabras, se convirtió rápidamente en un dispositivo de contabilidad ficticio.

Otro elemento fundamental que sustentaba las finanzas extraterritoriales era la asignación bilateral de derechos fiscales entre los Estados, anclando la movilidad del capital en un conjunto de tratados fiscales durante la década de 1920 que distinguían entre un país anfitrión ―la jurisdicción de la actividad económica― y un país de origen ―el domicilio del propietario, del inversor o de la sede social―.

Este acuerdo separaba los derechos fiscales en la línea de los países importadores y exportadores de capital, lo que reflejaba las relaciones de poder en aquel momento, con el Reino Unido y los Estados Unidos como principales exportadores de capital. Estos principios siguen siendo fundamentales en el mosaico bilateral actual de más de 3000 tratados fiscales, lo que permite que el mundo offshore contemporáneo madure.

Aunque la era de la posguerra fue definida inicialmente por un régimen internacional en el que los Estados ejercían un control considerable sobre sus economías nacionales, requiriendo controles de capital para restringir las finanzas transfronterizas, a finales de la década de 1950 se produjeron las primeras grietas en este régimen, anunciando un momento clave en el ascenso mundial de las finanzas extraterritoriales. En 1957, el Banco de Inglaterra decidió que el cambio de divisas entre prestamistas y prestatarios no residentes no estaba sujeto a su supervisión ni a sus reglamentos internos de supervisión, como por ejemplo los que regulan los requisitos del capital.

Este truco contable anunció el nacimiento de los mercados del eurodólar, que hizo que los préstamos en dólares estadounidenses fueran más rentables en la ciudad de Londres que en Wall Street, lo que llevó a que los bancos estadounidenses y otros se establecieran en Londres. Con la creación de un espacio “sin estado” no regulado para los mercados de capitales transfronterizos, el Banco de Inglaterra pretendía revitalizar la zona de la libra esterlina tras el declive del imperio británico. Esto pronto llevó a sus restantes dependencias de la corona y territorios de ultramar a transformarse gradualmente en paraísos fiscales, con la City en el centro de una emergente red global offshore.

Spider’s Web explora la forma en que el Reino Unido utilizó las finanzas offshore para reactivar su economía después del fin del imperio británico.

Paralelamente, la descolonización hizo que los principales estados capitalistas crearan un mosaico mundial de tratados bilaterales de inversión, asegurando aún más las inversiones transfronterizas y los derechos de los inversores, principalmente en beneficio de las multinacionales con sede en países ricos que poseen activos en sus antiguas colonias.

Por ejemplo, la descolonización llevó a los Países Bajos a incorporar una nueva cláusula de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) en su tratado bilateral de inversiones con Indonesia, concebido para que las empresas holandesas protejan sus activos. Hoy en día, más de 3000 tratados bilaterales de inversión contienen cláusulas ISDS, lo que convierte a los Países Bajos no solo en un paraíso fiscal, sino también en un importante paraíso para las corporaciones globales que utilizan sociedades ficticias holandesas para proteger sus inversiones.

El impresionante crecimiento de los mercados del eurodólar finalmente socavó el orden de la posguerra, que se derrumbó a principios de la década de 1970. Los tipos de cambio fijos dieron paso a los tipos variables, introduciendo nuevos riesgos financieros para las empresas, los Gobiernos y los hogares, y acelerando el espectacular aumento del comercio de derivados financieros en Chicago, Londres y Nueva York.

Las finanzas offshore ya no son un evento secundario exótico junto con las finanzas regulares y reguladas, sino que se han convertido en la nueva norma.

La creciente movilidad del capital llevó a la creación de mercados transnacionales, construidos cada vez más a través de entidades y estructuras offshore, lo que planteó dificultades a los reguladores nacionales. El ascenso del neoliberalismo en la década de 1980 racionalizó el auge de la globalización de las finanzas: además de profundizar en las soluciones bilaterales, la movilidad del capital se ancló cada vez más en los acuerdos y organizaciones comerciales multilaterales, alentando a un número cada vez mayor de Estados a desplegar estrategias unilaterales para atraer capital hipermóvil.

Como resultado, el flujo de capital que entraba y salía de las jurisdicciones offshore se multiplicó durante la década de 1990, y realmente estalló durante la década de 2000. El gráfico 1 muestra los flujos brutos de entrada y salida de capital a través de sociedades ficticias holandesas. Los Países Bajos son actualmente el mayor receptor de inversión extranjera directa (IED) del mundo y actúan como el principal destino intermediario de capital mundial en el extranjero. El valor de las transacciones brutas creció de 782 000 millones de euros en 1996 a 2,2 billones de euros en 2002, aumentando hasta la friolera de 7,4 billones de euros en 2017. Estas espectaculares tasas de crecimiento sugieren que las finanzas extraterritoriales ya no son un evento secundario exótico junto con las finanzas regulares y reguladas, sino que se han convertido en la nueva norma.

Gráfico 1

Fuente: Dutch Central Bank

Un nuevo amanecer

En una clasificación de CFO que se publicará en 2019, identificamos un grupo central de CFO que capturan estructuralmente la mayor parte de los flujos y stocks de capital offshore en todo el mundo. Como la red offshore central subyacente a los principales centros financieros del mundo ―Londres y Nueva York― clasificamos estos CFO de acuerdo a su uso por parte de fondos de inversión, multinacionales y bancos. En orden de importancia, nuestro grupo principal está formado por las Islas Caimán, Luxemburgo, Bermudas, Hong Kong, los Países Bajos, Irlanda, las Bahamas, Singapur, Bélgica, las Islas Vírgenes Británicas y Suiza.

Este resultado no es sorprendente, ya que confirma lo que han demostrado diferentes estudios realizados por académicos, responsables políticos y organizaciones de la sociedad civil. La Tabla 1 muestra el tamaño de las diferentes reservas de capital acumuladas en estos centros extraterritoriales. Las cifras relativas a las entradas y salidas de inversión extranjera directa, las inversiones extranjeras de cartera y las estadísticas bancarias muestran diferentes canales y lógicas que orquestan los flujos financieros extraterritoriales: donde las Islas Caimán y Luxemburgo son los principales destinos de los flujos financieros de los fondos de inversión y los bancos, Luxemburgo y los Países Bajos son los principales puntos de entrada de las empresas multinacionales.

Tabla 1

Fuentes: FMI (datos sobre inversión extranjera directa-FDI e inversión extrajera en cartera-FPEI) y Banco de Pagos Internacionales -BIS) (estadísticas bancarias)

En conjunto, este grupo comprende los principales destinos de conductos y sumideros del mundo, ofreciendo confidencialidad, minimización de impuestos, mecanismos de incorporación y una gama de servicios especializados.

Por ejemplo, Irlanda se dedica a las sedes sociales, mientras que los Países Bajos facilitan las sociedades de cartera. Estas diferencias son a menudo en la sinfonía, lo que da lugar a estructuras populares de planificación fiscal como “el doble irlandés con un sándwich holandés”.

El grupo está repartido por los principales mercados y zonas horarias del mundo: donde Hong Kong es la puerta de entrada y salida de China, Irlanda y los Países Bajos suelen servir a las operaciones globales de las multinacionales estadounidenses.

Lo que más destaca es la prominencia geográfica de Europa, específicamente los (antiguos) territorios del Imperio Británico, seguidos de un papel central para los Países Bajos – Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. En general, las cadenas de valor corporativas se estructuran habitualmente a lo largo de este grupo, que junto con la riqueza de la clase multimillonaria del mundo constituye efectivamente la espina dorsal del capitalismo global.

Aunque los Gobiernos y los legisladores inician y promulgan legislación offshore para los centros financieros extraterritoriales individuales, el mundo offshore integrado es cultivado efectivamente por un puñado de bancos, firmas de abogados y contables que operan a nivel mundial; curiosamente, tres profesiones autorizadas por el estado (o el banco central) para desempeñar funciones públicas específicas.

La reciente racha de filtraciones de datos en el extranjero proporciona información fascinante sobre sus actividades: Swiss Leaks descubrió un plan masivo de evasión de impuestos dirigido por la subsidiaria suiza del banco global HSBC, y Papeles de Panamá reveló los trucos de la firma de abogados global Mossack Fonseca en Panamá, fabricando las compañías ficticias a través de las cuales los clientes de HSBC evadían impuestos. Lux Leaks, a su vez, expuso los planes de evasión del impuesto de sociedades que facilitaron las autoridades luxemburguesas y el gigante de la contabilidad PricewaterhouseCoopers.

Video explicativo: Los Papeles de Panamá)

A través del ensamblaje dedicado de préstamos híbridos y entidades certificadas por los reglamentos fiscales del Gobierno ―estructuras de financiación empresarial que reciben un trato fiscal o legal diferente en las distintas jurisdicciones, capitalizando los desajustes en los códigos fiscales― las empresas disfrutaron de “tipos impositivos efectivos de menos del 1 % sobre las utilidades que arrastraron a Luxemburgo”.

Los Papeles del Paraíso, centrados en la oficina en Bahamas de la firma de abogados Appleby, revelan que el sistema operativo central de las finanzas offshore es un mundo altamente exclusivo, anclado en una docena de CFO cultivados por un puñado de intermediarios profesionales, que estructuran las “actividades” de sus clientes corporativos en todos los CFO con el fin de maximizar la protección de la riqueza y los beneficios.

Junto con la clase multimillonaria global, que son los propietarios finales de este edificio corporativo, “estos actores se han convertido, por así decirlo, en ciudadanos de un nuevo y valiente país virtual”. Una vez más, su composición es verdaderamente global: desde la realeza europea hasta las nuevas riquezas estadounidenses; desde los principiantes chinos y los príncipes árabes hasta los oligarcas rusos y los señores de la guerra africanos, la élite global se ha labrado una patria secreta, libre de impuestos y soberana para sí misma.

Capital soberano

“Por encima, por debajo y al lado de las fronteras político-estatales de lo que parecía ser un derecho internacional puramente político entre Estados, se extiende una esfera libre, es decir, una esfera no estatal de la economía que lo impregna todo: una economía global.”

– Carl Schmitt

Aunque las finanzas extraterritoriales han madurado y se han profesionalizado recientemente, los mecanismos que subyacen a su ascenso mundial siguen siendo los mismos que hace un siglo. El mundo offshore evolucionó sobre la base del sistema estatal internacional, donde la soberanía es considerada la máxima autoridad legal.

Es decir, bajo el disfraz del derecho internacional público, los Estados son libres de abrir sus economías nacionales al capital extranjero por medios bilaterales y multilaterales. Los estados capitalistas han utilizado esta libertad para facilitar la movilidad del capital, que es el prerrequisito clave para el florecimiento de las finanzas extraterritoriales, ya que tiene poco sentido atraer unilateralmente capital extranjero en un mundo de estrictos controles de capital. Friedrich Hayek comparó el derecho capitalista vital de la movilidad del capital con “los xenos, o huéspedes amigos, a principios de la historia griega”.

Quinn Slobodian argumenta:

La categoría de los derechos de los xenos nos ayuda a pensar en individuos que tienen derechos protegidos con el salvoconducto que le da acceso sin problemas a la propiedad de su patrimonio y de su capital, sin importar el territorio. Es un derecho que hereda el espacio económico unitario del dominio en lugar del espacio estatal fragmentado del imperio; sin embargo, requiere que las instituciones políticas del imperio lo garanticen.

Es aquí donde nos tropezamos con la comprensión de que las divisiones ideológicas entre los ámbitos político y económico tienen poco sentido, ya que las finanzas offshore se tejen a partir del tejido soberano de los Estados, anclando el mundo capitalista de la propiedad (dominium) a través de la comercialización desenfrenada de la soberanía estatal (imperium).

En consecuencia, ningún Estado puede controlar de manera significativa las finanzas extraterritoriales contemporáneas, ya que la introducción de la regulación en un lugar dará lugar a que el capital se traslade a otro.

La naturaleza extraterritorial de las finanzas offshore tiene paralelismos históricos con la forma en que operaban las élites mercantiles genovesas.

Curiosamente, existen claros precedentes históricos de la actual geografía del poder financiero. Mirando el nacimiento del capitalismo moderno, por ejemplo, Arrighi argumentó que “la élite mercantil genovesa ocupaba lugares, pero no estaba definida por los lugares que ocupaba”, lo que constituía una infraestructura “no territorial” similar al “mercado eurodólar” offshore.

En otras palabras, el capitalismo moderno se desarrolló simultáneamente en el espacio de los lugares donde quedó atado a estados particulares, y el espacio de los flujos abarcando redes por encima del control de cualquier estado.

Mientras que en la República Holandesa y Gran Bretaña los estados de las compañías operaban efectivamente, representando una unidad relativa entre el estado y el capital encarnado en sus compañías cuasi-soberanas de las Indias Orientales, desde que el poder hegemónico se trasladó a los Estados Unidos, el poder corporativo privatizado se ha globalizado e intensificado implacablemente, con la soberanía apuntalando a las corporaciones globalizadoras cada vez más diseminadas por todo el mundo.

En palabras de Arrighi, señalando la descomposición de la soberanía territorial, el “crecimiento explosivo de las corporaciones transnacionales… bien pudo haber iniciado la extinción del moderno sistema interestatal como el lugar principal del poder mundial”.

Para comprender cómo el capital gobierna el mundo, necesitamos distinguir sistemáticamente entre soberanía formal y efectiva, y darnos cuenta de que el poder corporativo siempre se deriva del poder estatal. La soberanía que sustenta las finanzas extraterritoriales podría compararse con el relato clásico de Berle and Means sobre la empresa moderna, que hace hincapié en la separación entre la propiedad y el control de la empresa.

De manera similar, la propiedad y el control de la soberanía parecen haber divergido: donde el primero sigue siendo el reino del imperio propiamente dicho, principalmente el Estado nacional, el control de la soberanía global se ha desplazado progresivamente hacia las grandes corporaciones y sus guardianes profesionales que mantienen el espacio offshore del dominio, de la propiedad.

Si bien los centros financieros offshore colocan legalmente las actividades financieras de los no residentes fuera de los límites territoriales, esto permanece dentro de los límites de su autoridad soberana: aunque los legisladores están territorialmente vinculados, la soberanía para la venta es de naturaleza extraterritorial.

De manera crucial, utilizado como un solo paquete por las corporaciones y élites globales, las muchas parcelas de soberanía comercializada disponibles en todo el mundo se combinan, se fusionan y, en última instancia, mutan en “una nueva forma global de soberanía”, una soberanía desterritorializada que sustenta conjuntamente el dominio planetario del capital.

 

Desafiando al Capitolio

En el cambio de milenio, las finanzas offshore se convirtieron en la sala de máquinas del capitalismo global. Su espectacular crecimiento está ahora ligado a un cambio financiero y tecnológico más amplio, como la creciente financierización empresarial, que hace que las empresas asuman cada vez más rasgos financieros, impulsando el auge de las finanzas no reguladas, no bancarias y basadas en el mercado, que están principalmente orquestadas en el extranjero.

Asimismo, los bancos y las instituciones financieras han entrado colectivamente en este oscuro mundo financiero, que se considera legalmente distinto al de la banca y las finanzas reguladas, sin embargo, la crisis financiera de 2008 reveló que estos dos mundos están íntimamente conectados, y que en realidad comprenden un todo en el que domina el componente offshore. De hecho, en general es seguro decir que las “finanzas globales” son las finanzas offshore.

Estos cambios se han desarrollado en un proceso más amplio de neoliberalización incesante, que ha acelerado la desigualdad mundial de ingresos y riqueza, ya que los ricos y poderosos pueden ahora simplemente elegir si pagar o no impuestos, lo que a menudo es perfectamente legal.

A medida que las élites evaden cada vez más sus obligaciones públicas, habiéndose separado legalmente a sí mismas y a sus propiedades de sus respectivos países de origen, lo que ha impulsado el resentimiento popular en todo el mundo, con un número cada vez mayor de nacionalistas que prometen “drenar el pantano”.

Es precisamente este desarrollo el que socava el tejido de la sociedad, dividiéndola en dos partes, a medida que las élites evaden cada vez más sus obligaciones públicas, habiéndose separado legalmente a sí mismas y a sus propiedades de sus respectivos países de origen, como si vivieran en otro lugar, o en ninguna parte en absoluto. Son estos acontecimientos los que han provocado el resentimiento popular en todo el mundo, con un número creciente de nacionalistas que prometen “drenar el pantano”.

Desafortunadamente, dado que el dominio offshore que sustenta al capitalismo global se construye principalmente a través de la política nacional del imperio, la idea de que los nacionalistas “retomarán el control” de los globalistas es discutible.

Las finanzas offshore se construyen a partir de la comercialización unilateral de lo que en su mayoría constituye la soberanía nacional con el fin de atraer capital movilizado principalmente a través de una red global de tratados bilaterales de impuestos, comercio e inversión. En otras palabras, el capitalismo global actual, capitaneado por corporaciones billonarias y la clase multimillonaria, no necesita un orden multilateral, ni mucho menos, ya que se nutre de fronteras soberanas y mecanismos legales de exclusión relacionados.

Resumiendo los acontecimientos recientes, Slobodian argumenta que:

“La fórmula de la antiglobalización de la extrema derecha es: sí a las finanzas libres y al libre comercio. No a la libre migración, la democracia, el multilateralismo y la igualdad humana”.

De hecho, el capitalismo global adora la soberanía nacional, y simplemente desprecia sus fundamentos democráticos populares y su vigencia, que décadas de neoliberalismo han corroído sistemáticamente. El actual ascenso de las fuerzas antiliberales de derecha, por lo tanto, podría no ser una ruptura al orden establecido, sino más bien anclar su dominio global, ya que “la antiliberalización política podría igualmente proteger el núcleo económico del proyecto neoliberal de la resistencia popular, funcionando efectivamente como su capa protectora tóxica”, sobre todo para salvaguardar el mundo de la propiedad en el exterior.

Una rápida mirada a las filtraciones de datos mencionadas anteriormente revela que la mayoría de los autoritarios “hombres fuertes” han asegurado sus activos e ingresos en el extranjero, junto con una considerable facción de la clase multimillonaria mundial que los patrocina. Cínicamente, lo mismo ocurre con los barones de los medios de comunicación globales que han complementado sus narrativas neoliberales con veneno autóctono, vendiendo las virtudes del patriotismo, mientras que ellos mismos viven como verdaderos “ciudadanos de ninguna parte”, poseedores de múltiples pasaportes para reducir al mínimo los impuestos sobre sus vastos intereses comerciales estructurados de forma offshore.

Adam Ramsay habla de los multimillonarios que apoyan el surgimiento de movimientos nacionalistas y autócratas reaccionarios.

El surgimiento de Bolsonaro o Trump, el advenimiento del brexit; en un análisis más detallado de estos y otros acontecimientos políticos impulsados por el ‘dinero negro’ sugieren una rebelión de un multimillonario offshore en lugar de una revuelta anti-sistema de la gente.

Mientras tanto, incluso el presidente de la alta iglesia del neoliberalismo ―el Foro Económico Mundial (FEM)― se está distanciando semánticamente del ‘globalismo’ para acomodar mejor los ‘intereses nacionales’ bajo la globalización, a pesar de que el capitalismo global construido por y para la clase multimillonaria offshore, que se congrega cada año en Davos, sencillamente irrita de manera similar a como lo hizo antes.

Detrás de la “alt-right”(ultraderecha), encontramos una vulgar celebración del poder corporativo desenfrenado detrás de una fachada de memorias y narrativas culturales “renovadas”, que revelan una notable continuación del neoliberalismo en general y una profundización radical de la soberanía corporativa en particular.

Además, si observamos lo que eufemísticamente se ha etiquetado como “alt-right” (ultraderecha), encontramos una vulgar celebración del poder corporativo ilimitado detrás de una fachada de memorias y narrativas culturales “renovadas”, lo que revela una notable continuación del neoliberalismo en general y una profundización radical de la soberanía corporativa en particular.

Porque su estado capitalista ideal rechaza totalmente las premisas de la democracia liberal, ya que ve a los presidentes reemplazados por presidentes ejecutivos que dirigen sus estados como corporaciones, maximizando el valor de los accionistas para sus beneficiarios finales: la clase multimillonaria global.

Bajo lo que pensadores como Nick Land y Curtis Yarvin llaman Gov-Corp, la política es considerada ilegal y los ciudadanos son despojados de sus derechos; el único derecho humano será la “salida” para aquellos que pueden permitírsela, lo que significa la fuga de capitales, defendiendo el derecho de hierro fundido de la movilidad del capital. En lo que solo puede convertirse en una carrera sin fin hacia el abismo, los futuros estados de Gov-Corp competirán por siempre por un capital offshore hipermóvil.

A pesar de los llamamientos populistas a la democracia popular, el objetivo de estos autoproclamados aspirantes al orden mundial es alcanzar la última frontera del neoliberalismo: la plena toma de poder por parte de las multinacionales de los Gobiernos soberanos y de los propios Estados.

Aunque esta perspectiva aún no se ha materializado, el capitalismo contemporáneo se está convirtiendo cada vez más en una economía de plataforma global, con las finanzas offshore como sistema operativo central y el resto del mundo conectado a su lógica operativa dominante en varios términos.

Donde la ciudadanía y los negocios ordinarios están sujetos al dominio capitalista global a través de sus respectivos estados ―imponiendo austeridad, impuestos y, cada vez más, autoritarismo― los residentes offshore han crecido por encima del recinto territorial, convirtiéndose efectivamente en una oligarquía “apátrida” global, viviendo vidas secretas y libres de impuestos con sus vastas fortunas apoyadas por una política monetaria expansionista.

Representando la misma corona del triunfo del capital sobre el trabajo, el mundo offshore está amenazando con dar lugar a una era de ultra imperialismo, ya que un número creciente de estados se han unido efectivamente en una federación offshore, “reemplazando al imperialismo por una santa alianza de los imperialistas”.

El mundo offshore ya opera como un Leviatán incorporado globalmente, como el último estado acreedor del mundo, con un puñado de bancos globales, bufetes de abogados y auditores “parecidos a un estado”. Es esta capacidad, más aún, estos actores parafinancieros los que ejercen un poder hegemónico clásico en cualquier otro lugar, operando con “funciones de liderazgo y gobernabilidad sobre un sistema de estados soberanos”, como claramente se ejemplificó a lo largo de la crisis financiera, donde aconsejaron a los Gobiernos desorientados que rescataran las problemáticas carteras offshore de unos pocos, a expensas de una gran austeridad para la mayoría.

Hemos llegado al punto, como en la trilogía de los Juegos del Hambre, en el que los ciudadanos de todos los “distritos” del mundo necesitan levantarse y unirse contra el Capitolio de nuestra era ―el mundo offshore― amenazando con transformar el sistema internacional de Estados en un Panem actual, imponiendo su dominio global a través de hombres fuertes locales.

Los ciudadanos de todo el mundo necesitan reclamar el control democrático sobre lo que constitucionalmente es ―o debería ser― la soberanía popular. Esto requerirá exponer la nostalgia nacionalista, azucarada por la xenofobia, como distracciones exageradas de la toma de poder por el Capitolio offshore. Necesitará centrar la atención en las corporaciones y élites globales que evitan la responsabilidad y el escrutinio públicos que necesitan urgentemente ser relevados del vasto poder político que disfrutan y ejercen.

Aunque la lucha será difícil, sin soluciones rápidas, ofrece un objetivo político limitado para movilizar una amplia base política, una que pueda reunir a los indignados y desafortunados, uniendo los cuadrados rojos, las ambiciones verdes y los chalecos amarillos. Solo una verdadera lucha colectiva para destronar las finanzas offshore abrirá la posibilidad de recuperar el control.

Sobre los autores

Reijer Hendrikse es investigador posdoctoral en la Universidad Libre de Bruselas. Sus intereses de investigación se centran ampliamente en las interrelaciones entre las estructuras y transformaciones corporativas y estatales, con un enfoque en las finanzas, los servicios empresariales y la tecnología. En 2015, Reijer recibió un doctorado de la Universidad de Amsterdam por su tesis El brazo largo de las finanzas: Explorando la insólita financierización de Gobiernos e instituciones públicas.

 

Rodrigo Fernández trabaja como investigador para SOMO, donde se especializa en evasión de impuestos, paraísos fiscales y banca en la sombra. Además, realiza investigación posdoctoral en la Universidad de Lovaina sobre el sector inmobiliario/financiero. En 2011, Rodrigo recibió un doctorado de la Universidad de Ámsterdam por su tesis, Explicando el declive del Centro Financiero de Amsterdam, la globalización de las finanzas y el surgimiento de una red interurbana jerárquica.

 

 

Traducción al español: Cuca Hernández, Attac España

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2019, editado en español por Transnational InstituteFuhem Ecosocial y Attac España.

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El poder del público frente a la banca: Lecciones del Instituto de Finanzas Internacionales https://www.attac.es/2019/06/23/el-poder-del-publico-frente-a-la-banca-lecciones-del-instituto-de-finanzas-internacionales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-poder-del-publico-frente-a-la-banca-lecciones-del-instituto-de-finanzas-internacionales https://www.attac.es/2019/06/23/el-poder-del-publico-frente-a-la-banca-lecciones-del-instituto-de-finanzas-internacionales/#comments Sun, 23 Jun 2019 09:35:32 +0000 https://www.attac.es/?p=50709

ESTADO DEL PODER 2019

Jasper Blom

Durante septiembre de 2011, tres años después del colapso de Lehman Brothers, la ira pública por la Gran Crisis Financiera se desbordó justo donde todo comenzó: Wall Street. Las medidas de austeridad adoptadas en respuesta a la crisis y la falta de rendición de cuentas de los banqueros llevaron a un gran grupo de activistas a “ocupar Wall Street”.

Inspirada en la Primavera Árabe, la idea era mantener el espacio público ocupado hasta que se produjera un cambio en beneficio del “99 %”. En cuestión de semanas, cientos de protestas y campamentos de “ocupación” habían surgido en los principales centros financieros de todo el mundo. Desde los días de la crisis financiera de Asia Oriental, las finanzas mundiales no habían sido objeto de críticas tan continuas por parte de las organizaciones de la sociedad civil y nunca, en mi vida, esto había conducido a una movilización tan masiva que exigiera una reforma radical del sistema financiero mundial.

Más o menos al mismo tiempo, el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI) publicó el informe “The Cumulative Impact on the Global Economy of Changes in the Financial Regulatory Framework”. Su mensaje era simple: una regulación más estricta de los bancos ahogaría el crecimiento y conduciría a la pérdida potencial de millones de puestos de trabajo. El hecho de que un grupo de presión bancario protestara por una regulación más estricta no debería ser una sorpresa.

Lo que sorprendió fue la importante cobertura mediática de estos descubrimientos en los periódicos de negocios. Si bien la metodología del informe era obviamente unilateral y las calles estaban llenas de campamentos de ocupación, las demandas de los banqueros seguían resonando entre las élites de la política financiera.

Desde esos días turbulentos, está claro quién llevó la batuta. La solemne promesa de los líderes mundiales en la primera Cumbre del G20 celebrada en Washington en noviembre de 2008 de “sentar las bases de una reforma que contribuya a garantizar que una crisis mundial como ésta no se repita” parece casi olvidada. El economista político y observador de larga experiencia en las finanzas mundiales, Eric Helleiner, lo plasmó acertadamente en el título de su evaluación de la reforma después de la crisis de 2014: “La crisis del statu quo”.

 

Los líderes del G20 se reunieron en la Cumbre sobre Mercados Financieros y Economía Mundial en Washington, D.C., el 15 de noviembre de 2008. / Foto: Presidencia de la Nación Argentina [CC BY 2.0]

Y aunque ha habido muchas reformas regulatorias desde entonces, la crisis no ha resultado ser un nuevo “momento de Bretton Woods” en el que la comunidad mundial decidiera un orden financiero mundial fundamentalmente diferente.

Los requisitos de capital para los bancos han aumentado un poco, los rincones oscuros del sistema financiero han pasado a ser objeto de supervisión, y algunas organizaciones internacionales se han fortalecido. Pero la idea fundamental de un sistema financiero mundial dirigido por el mercado no ha sido cuestionada seriamente.

En este ensayo, argumentaré que la naturaleza incremental de la reforma tiene mucho que ver con la influencia sobre la creación de políticas públicas del sector financiero internacional. Se centrará en el IFI porque es posiblemente el grupo de presión financiera más poderoso y el más estrechamente involucrado en el tipo de crisis financieras globales que acabamos de experimentar. Haré dos observaciones principales.

Si se desea un cambio real (requiere no solo detener) la oferta del lobby del sector privado, sino también la demanda de los políticos que eligen al IFI como su interlocutor clave.

En primer lugar, para entender el poder del IFI tenemos que considerar no solo la experiencia y el poder estructural de sus miembros bancarios, sino también el “interés de la demanda” de los responsables de las políticas públicas. Con demasiada frecuencia, la influencia del sector financiero se percibe como una calle de una sola dirección desde Lobbyville que influye en las políticas gubernamentales, pero mi análisis muestra que hay un intercambio continuo de dos direcciones entre el IFI y los encargados de formular políticas públicas, quienes ayudaron a dar forma al Instituto en cada paso del camino.

En segundo lugar, al colocar al IFI en esta posición (a diferencia de otros grupos de presión financieros ―¡si solo fuera eso!― u otros actores interesados), los responsables de la creación de políticas públicas optaron deliberadamente por una gobernanza financiera integrada a nivel mundial y dirigida por el mercado, en lugar de un sistema financiero más orientado a nivel nacional, fragmentado y, evidentemente, más pequeño.

Estos dos puntos indican que si se quiere un cambio real, el simple hecho de intentar detener el lobby financiero podría no ser tan sencillo como parece. No solo hay un interés de la oferta en el lobby del sector privado, sino también un interés de la demanda de los políticos que eligen al IFI como su interlocutor clave.

Los responsables de la creación de políticas deberían contar con socios alternativos para el debate, a través de la creación de una coalición de grupos de reflexión e instituciones financieras que puedan proporcionar asesoramiento experto a semejanza de lo que el IFI tuviera que ofrecer.

Para decirlo en términos gramscianos: una estructura contrahegemónica necesita ser desarrollada y nutrida para reemplazar el lobby financiero actualmente dominante que se centra en la integración global bajo la regulación basada en el mercado.

El poder del lobby financiero

Como sector altamente regulado con un papel crucial en el funcionamiento de la economía, el sector financiero siempre ha estado estrechamente relacionado con la creación de políticas públicas.

En su premiado análisis de la aparición del mercado del eurodólar en la década de 1960, Gary Burn demuestra que las estructuras institucionales que facilitaban el funcionamiento de la City de Londres como centro financiero mundial ya se habían establecido a finales del siglo XIX y que eran una mezcla tan estrecha de asociaciones estatales, bancarias y del sector privado que ni siquiera tiene sentido hablar de esferas estatales y de mercado separadas.

Una serie de estudios de casos sobre los procesos de regulación financiera tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados ha puesto de relieve estos estrechos vínculos entre las asociaciones nacionales de interés financiero y los responsables de la creación de políticas públicas.

Con el resurgimiento de las finanzas globales, la actividad de las asociaciones internacionales también se trasladó al nivel global. Una de las primeras fue la Asociación Internacional de Colocadores de Bonos (ahora Asociación Internacional del Mercado de Capitales), creada en 1969 para organizar los mercados de eurobonos. Le siguieron el IFI y la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) a principios de la década de 1980, mientras que la Federación Internacional de Bancos se estableció en 2004.

Heather McKeen-Edwards y Tony Porter han compilado una base de datos de más de 200 de estas “asociaciones financieras transnacionales”. Argumentan que cuatro de ellas sirven como organizaciones superiores: el IFI, la Asociación Mundial de Mercados Financieros, la ISDA y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Cada una de estas asociaciones proviene de un segmento diferente del sistema financiero mundial, a saber, la banca, los mercados de capitales, los derivados y la contabilidad, respectivamente.

El Instituto de Finanzas Internacionales fue establecido formalmente en enero de 1983 y estableció su oficina en Washington para estar cerca del FMI y el Banco Mundial. La pertenencia al IFI se limitó a bancos con (posibles) préstamos internacionales y 38 bancos de Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos se convirtieron en miembros fundadores.

El número de miembros aumentó a casi 190 bancos en su primer año y, a partir de mediados de la década de 1990, aumentó aún más como resultado de una activa campaña de afiliación por parte de la dirección del IFI (por ejemplo, la expansión en Asia tras la crisis financiera de Asia Oriental). Según su sitio web, actualmente se extiende a cerca de 450 instituciones de más de 70 países.

En la actualidad, el número total de miembros se limita a las empresas que operan a nivel internacional en los sectores de la banca, los valores y los seguros, pero los miembros asociados y los afiliados especiales están abiertos a otra capa de instituciones que operan en el sistema financiero mundial, como las empresas de contabilidad, los bancos de desarrollo, las aseguradoras de exportaciones y las bolsas de valores.

El presupuesto del Instituto se ha mantenido al día con el aumento del número de miembros. Comenzó con unos 10 millones de dólares en valores actuales, y desde entonces se ha cuadruplicado. El número de funcionarios ha aumentado de unos 40 a unos 80.

Por lo tanto, el Instituto cuenta con importantes recursos para ejercer presión en favor de sus posiciones. La alta dirección del IFI está geográficamente distribuida entre los miembros; por ejemplo, si el director gerente es de los Estados Unidos, el presidente del Consejo es europeo o asiático. Las Reuniones de Miembros están programadas para que coincidan con las Reuniones de Primavera y las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, lo que refleja el deseo de intercambio con estas instituciones.

El actual presidente del Instituto es Timothy Adams, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de los Estados Unidos. Su famoso y veterano predecesor, Charles Dallara, tenía un historial similar en los círculos políticos de los Estados Unidos.

La misión actual del Instituto es “apoyar a la industria financiera en la gestión prudente de los riesgos; desarrollar prácticas industriales sólidas; y abogar por políticas regulatorias, financieras y económicas que sean de interés general para sus miembros y fomenten la estabilidad financiera mundial y el crecimiento económico sostenible”.

Para lograr esta misión, el trabajo se organiza en torno a tres pilares: el análisis económico del país, las cuestiones regulatorias y las políticas financieras internacionales hacia los mercados emergentes.

Además, el Instituto imparte cada vez más capacitación y educación a profesionales de la banca y funcionarios públicos mediante seminarios y conferencias. A través de todas estas actividades, el Instituto interactúa a menudo y en estrecha colaboración con funcionarios públicos a nivel nacional y mundial. Pero para comprender realmente su poder para influir en la política financiera mundial, tenemos que profundizar en sus curiosos orígenes.

La crisis de la deuda en la década de 1980: la génesis del IFI

El IFI surgió como consecuencia del crecimiento de la financiación privada de la deuda soberana de los mercados emergentes, y más específicamente como consecuencia de la crisis de la deuda de los años ochenta del siglo XX.

La idea de establecer un foro en el que intercambiar información (a veces confidencial) sobre la exposición de los bancos a la evolución económica de los países en desarrollo se concibió en mayo de 1982 en una reunión de alto nivel de responsables de la creación de políticas financieras públicas y privadas patrocinada por la Asociación Nacional de Planificación (un grupo de reflexión estadounidense) en Ditchley Park, Oxfordshire.

La idea era aumentar la transparencia en el mercado de la deuda soberana, para que los bancos pudieran evaluar mejor el riesgo de sus préstamos a los mercados emergentes (y se podría añadir que el mercado de financiación privada de los países en desarrollo podría crecer).

Concretamente, Jacques de Larosière, Director Gerente del FMI, alentó la creación del Instituto e informó ampliamente al Consejo Ejecutivo del FMI sobre el proyecto. Además, el FMI, el Banco de Pagos Internacionales y la OCDE permitieron que el IFI tuviera acceso a sus informes (no públicos). En otras palabras, desde su origen, el IFI no fue simplemente un reflejo del interés de los bancos privados de Wall Street, sino también un reflejo de la demanda de un interlocutor por parte de las organizaciones internacionales públicas.

Mientras tanto, los préstamos bancarios a los países en desarrollo (rebautizados por los banqueros como “mercados emergentes”) tuvieron problemas. En el verano de 1982, México declaró que ya no podía cumplir con sus obligaciones de deuda, seguido por muchos otros en América Latina y otras partes del mundo.

ABC News informa sobre la devaluación del peso por parte del gobierno mexicano, el 16 de agosto de 1982, que marcó el inicio de una importante crisis de la deuda internacional para muchos países en desarrollo.

La crisis de la deuda de los años ochenta había nacido, y podía causar estragos en el sector bancario internacional: en los Estados Unidos, la exposición de los bancos a los 17 mercados emergentes más endeudados superaba con creces el 100 por ciento del capital, mientras que para los bancos del Reino Unido un impago total de estos países acabaría con el 85 por ciento de su capital.

Las negociaciones entre los bancos y los países en desarrollo en bancarrota tuvieron lugar en los llamados Clubes de Londres. Se trataba de reuniones informales en las que los bancos podían llevar a cabo reestructuraciones de deuda caso por caso.

Esto ofreció a los banqueros el beneficio de poder aprender de la experiencia, adaptar las propuestas para recuperar la mayor parte posible de la deuda en casos de dificultades e impedir la aparición de un frente unido de países deudores.

El recién creado Instituto era menos adecuado para estas negociaciones caso por caso. Su Consejo subrayó que no tenía la intención de presentar un frente unido de banqueros a los países prestatarios cuando se trataba de reestructuraciones de deuda (al parecer, preocupados por la ley antimonopolio de los Estados Unidos).

En relación a las reformas de política a nivel mundial tras la crisis de la deuda, el Instituto se veía a sí mismo desempeñando un papel. Estableció un grupo de trabajo que se ocupaba de las cuestiones de política relacionadas con la solución de la crisis de la deuda de los años ochenta (por ejemplo, qué tipo de opciones deberían ofrecer los países deudores y la preferencia por los enfoques voluntarios caso por caso) y coordinó la participación de los bancos más pequeños.

Ya desde principios de 1985, el Instituto comenzó a enviar una carta bianual a los miembros del principal órgano rector del FMI (el CFMI) para presionar a favor de las posiciones del IFI con respecto a la agenda del día.

En la época del Plan Brady (1989), el IFI había surgido como la principal voz de la comunidad bancaria internacional. Se opuso a las reducciones de deuda no voluntarias que Brady propuso y, en vísperas de las reuniones de primavera de 1990 del FMI y el Banco Mundial, publicó un informe sobre la financiación de los mercados emergentes en el que se hacía hincapié en que el Plan Brady estaba provocando un aumento de los atrasos en los mercados emergentes y una posible erosión de la disciplina en el sistema financiero internacional.

El IFI abogó por aumentar la financiación oficial (pública) de las reestructuraciones, por una reducción verdaderamente voluntaria de la deuda y la no aceptación por parte el FMI de los intereses atrasados de los países deudores con respecto a los bancos comerciales. En otras palabras, el IFI actuó como una verdadera asociación de interés al tratar de transferir la carga de la crisis sobre los países deudores y el sector oficial, manteniendo intacto su mercado. Sin embargo, su poder no era (todavía) suficiente para detener el Plan Brady.

Los orígenes del IFI estaban, por tanto, estrechamente vinculados a las organizaciones internacionales y a los funcionarios públicos que fomentaban su creación y le proporcionaban los medios (por ejemplo, el acceso a datos confidenciales) para atraer a los miembros. En combinación con la emergencia de la crisis de la deuda de los años ochenta, que dio inicio a la organización (como lo atestiguan las cifras de membresía mencionadas anteriormente).

Una vez establecido, el Instituto rápidamente comenzó a desarrollar una función de promoción. Sus actividades de presión se hicieron realmente patentes cuando se discutió la regulación bancaria internacional, como se demostrará en el próximo caso.

Regulación bancaria global: nivelar el campo de juego

Tras la crisis de la deuda latinoamericana, los reguladores bancarios de los Estados Unidos presionaron con éxito para que se llegara a un acuerdo mundial sobre las normas de adecuación del capital de los bancos a fin de evitar que los impagos volvieran a arrasar con el sector bancario. Una vez resuelta la crisis de la deuda de los años ochenta, surgieron discusiones sobre la renegociación de estas regulaciones.

El IFI se dio cuenta rápidamente de las oportunidades que ofrecía este proceso de elaboración de políticas y se reorganizó para poder influir de manera óptima en las negociaciones. Permitió que un número cada vez mayor de empresas no bancarias (por ejemplo, empresas de gestión de inversiones y de seguros) se unieran a la IFI como mercados financieros que se integran a través de las fronteras y de los sectores bancario y del mercado de capitales.

Esto proporcionó al IFI una perspectiva y una experiencia únicas sobre el funcionamiento interno de las finanzas internacionales. El lobby en cuestiones de regulación internacional se convirtió en un tercer pilar de su trabajo (como se mencionó anteriormente) y se organizó de tal manera para que reflejara la estructura del foro mundial de creación de políticas públicas, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Debido a su experiencia específica como representante de los bancos internacionales más “sofisticados”, el Comité de Basilea pidió activamente al IFI que organizara aportaciones del sector privado.

En su trabajo de lobby, el IFI favoreció la regulación y estandarización internacional para “nivelar el campo de juego” y hacer más conveniente la realización de negocios bancarios en todo el mundo. Al mismo tiempo, el IFI se mostró partidario de reducir al mínimo la carga reglamentaria, con el fin de lograr una regulación “basada en el mercado”. Las renegociaciones del Acuerdo sobre Capital de Basilea, el acuerdo internacional que trata de las reservas de capital que los bancos deben mantener para prevenir las crisis bancarias, constituyen un buen ejemplo de estos dos objetivos.

La principal demanda del sector privado, y en concreto del IFI, fue la utilización de modelos propios de los bancos para calcular los riesgos y, por tanto, la cantidad de capital que debían mantener para cubrirlos. Este enfoque basado en calificaciones internas permitiría a los bancos determinar los activos ponderados en función del riesgo en el balance y, por lo tanto, determinar cuánto capital tendrían que mantener para cubrir esos riesgos.

Esto supondría un cambio importante con respecto al primer Acuerdo sobre Capitales de Basilea, que dividía los activos bancarios en varias categorías con ponderaciones de riesgo establecidas por el supervisor. El IFI estableció la agenda con un influyente informe de 1998 de su grupo de trabajo sobre la adecuación del capital. El título resume, acertadamente, el punto principal: “Recomendaciones para la revisión de las normas reguladores de capital para el riesgo de crédito: una propuesta para que los bancos puedan utilizar sus propios modelos”.

Cabe destacar que la utilización de modelos internos es más atractiva para los bancos grandes y diversificados (en otras palabras: los pertenecientes al IFI). Pueden obtener una ventaja competitiva estableciendo sus propios niveles de capital, mientras que para los bancos más pequeños la inversión en modelos de gestión de riesgos sería demasiado elevada y los bancos especializados no se beneficiarían de la diversificación.

Había mucha preocupación entre otras asociaciones bancarias (por ejemplo, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito), pero no tenían el acceso privilegiado del IFI al Comité de Basilea. En otras palabras, el IFI fue capaz de empujar su modelo específico de banca ante modelos alternativos para el sistema financiero mundial.

Al establecer la agenda con su experiencia en la modelización del riesgo de crédito, el IFI fue muy eficaz a la hora de influir en el Acuerdo sobre Capital de Basilea II. Aunque el Comité de Basilea no dio rienda suelta a los bancos para determinar su propio nivel de capital, sí permitió el uso de modelos internos para los bancos “más sofisticados”, transfiriendo así el control de los niveles de adecuación del capital a los mismos bancos más grandes.

Así pues, el IFI no solo consiguió “nivelar el campo de juego”, sino que también dio un paso importante hacia formas de regulación bancaria basadas más en el mercado. Como asociación, respondió a la evolución de la reglamentación y se basó en sus conexiones existentes con los responsables de la creación de políticas públicas para convertirse en el principal interlocutor del sector público.

De la misma manera que cuando se estableció, fue a consecuencia de la petición del Comité de Basilea de una entidad equivalente con una perspectiva compatible sobre la regulación financiera mundial, así como con las preferencias de sus miembros. Como se demostrará en el siguiente caso, el IFI logró obtener una posición central similar en los procesos de creación de políticas públicas en el ámbito de la deuda soberana.

Crisis de los mercados de capitales en los mercados emergentes: consolidación de la posición de liderazgo

La cuestión de la crisis de la deuda soberana no desapareció por mucho tiempo de la agenda internacional después del Plan Brady. En diciembre de 1994, México fue golpeado nuevamente por la crisis financiera.

Una gran inyección de fondos oficiales de los Estados Unidos y del FMI fue necesaria para mantener a flote al gobierno mexicano. Pero esto no hizo más que predecir lo que iba a suceder: en 1997/1998, el sistema financiero mundial parecía estar al borde del colapso cuando un país de Asia oriental tras otro se infectó por el “contagio” a través de los mercados financieros mundiales.

Los enormes volúmenes de financiación oficial que se necesitaban para los rescates de estos países provocaron un acalorado debate sobre cómo resolver tales crisis y evitar que el sector público tuviera que volver a desembolsar enormes sumas de dinero.

A finales de la década de 1990, una campaña internacional Jubileo 2000 hizo un llamamiento para romper las cadenas de la deuda que incluía la exigencia de un nuevo mecanismo transparente para cancelar la deuda que quitara el poder de las manos de los acreedores. Fotografía: Jubilee Debt Campaign

El sector público parecía dispuesto a retomar el control de los mercados mundiales cuando la primera subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger, propuso en noviembre de 2001 una especie de tribunal de quiebras soberanas en el que los países afectados por la crisis pudieran reestructurar sus deudas privadas (el llamado Mecanismo de Reestructuración de la Deuda Soberana, MRDS).

La idea de un mayor control público sobre el mercado era un anatema para el IFI. Un rasgo común en todas sus actividades de promoción y de financiación de los mercados emergentes fue la combinación de una mayor transparencia por parte de los países deudores, un enfoque caso por caso de las crisis, una participación pública limitada y la oposición a la participación no voluntaria del sector privado en la resolución de las crisis.

Las propuestas de Anne Krueger encontraron así una resistencia virulenta por parte del IFI. En una reunión privada con los responsables de las políticas públicas, Charles Dallara (Director Gerente del IFI y un veterano negociador de la crisis de la deuda) describió el MRDS como “una condonación total de los derechos de los acreedores” y “un obstáculo a la globalización, tal y como lo demuestra el apoyo de las ONG que trabajan en favor de la antiglobalización, como es el caso de la Campaña de la Deuda de Jubilee”.

El IFI unió fuerzas con otras asociaciones de la industria en lo que se conoció informalmente como la “Banda de los Seis ” (Asociación de Mercados de Bonos, Asociación de Acreedores de Mercados Emergentes, Asociación de Comerciantes de Mercados Emergentes, Asociación Internacional de Mercados Primarios, IFI, y la Asociación de la Industria de Valores).

Cuando el MRDS estaba tomando una decisión crucial en las Reuniones de Primavera de 2003, la Banda de los Seis amenazó con retirar su apoyo a cualquier medida política con respecto a las crisis de deuda soberana si continuaban las discusiones sobre el MRDS.

El tradicional informe de política del IFI antes de las cruciales Reuniones de Primavera estuvo acompañado de visitas de alto nivel de representantes de los bancos que participan en el IFI a los responsables de la creación de políticas públicas nacionales (por ejemplo, ABN AMRO e ING visitaron el Ministerio de Finanzas de los Países Bajos para ejercer presión contra el MRDS).

En este caso, el poder resultante del gran número de miembros del Instituto pasó a primer plano, ya que los miembros de muchas de las otras asociaciones tenían menos peso político en el plano nacional. La feroz oposición y la formación de coaliciones del IFI dieron sus frutos: los gobernadores del FMI archivaron la propuesta de MRDS.

Tras estas confrontadas discusiones, Jean-Claude Trichet (Gobernador del Banco de Francia) presentó propuestas para un Código de Buena Conducta que rija el comportamiento de los acreedores y de los Estados deudores. El objetivo de esta propuesta era conseguir que los actores públicos y privados “volvieran a entablar un diálogo constructivo”.

El Código de Buena Conducta tenía por objeto encontrar soluciones ordenadas a la crisis de la deuda soberana mediante la interacción rápida de los acreedores, el intercambio justo de información, la representación equitativa de los acreedores, el trato equiparable entre ellos, el reparto justo de la carga, la negociación de buena fe, la preservación de la situación financiera del deudor y el restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda a la mayor brevedad posible.

Esto estaba mucho más cerca de las posiciones mantenidas durante mucho tiempo por el IFI con respecto a las crisis de deuda soberana. Cabe señalar, sin embargo, que el Código dejó el control del proceso en manos del país en crisis en las negociaciones con sus acreedores privados. Ya no había posibilidad de retomar el control de los mercados financieros privados.

El desarrollo del Código fue relegado por el G20 a un grupo de trabajo dirigido por el Banco de Francia y el IFI. En el grupo de trabajo participaron algunos países deudores importantes y la Asociación Internacional de Mercados Primarios (IPMA).

El sector público había vuelto a poner al IFI a la cabeza, más aún cuando la Banca de Francia dejó posteriormente la elaboración del Código exclusivamente en manos de las asociaciones y los países deudores.

En noviembre de 2004, el IFI y la IPMA acordaron con Brasil, México, Corea del Sur y Turquía los denominados “Principios para la estabilidad de los flujos de capital y la reestructuración justa de la deuda en los mercados emergentes”. El énfasis en los “Principios” había pasado de la reestructuración de la deuda a una mayor transparencia de los deudores y un diálogo con los acreedores, similar a las regulaciones basadas en el mercado preferidas por el IFI.

La implementación de los Principios se inició bajo el liderazgo del IFI a finales de 2005, cuando se estableció el Grupo Consultivo de Principios (PCG) y un Grupo de Fideicomisarios de los Principios.

La pertenencia a estos grupos se lee como un “quién es quién” de los políticos financieros internacionales de alto poder. El grupo está presidido actualmente por Axel Weber (presidente de UBS AG, antiguo presidente del Bundesbank), François Villeroy de Galhau (gobernador del Banco de Francia) y Zhou Xiaochuan (gobernador del Banco Popular de China). La secretaría del Grupo de Fideicomisarios está a cargo del IFI, lo que consolida su posición central sobre la gobernanza financiera mundial.

En resumen, casi se podría decir que la IFI ha cerrado el círculo al actuar como “un foro en el que los países prestatarios, de forma voluntaria, podrían reunirse regularmente con entidades de crédito privadas para revisar los planes económicos y las proyecciones financieras”. El IFI ha sido capaz de detener las propuestas que podrían perjudicar a los acreedores privados y aumentar el control público sobre los mercados financieros mundiales.

Además, se ha vuelto aún más central en la gobernanza de las crisis de la deuda soberana por la decisión de los sectores públicos de relegar el desarrollo y la aplicación de los Principios al Instituto. Como se verá en el próximo caso, esto fortaleció sustancialmente la posición del IFI en la Gran Crisis Financiera.

La Gran Crisis Financiera: cosechando los frutos de la gobernanza basada en el mercado

La Gran Crisis Financiera de 2008 demostró ser una prueba para el orden financiero global integrado y basado en el mercado en el que el IFI había sido tan decisiva en su promoción. Los modelos internos de gestión de riesgos por los que había presionado en Basilea se rompieron. Los países deudores que necesitaban una reestructuración dejaron de ser, de repente, los destinatarios originales de los Principios y se situaron en la periferia de la zona euro. Y muchos de sus miembros se encontraron apelando al Estado para que les apoyara.

Sin embargo, el IFI no parecía perplejo, como había demostrado la anécdota inicial del informe de 2011 “Impacto acumulativo de la regulación”. En cualquier caso, a la luz de esta nueva politización, amplió sus actividades de presión, pasando de hacer hincapié en la superioridad de la gestión de riesgos y la regulación financiera basadas en el mercado a hacer hincapié en los costes económicos de una regulación más rigurosa y de carácter público.

La tinta del Acuerdo sobre Capital de Basilea II ni siquiera estaba seca cuando la crisis llevó a una renegociación. El Acuerdo ha llevado a subestimar los riesgos en el sector bancario y a sobreestimar la capacidad de los bancos para mitigarlos, como se indica en el influyente Informe de Larosière sobre el camino a seguir para la Unión Europea (UE) tras la crisis.

Las propuestas iniciales del sector público se centraban así en elevar nivel de capital y un menor apalancamiento en el sector bancario, para consternación del IFI. La regulación de la adecuación del capital bancario se convirtió de repente en un tema de la esfera política, lo que hizo mucho más difícil para el IFI aprovechar sus estrechos contactos con los responsables de la creación de políticas a puerta cerrada. Esta es una de las razones por las que el IFI centró su línea de defensa en las consecuencias negativas para el crecimiento económico general, más que en la superioridad de los mecanismos de mercado para la gestión de los riesgos financieros.

Sin embargo, a medida que la crisis inmediata del sector bancario disminuyó y la atención política se desplazó hacia la austeridad, el modo tradicional de creación de políticas bancarias volvió a cobrar fuerza. El IFI se centró en diluir y retrasar las propuestas, argumentando, entre otras cosas, que una regulación estricta del sector bancario daría una ventaja competitiva indebida al sector bancario en la sombra.

El Comité de Basilea no intentó recuperar el control público desafiando el enfoque basado en calificaciones internas, en línea con la posición del IFI desde el comienzo de la crisis: el marco de gobernanza basado en el mercado es bueno, solo hace falta hacer algunos ajustes para reforzar la gestión del riesgo. En otras palabras, el IFI demostró ser muy eficaz para mantener el amplio enfoque de mercado en el Acuerdo sobre Capital de Basilea.

En relación con la crisis de la deuda soberana, la atención se centró en el término despectivo PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y España). Entre estos países con problemas en la periferia de la Eurozona, Grecia destacó por la necesidad de una reestructuración de la deuda además de su rescate.

“PIGS”, Austeridad / Foto: Flickr/ Ken Teegardin/CC BY-SA 2.0

Aunque la crisis de la deuda soberana griega afectó principalmente a los bancos europeos y a pesar de que gran parte de la deuda se emitió con arreglo a la legislación local y no en los centros financieros mundiales, se pidió al IFI que coordinara la parte del sector privado de las negociaciones para reestructuración de la deuda. Como lo describió claramente Manolis Kalaitzake, la experiencia y los conocimientos técnicos del Instituto en materia de reestructuración de la deuda soberana le permitieron desempeñar un papel crucial en el diseño de la reestructuración final.

Sin embargo, igualmente importantes fueron los estrechos vínculos con los responsables de la creación de políticas públicas a través del Grupo de Fideicomisarios de los Principios. Aunque el resultado final de las negociaciones supuso un drástico recorte de gastos para el sector privado, éste fue el mejor resultado para los bancos europeos (que ya tenían suficientes problemas). También permitió al IFI anticiparse a cualquier discusión emergente sobre los mecanismos públicos para la reestructuración de la deuda: su orden basado en el mercado había funcionado, aunque los griegos comunes y corrientes sin duda no estarán de acuerdo. Además, el IFI ha establecido un nuevo comité conjunto de banqueros y altos funcionarios públicos para explorar nuevos enfoques para la prevención y resolución de las crisis de la deuda soberana, e incluso parece que se ha hecho cargo del proceso de creación de políticas.

Conclusión: cómo impugnar al poder condensado

En general, la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión no parece haber obstaculizado la posición privilegiada del IFI como representante del lobby bancario. En parte, esto puede explicarse por el hecho de que su surgimiento y desarrollo posterior estuvo fuertemente influenciado por los procesos de creación de políticas públicas, desde el fomento inicial, pasando por el acceso a datos confidenciales del sector público, hasta la modelización de la estructura organizativa con respecto a la regulación bancaria en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y su inclusión en el grupo de trabajo sobre el Código de Buena Conducta. Por lo tanto, su papel influyente único fue impulsado tanto por su experiencia y el poder económico de sus miembros como por el “interés de la demanda” de los responsables de la creación de políticas a nivel mundial.

Del mismo modo, las posiciones políticas específicas del IFI, destinadas a nivelar el terreno de juego y las formas de gobernanza basadas en el mercado, se ajustan a las perspectivas generales de los principales responsables políticos a nivel mundial en favor de la globalización y de la financierización. Esto le da la oportunidad de superar la oposición de los grupos bancarios que se esfuerzan por conseguir sectores financieros más arraigados a nivel local o por limitar la integración de los sectores financieros.

Si queremos abordar el poder del lobby bancario en la gobernanza financiera mundial, deberíamos centrarnos en la interacción mutua entre el lobbybancario y la creación de políticas públicas. Esto tiene importantes implicaciones para los movimientos sociales que intentan aumentar la legitimidad democrática de las finanzas mediante la reducción de la influencia del lobby bancario.

Se debe prestar más atención al “interés de la demanda” de los responsables de las políticas públicas para comprender qué intereses del sector privado influyen y cuáles no. Dada la aparente demanda de contribuciones en la creación de políticas financieras mundiales, podría valer la pena establecer coaliciones con asociaciones del sector privado que ofrezcan modelos de banca más cercanos a las alternativas deseadas (por ejemplo, el mundo de la banca cooperativa o la Alianza Mundial para la Banca en Valores). Presionar por la inclusión de estos actores en lugar de la dependencia exclusiva de los representantes tradicionales del sector privado (como el IFI) podría ser más efectivo que presionar para poner fin a la relación con el sector financiero en su conjunto.

Además, y lo que es más importante, la movilización pública en relación con el sistema financiero mundial también debería proporcionar a los responsables políticos una gama más amplia de interlocutores. El movimiento progresista debería trabajar en la creación de una red de grupos de reflexión, políticos y profesionales de las finanzas en los que la puerta giratoria sea tan eficaz como con el IFI y los responsables de las políticas financieras mundiales.

En el contexto holandés, el establecimiento del grupo de expertos académicos “Sustainable Finance Lab”, y el nombramiento del ex político y crítico bancario de los Verdes Kees Vendrik como economista jefe del Triodos Bank, ilustran cómo fortalecer las redes progresistas en finanzas. De esta manera, las alternativas contrahegemónicas y las redes de poder estarán listas cuando llegue la próxima crisis.

Sobre el autor

Jasper Blom es economista político en la Universidad de Amsterdam, especializado en gobernanza financiera global. Durante su carrera utilizó la puerta giratoria entre el sector público y el académico para adquirir experiencia en la creación de políticas en el Ministerio de Finanzas de los Países Bajos y en el Banco Central Europeo, mientras reflexionaba críticamente sobre estas experiencias en los departamentos de ciencias políticas de la Universidad de Leiden y de la Universidad de Ámsterdam. Su último trabajo político fue como director del Bureau de Helling, el centro de estudios del partido verde holandés.

Dirigió De Kredietcrisis: een politiek-economisch perspectief (Amsterdam University Press, 2010) y fue coeditor, con Underhill y Mügge, de Global Financial Integration Thirty Years On: From reform to crisis (Cambridge University Press, 2010) y contribuye regularmente al debate público sobre temas relacionados con la economía política y las políticas verdes.

Traducción al español: Nuria Amador, Attac España

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2019, editado en español por Transnational InstituteFuhem Ecosocial y Attac España.

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La gentrificación de los pagos https://www.attac.es/2019/06/23/la-gentrificacion-de-los-pagos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-gentrificacion-de-los-pagos https://www.attac.es/2019/06/23/la-gentrificacion-de-los-pagos/#comments Sun, 23 Jun 2019 09:31:47 +0000 https://www.attac.es/?p=50706

ESTADO DEL PODER 2019

La propagación de la red financiera digital

Brett Scott

Un fenómeno de lenta evolución se está desarrollando en todo el mundo. Tendrá consecuencias graves, pero muy pocas personas son conscientes de ello, quizás porque se trata de algo aparentemente banal y benigno: la propagación de los pagos digitales. Este fenómeno no solo ocurre en las grandes ciudades de los países económicamente avanzados, sino también en los países más pobres, a menudo promovidos a través de los programas de “inclusión financiera” de las organizaciones internacionales de desarrollo en asociación con las principales instituciones financieras.

El aumento de los pagos digitales (a veces con nombres como “dinero electrónico”, “dinero plástico” o “dinero móvil”), y la consiguiente eliminación progresiva del efectivo físico, proporciona a las instituciones financieras y a los Gobiernos un nuevo medio de supervisión y control financiero a una escala sin precedentes. Como argumentaré, esto puede considerarse como la gentrificación de los pagos.

El término “gentrificación” suele referirse al proceso de los barrios en el que una comunidad marginada -a menudo caracterizada por redes económicas informales, mercados callejeros y una vibración brusca- encuentra su entorno gradualmente diluido por la afluencia de recién llegados más ricos que les ponen precio y utilizan su comunidad como escenario de nuevos mercados formales.


La gentrificación de los barrios en los que se fija el precio de los residentes puede compararse con la tendencia a los pagos digitales en lugar de en efectivo. Crédito de la foto: flickr/domat33f/CC BY-NC-SA 2.0

El proceso pone en marcha una “limpieza” de la informalidad, en la que los recién llegados, atraídos por ciertas apariencias deseables de la comunidad (como la música o el ambiente de diversión), eliminan los elementos amenazadores que acompañan a la precariedad original (las pandillas, los traficantes de drogas, los mercados toscos).

Un proceso de gentrificación del barrio culmina con un ahuecamiento de la comunidad original, la neutralización del riesgo que representa para las personas más ricas, y el surgimiento de un simulacro no amenazador de esa comunidad respaldada por empresarios de élite e instituciones a gran escala.

Puede comenzar con boutiques de ropa de moda que sustituyen a los pequeños comerciantes de telas, pero inevitablemente se completa con la aparición de cadenas de tiendas corporativas que sustituyen todo, desde tiendas de delicatessen de propiedad familiar hasta centros religiosos comunitarios.

Sin embargo, cuando nos paramos y generalizamos, la “gentrificación” simplemente aparece como el proceso en el que las redes comunitarias informales e impredecibles que son potencialmente amenazantes para los intereses de las empresas son reemplazadas por estructuras formales, estandarizadas y predecibles de las corporaciones estatales, acompañadas de apariencias superficiales de “amabilidad”, de “frescura” y comodidad. La figura del ‘consumidor’ que busca una ‘experiencia de compra’ en un centro comercial sustituye al miembro de la comunidad que busca pertenecer a una red de amigos, familiares y asociados.

¿Cómo se relaciona esto con los pagos? El dinero en efectivo es una forma de pago asociada desde hace mucho tiempo con los que se encuentran en los niveles más bajos de las economías informales poscoloniales ―el mercado de pescado de Maputo, la peluquería callejera de Mumbai o el comerciante de artesanía andina― que se emiten por los Estados, pero que fácilmente se escapan de la vista y del control directo de estos. Sin embargo, el pago digital es el terreno de las grandes corporaciones financieras globalizadas, y no puede separarse de ellas ni eliminarse de su vista. Utilizar ―o verse obligado a utilizar― los pagos digitales es entrar en su esfera de influencia y poder.


El intercambio de dinero en efectivo es un proceso entre pares en el que participan dos personas, y sigue siendo la principal forma de intercambio en todo el mundo, que se lleva a cabo en miles de interacciones diarias entre iguales, como en este mercado de las Seychelles. Crédito de la foto: flickr/UN Women/CC BY-NC-ND 2.0

En todos los procesos de gentrificación, los desposeídos se mantienen a sí mismos a través de estructuras informales, o adquieren un sentido de identidad, significado y pertenencia por el uso de esas estructuras. Sin embargo, desde la perspectiva de las instituciones a gran escala, estas personas a menudo son vistas implícitamente como atrasadas, incluso criminales, que intentan escapar de la mirada de las instituciones benévolas y responsables con las que estarían mejor.

A la comunidad de la inclusión financiera ―que pretende llevar servicios financieros formales a las personas que no tienen acceso a la financiación formal― le gusta presentarse como una fuerza para el empoderamiento social, pero a menudo parece estar estrechamente aliada a los intereses de las grandes finanzas y las grandes tecnologías. Una simple búsqueda en imágenes de Google para el término “inclusión financiera África” revela innumerables imágenes promocionales de mujeres rurales sonriendo en la pantalla de sus teléfonos móviles, mirando una aplicación producida por un grupo distante de hombres en alguna gran ciudad, y atada a un centro de datos corporativo que monitoriza y rastrea sus actividades con el fin de buscar oportunidades de beneficio para la institución.

Los tecnicismos del pago

Para enfrentarnos a esto, primero debemos explorar lo básico. Las economías de mercado modernas albergan cada día un sinnúmero de casos de interacción social básica. Dos personas se conocen en un mercado. Una de ellas entrega algo específico e inmediato ―como plátanos, o una tostadora, o un servicio en particular― y la otra entrega algo general y enfocado hacia el futuro: monedas de dinero que en el futuro le darán acceso a una gama de bienes y potenciales servicios procedentes de otros.

Si nos alejamos, podemos ver una red interdependiente gigante de personas y empresas que mueven bienes y servicios reales en una dirección a cambio de fichas de dinero en la otra. Todos estamos atrapados en estas redes de mercado monetario y dependemos de ellas.

La mayoría de la gente usa monedas nacionales, fichas de dinero que funcionan solo dentro de un área geográfica particular. Estas monedas nacionales se presentan en dos formas básicas. En primer lugar, hay efectivo, fichas físicas emitidas por instituciones respaldadas por el Estado, como los bancos centrales y las tesorerías del Gobierno. Luego están los depósitos bancarios digitales, el “dinero” que vemos en nuestras cuentas bancarias.

Estas fichas digitales son legalmente diferentes al dinero en efectivo. Son pagarés (promesas) privados emitidos por un banco, que le prometen acceso al efectivo del estado si lo solicita. El acto de ir a un cajero automático para retirar dinero en efectivo es, por lo tanto, el acto de convertir los pagarés de su cuenta bancaria en lo que se le ha prometido. Alternativamente, podemos transferir estos pagarés bancarios entre sí a través de transferencias entre bancos.

El “dinero bancario” (depósitos bancarios digitales) puede contrastarse con el “dinero estatal” (efectivo), pero sin embargo lo experimentamos como funcionalmente equivalente: en muchos lugares puedo entrar en una tienda y pagar con “efectivo o tarjeta”. Sin embargo, el dinero bancario no solo es legalmente diferente al dinero estatal, sino también tecnológicamente diferente en su implementación y experimentalmente diferente en su “sensación”, psicología y en la forma en que interactuamos con él.

Las fichas de efectivo son objetos físicos producidos por un fabricante de monedas o billetes, y las transacciones en efectivo son esencialmente de igual a igual, en las que solo participan dos personas. Entrego dinero en efectivo en un puesto del mercado y recibo una chaqueta a cambio. Podríamos decidir reportar la transacción más tarde, y se podrían mantener varios registros tales como recibos, pero en principio solo dos de nosotros son necesarios para que la transacción ocurra.

El dinero bancario, por otra parte, adopta la forma de “objeto de datos”, unidades registradas en bases de datos controladas por bancos comerciales. Puedo llevar fichas de dinero en efectivo, pero no puedo hacerlo con dinero del banco. Reside como datos muy lejos en el centro de datos de mi banco, y la única manera de “transmitirlo” a otra persona es ponerse en contacto con mi banco y pedirle que cargue en mi cuenta y acredite la cuenta de la persona que recibe el dinero.

Hoy en día existe un sinnúmero de aplicaciones y dispositivos de pagos digitales, pero la estructura básica de las transacciones de dinero bancario digital tiene cuatro elementos predecibles:

  1. Necesitas una cuenta bancaria
  2. Necesita una manera de demostrar quién es usted y que es el propietario legítimo de la cuenta.
  3. Necesita una forma de enviar mensajes de forma segura a los centros de datos de su banco para iniciar una transacción.
  4. El vendedor necesita una forma de recibir la confirmación del pago.

Pescador en la península de Watah, Irak, fotografiado con su tarjeta de identificación por la marina estadounidense. Crédito: flickr/Marion Doss/CC BY-SA 2.0

Estos elementos pueden ser implementados de varias maneras. Por ejemplo, puedo insertar una tarjeta de débito Visa en un terminal de punto de venta de un supermercado e introducir un código PIN, tras lo cual el terminal enviará mis datos (a través del sistema Visa) y mi solicitud de transferencia a mi banco. Es posible que acceda a una aplicación de pagos utilizando un lector de huellas dactilares en mi teléfono móvil y luego escanee un código QR que me proporcione los datos del vendedor. Es posible que toque una aplicación Apple Pay adjunta a mi tarjeta de crédito.

El proceso puede implicar capas de instituciones intermediarias ―desde compañías de telecomunicaciones hasta empresas de tecnología y redes de tarjetas de crédito―, pero al final ocurre lo mismo: un mensaje termina en mi banco (o en un proveedor de servicios de pago secundario, que utiliza un banco para compensar las transacciones) solicitando que modifiquen mi cuenta.

Incluso en situaciones en las que parece que los bancos no están involucrados, lo están. Servicios como PayPal, o M-Pesa en Kenia, o Paytm en India, o WeChat en China son esencialmente nuevas capas construidas sobre el sistema de dinero digital del banco, o empresas que colaboran con bancos, o intermediarios entre usted y un banco. Usted puede tener cuentas con ellos, pero ellos a su vez tendrán cuentas con bancos.

La dinámica de la experiencia

Si bien podemos utilizar tanto dinero en efectivo como dinero bancario digital para lograr lo mismo ―comprar algo en una tienda―, estos vienen con diferentes características técnicas y de experiencia que marcan una diferencia muy significativa. Por lo general, cuando se les pide a las personas que describan esa diferencia, se fijan en los rasgos de la experiencia inmediata. Pueden dar su opinión sobre cuál es más rápida, más conveniente o más fácil de usar en el momento de la transacción. Pueden tener opiniones sobre cuál es la más familiar o culturalmente relevante, o cuál de las dos parece más segura. Si han pensado más en ello, podrían hacer observaciones más profundas sobre las características psicológicas; por ejemplo, tal vez sientan que gastan más cuando utilizan el digital porque parece “menos real”.

Todas estas características empíricas son importantes de estudiar, pero están excesivamente representadas en los debates populares sobre los méritos del pago digital. La diferencia más importante entre el dinero en efectivo y los sistemas monetarios digitales no es tan banal como la cuestión de cuál ofrece la mayor comodidad a corto plazo. Más bien, es la diferencia tecnológica o estructural.

El efectivo es un “instrumento al portador” que no requiere que ningún tercero se interponga entre un comprador y un vendedor, mientras que el dinero digital es un sistema de “dinero del libro mayor” que requiere que varios terceros se interpongan entre compradores y vendedores. La gente a menudo parece no ser consciente de esto, o siente que es irrelevante, tal vez porque la intermediación a menudo ocurre tan rápido que no se nota conscientemente, tomando la forma de un misterioso proceso de fondo que funciona “como la magia”. Es de este proceso de fondo, sin embargo, de donde provienen las políticas más profundas y las potencialidades del pago digital.

Política y potencialidades de la intermediación a distancia

Entonces, ¿cuáles son esas políticas y potencialidades? La naturaleza remota e intermediada del pago digital crea una serie de características iniciales:

Si usted está lejos de la persona con la que está tratando de hacer negocios, pero tiene acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, puede pagar sin estar físicamente cerca de ella. Esta es la razón por la que el pago digital es ideal para el comercio por Internet, pero también para muchas otras situaciones en las que los productos deben ser suministrados desde lejos. Por ejemplo, un vendedor ambulante puede desear comprar bienes a un mayorista en las afueras de la ciudad sin tener que salir de su puesto para participar en una transferencia de efectivo cara a cara.

Si la infraestructura de distribución de efectivo se ha estropeado, no funciona correctamente o está mal desarrollada (por ejemplo, en una ciudad con un solo cajero automático estropeado), una persona puede seguir pagando simplemente teniendo acceso a las telecomunicaciones.

La falta de posesión física de efectivo significa que es hipotéticamente “más seguro” (suponiendo que no esté sujeto a fraude o piratería de su cuenta digital).


En una pequeña tienda de Yakarta, una mujer demuestra a la Defensora Especial de las Naciones Unidas para las Finanzas Inclusivas cómo funcionan los pagos digitales. Crédito de la foto: flickr/UNSGSA/CC BY-NC-ND 2.0

Es en este tipo de características en las que se centra inicialmente la corriente principal de la comunidad de inclusión financiera. Esto incluye grupos como la Fundación Bill & Melinda Gates, la Red Omidyar, CGAP, la Alianza Better Than Cash, y una serie de otros que presentan el dinero digital como más seguro o más conveniente para los clientes, y más eficiente para los proveedores (que potencialmente pueden procesar más transacciones digitales de manera más segura).

Los académicos que trabajan en este campo han realizado estudios sobre la dinámica interpersonal y psicológica de tener dinero en efectivo en la mano frente a tenerlo en los centros de datos bancarios, mientras que varias empresas de nueva creación de tecnología financiera destacan los costos aparentemente más bajos de proporcionar infraestructura digital para llegar a las zonas rurales, donde puede que no haya cajeros automáticos o sucursales bancarias.

En general, estos grupos apuntan a un mundo en el que el pago digital supera las limitaciones del efectivo para permitir una expansión de las oportunidades comerciales. La tendencia clave ha sido la de considerar las tecnologías de financiación digital como una fuerza para la inclusión financiera y el crecimiento económico, ya sea en términos de proporcionar a las personas que se encuentran en la “base de la pirámide” alguna herramienta básica para evitar algunas dificultades asociadas con el dinero en efectivo, o para darles acceso a los beneficios de una economía digital de la que, por lo demás, están excluidos.

Difusión de la red digital

La historia de la “inclusión” está enmarcada en gran medida en términos de un modernismo con aspiraciones. La historia es la siguiente:

La riqueza, la sofisticación y el avance están asociados con el acceso a las últimas tecnologías, y las últimas tecnologías son todas digitales. Los habitantes de las grandes ciudades ricas son los primeros en adoptar estas tecnologías y se encuentran en los peldaños más altos de una economía digital global que proporciona beneficios a un grupo internacional. Por lo tanto, el objetivo debería ser dar a las personas ajenas a la organización las herramientas para entrar en ese grupo y compartir los beneficios.

Esta historia aparece en el trasfondo de muchos informes de los medios de comunicación, discursos políticos y publicidad corporativa en relación con la tecnología financiera, y es muy seductora.

Pero “inclusión” es un término escurridizo. Por ejemplo, imagina que hay un club exclusivo del que necesitas ser socio para entrar. Algunas personas están incluidas y otras están excluidas. Promover la “inclusión” en este contexto podría significar dos cosas. Podría significar relajar los requisitos de pertenencia a la élite para permitir que entren más personas, o podría significar mantener los requisitos de pertenencia a la élite al mismo tiempo que se trata de ayudar a las personas a entrar dándoles herramientas y formación.

Consideremos, por ejemplo, el debate en el Reino Unido sobre cómo conseguir que más grupos marginados entren en las mejores universidades, como Oxford y Cambridge. Existe un reconocimiento implícito de que el liderazgo político y el sistema económico del Reino Unido están dominados por las élites socioeconómicas de esas universidades, pero en lugar de derribar ese elitismo estructural, muchos de los esfuerzos se dirigen más bien a exprimir a una gama un poco más diversa de personas en esos círculos de élite.

La comunidad de inclusión financiera tiene un problema similar. Existe un reconocimiento implícito de que la economía global se caracteriza por la desigualdad jerárquica, con una jerarquía geopolítica global de naciones y luego una jerarquía de divisiones de clase dentro de cada una de esas naciones. En la cúspide están las clases profesionales urbanas en las principales ciudades como Nueva York, San Francisco, Londres, Tokio, etc., especialmente en los círculos financieros y tecnológicos.

No se cuestiona en gran medida si la economía digital a gran escala que ellos presiden es algo bueno, y el objetivo no es romper la jerarquía básica dentro de ella. Más bien, el objetivo de la “inclusión” es atraer a más personas a la red digital, pero en la posición subordinada de alguien que acepta y utiliza pasivamente la tecnología desarrollada por los habitantes de las principales ciudades del mundo.

Si usted está operando bajo el supuesto de que es bueno extender la dependencia del pago digital, existen varias vías a seguir:

  • Dar a la gente acceso a cuentas bancarias, o alternativamente, a cuentas con proveedores de pagos digitales construidas sobre el sector bancario.
  • Proporcionarles un medio para comunicarse con esas instituciones de forma remota a través de comunicaciones digitales, dispositivos móviles, aplicaciones, etc.
  • Dar a las personas nuevos medios para demostrar quiénes son (verificación de identidad) cuando abran esas cuentas o cuando se comuniquen con los bancos o compañías que las albergan.
  • Eliminar gradualmente los medios de pago alternativos: efectivo.

Algunas de las historias más controvertidas del Sur Global están relacionadas con este proceso. Un ejemplo bien conocido es el programa de “desmonetización” del Gobierno indio de 2016, en el que se retiraron de la circulación los billetes clave, lo que causó importantes trastornos económicos a muchas personas más pobres que dependían del dinero en efectivo.

El Gobierno de Modi presentó inicialmente el programa como una medida para combatir el “dinero negro”, la corrupción y el crimen, pero más tarde lo convirtió en una historia de modernismo digital con aspiraciones, una historia de un futuro brillante, deseable y conveniente sin dinero en efectivo en el que la gente se vería empujada a ir tanto si lo deseaba o como si no.

El mismo día después de que el Gobierno de Modi anunciara el programa, las empresas de pagos digitales corrieron a publicar anuncios de primera plana en los periódicos elogiando sus acciones. Paytm, por ejemplo, pegó un anuncio a toda página en la portada del Times of India y del Hindustan Times que decía: “Paytm felicita al Honorable Primer Ministro Sh. Narendra Modi por haber tomado la decisión más audaz en la historia financiera de la India independiente”. “¡Únete a la revolución!”.

El mismo mensaje subyacente también se defiende a través del colosal programa de biometría Aadhar de la India, el más grande del mundo, que también se ha enmarcado en términos de inclusión financiera y modernización: para abrir cuentas a las personas que realizan pagos digitales es necesario que verifiquen su identidad, y la biometría se ha presentado como una forma de que las personas analfabetas o marginadas hagan precisamente eso.

La línea oficial del Gobierno indio se acerca mucho a los intereses comerciales del sector financiero digital, y estos son solo dos de los innumerables programas politizados en todo el mundo para promover un cambio hacia el pago y la banca digital, y que se cruzan con innumerables esfuerzos corporativos del sector privado para hacer lo mismo, a menudo con el apoyo de las principales instituciones internacionales de desarrollo.

En los lugares donde los servicios bancarios de las comunidades más pobres están poco desarrollados, ha habido un empuje para “saltarse” la banca tradicional con intermediarios móviles conectados a la infraestructura bancaria. Por ejemplo, M-Pesa en Kenia se construyó sobre las redes de telefonía móvil de Safaricom: muchas personas tenían tarjetas SIM pero no cuentas bancarias, por lo que la estrategia consistía en convertir un número de teléfono en un equivalente aproximado de un número de cuenta bancaria, mientras que la compañía telefónica se comunicaba con el sector bancario en el trasfondo.

El control digital

En el afán por la inclusión financiera digital, se han pasado por alto, curiosamente, una serie de características clave de los pagos digitales, o se han tergiversado en términos positivos y tendenciosos. La naturaleza intermediada del dinero digital significa:

  • Los intermediarios pueden vigilar sus transacciones y recoger datos sobre sus actividades económicas cotidianas.
  • Los intermediarios pueden bloquear sus transacciones.
  • Debido a que usted no posee las fichas de dinero consigo, las instituciones pueden expropiar o congelar sus cuentas.
  • Si la infraestructura de telecomunicaciones o eléctrica se cae, o si los intermediarios experimentan una falla de hardware o software, usted puede quedarse sin acceso.
  • La naturaleza digitalmente conectada de la infraestructura la abre a nuevas líneas de ataque de ciberdelincuencia y a formas maliciosas de piratería informática.
  • Mientras que la narrativa popular de la industria de la tecnología financiera nos cuenta que la gente “voluntariamente” opta por el pago digital, al examinarla más de cerca, la historia es mucho menos clara.

En pocas palabras, el pago digital facilita una nueva y vasta frontera de vigilancia y control financiero, a la vez que expone a los usuarios a nuevos riesgos que no están presentes en la infraestructura del efectivo.

Inicialmente, los promotores de la financiación digital evitaron la reflexión crítica sobre estos potenciales negativos porque la primera fase de la mayoría de los productos digitales es “acumulativa”: los servicios digitales se añaden a una situación ya existente y, por lo tanto, representan en un primer momento una “novedad” apasionante. Por ejemplo, una economía que antes solo tenía acceso al dinero en efectivo obtiene una nueva opción digital, que abre un campo de posibilidades creativas.

Estos pueden ser utilizados para sortear algunos problemas antiguos (aunque introduciendo algunos nuevos), o alternativamente pueden hacer que una forma anterior parezca un “problema” en comparación (para usar una analogía, no se ve un fuego de leña para calefacción como un “problema” hasta que se le da electricidad a su vecino). Por lo tanto, la incorporación parece en general una fuerza positiva.

Es solo en las fases posteriores de estos procesos, cuando la nueva forma se establece y se extiende de manera suficientemente amplia como para comenzar a ahogar a los sistemas más antiguos, que comienza a obtener el poder de “monopolio”. En el caso del pago digital, este proceso de “expansión hacia el monopolio” ha sido impulsado por varios factores. Si bien la narrativa popular entre la industria de la tecnología financiera de que la gente “voluntariamente” opta por el pago digital, si se analiza más de cerca, la historia es mucho menos clara.

  1. En primer lugar, vemos esfuerzos políticos coordinados para demonizar el dinero en efectivo a través de la propaganda directa, a veces de organismos estatales (como el Gobierno de Modi en la India), pero a menudo de grandes compañías de pagos comerciales ―como Visa― que tienen un interés comercial en deshacerse del dinero en efectivo. En un comunicado de prensa de 2016, por ejemplo, Visa declaró abiertamente que tenía una “estrategia a largo plazo para hacer que el efectivo sea ‘raro’ de aquí a 2020”.
  2. Entonces vemos intentos de incentivar el pago digital. Por ejemplo, Visa tiene un programa para recompensar a las pequeñas empresas de última tendencia, como las cafeterías boutique de las principales zonas urbanas, para que “se queden sin dinero en efectivo” y, de este modo, transmitan el mensaje y las normas de pago digital a sus clientes (entre los que podrían figurar, por ejemplo, periodistas sobre innovación, comentaristas de prensa y asesores, que difundirán aún más el mensaje).
  3. Además, hay intentos de hacer que el dinero en efectivo sea más difícil de usar, lo que tiene el efecto de hacer que el pago digital parezca relativamente atractivo, inspirando a la gente a “elegirlo”. Por ejemplo, los bancos cierran los servicios de los cajeros automáticos y, por lo tanto, hacen que el efectivo sea más incómodo.
  4. Luego están todos los intentos corporativos y respaldados por el Estado para mejorar e introducir infraestructuras que hagan que el pago digital sea más factible y atractivo.

Estos procesos causan muchos sutiles efectos interconectados y ciclos de respuesta a los mismo. A medida que el panorama económico y cultural de las posibles opciones de pago comienza a cambiar, los bancos, las empresas de pago y los Estados utilizan las pruebas de ese cambio para empujar incluso a aquellas personas que no desean utilizar el pago digital a que lo hagan.

A medida que se invierte más en servicios financieros digitales que en servicios físicos, y la desinversión se produce en sucursales y cajeros automáticos no digitales, la gente empieza a ser penalizada ―en términos relativos― por utilizar dinero en efectivo, y comienza a ser vista como una molestia por los propietarios de las tiendas, y presentada como opuesto a la tecnología. La gente se ve obligada o “empujada” a utilizar el pago digital.

Lo que realmente está sucediendo, sin embargo, es un proceso de expansión de la red financiera digital, que es básicamente un proceso de consolidación del poder colectivo del sector bancario, la industria de pagos comerciales que se construye sobre ella, junto con las compañías tecnológicas que proveen las aplicaciones y las interfaces dentro de ese sistema.

Mientras que los bancos individualmente pueden tener batallas privadas entre sí y con las compañías de tecnología financiera sobre quién obtiene qué parte del pastel de las finanzas digitales, en general el cambio es conducido por el deseo de las instituciones financieras de automatizar sus procesos con el fin de recortar costos, expandir su alcance y extraer cada vez más datos sobre cada vez más clientes.

En otras palabras, el deseo de las instituciones financieras de automatizar no depende de lo que sus clientes quieran, sino más bien de un impulso interno intrínseco que justifican apuntando a los segmentos de clientes (como los mileniales) que son pioneros en la adopción de las finanzas digitales.

Si bien la financiación digital se presenta inicialmente como una opción adicional, a largo plazo implica realmente la eliminación de las opciones no digitales que compiten entre sí, reduciendo las posibilidades de elección en lugar de aumentarlas. Por lo tanto, las ciudades principalmente de jubilados en el Reino Unido rural tienen sucursales bancarias y cajeros automáticos cerrados porque los bancos pueden optimizar los beneficios obligándolos a utilizar la banca digital, mientras les dicen que son los mileniales quienes están “impulsando el cambio”.


Un banco cerrado en la zona rural de Indiana. Crédito de la foto: William Morris/ CC0 Public Domain

A medida que los pagos digitales toman el relevo y el dinero en efectivo se demoniza y desacredita aún más, la historia de la inclusión financiera digital se hace cada vez más acuciante. Si existe un consenso general entre los poderes es que la tecnología digital representa el progreso, y si cada vez hay más pruebas de una creciente dependencia de las finanzas digitales (gran parte de ellas creadas por las propias instituciones financieras), entonces el riesgo de ser excluido por no utilizarla es mayor que nunca, y la tarea de proporcionar acceso a ella se considera más noble que nunca.

En ningún otro lugar se ilustra mejor esta dinámica circular que en el programa y las operaciones de Better than Cash Alliance, una iniciativa dirigida bajo los auspicios del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización, pero financiada por Visa, Mastercard, Citibank, Bill & Melinda Gates Foundation, Omidyar Network, USAID y una gran cantidad de empresas internacionales y ONG.

La Alianza fluctúa entre hablar de los beneficios adicionales de la introducción del pago digital y demonizar el dinero en efectivo para promover la eliminación de la oferta competidora. Trabajan arduamente para establecer como sentido común la idea de que los pagos digitales son empoderantes, modernos y ambiciosos, y presentan el dinero en efectivo como anticuado, peligroso, un peso en la economía y un amigo del inframundo criminal. El empoderamiento en este marco implica asegurar que todos se incorporen a la creciente red financiera digital.

La demonización de la informalidad

Los promotores de la finanza digital no pueden eludir para siempre la cuestión de la supervisión y la extracción de datos que acompaña al pago digital. En general, sin embargo, la estrategia ha consistido en hacer girar la supervisión como transparencia y en hacer hincapié en ella como una herramienta para erradicar la corrupción y las transacciones delictivas.

La extracción de datos también se anuncia como un paso positivo hacia la prestación de servicios financieros más generales, como la calificación crediticia de los préstamos. Por ejemplo, Safaricom y el Commercial Bank of Africa lanzaron el sistema de préstamos M-Shwari, que utiliza datos de pagos de las cuentas M-Pesa de los receptores del préstamo para calcular los indicadores de crédito.

No se pueden negar los beneficios localizados e individuales que pueden tener ciertas intervenciones de financiación digital. No se trata aquí de descartar los esfuerzos de iniciativas como la de M-Shwari, sino de señalar el discurso unilateral que se utiliza para apoyarlas. Ejemplos como el de M-Shwari están al servicio de un proyecto más amplio de promoción de los intereses generales de la industria tecnológica y de las corporaciones financieras a gran escala.

El discurso general se ha convertido en un discurso desdeñoso hacia la informalidad económica y las economías de pequeña escala, y poco crítico con los sistemas a gran escala coordinados a través de las principales instituciones corporativas y gubernamentales. Estos últimos se presentan implícitamente como ejemplos de progreso, mientras que los acuerdos informales, las interacciones no supervisadas y las redes de relaciones entre iguales, que se extienden de forma desmesurada e impredecible, se consideran el reino del atraso, la delincuencia y el fracaso.

Así pues, nos encontramos con una historia oficial en la que el progreso implica la eliminación gradual del dinero en efectivo y la transición de las personas a la dependencia de las arquitecturas de pagos digitales que pueden utilizarse para controlarlos, disciplinarlos, recompensarlos, comercializarlos e influir en ellos.

Todo esto está justificado por la afirmación de que dicha arquitectura proporcionará beneficios, será más barata de manejar, será más segura, mejorará la calidad de vida de la gente en el mundo moderno, utilizará los datos de la gente para proporcionarles un acceso más amplio a los servicios y constituirá una fuerza para la “higiene” social.

Por encima de todo, es una historia en la que las relaciones informales se disuelven y se sustituyen por relaciones de mediación institucional, lo que “depura” la informalidad. Se trata de la gentrificación de los pagos.

La gentrificación como vía para el control

Por supuesto, es solo cuando esta red digital asume plenamente una posición de monopolio que sus potenciales negativos comienzan a brillar. En ninguna parte es más evidente este potencial que en el nuevo “Sistema de Crédito Social” de China, un programa en desarrollo para hacer un seguimiento de los ciudadanos con el fin de proporcionarles puntuaciones de reputación, o para amenazarlos con la posible asignación a listas negras.

El objetivo aparente es crear un sistema de “zanahoria y palo” que recompense a los que siguen las convenciones oficiales y se comportan correctamente, y penalice a los que no lo hacen, impidiéndoles servicios como el transporte aéreo si se desvían.

Los detalles del sistema que se está construyendo son opacos y todavía están sujetos a especulación, pero los informes indican que se está elaborando conjuntamente con empresas de pagos digitales (como WeChat) o que se integrará con los datos de las puntuaciones de crédito y los datos de pagos preexistentes de las principales empresas financieras digitales, como Ant Financial (empresa matriz del sistema Alipay). Los datos no se utilizan solo para la inclusión. Se utiliza para la exclusión.

Mientras que el Sistema de Crédito Social chino se perfila en la imaginación occidental como un episodio de una película de ciencia ficción, este proceso de supervisión, composición, seguimiento y dirección digital está ocurriendo en todo el mundo, a menudo respaldado explícitamente por estados democráticos liberales que desean promover los intereses de la industria de las corporaciones financieras y tecnológicas.

La gentrificación de los pagos es un aspecto clave de este proceso global. Se trata de un programa fragmentado, parcialmente completado, pero no obstante calculado, para dirigir a las personas hacia una red financiera digital que pueda ofrecerles beneficios limitados a corto plazo y, al mismo tiempo, exponerlas a amenazas colectivas a gran escala, que se subestiman de forma sistemática. Es el momento de que los grupos de la sociedad civil y los activistas se enfrenten a este fenómeno y lo aborden.

Sobre el autor

Brett Scott es periodista, activista y autor de The Heretic’s Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money (2013). Trabaja en reforma financiera, finanzas alternativas y activismo económico con una amplia variedad de ONG, artistas, estudiantes y empresas de nueva creación. Produjo el informe de UNRISD de 2016 sobre la tecnología de las blockchain, y es investigador asociado de Finance Innovation Lab, Associate del Institute of Social Banking y miembro del grupo asesor del Brixton Pound. Tuitea como @suitpossum

Traducción al español: Cuca Hernández, Attac España

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2019, editado en español por Transnational Institute,Fuhem Ecosocial y Attac España.

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ESTADO DEL PODER 2019

Owen Davis

Una preocupación sorprendente ha surgido recientemente en Wall Street: los mercados se están convirtiendo en socialistas. El culpable es la realización de la inversión de forma pasiva mediante el uso de instrumentos casi automáticos que proporcionan acceso a amplios índices bursátiles con un coste y esfuerzo mínimos. La precipitada entrada de estos instrumentos, y el declinar de la elección de acciones sin tener en cuenta el recuerdo humano, constituye para algunos una forma de socialismo.

Como escribió un analista: “Si todo el mundo hace lo mismo, el índice sobre las inversiones se convierte en el mercado, lo que da como resultado el equivalente del socialismo de los inversores”. Para otros la inversión pasiva es ‘peor que el marxismo’. Para el famoso gestor de fondos de cobertura Paul Singer, estos fondos están “devorando el capitalismo”.

El argumento tiene precedentes. En 1914, un destacado banquero alemán estudió la creciente consolidación de la industria bajo el control de los principales bancos y se sintió incómodo. “Una buena mañana nos despertaremos sorprendidos de no ver nada más que crédito ante nuestros ojos, y encontrarnos con la necesidad de sustituir los monopolios estatales por monopolios privados”, escribió. Los financieros habrían sido cómplices del ascenso del socialismo, argumentó, “acelerado por la manipulación de las acciones”.

Evidente entonces, como ahora, era una paradoja aparente: que las herramientas de las finanzas podrían servir a fines distintos del capitalismo puro. De hecho, la idea de que las finanzas podrían ser una fuerza socializadora es una vieja idea de la izquierda. Para Marx y sus antepasados, las acciones corporativas proporcionaban un modelo tanto para la socialización de la propiedad como para la redistribución de la renta.

Hoy, progresistas, activistas socioambientales e incluso socialistas se reúnen en torno a la bolsa, ese espacio fronterizo entre la economía productiva y el sistema financiero. A través de la propiedad del capital corporativo, esperan estimular cambios en áreas tan diversas como la justicia climática, el dinero en la política, la inclusión de género y racial, y la desigualdad económica.

En efecto, quieren una segunda revolución accionarial. La primera, lanzada en los años ochenta, supuso la reorientación de las empresas desde el interés de gerentes, consumidores y trabajadores hacia los meros propietarios de las acciones.

A la cabeza de esta revolución estaban los infames corredores corporativos, a los que se sumaron los inversores sedientos de rendimientos tras una larga sequía de beneficios. Juntos se dieron cuenta de la visión que Milton Friedman esbozó en 1970: que los gerentes corporativos deberían “conducir el negocio de acuerdo con los deseos de los accionistas”, es decir, “ganar tanto dinero como sea posible”. El valor del accionista se convirtió en el único fin del negocio.

Agitando por la próxima revolución accionaria hay tres grupos a los que me refiero como accionistas sociales. Entre ellos se encuentran los activistas éticos, que utilizan las acciones para presionar a las empresas en cuestiones ambientales, la remuneración de los ejecutivos y similares; los fondos de pensiones, que tienen la capacidad y, cada vez más, la inclinación a utilizar sus billones de dólares en activos para empujar a las empresas hacia la responsabilidad social; y los defensores de los fondos soberanos de inversión (SWF, por sus siglas en inglés), ollas de dinero gestionadas públicamente que se reintegran al bienestar común.

Junto a los accionistas sociales hay políticos que van desde la senadora estadounidense Elizabeth Warren hasta el canciller británico John McDonnell, que están presionando para que los trabajadores formen parte de los consejos de administración de las empresas y para que se establezcan fondos de empleados.

John McDonnell pronunciando un discurso en Preston sobre el programa ‘Nueva Economía’ del Trabajo en febrero de 2018. Crédito: Sophie Brown/Wikimedia | CC-BY-SA-4.0

Para entender cómo surgieron estas fuerzas y adónde podrían ir, presento un bosquejo histórico que explora la tradición de los planes izquierdistas y progresistas para explotar estratégicamente el mercado de valores, desde los socialistas utópicos de principios del siglo XIX hasta los activistas de los derechos civiles del siglo XX y más allá. En este contexto, podemos evaluar mejor las perspectivas a las que se enfrentan los accionistas sociales en el capitalismo financiero actual.

Los accionistas sociales tienen el potencial de realizar objetivos radicales en la medida en que encarnan una nueva estructura de poder en los mercados globales. Los accionistas más pequeños y disociados ganan influencia cuando se reúnen con aliados más grandes, como lo han hecho los fondos de pensiones con los activistas. Si los fondos soberanos y otros vehículos públicos asumen el nuevo papel de centralizadores, en torno a los cuales otros se cohesionan y magnifican sus voces, el poder combinado podría finalmente proporcionar un contrapeso al capital financiero en el ámbito de las finanzas.

Definiciones: acciones de participación social

 

Antes de volver a la historia, sin embargo, hay que tener en cuenta el contexto.

Las acciones de las empresas representan alrededor de 80 billones de dólares de riqueza en todo el mundo, de los cuales la capitalización bursátil de los Estados Unidos representa alrededor del 40 % (por esta razón, y debido a que los Estados Unidos lideran la evolución del mercado bursátil, gran parte de este papel se centrará en los Estados Unidos). La riqueza bursátil mundial representa el 110 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, frente al 30 % de 1980. Las empresas que cotizan en bolsa constituyen una parte importante del empleo y la actividad económica de los países desarrollados. La riqueza de las naciones es, más que nunca, la riqueza financiera de las corporaciones.

¿Qué es una acción? Para una nueva compañía, es la sangre de la vida. Una vez vendida, la acción se convierte en un barómetro de las creencias de los inversores. Funcionalmente, es una promesa de ingresos futuros. Su precio en los intercambios públicos sigue día a día las esperanzas, las corazonadas y la psicología de las multitudes, enraizada en una estimación colectiva de la rentabilidad futura.

El segundo hecho clave de la participación accionarial es la propiedad. Convencionalmente se sostiene que los propietarios de las acciones de Apple son dueños colectivos de Apple Inc. de la misma manera que yo soy dueño de mi iPhone. Legalmente, esto no es del todo cierto. Los accionistas simplemente poseen un conjunto de derechos: cobrar dividendos y opinar sobre las decisiones de alto nivel, como quiénes forman parte de la junta directiva o si una compra corporativa debe ser aprobada.

Pero cuestiones prosaicas ―digamos, si Apple debería volver a dar al iPhone una entrada normal de auriculares― están fuera del alcance de los accionistas.

En este sentido, cabe destacar dos potenciales igualitarios intrínsecos a la forma corporativa: la propiedad colectiva (de una especie) y la redistribución de la riqueza. Si la economía fuera una sola sociedad mercantil y cada ciudadano un accionista, se cumplirían dos de los principales objetivos del socialismo.

¿Quiénes son los accionistas? Gente rica, en su mayoría. En los Estados Unidos, el 10 % más rico de los hogares posee el 84 % de las acciones corporativas en circulación. Pero entre los propietarios de acciones también se encuentran los fondos de pensiones que aseguran los ingresos de jubilación de los trabajadores, los fondos de dotación de las universidades, las compañías de seguros que administran los activos, los fondos de cobertura que juegan en los mercados, los hogares individuales que guardan sus ahorros, los grandes bancos y los administradores de activos.

En estas agrupaciones se mezclan lo que yo llamo accionistas sociales. En términos generales, pueden definirse como aquellos cuya participación accionaria está impulsada por motivos no pecuniarios, típicamente políticos o éticos, y/o que existen para promover un objetivo redistributivo.

Los más conocidos son los activistas éticos, a diferencia de los fondos de cobertura y otros inversores activistas con fines puramente lucrativos. Los activistas éticos compran acciones para presentar críticas, presentar resoluciones y convencer a otros accionistas para que voten a su favor. Desde la década de 1970, han estado presentes en las reuniones anuales, impulsando todo, desde las reformas de la gobernanza hasta la adaptación al cambio climático.

Recientemente hemos visto comunidades religiosas que presionan a los fabricantes de armas de fuego estadounidenses para que den cuenta del número de disparos masivos y una coalición que pide a las compañías farmacéuticas que se ocupen de la epidemia de opioides. Los activistas británicos han presionado a por lo menos 4000 empresas para que adopten políticas de salarios dignos.

Luego vienen los fondos de pensiones. Desde que existen las pensiones, han utilizado más o menos políticamente los ahorros comunes de jubilación de los trabajadores, desde la financiación de la vivienda pública hasta la utilización de sus activos en las negociaciones entre los trabajadores y la empresa. Pero en las últimas décadas, especialmente en los Estados Unidos, las pensiones han ampliado sus oficinas de inversión y han centrado sus inversiones en un conjunto más amplio de cuestiones empresariales, en particular la remuneración de los ejecutivos.

Por último, están los fondos soberanos. Hasta la fecha, la mayoría de estos fondos deben su existencia a los ingresos del petróleo, como los de los Estados Árabes del Golfo y Alaska, aunque otros fondos han surgido en lugares como Nueva Gales del Sur, en Australia. Las llamadas se han multiplicado entre los progresistas para que los fondos públicos distribuyan sus dividendos como una especie de ingreso básico universal. En particular, Hillary Clinton consideró añadir la idea a su plataforma presidencial de 2016, inspirada por el éxito de Alaska.

A diferencia de las pensiones y los activistas éticos, el propósito de los fondos soberanos es principalmente distributivo, un hecho especialmente evidente en las recientes propuestas de los fondos soberanos, del estadounidense Matt Bruenig y Stewart Lansley en el Reino Unido.

Ambos imaginan a los fondos soberanos como vehículos públicos que recaudan activos financieros mediante impuestos o gravámenes y distribuyen dividendos directamente a los ciudadanos o financian inversiones públicas. En las recientes propuestas políticas también han surgido ideas similares a las de los fondos soberanos. La senadora estadounidense Cory Booker propuso un fondo que recolectaría activos para ser distribuidos entre los adultos jóvenes de bajos ingresos, una propuesta que tiene la forma general de un fondo soberano.

Otros planes van más allá de la distribución y se centran en la democratización del control de la producción: El Fondo de Propiedad Inclusiva del canciller británico John McDonnell requeriría que las grandes empresas transfirieran acciones a los fondos de los trabajadores; la senadora estadounidense Elizabeth Warren seguiría el ejemplo de Alemania y daría a los trabajadores puestos en los consejos de administración de las empresas.

La agrupación de los accionistas sociales descrita anteriormente refleja más una elección estilística que cualquier otra alineación existente. Sin embargo, como se verá más adelante, es probable que los grupos se encuentren con ventajas e interconexiones mutuas. Una pregunta abierta es cómo los fondos soberanos, junto con otras iniciativas de gobierno corporativo dirigidas por el gobierno, podrían transformar el panorama más amplio del poder de los accionistas y reimaginar ―para usar una frase que no está de moda― la democracia corporativa.

Historia del accionista social

Nacimiento de la sociedad mercantil

La sociedad mercantil surgió como una herramienta de conquista. Los gobiernos europeos necesitaban una forma de financiar empresas comerciales sin arriesgar demasiada riqueza individual. En 1602, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se convirtió en la primera compañía en vender acciones al público. El monopolio de la compañía sobre el comercio de especias en el sudeste asiático le permitió no solo comerciar, sino esencialmente hacer la guerra. El saqueo de Santa Catarina, una carabela portuguesa de 1500 toneladas, cerca de Singapur en 1603, fue una suerte inesperada.

Sin embargo, tan pronto como hubo accionistas, hubo activismo de los accionistas. Los inversores rivales lucharon por el control. Luego estaba el tema de Santa Catarina. Aunque su botín había enriquecido a los accionistas, los inversionistas menonitas pacifistas se quejaron de que esencialmente estaban financiando la piratería. Se enfrentaron a un dilema que se convertiría en un lugar común en el activismo ético: si se comprometían como propietarios o si se desentendían y se limpiaban las manos. Ellos hicieron lo último.

Otras potencias coloniales pronto crearon sus propias empresas, que llegaron a conocerse como sociedades anónimas. Pero no fue hasta la Revolución Industrial que estas empresas comenzaron a parecerse a las corporaciones modernas.

A medida que la producción crecía en tamaño y complejidad, particularmente en Gran Bretaña, las necesidades de capital superaban la capacidad de la sociedad o de la empresa unipersonal. Al ofrecer acciones de propiedad al público, la estructura de la sociedad anónima permitía operaciones de mayor envergadura y menores riesgos para los empresarios.

Muy pronto, estas innovaciones financieras inspiraron a los radicales. Entre ellos se encontraba John Francis Bray, un impresor nacido en Estados Unidos que influyó en los primeros movimientos radicales angloamericanos. Bray vio en las sociedades anónimas “la mejor ejemplificación del poder que el hombre puede ejercer”, cuyo “gigantesco poder” se encontraba en “innumerables carreteras, vías férreas y canales, y en la creación y distribución de casi todas las descripciones de la riqueza”.

John Bray (1809-1897)

En la utopía de Bray, la economía sería “una gran sociedad anónima”, libre de competencia y subdividida en muchas filiales. Las comunidades “producirían o distribuirían la riqueza universalmente, e intercambiarían su trabajo y sus producciones sobre la base de un amplio principio de igualdad”.

Bray no bajo a los detalles, pero sus ideas prefiguraron argumentos posteriores sobre el potencial socializador de las corporaciones. Al dispersar las reclamaciones de propiedad, las sociedades anónimas fomentaron una distribución más fluida de los beneficios. No es un gran salto conceptual imaginar una economía socializada compuesta por unas cuantas grandes sociedades anónimas de las mayores industrias ―el transporte marítimo, las comunicaciones, la fabricación― cuyas acciones se distribuyen de manera uniforme. Tampoco fue Bray el único socialista primitivo que construyó una utopía sobre los cimientos de la sociedad anónima.

En 1842, el seudónimo Aristarco propuso un sistema de ‘Intercambio de Sociedades Anónimas’, que formaría una ‘comunidad de beneficios’ para sustituir a la ‘comunidad de bienes’. Un panfletista llamado John Frearson concibió una sociedad de “sociedades anónimas equitativas” dirigidas por “accionistas trabajadores”.

Por supuesto, los trabajadores podrían simplemente eludir el sistema financiero y organizar ellos mismos la producción. Las cooperativas de trabajadores surgieron en Europa y Estados Unidos a mediados del siglo XIX ―para Marx representaban “dentro de la forma antigua los primeros brotes de lo nuevo”― y han sido un elemento fijo, aunque marginal, dentro del capitalismo desde entonces. En los Estados Unidos, las cooperativas negras unieron la solidaridad económica con la emancipación racial. Sin embargo, el crecimiento de las cooperativas se ha visto limitado por la competencia y el acceso al capital.

Pocos socialistas apreciaron mejor el potencial revolucionario de las corporaciones que Karl Marx. Para él, el divorcio entre la propiedad y el control representaba “una mera fase de transición hacia una nueva forma de producción”. El único capitalista privado estaba siendo suplantado por el capital “social” colectivo, que era “distinto del capital privado”. La sociedad anónima se convirtió en “la abolición del modo de producción capitalista dentro del propio modo de producción capitalista”.

Marx tenía experiencia personal en este departamento. “He estado especulando, lo que te sorprenderá no poco”, le escribió a un amigo después de recibir una ganancia inesperada en 1864. Apostando a una burbuja en las sociedades anónimas inglesas, que estaban “surgiendo como setas”, Marx ganó apostando 400 libras (casi 50 000 libras al cambio de hoy en día). Su justificación: “Merece la pena correr algún riesgo para aliviar al enemigo de su dinero”.

La edad gloriosa

A pesar de las esperanzas de Marx, las corporaciones generalmente servían una función puramente capitalista. Tal vez ningún país aceptó a las corporaciones con tanta energía como los Estados Unidos. Después de la Guerra de la Independencia, los estados jóvenes emitieron una serie de acuerdos societarios. Estas entidades servían para una variedad de propósitos tanto cívicos como comerciales, desde escuelas hasta bancos y fábricas de algodón. Casi todos ellos prometieron algún tipo de “utilidad pública” más allá de la de obtener beneficios.

Pero las corporaciones estadounidenses pronto se sacudieron su atuendo cívico. A mediados del siglo XIX, la mayoría operaba bajo el control de un pequeño grupo de accionistas que nombraban a asociados cercanos como gerentes. Hacia finales de siglo, magnates como John D. Rockefeller llevaron a cabo una ola de fusiones a través de complejas maniobras bursátiles y, ocasionalmente, fraudes descarados. La sociedad mercantil, que alguna vez fue una expresión del impulso democrático, se convirtió en el lugar de la plutocracia de la edad dorada.

Un proceso similar tuvo lugar en Alemania. Su sistema bancario altamente concentrado había consolidado la industria hasta el punto de que el capital propio parecía una reliquia. Los préstamos bancarios a las empresas sustituyeron a las emisiones de acciones, y los llamados Tres Grandes bancos alemanes poseían tantas acciones que las bolsas se atrofiaron.

Para Rudolf Hilferding, teórico y ministro de finanzas de la República de Weimar, esta evolución supuso una nueva etapa en el capitalismo: la del “capital financiero”. Para Hilferding, no era la sociedad mercantil la que tenía un potencial revolucionario, sino los bancos. “Tomar posesión de seis grandes bancos berlineses”, escribió, “facilitaría en gran medida las fases iniciales de la política socialista”, tal como temían los banqueros alemanes.

Los bancos también estaban en ascenso en los Estados Unidos, donde personas como Andrew Mellon y J.P. Morgan ayudaron a forjar el capitalismo estadounidense del siglo XX. Pero a diferencia de Alemania, la subida de Wall Street dio poder al pequeño accionista, ya que las empresas utilizaron la Bolsa de Nueva York para comercializar en masa sus acciones. Entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 y el final de la década de 1920, la parte de los hogares estadounidenses que poseían acciones aumentó de alrededor del 3 % a casi una cuarta parte. Luego llegó 1929.

Charlie Chaplin se sube a los hombros de Douglas Fairbanks durante un mitin de bonos Liberty. Los bonos de la libertad eran bonos de guerra vendidos para apoyar la causa aliada en la Primera Guerra Mundial. Crédito: Underwood & Underwood (ver lens.blogs.nytimes.com)[Dominio público], vía Wikimedia Commons

La edad de oro

La Gran Depresión alteró el rostro del gobierno de las sociedades de acciones durante generaciones. Con la legislación del New Deal se impusieron límites a la cantidad de capital social que un banco podía poseer. Un nuevo paradigma se afianza para los directivos y accionistas: la profesionalización de los primeros, la marginación de los segundos.

Esta fue la era del gerencialismo. En su clásico de 1932, The Modern Corporations, los economistas del New Deal, Adolf Berle y Gardiner Means, describieron cómo los inversores bucaneros habían dado paso a los profesionales del sector para trazar el rumbo de las empresas. Con los accionistas enfrentándose a la irrelevancia, la “lógica tradicional de la propieda” ya no existe.

De cara al futuro, sugirieron que una “tecnocracia puramente neutral” debería controlar a las grandes sociedades, resolver las disputas entre las partes interesadas y distribuir los ingresos “sobre la base de las políticas públicas y no de la codicia privada”. Inspirados por este análisis, los economistas marxistas Paul Baran y Paul Sweezy declararon que la capacidad de control de los accionistas era “a todos los efectos prácticos, papel mojado”.

Aunque en parte fue una exageración, es cierto que a los grandes accionistas y financieros se les habían cortado las alas justo antes de que despegara la edad de oro del capitalismo. Pero la legislación del New Deal, que estableció organismos para vigilar a Wall Street, también facultaba a los pequeños accionistas a ejercer su voz de nuevas maneras. Así, en el punto mas bajo del poder financiero, nació una nueva raza de accionistas: “el moscón societario”.

Los “moscones” reflejaban las corrientes sociales de su tiempo. En 1949, Wilma Soss comenzó a interrumpir las reuniones anuales de empresas como US Steel y a presionar para que se incluyera a las mujeres en sus consejos de administración. (Alrededor de una quinta parte de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa todavía no tienen directoras).

En 1948, los activistas de Derechos Civiles James Peck y Bayard Rustin compraron una acción de Greyhound Corporation y presentaron una propuesta para que se considerara la posibilidad de desagregar sus líneas de autobuses del sur. Mientras que las compañías generalmente podían bloquear tales propuestas, con la aprobación de su reglamentación, en 1970 los reguladores se pusieron del lado de los moscones. Las compuertas se abrieron a los activistas éticos, en particular a los ambientalistas y a los manifestantes de la guerra de Vietnam, siempre y cuando sus propuestas no se centraran en las “operaciones comerciales ordinarias”.

 

El activismo del accionariado surgió con el movimiento de derechos civiles. Crédito: Leffler, Warren K., fotógrafo[Dominio público], vía Wikimedia Commons.

La edad de oro del capitalismo también produjo intentos de consolidar las ganancias económicas dentro de los mecanismos sociales. Los economistas progresistas como James Meade se basaron en la idea de que los fondos públicos invertirían en activos financieros y entregarían pagos ―dividendos sociales― a los ciudadanos. En 1973, el Partido Laborista Británico lanzó un “Fondo de Capital Obrero”, cuyo objetivo era “ampliar las oportunidades para la democracia económica otorgando a los miembros del Fondo ―a través de la propiedad de sus acciones― poderes directos sobre las decisiones financieras clave”. El economista estadounidense John Roemer propuso un plan similar en la década de 1990.

La aplicación más ambiciosa de este fondo tuvo lugar en Suecia. Con la autoría del economista Rudolf Meidner, el plan proponía transferir acciones corporativas a “fondos asalariados” de propiedad pública hasta que fueran propietarios mayoritarios. Sin embargo, lo que entró en vigor fue un compromiso diluido: de 1984 a 1991, solo el 5 % del capital sueco ingresó a los fondos. En última instancia, fue “un gesto bastante simbólico”, según Meidner.

Esta era, después de todo, la era de Thatcher y Reagan. Después de un período de relativa inactividad, las fuerzas del capitalismo financiero se habían estado preparando para una contrarrevolución. En la década de 1980, se abalanzaron.

Maximizar el valor del accionista

En 1976, el teórico de los negocios Peter Drucker advirtió que el aumento de los fondos de pensiones ―que entonces representaban alrededor de una cuarta parte de la renta variable estadounidense― produciría un “socialismo de los fondos de pensiones”. Según Drucker: “Si el ‘socialismo’ se define como la ‘propiedad de los medios de producción por parte de los trabajadores’… entonces Estados Unidos es el primer país verdaderamente ‘socialista’”.

Es irónico, entonces, que el cambio de poder neoliberal hacia las finanzas haya sido impulsado por las pensiones de los Estados Unidos. En las décadas de 1960 y 1970, las pensiones (tanto del sector público como de los sindicatos del sector privado) se convirtieron en poderosos inversores. Con su nuevo poder financiero, las pensiones respaldadas por los trabajadores a veces desplegaban sus fondos al servicio de los trabajadores, particularmente durante las negociaciones sindicales. Sin embargo, el propósito principal de los fondos era pecuniario.

Anteriormente, los accionistas institucionales ―compañías de seguros, fondos de inversión, pensiones, etc.― eran actores marginales. Pero su participación en el capital de los Estados Unidos aumentó del 6 % en 1960 al 28 % en 1980 (hoy en día esa participación es de alrededor del 80 %). El crecimiento de estas instituciones coincidió con una crisis de los beneficios capitalistas, en medio de las crisis del petróleo y la “estanflación”. En la década de los ochenta, las instituciones estaban agitando para que la administración sacudiera sus burocracias osificadas y consiguiera que el flujo de caja volviera a fluir. Las pensiones, encargadas de proporcionar seguridad de jubilación a millones de personas, no fueron una excepción.

Los fondos de pensiones dejaron sentir su influencia en la ola de adquisiciones empresariales hostiles de los años ochenta. Cuando las empresas se sentían atacadas, a menudo adoptaban medidas de “píldora venenosa” para protegerse de los asaltantes corporativos. En general, se consideraba que estas medidas eran perjudiciales para los accionistas, ya que desalentaban las adquisiciones que podían dar lugar a una rentabilidad de las acciones.

Inicialmente, los fondos de pensiones se dividieron en función de la táctica. Las pensiones públicas se oponían, junto con otras instituciones, a las medidas disuasorias, argumentando que tenían el deber fiduciario de oponerse a las medidas que amenazaban los retornos de los beneficiarios. Pero los fondos del sector privado respaldados por los sindicatos se enfrentaron a un conflicto: las adquisiciones a menudo conllevaron despidos e incluso la captura de activos de pensiones.

Las pensiones administradas por los trabajadores pronto cayeron con el resto de la clase accionarial. Como escribieron los académicos Schwab y Thomas: “Los sindicatos vuelven a estar activos, pero esta vez como capitalistas”.

La idea de que las empresas deben operar exclusivamente para recompensar a los inversores requería un nuevo marco intelectual: la teoría del valor del accionista. El economista Michael Jensen argumentó que las empresas solo podían actuar con sensatez si se centraban por completo en la maximización de la rentabilidad para los accionistas. Milton Friedman reflexionó: “Si los empresarios tienen una responsabilidad social distinta de la de obtener el máximo beneficio para los accionistas, ¿cómo van a saber cuál es?”.

Los beneficiarios de este movimiento no eran solo las pensiones. A medida que los inversionistas reclamaban su lugar en la cima del capitalismo global y los legisladores despejaban las regulaciones, Wall Street y la City de Londres prosperaron. Los fondos de cobertura se multiplicaron, potenciados por la lógica de la maximización del accionista. En nombre de alinear los intereses de la gerencia con los de los accionistas, las empresas recompensaron cada vez más a los ejecutivos con acciones, una tendencia que ayudó a aumentar la remuneración de los directores ejecutivos.

En el distrito de Wall Street. Crédito: Lafra/Flickr | bync-nd/2.0/

Quince años después de que Drucker advirtiera sobre el socialismo de los fondos de pensiones, llegó a una conclusión diferente: los fondos de pensiones se habían vuelto demasiado capitalistas. La incapacidad de los capitalistas para tener en cuenta el aumento de las pensiones había llevado, escribió Drucker, a “gran parte de la turbulencia financiera de los años ochenta: las adquisiciones hostiles, las compras apalancadas y el frenesí general de la reestructuración”. Concluyó: “Como teoría del rendimiento corporativo, entonces, ‘maximizar el valor para el accionista’ tiene poco poder de resistencia”.

Drucker se equivocaría de nuevo. Pero a medida que los fondos de pensiones maduraban, su enfoque se volvía más matizado. A lo largo de los años 90 y 2000, las pensiones lanzaron la mayoría de las propuestas relacionadas con la gobernanza, con el fin de aumentar la rendición de cuentas entre los directivos de las empresas.

Una reciente campaña de pensiones impulsó el número de las 500 empresas de Standard & Poor’s que permiten el acceso a proxy ―una política que permite a los inversores desafiar más fácilmente a los titulares de los consejos de administración― del 1 % en 2014 a casi dos tercios en la actualidad.

Sin embargo, potencialmente más consecuentes han sido los efectos dominó creados por la aparición de los inversores institucionales como agentes estructurantes dentro del ecosistema de las acciones.

Su ascenso dio a los activistas éticos, que hasta entonces habían sido un batiburrillo, objetivos más poderosos y concentrados para sus campañas. Un solo fondo fiduciario de pensiones es más fácil de convencer que innumerables accionistas dispersos. La confluencia de estos factores ofrece lecciones para los accionistas sociales en el futuro

Mirando hacia delante

Tres grandes temas emergen de la historia de los accionistas sociales. En primer lugar, siempre ha habido, como dijo John Maynard Keynes, “la tendencia de las grandes empresas a socializarse a sí mismas”. Desde que la forma societaria ha sostenido el capitalismo industrial, los activistas sociales han reimaginado esa forma bajo una luz igualitaria o democratizadora. Existe, sin duda, un potencial socializador real inherente a la forma de financiación de capital.

La segunda lección es la importancia de los marcos legales para regular el poder de los accionistas. Los inversionistas activistas ganaron nuevos derechos a mediados del siglo XX, pero su influencia sobre los asuntos corporativos sigue siendo fundamentalmente limitada. Del mismo modo, las pensiones han ampliado su ámbito de aplicación, pero siguen estando paralizadas por la ley ―y quizás por sus propios beneficiarios― para que se ocupen de los beneficios finales antes que de otra cosas.

Para que estos grupos se aproximen al control real de los asuntos societarios se requeriría un cambio de régimen. Una coalición de accionistas que desee mantener el petróleo de ExxonMobil en el suelo o dividir Facebook se enfrenta actualmente a barreras intratables, no solo en la ley, sino en la lógica del propio capitalismo.

Finalmente, el tamaño importa. Pocos acontecimientos han sido tan decisivos en el poder del accionista social como el crecimiento de los accionistas institucionales, que ha cambiado fundamentalmente la naturaleza del gobierno societario. Como han encontrado los investigadores, mientras más propiedad institucional tenga una acción, es más probable que sea blanco de activistas (éticos o de otro tipo).

Sin embargo, incluso si clasificamos sin ambigüedades los fondos de pensiones entre ellos, los accionistas sociales siguen controlando solo una fracción del mercado de valores. Entre sus antagonistas se encuentran los fondos de alto riesgo, cuyo activismo se centra principalmente en regurgitar efectivo y derrocar a los miembros de la junta directiva, y los fondos de inversión, que persiguen objetivos similares a través de métodos más silenciosos.

Luego están los propios ejecutivos, titulares significativos de acciones corporativas. La estructura de la propiedad accionarial de una empresa, en particular su estructura institucional, es importante para su gestión. Los investigadores han encontrado que los fondos con mayor titularidad institucional (particularmente los propietarios “transitorios” como los fondos de cobertura a corto plazo) invierten menos y reparten más efectivo a los accionistas.

Dominan los mercados los gigantescos gestores de activos como Vanguard, Amundi y Aberdeen. Es aquí donde los mercados de valores han evolucionado más desde la crisis financiera. Los vehículos de negociación pasiva de los gestores de activos han atraído billones de dólares, desestabilizando a sus competidores y reorientando el poder de los accionistas.

La propiedad pasiva significa que los grandes inversores no venden cuando están molestos con una empresa, sino que, paradójicamente, los inversores pasivos se comprometen. También constituyen vectores para el activismo: Poner a BlackRock o Vanguard de tu lado a menudo significa ganar una batalla de accionistas. Ayuda el hecho de que estas empresas se hayan adaptado a las preocupaciones medioambientales y de gobernanza.

Rudolf Hilferding escribió que la captura de los seis bancos más grandes allanaría el camino para el socialismo. Hoy podría decir que la socialización de los seis mayores gestores de activos facilitaría la transición hacia una economía igualitaria. Sin embargo, en ausencia de una adquisición de BlackRock por parte de los ciudadanos, la atención se centra en los actuales accionistas sociales. A continuación se presentan reflexiones sobre el presente y el posible futuro de cada uno de los tres grupos.

Activistas éticos

Manifestantes se reúnen fuera de la Asamblea General Anual de Accionistas (AGM) del Royal Bank of Canada (RBC) en Toronto para exigir que se ponga fin a la financiación de las arenas alquitranadas. Crédito: Tavis Ford/Flickr | CC by 2.0

Los accionistas éticos han eclipsado a los abigarrados “moscones” de los años setenta. Hoy en día, numerosas organizaciones sin fines de lucro dedican todo o parte de sus esfuerzos a la promoción en la sala de juntas. Las organizaciones paraguas sirven para coordinar sus esfuerzos. El número de propuestas presentadas por estos accionistas se ha duplicado desde mediados de la década de 2000, y sus métodos han afectado a los mayores gestores de activos. Para tener una idea del Zeitgeist, vea el recientemente escrito Manifiesto del Activista, una reescritura casi palabra por palabra del Manifiesto Comunista dirigido a los inversionistas socialmente responsables.

Sin embargo, el activismo ético tiene sus límites. Lo más importante es que las propuestas deben evitar el funcionamiento cotidiano de una empresa. Los activistas por el clima, por ejemplo, han presionado a las compañías energéticas para que publiquen informes que describan sus planes de políticas que podrían mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C.

Cuando ExxonMobil sucumbió a tal propuesta, el resultado fue, en palabras de una empresa de investigación financiera, “una pieza de relaciones públicas finamente elaborada”. Por supuesto, no todo el activismo es impotente. Un estudio de 2011 reveló que el nerviosismo de los accionistas en las empresas químicas estadounidenses redujo ciertas emisiones tóxicas en más de un 3 % anual. Pero este tipo de resultado es una excepción.

Muchos activistas éticos admiten fácilmente que las resoluciones del accionariado son solo una herramienta de defensa entre muchas otras, aunque particularmente útil para atraer la atención de los ejecutivos. Y el activismo ético depende en gran medida del comportamiento del entorno del ecosistema de los accionistas.

Fondos de pensiones

Los fondos de pensiones se han enfrentado durante mucho tiempo a una paradoja: la tensión entre los intereses actuales de los trabajadores y los de los jubilados en el futuro. En la década de 1980, esto produjo la inusual visión de instituciones alineadas con los trabajadores que apoyaban a los asaltantes corporativos en la sala de juntas. Hoy en día, los fondos de pensiones impulsan reformas de gobierno que aumentan tanto la rendición de cuentas en las salas de juntas como los precios de las acciones. Irónicamente, los fondos de pensiones ahora juegan un papel de señalado para asegurar el flujo ordenado de las ganancias.

Sin embargo, las pensiones también han intensificado su activismo en asuntos como la diversidad de la junta directiva y la preparación para el cambio climático. Se han fijado como objetivo los fondos de capital riesgo que engañan a los trabajadores. En medio de este fermento creciente, se han hecho llamamientos para que las pensiones desafíen las restricciones que les obligan a valorar los beneficios financieros por encima de todo lo demás.

Un área en la que los esfuerzos de los fondos de pensiones parecen haber dado sus frutos ha sido la remuneración de los directores ejecutivos. Durante años, las pensiones han dominado los votos de protesta contra las compensaciones excesivas, una tendencia que se aceleró después de que las reformas financieras dieran a los inversores más información al respecto. Un estudio descubrió que cuando los directores ejecutivos con salarios anormalmente altos son el objetivo, su compensación cae en un promedio de 2,3 millones de dólares. (Otros estudios han encontrado más efectos silenciados.)

Es innegable que los fondos de pensiones han logrado una enorme influencia en el mercado de valores. La pregunta es por qué se han quedado tan rezagados con respecto al “socialismo de los fondos de pensiones” que Drucker previó. La paradoja del ahorro de los trabajadores desempeña claramente un papel importante: la mayoría de las decisiones de los fondos de pensiones se reducen a la maximización de la rentabilidad. También existe un problema de coordinación. Aunque hay grupos que coordinan el activismo en materia de pensiones, todavía no existe una estructura más amplia en torno a la cual puedan gravitar los fondos de pensiones.

Fondos soberanos

Aquí está el gran desconocido entre los accionistas sociales. Aunque hay más de 50 fondos en todo el mundo, no podemos generalizar sobre sus operaciones. Aún así, los defensores de los fondos soberanos se han inspirado en ejemplos como el enorme complejo de fondos públicos de Noruega y el Fondo Permanente de Alaska, que paga al menos 1.000 dólares al año a cada ciudadano del estado.

Sin embargo, el impacto de los fondos soberanos en el gobierno corporativo sigue siendo desconocido. Los fondos de Noruega solo recientemente han aumentado su activismo. Si Estados Unidos instituyera un fondo a la escala del de Alaska o Noruega, tendría activos por valor de decenas de billones de dólares, fácilmente la mitad de la actual capitalización bursátil.

Pero los fondos soberanos se pueden enfrentarse a las mismas contradicciones que los fondos de pensiones. ¿Apoyaría un FSI a un director general que despide a miles de trabajadores o que traslada la producción al extranjero? Bruenig ha desestimado estos conflictos, invocando la imagen de un Estado plenamente socializado que resuelve las disputas. Pero hasta que los fondos soberanos controlen la totalidad del mercado, o a menos que lo hagan, persistirán los conflictos profundos.

Sin embargo, es casi seguro que los fondos soberanos invitarían a un cambio estructural en el poder entre los inversores. El surgimiento de los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales concentró y magnificó el poder de los activistas. Los fondos soberanos podrían desempeñar la misma función para los actores institucionales y activistas éticos relativamente descoordinados que existen en la actualidad.

Reflexiones finales

Sin embargo, una coalición de este tipo no podría abordar las cuestiones sistémicas a las que los accionistas sociales dan prioridad ―desigualdad, cambio climático, poder corporativo incontrolado― sin el consiguiente reajuste político respaldado por movimientos sociales más amplios.

A corto plazo, la próxima revolución de los accionistas tendría un impulso a partir de las reformas propuestas, como las de Booker’s, Warren’s y McDonnell’s. Yendo más allá de eso, los accionistas sociales tendrían que respaldar una reescritura radical de la ley de inversiones.

Para los radicales y los reformistas particularmente apremiados, la idea de que los bloques de construcción financiera del capitalismo podrían deshacer sus peores excesos podría parecer demasiado optimista. Sin embargo, la historia de las finanzas es una de grandes e inesperadas oscilaciones.

Hace medio siglo, tanto marxistas como capitalistas proclamaron la muerte del accionariado. Desde entonces, el poder de los accionistas solo ha crecido, principalmente en beneficio de los ricos.

Si alguna vez hubo un momento para el accionista social, es ahora. La confluencia de los fondos soberanos de inversión con una comunidad de fondos de pensiones envalentonada y los activistas éticos de los inversores podrían, más que nunca, descubrir el potencial igualitario del certificado de acciones.

Sobre el autor

Owen Davis es periodista y estudiante de posgrado en economía en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York. Anteriormente trabajó como reportero financiero en la página de noticias de Wall Street Dealbreaker. Antes de eso, informó sobre banca en el International Business Times.

 

Traducción al español: Ángel del Castillo, Attac España

Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2019, editado en español por Transnational Institute,Fuhem Ecosocial y Attac España.

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elsalto

Según las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca, el dato que nos sorprenderá respecto a desahucios, será el del año que viene, cuando la Ley de crédito inmobiliario ya lleve varios meses implantada. Esta nueva legislación entra en vigor este domingo y supone una mayor transparencia de los bancos en los criterios que se aplican para conceder sus préstamos.

La normativa, surgida de la obligación de Bruselas bajo amenaza de elevada sanción tras años de advertencias, obliga a que se dejen claros los criterios objetivos para otorgar las hipotecas. Otra de sus cuestiones fundamentales es el reparto de los gastos entre el cliente y las entidades, que ya no contarán con carta blanca para imponer sus condiciones y deberán respetar esta normativa. Uno de los impuestos más importantes que las entidades tienen ahora que asumir es el de Actos Jurídicos Documentados.Aunque inicialmente el Tribunal Supremo dijo que debía correr a cargo de los bancos, luego reculó para hacerla recaer en los clientes. Esto provocó el miedo de la banca y un pico en la subida de la tasa tasa equivalente o TAE, un interés directamente vinculado con las hipotecas. La posterior conmoción social hizo que el gobierno estableciese su pago de nuevo a cargo de las entidades mediante decretazo.

Las comisiones para amortizar anticipadamente estos préstamos hipotecarios también deberán ser más bajas que las actuales con la nueva ley. Y ante el adeudo se establecen plazos más expansivos a la hora de proceder al embargo de los inmuebles.
Para garantizar su cobro, es previsible que los bancos se cubran las espaldas imponiendo otro tipo de condiciones extra, como nuevos seguros ante futuros impagos o un incremento de los intereses de aquellas hipotecas que no dependan del euribor.

La moratoria antidesahucios también finaliza en unos meses, por lo que, a no ser que se renueve, la ola de lanzamientos crecerá si no se imponen medidas gubernamentales que la eviten. Otra de las cuestiones que quedan en el aire es si las entidades financieras seguirán ofreciendo manga ancha en la concesión de alquileres sociales. Este tipo de alquileres se destinan a las familias con bajos ingresos que son desahuciadas y se rigen por la Ley de arrendamientos urbanos (LAU), que desde el real decreto del 1 de marzo amplió los plazos a cinco años en lugar de los tres anteriores.

La nueva LAU es prácticamente una copia de la anterior a 2013, incluso podría decirse que menos ambiciosa. Mientras el gobierno no imponga medidas efectivas para paralizar el desfase de los precios inmobiliarios, estos parches en forma de real decreto solo harán que la banca encuentre maneras de sortear las imposiciones de Bruselas.

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